Con el paso de los años, desde la restauración democrática de 1983 ha habido importantes logros en materia judicial (tal el caso de la designación de los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o los juicios por los delitos cometidos durante la dictadura, por citar algunos ejemplos emblemáticos) como también hubo fracasos estruendosos (como la falta de resultados concretos en la investigación de actos de terrorismo, como los perpetrados contra la embajada de Israel y la AMIA, o la Corte de mayoría automática).
Pero, además de esos casos emblemáticos, la Justicia en la Argentina se enfrenta a una problemática situación que parece agravarse con el paso del tiempo. Días atrás, jueces de todo el país protestaron por la actual crisis del poder judicial. Crisis esta que es consecuencia necesaria de una multiplicidad de causas que son, a su vez, consecuencia de la ausencia de políticas adecuadas en la materia.
Entre otras cosas, la Justicia de nuestro país requiere: a) un presupuesto acorde y ajustado a sus reales necesidades; b) profundizar su autarquía; c) una adecuada reforma legislativa; d) un adecuado número de unidades jurisdiccionales; e) una adecuada administración de las agencias judiciales mediante la implementación de modernos sistemas y programas de gestión; f) una adecuada infraestructura edilicia; g) modernización tecnológica; h) profundizar el uso de medios alternativos de resolución de conflictos; i) una adecuada interrelación con los otros poderes del Estado.
Se podría decir entonces, y a modo de resumen, que la falta de respuestas del Estado a las necesidades del Poder Judicial trae consigo el debilitamiento de la estructura de la justicia argentina.
A la debilidad de origen del Poder Judicial, que tiene que ver con los sistemas de designación de magistrados, se suma esta debilidad sobreviniente, producto de desacertadas políticas en la materia, y que atenta sin duda contra la independencia de ese poder. Independencia que debemos reclamar y defender.
Pero el Estado, además de fortalecer la administración de justicia con políticas que aseguren su independencia, debe preservar a los jueces de los distintos ataques a su independencia -expresos o subrepticios-, que provienen de distintos sectores (políticos, económicos, corporativos, entre otros), pretendiendo de ese modo torcer su brazo para obtener decisiones que les sean favorables.
La sociedad, a su vez, debe adoptar conductas de madurez republicana a la hora de enfrentar las decisiones judiciales adversas, tanto en el caso de que hayan sido dictadas conforme a la ley como cuando hayan sido el producto de actos de corrupción, de mal desempeño o de falta de idoneidad para el cargo.
En el primero de los supuestos, cuando la resolución judicial se adoptó conforme al ordenamiento normativo, la forma de oponerse a la misma se encuentra en la propia legislación, desde la Constitución Nacional hasta los códigos de procedimientos, pasando por la legislación de fondo. En la ley se encuentran los recursos procesales adecuados, que garantizan el debido proceso y aseguran la debida defensa en juicio del justiciable. Sólo debemos estar dispuestos y capacitados para utilizarlos.
En el segundo caso, cuando la sentencia del juez está viciada por corrupción o es el producto del mal desempeño del juez o de su falta de idoneidad, existen, entre las instituciones del Estado, los remedios adecuados para sancionar y hasta para destituir a ese juez que no está a la altura de la alta dignidad que representa, tales como el juicio político o el jury de enjuiciamiento. Tanto el juez corrupto como el idóneo deben ser separados de su cargo porque de otro modo se lesiona seriamente a la Justicia.
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