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miércoles, 16 de mayo de 2012
Bossio cuestionó a la Justicia por los fallos de jubilados
El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, cuestionó efusivamente la actuación del Poder Judicial en materia de jubilaciones. Lo hizo en un contexto en el que en los tribunales se acumulan cientos de miles de causas contra el Estado -principalmente, reclamos por el cálculo de los haberes y la falta de ajustes frente a la inflación- y mientras en el organismo suman 18.400 las sentencias firmes pendientes de pago. El funcionario admitió que el régimen no se sostendría si pagaran de forma generalizada los haberes según los criterios de la Corte Suprema.
En una visita a la Comisión Bicameral que debe controlar el destino de los fondos de la seguridad social, Bossio les pidió a los legisladores que deroguen los regímenes de privilegio -refiriéndose concretamente a los haberes de los jueces y de funcionarios del servicio exterior- y que también se ocupen de limitar la actuación de la Justicia, en cuanto provoca que algunos pasivos cobren haberes superiores al monto máximo legal. Según un cuadro que mostró, hay un jubilado que cobra, sentencia mediante, $ 112.121 mensuales, mientras que son 32.777 (sobre más de 5,5 millones de beneficios) quienes tienen ingresos superiores al tope, con un promedio de $ 15.255.
Sobre el pedido a los legisladores, Bossio dijo que fue instruido por la presidenta Cristina Kirchner.
Bossio dedicó la mayor parte de su exposición a quejarse de las decisiones de los jueces. Defendió incluso la política oficial que hizo que en varios años con inflación (entre 2002 y 2006) se incrementara sólo el haber mínimo, sin recomponer el resto de las jubilaciones. Esa decisión fue cuestionada por la Corte Suprema en la causa Badaro.
Bossio acusó a los jueces de "colegislar" sin tener en cuenta principios de solidaridad y sin preguntarse por el financiamiento del sistema; defendió la manera en que se liquidan los haberes y aseguró que "justicia es la ley de movilidad" que aprobó el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo, aunque sin recordar que fue la Corte Suprema, en el análisis de la causa Badaro, la que le ordenó al Gobierno disponer un régimen de ajustes periódicos y automáticos.
Respecto del fondo de garantía de la Anses, Bossio dijo que al 31 de marzo el saldo era de $ 209.103 millones, un 14,6% más de lo informado un año atrás, con lo cual la evolución fue por debajo de la inflación.
Según puntualizó, el fondo comenzó a recuperar dinero prestado para obras de infraestructura, tanto por capital como por intereses. Y afirmó que, mientras en 2011 por la tenencia de acciones se cobraron $ 1280 millones de dividendos, este año la cifra es de $ 298 millones, algo que asignó a "una política coordinada" con las empresas, para que se dediquen más fondos a la inversión. La Anses tiene acciones en 41 empresas y directores en 28 de ellas
domingo, 22 de abril de 2012
El desafío de una población longeva
Hace algunos años, la película Los niños del hombre proyectaba un futuro en que las mujeres ya no podían quedarse embarazadas. En medio del caos, el mundo envejecía irremediablemente. Sin llegar a esos extremos apocalípticos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que debido a la baja en la tasa de fecundidad y la extensión de la vida, en cuestión de años habrá en el mundo más personas mayores de 60 años que menores de cinco. El cambio demográfico planteará al mundo laboral uno de sus más arduos desafíos.
En 2050 seremos 9200 millones de personas en el mundo, un tercio más que hoy. En 2009, los mayores de 60 años eran el 10,8% de la población mundial (737 millones), y hacia la mitad de este siglo serán el 22% (2000 millones). La expectativa de vida crecerá en 8,8 años para los mayores de 80 años, que serán 400 millones de personas, lo que representa 386 millones más de las que había en 1950. La población de entre 15 y 64 años habrá disminuido 10% y la de menores de 14, 2 por ciento.
El ritmo del envejecimiento será tal que la edad mediana mundial pasara de los 28 años actuales a 38 en 2050. En Europa hoy el promedio de edad es de 39 y se proyecta que será de 47. "En la Asamblea Mundial de Envejecimiento de Viena, en 1982, se determinó que un mercado de trabajo es viejo cuando el 27% de las personas que lo integran en el mundo es mayor de 45 años", dice Julieta Oddone, investigadora titular en el Conicet y directora del Programa de Envejecimiento y Sociedad de Flacso. La Argentina y Uruguay se cuentan entre los países más envejecidos de la región.
Esta realidad exigirá la adaptación de los sistemas sociales, sanitarios y de salud, pero también encontrar una solución para un mercado laboral global que tiene menos personas en edad de trabajar.
"La mayoría de los países en desarrollo no tendrá que enfrentar el problema del cese del crecimiento de la población económicamente activa hasta 2030-2040. Mientras, podrán disfrutar de los beneficios económicos que aporta una clase trabajadora en expansión", dice el economista y asesor del UBS Investment Bank, George Magnus, en su libro La era del envejecimiento.
Eso no implica que el envejecimiento no vaya a acelerarse en los países en desarrollo (los países ricos ya están envejecidos). De hecho, según la OIT, el 79% de los mayores de 60 se encontrará en países emergentes, particularmente los de Asia. Mientras en Francia pasaron más de 100 años para que el porcentaje de personas mayores de 65 se incrementara del 7% al 14%, Brasil, China y Tailandia recorrieron ese mismo camino demográfico en sólo 20 años. Para nuestra región éste parece el momento de planear cómo lidiar con el cambio.
SEGURIDAD SOCIAL
El principal impacto se dará en los sistemas de seguridad social, ya que la tasa de dependencia de las personas de edad avanzada crecerá del 11% en 2000 al 25% en 2050, según la OIT. Es decir que mientras en 2000 había nueve personas en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más, en 2050 habrá cuatro personas activas por cada inactiva.
La edad jubilatoria aparece como variable de ajuste. Más longevidad y menos vida laboral pueden afectar las prestaciones para generaciones futuras de retirados. Pero con el retraso de edad jubilatoria, ¿se buscará dar solución a la mengua de trabajadores activos o aliviar las arcas de los estados? Del motivo dependerán las políticas que rodeen a la implementación.
Es que los sistemas de pensiones juegan un importante rol en el alivio de la pobreza de los adultos mayores. "En la Argentina mientras que la pobreza entre los mayores de 60 es baja (4,5%), la situación sería diferente sin seguridad social: la pobreza de la vejez alcanzaría un nivel del 39%", indica un informe de la OIT de 2010.
"Cerca de la mitad de la población de América latina no accede a una jubilación o pensión. Los países que brindan cobertura a más personas son Brasil con 86,2% de la población de más de 60, y la Argentina con el 84,8%. Será clave garantizar que los sistemas de protección social desempeñen una función para brindar la seguridad económica del adulto mayor", dice Ana Weisz, directora de Retiro, Riesgo y Finanzas de Mercer Argentina.
La extensión de la edad de jubilación, que suscitó protestas en países que ya la implementaron (como en Francia, que en junio de 2010 la llevó de 60 a 62 años), también presionaría las finanzas de las empresas. "Diversos estudios longitudinales indican que no hay disminución de capacidad, sino que los estímulos con los que se aprende son diferentes. Esto no quiere decir que si se enseñan las nuevas técnicas a personas mayores no las puedan aprender", asegura la investigadora del Conicet.
En octubre último, Fauja Singh, un indio de 100 años, completó una maratón de 42 kilómetros, la octava en su haber, y hay científicos que indican que el hombre actual podría vivir hasta 120 años en salud. Evidentemente el concepto de vejez necesita ser replanteado.
martes, 21 de febrero de 2012
Familias que integran a los abuelos
La naturaleza ha dotado a los seres humanos del único sistema nervioso con conciencia del envejecimiento. Este irreversible proceso sólo explica un mínimo porcentaje de los cambios que registra el organismo, confirmando que, en un plano más profundo, el cuerpo carece de edad y, la mente, de tiempo, en palabras de Deepak Chopra, reconocido médico y escritor indio.
Según postula, cualquier teoría puramente física del envejecimiento resulta incompleta. Es sabido que no hay una curva normal de envejecimiento que se aplique a todos y esto es así porque el deterioro que traen los años no obedece solamente a leyes simples.
En las últimas décadas, la ciencia verificó que el envejecimiento depende de cada individuo en un grado mayor al imaginado. Nuestras células escuchan a nuestros pensamientos, hay un correlato químico en el proceso y es por eso que la falta de esperanza, por ejemplo, aumenta los riesgos y acorta la vida.
Antes del siglo XX, sólo una de cada diez personas llegaba a los 65 años. Según el censo de 2010, el 10 por ciento de la población argentina supera los 65 años, mientras que en la ciudad de Buenos Aires ese porcentaje se eleva al 16,4%. Con el aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento poblacional no sorprende que la ONU asegure que los adultos mayores desempeñarán un papel cada vez más destacado en el futuro.
En la Argentina, de los 100.000 adultos que superan los 80 años, muchos no están en condiciones de vivir de forma autónoma por distintos motivos. Según datos de la encuesta a adultos mayores realizada por la Dirección Nacional de Tercera Edad, el 40 por ciento de ellos convive con familiares de otra generación y sólo el 3% está alojado en instituciones geriátricas u hospitales.
Así como en las culturas orientales los ancianos ocupan un sitial de privilegio y gozan del respeto social, en la nuestra, lejos de valorarlos tendemos a asignarles un lugar marginal ligado al olvido y a la subestimación de sus capacidades que poco contribuye al desarrollo de las enormes potencialidades que los años otorgan y que, tal como referíamos anteriormente, pueden mejorar notablemente la calidad y duración de la vida.
Es sabido que los vergonzosos haberes jubilatorios al cabo de una vida de trabajo convierten a muchos hijos en el sostén económico de sus padres. El suplemento Comunidad que LA NACION publicó en enero último rescató el ejemplo de familias que optaron, por esta u otras razones, por reunir a tres generaciones bajo el mismo techo (abuelos, padres y nietos) con resultados muy satisfactorios.
El abuelo encarna la historia y la genealogía familiar, opera como transmisor de vivencias y costumbres de épocas pasadas cuya riqueza se perdería irremediablemente sin su participación directa en la formación de las jóvenes generaciones. De igual forma, es la juventud con su entusiasmo y vitalidad la que estimula a los mayores a mantenerse activos, muchas veces haciéndolos depositarios de tareas y cuidados en el hogar familiar, las que contribuyen enormemente a la economía doméstica. Pensemos si no en cuántos abuelos quedan a cargo de sus nietos menores cuando los hijos salen a trabajar, cuántos los retiran del colegio y los ayudan con sus obligaciones escolares, supliendo con efectividad a los padres durante muchas horas del día y dejando una afectuosa impronta que el tiempo torna inolvidable cuando ellos ya no están.
El sistema de valores que nos rige se vería notablemente enriquecido si pudiéramos contribuir a superar la tan absurda como falsa polaridad juventud-ancianidad para potenciar las sinergias que, rescatando el pasado, nos proyecten hacia un futuro de manera más sólida. El ejemplo de las familias que integran a tres generaciones es un paso importante en esa dirección. Celebrémoslo.
Según postula, cualquier teoría puramente física del envejecimiento resulta incompleta. Es sabido que no hay una curva normal de envejecimiento que se aplique a todos y esto es así porque el deterioro que traen los años no obedece solamente a leyes simples.
En las últimas décadas, la ciencia verificó que el envejecimiento depende de cada individuo en un grado mayor al imaginado. Nuestras células escuchan a nuestros pensamientos, hay un correlato químico en el proceso y es por eso que la falta de esperanza, por ejemplo, aumenta los riesgos y acorta la vida.
Antes del siglo XX, sólo una de cada diez personas llegaba a los 65 años. Según el censo de 2010, el 10 por ciento de la población argentina supera los 65 años, mientras que en la ciudad de Buenos Aires ese porcentaje se eleva al 16,4%. Con el aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento poblacional no sorprende que la ONU asegure que los adultos mayores desempeñarán un papel cada vez más destacado en el futuro.
En la Argentina, de los 100.000 adultos que superan los 80 años, muchos no están en condiciones de vivir de forma autónoma por distintos motivos. Según datos de la encuesta a adultos mayores realizada por la Dirección Nacional de Tercera Edad, el 40 por ciento de ellos convive con familiares de otra generación y sólo el 3% está alojado en instituciones geriátricas u hospitales.
Así como en las culturas orientales los ancianos ocupan un sitial de privilegio y gozan del respeto social, en la nuestra, lejos de valorarlos tendemos a asignarles un lugar marginal ligado al olvido y a la subestimación de sus capacidades que poco contribuye al desarrollo de las enormes potencialidades que los años otorgan y que, tal como referíamos anteriormente, pueden mejorar notablemente la calidad y duración de la vida.
Es sabido que los vergonzosos haberes jubilatorios al cabo de una vida de trabajo convierten a muchos hijos en el sostén económico de sus padres. El suplemento Comunidad que LA NACION publicó en enero último rescató el ejemplo de familias que optaron, por esta u otras razones, por reunir a tres generaciones bajo el mismo techo (abuelos, padres y nietos) con resultados muy satisfactorios.
El abuelo encarna la historia y la genealogía familiar, opera como transmisor de vivencias y costumbres de épocas pasadas cuya riqueza se perdería irremediablemente sin su participación directa en la formación de las jóvenes generaciones. De igual forma, es la juventud con su entusiasmo y vitalidad la que estimula a los mayores a mantenerse activos, muchas veces haciéndolos depositarios de tareas y cuidados en el hogar familiar, las que contribuyen enormemente a la economía doméstica. Pensemos si no en cuántos abuelos quedan a cargo de sus nietos menores cuando los hijos salen a trabajar, cuántos los retiran del colegio y los ayudan con sus obligaciones escolares, supliendo con efectividad a los padres durante muchas horas del día y dejando una afectuosa impronta que el tiempo torna inolvidable cuando ellos ya no están.
El sistema de valores que nos rige se vería notablemente enriquecido si pudiéramos contribuir a superar la tan absurda como falsa polaridad juventud-ancianidad para potenciar las sinergias que, rescatando el pasado, nos proyecten hacia un futuro de manera más sólida. El ejemplo de las familias que integran a tres generaciones es un paso importante en esa dirección. Celebrémoslo.
lunes, 16 de enero de 2012
Una idea para prolongar la vida activa de los adultos mayores
Cuando se abrió la puerta y entró Elba, tuvieron la certeza de que su proyecto iba a funcionar. Esa mujer, mayor a los 90 años, de mente veloz y vestimenta moderna, era el modelo perfecto de quien, pese a la edad, conserva las energías y busca concentrarlas en algo interesante. "Seguramente habría muchas Elbas que podrían sumarse", cuenta Ludmila Marcote, quien creó En compañía, junto con Lucía Rebagliati.
Esta empresa de misión social organiza actividades para los adultos mayores de 60 años en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y otras zonas del Gran Buenos Aires. En las salas que alquilan por horas, desarrollan talleres, cursos y encuentros con el fin de brindar un espacio de contención que contribuya a la calidad de vida.
"El objetivo es romper con el paradigma de asociar a la tercera edad con un segmento inactivo de la sociedad. Todos nuestros servicios están orientados a que las personas mayores ejerciten su mente, aprendan cosas nuevas, se mantengan activas y que, al mismo tiempo, puedan entretenerse", explica Ludmila.
Las antiguas compañeras de estudio de la UADE volvieron a juntarse años después de titularse como relacionistas institucionales y con algo de experiencia en grandes empresas, decididas a desarrollar un proyecto independiente. Se reunieron durante meses después de las seis, hasta el lanzamiento del proyecto, en septiembre de 2009. Ludmila, a quien le surgió la idea inspirada en su propia abuela, dedicó su tiempo completo a asentar la empresa, esperando a que su compañera pudiera renunciar a su vieja ocupación.
Hasta que abrieron el primer taller, la inversión ascendió a $ 21.000. Buena parte fue a la impresión de volantes y al diseño de la página web, e iniciaron la difusión puerta a puerta por el barrio de Recoleta. "Allí había una lista de las actividades que, supusimos, podían funcionar. Pero todavía no sabíamos cuáles eran las indicadas", recuerda Ludmila.
ESPECIALISTAS
La más requerida fue la de gimnasia mental para estimular la memoria y la concentración. El equipo se nutrió de psicólogos dedicados a esos talleres, y de otros especialistas, que permitieron el desarrollo de un espacio multidisciplinario. Arte, cine, literatura y radioteatro son algunas de las opciones actuales.
La dinámica consiste en brindar una oferta diversa para que las personas acomoden sus gustos y sus tiempos. Sobre el menú, los asistentes pagan, según la actividad, desde 180 hasta 250 pesos mensuales. También pueden participar de salidas en grupo de contenido cultural. Otra opción son los viajes de ida y vuelta en el día que organizan, por ejemplo, a San Pedro o a Rosario.
Con la oferta de actividades y la apertura de sedes, la facturación fue creciendo. El primer año, estuvieron cerca de duplicar lo invertido, mientras que el segundo creció hasta los $ 60.000. El monto facturado creció el año pasado hasta los $ 205.000, muy lejos de lo que esperaban.
"Vamos a ofrecer más actividades, para más gente y en más sedes", se entusiasma Ludmila. A los siete barrios porteños, Ramos Mejía, Vicente López y Avellaneda, sumarán talleres en La Plata, Quilmes y San Isidro. Además, desde noviembre, sumaron al "combo" una revista de actividades que venden en las sedes y envían a domicilio a los que se contactan por la página web desde el interior.
Para el futuro, planean formalizar en un modelo de franquicias las "sucursales" que actualmente están empezando a expandir con representaciones.
Esta empresa de misión social organiza actividades para los adultos mayores de 60 años en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y otras zonas del Gran Buenos Aires. En las salas que alquilan por horas, desarrollan talleres, cursos y encuentros con el fin de brindar un espacio de contención que contribuya a la calidad de vida.
"El objetivo es romper con el paradigma de asociar a la tercera edad con un segmento inactivo de la sociedad. Todos nuestros servicios están orientados a que las personas mayores ejerciten su mente, aprendan cosas nuevas, se mantengan activas y que, al mismo tiempo, puedan entretenerse", explica Ludmila.
Las antiguas compañeras de estudio de la UADE volvieron a juntarse años después de titularse como relacionistas institucionales y con algo de experiencia en grandes empresas, decididas a desarrollar un proyecto independiente. Se reunieron durante meses después de las seis, hasta el lanzamiento del proyecto, en septiembre de 2009. Ludmila, a quien le surgió la idea inspirada en su propia abuela, dedicó su tiempo completo a asentar la empresa, esperando a que su compañera pudiera renunciar a su vieja ocupación.
Hasta que abrieron el primer taller, la inversión ascendió a $ 21.000. Buena parte fue a la impresión de volantes y al diseño de la página web, e iniciaron la difusión puerta a puerta por el barrio de Recoleta. "Allí había una lista de las actividades que, supusimos, podían funcionar. Pero todavía no sabíamos cuáles eran las indicadas", recuerda Ludmila.
ESPECIALISTAS
La más requerida fue la de gimnasia mental para estimular la memoria y la concentración. El equipo se nutrió de psicólogos dedicados a esos talleres, y de otros especialistas, que permitieron el desarrollo de un espacio multidisciplinario. Arte, cine, literatura y radioteatro son algunas de las opciones actuales.
La dinámica consiste en brindar una oferta diversa para que las personas acomoden sus gustos y sus tiempos. Sobre el menú, los asistentes pagan, según la actividad, desde 180 hasta 250 pesos mensuales. También pueden participar de salidas en grupo de contenido cultural. Otra opción son los viajes de ida y vuelta en el día que organizan, por ejemplo, a San Pedro o a Rosario.
Con la oferta de actividades y la apertura de sedes, la facturación fue creciendo. El primer año, estuvieron cerca de duplicar lo invertido, mientras que el segundo creció hasta los $ 60.000. El monto facturado creció el año pasado hasta los $ 205.000, muy lejos de lo que esperaban.
"Vamos a ofrecer más actividades, para más gente y en más sedes", se entusiasma Ludmila. A los siete barrios porteños, Ramos Mejía, Vicente López y Avellaneda, sumarán talleres en La Plata, Quilmes y San Isidro. Además, desde noviembre, sumaron al "combo" una revista de actividades que venden en las sedes y envían a domicilio a los que se contactan por la página web desde el interior.
Para el futuro, planean formalizar en un modelo de franquicias las "sucursales" que actualmente están empezando a expandir con representaciones.
miércoles, 7 de septiembre de 2011
Inquietantes ecuaciones demográficas
Por Nora Bär | LA NACION
No hace mucho, el Centro Danés de Investigación en Envejecimiento anunció que, en este siglo, los chicos que hayan tenido la suerte de nacer en países ricos llegarán a los 100 años. Si este vaticinio se cumple, convertirse en "centenario" ya no será mucho más que una rutina.
Los datos del último censo sugieren que vamos en esa dirección: hoy ya viven en el país 3487 adultos que tienen más de cien años. ¡Tres mil cuatrocientos ochenta y siete! No se puede negar que la cifra impresiona. Especialmente si uno tiene en cuenta que a fines del siglo XIX, la esperanza de vida rondaba los 50. Es más: según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en sólo un lustro la esperanza de vida en Canadá aumentó de 73,2 a 79,9; en Japón, de 73,3 a 81,9; en Grecia, de 72,3 a 78,2, y los ejemplos siguen. En la Argentina, la expectativa de vida es hoy de más de 72 años para los hombres y de casi 80 para las mujeres.
Fuera de las varias hipótesis que explicarían esta acelerada extensión de nuestra existencia en las últimas décadas (acceso a los alimentos, vacunación, sanidad urbana, avances médicos y científicos), hay experimentos que apuntan a un fenómeno desconcertante: después de un cierto momento, las tasas de muerte, en lugar de aumentar, descienden. Dicho de otra manera: más allá de los noventa, el envejecimiento ¡se hace más lento!
Según cuenta el biólogo evolucionista Michael Rose en un reciente artículo para New Scientist , en 1939 los estadísticos británicos Greenwood e Irwin fueron los primeros en observar este fenómeno. Luego, Jim Carey, de la Universidad de California en Davis, y Jim Curtsinger, de la de Minnesota, lo sometieron a prueba en trabajos que se publicaron en Science . En poblaciones de moscas, determinaron que primero la mortalidad crecía exponencialmente, pero después se amesetaba.
Rose tiene su propia teoría para explicarlo a partir de los mecanismos de la evolución (y una receta para no sólo vivir más, sino también mejor: adoptar un estilo de vida y de alimentación "paleolíticos" a medida que envejecemos). Si está en lo cierto o no, habrá que verlo. Pero la verdad es que estas ecuaciones demográficas plantean interrogantes que van más allá de si dispondremos de los recursos necesarios para mantener una población con necesidades crecientes.
¿Es sostenible una sociedad cuya existencia ociosa duplicará la laboral? Además de alargar la vida, ¿es posible prolongar la salud? ¿Es factible una vejez con potencialidad cognitiva y autonomía? Por ahora, uno no puede menos que arquear las cejas en señal de duda...
No hace mucho, el Centro Danés de Investigación en Envejecimiento anunció que, en este siglo, los chicos que hayan tenido la suerte de nacer en países ricos llegarán a los 100 años. Si este vaticinio se cumple, convertirse en "centenario" ya no será mucho más que una rutina.
Los datos del último censo sugieren que vamos en esa dirección: hoy ya viven en el país 3487 adultos que tienen más de cien años. ¡Tres mil cuatrocientos ochenta y siete! No se puede negar que la cifra impresiona. Especialmente si uno tiene en cuenta que a fines del siglo XIX, la esperanza de vida rondaba los 50. Es más: según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en sólo un lustro la esperanza de vida en Canadá aumentó de 73,2 a 79,9; en Japón, de 73,3 a 81,9; en Grecia, de 72,3 a 78,2, y los ejemplos siguen. En la Argentina, la expectativa de vida es hoy de más de 72 años para los hombres y de casi 80 para las mujeres.
Fuera de las varias hipótesis que explicarían esta acelerada extensión de nuestra existencia en las últimas décadas (acceso a los alimentos, vacunación, sanidad urbana, avances médicos y científicos), hay experimentos que apuntan a un fenómeno desconcertante: después de un cierto momento, las tasas de muerte, en lugar de aumentar, descienden. Dicho de otra manera: más allá de los noventa, el envejecimiento ¡se hace más lento!
Según cuenta el biólogo evolucionista Michael Rose en un reciente artículo para New Scientist , en 1939 los estadísticos británicos Greenwood e Irwin fueron los primeros en observar este fenómeno. Luego, Jim Carey, de la Universidad de California en Davis, y Jim Curtsinger, de la de Minnesota, lo sometieron a prueba en trabajos que se publicaron en Science . En poblaciones de moscas, determinaron que primero la mortalidad crecía exponencialmente, pero después se amesetaba.
Rose tiene su propia teoría para explicarlo a partir de los mecanismos de la evolución (y una receta para no sólo vivir más, sino también mejor: adoptar un estilo de vida y de alimentación "paleolíticos" a medida que envejecemos). Si está en lo cierto o no, habrá que verlo. Pero la verdad es que estas ecuaciones demográficas plantean interrogantes que van más allá de si dispondremos de los recursos necesarios para mantener una población con necesidades crecientes.
¿Es sostenible una sociedad cuya existencia ociosa duplicará la laboral? Además de alargar la vida, ¿es posible prolongar la salud? ¿Es factible una vejez con potencialidad cognitiva y autonomía? Por ahora, uno no puede menos que arquear las cejas en señal de duda...
viernes, 11 de febrero de 2011
La fiesta la pagan los abuelos
Un sistema previsional superavitario y un gobierno decidido a gastar más de lo que recauda y a financiarse de cualquier forma son una pésima combinación. Y no es la primera vez que ocurre en la Argentina, que como en La i nvención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, ve repetirse la historia.
El Gobierno aprovecha para financiarse y obliga al sistema de jubilación estatal a hacer "inversiones" en bonos del Estado.
La administración del matrimonio Kirchner no inventó el perverso esquema, pero lo ha usado en grado superlativo. Nadie, desde las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón, tuvo tanta facilidad para apropiarse de los fondos de los actuales y los futuros jubilados.
No hay tasas de mercado ni operaciones abiertas ni información a tiempo. Porque luego, como pasó con las emisiones que se hicieron el 20 de diciembre pasado, se ocultan los datos durante casi dos meses.
¿Para qué usa el dinero el Gobierno? En 2010 se batió un récord de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, que resultaron mucho mayores de lo que se había previsto en la ley de presupuesto.
Parte de los gastos que hay que financiar se destinan a mantener bajos los precios de servicios que consumen los jubilados, pero que también utilizan los ricos.
En el pasado esa fórmula llevó a la catástrofe. Cuando comenzó el déficit del sistema jubilatorio, dejaron de actualizarse los haberes como correspondía y se generó un aluvión de juicios que llevó al sistema a la quiebra.
La diferencia con la administración Kirchner es que esta vez es con superávit que la Anses no paga lo que debe, pelea judicialmente contra los jubilados para no actualizarles los haberes y, cuando pierde, demora todo lo que puede en cumplir con las sentencias.
La caja previsional, además, financia cualquier cosa, como créditos a empresas que, de no pagar, crearán todavía más problemas a los actuales y futuros beneficiarios.
El Gobierno y sus aliados derogaron el sistema de AFJP y confiscaron los ahorros de los aportantes. Crearon con ellos el Fondo de Sustentabilidad, que tiene muchos menos controles y es mucho más vulnerable de lo que eran las administradoras privadas.
Pero si un sistema que recauda aportes de los activos y paga los haberes de retiro puede tener alguna borrosa justificación para hacer estas "inversiones", no ocurre lo mismo con la obra social de los pasivos.
¿Por qué los jubilados deben someterse a trámites humillantes, hacer cola, tener menos servicios e insuficientes descuentos en los medicamentos mientras el superávit del PAMI financia la importación de fueloil de Venezuela, como ha ocurrido?
El Gobierno ha montado una fiesta de gasto que en parte se financia con una presión impositiva récord, otra parte con una emisión monetaria tan alocada que causa una de las inflaciones más altas del mundo. La otra parte la pagan los jubilados, que no cobran lo que deben ni reciben de su obra social lo que les corresponde. Están en grave deuda en primer lugar el Gobierno, que lo hace. Y casi con el mismo nivel de responsabilidad, la oposición, que por acción u omisión, lo consiente.
El Gobierno aprovecha para financiarse y obliga al sistema de jubilación estatal a hacer "inversiones" en bonos del Estado.
La administración del matrimonio Kirchner no inventó el perverso esquema, pero lo ha usado en grado superlativo. Nadie, desde las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón, tuvo tanta facilidad para apropiarse de los fondos de los actuales y los futuros jubilados.
No hay tasas de mercado ni operaciones abiertas ni información a tiempo. Porque luego, como pasó con las emisiones que se hicieron el 20 de diciembre pasado, se ocultan los datos durante casi dos meses.
¿Para qué usa el dinero el Gobierno? En 2010 se batió un récord de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, que resultaron mucho mayores de lo que se había previsto en la ley de presupuesto.
Parte de los gastos que hay que financiar se destinan a mantener bajos los precios de servicios que consumen los jubilados, pero que también utilizan los ricos.
En el pasado esa fórmula llevó a la catástrofe. Cuando comenzó el déficit del sistema jubilatorio, dejaron de actualizarse los haberes como correspondía y se generó un aluvión de juicios que llevó al sistema a la quiebra.
La diferencia con la administración Kirchner es que esta vez es con superávit que la Anses no paga lo que debe, pelea judicialmente contra los jubilados para no actualizarles los haberes y, cuando pierde, demora todo lo que puede en cumplir con las sentencias.
La caja previsional, además, financia cualquier cosa, como créditos a empresas que, de no pagar, crearán todavía más problemas a los actuales y futuros beneficiarios.
El Gobierno y sus aliados derogaron el sistema de AFJP y confiscaron los ahorros de los aportantes. Crearon con ellos el Fondo de Sustentabilidad, que tiene muchos menos controles y es mucho más vulnerable de lo que eran las administradoras privadas.
Pero si un sistema que recauda aportes de los activos y paga los haberes de retiro puede tener alguna borrosa justificación para hacer estas "inversiones", no ocurre lo mismo con la obra social de los pasivos.
¿Por qué los jubilados deben someterse a trámites humillantes, hacer cola, tener menos servicios e insuficientes descuentos en los medicamentos mientras el superávit del PAMI financia la importación de fueloil de Venezuela, como ha ocurrido?
El Gobierno ha montado una fiesta de gasto que en parte se financia con una presión impositiva récord, otra parte con una emisión monetaria tan alocada que causa una de las inflaciones más altas del mundo. La otra parte la pagan los jubilados, que no cobran lo que deben ni reciben de su obra social lo que les corresponde. Están en grave deuda en primer lugar el Gobierno, que lo hace. Y casi con el mismo nivel de responsabilidad, la oposición, que por acción u omisión, lo consiente.
martes, 22 de junio de 2010
Verguenza nacional.
Por efecto de la inflación, los haberes de muchos jubilados llevan acumulada en los últimos nueve años una pérdida de poder adquisitivo que llega hasta el 40%, o aun un poco más, según la medición de precios que se considere. Así, el incremento de precios de los últimos años recortó el valor de los ingresos, aunque en magnitud desigual. Los más perjudicados son quienes antes de la devaluación del peso se encontraban ganando más de $ 1000, ya que durante casi cuatro años no hubo para ese grupo ninguna recomposición, por una decisión política que fue declarada inconstitucional por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
El costo de vida / Evolución de los haberes en los últimos 9 añosMuchos jubilados perdieron hasta el 40% de su poder adquisitivo
La caída se debe a la falta de actualización de los haberes durante años, frente a una inflación de 250%
lanacion.com | Economía | Martes 22 de junio de 2010
martes, 1 de junio de 2010
Verna intentará que se les devuelva a las provincias el dinero que éstas vienen cediendo.
El escenarioBossio en el Senado: cruje la caja de la Anses
Carlos Pagni
lanacion.com | Política | Martes 1 de junio de 2010
viernes, 5 de marzo de 2010
En busca de los jubilados japoneses.
Andalucía quiere convertirse en la segunda residencia de la nueva generación de jubilados japoneses, dijo hoy en una campaña de promoción en este país el subdirector de Marketing de la Empresa Pública de Turismo de Andalucía, Manuel Macías.
En declaraciones a Efe, Macías explicó que los japoneses recién jubilados, un colectivo que dispone de una desahogada posición económica, es un mercado con buenas perspectivas que "como muchos europeos", puede encontrar en Andalucía "una residencia de larga estancia".
Para este colectivo, formado por los hijos de la explosión demográfica posterior a la II Guerra Mundial, Andalucía ofrece, según Macías, el buen clima, la hospitalidad de la región, la gastronomía y los grandes iconos de España como los toros, el vino, el flamenco o los caballos.
Agregó que las posibilidades de entretenimiento se amplían a ofertas como los campos de golf, Andalucía cuenta con 104, o los puertos deportivos.
Andalucía se quiere perfilar además como localización para viajes de incentivos, es decir, para la celebración de congresos y exposiciones con valor añadido.
"Andalucía se ha renovado y modernizado en los últimos años y ahora cuenta con unas mejores infraestructuras y una mejor oferta turística, algo que quizá no se conozca mucho en Japón", explicó el responsable de la misión.
En 2006, un total de 260.000 japoneses visitaron Andalucía, lo que supuso un incremento del 40 por ciento con respecto al año anterior y un 1,13 por ciento de los 23 millones de turistas que recibió esta comunidad autónoma.
El mercado potencial de recién jubilados japoneses nació entre 1947 y 1949 y se jubilan al alcanzar los 60 años con una paga cuyo promedio ascenderá a 20 millones de yenes (unos 166.000 dólares).
Además, según las estadísticas oficiales, los hogares japoneses con cabeza de familia de más de 50 años disponen de unos activos medios -ahorros e instrumentos financieros- de 15 millones de yenes (125.000 dólares) y cerca del 90 por ciento ya ha pagado la hipoteca de su vivienda.
En declaraciones a Efe, Macías explicó que los japoneses recién jubilados, un colectivo que dispone de una desahogada posición económica, es un mercado con buenas perspectivas que "como muchos europeos", puede encontrar en Andalucía "una residencia de larga estancia".
Para este colectivo, formado por los hijos de la explosión demográfica posterior a la II Guerra Mundial, Andalucía ofrece, según Macías, el buen clima, la hospitalidad de la región, la gastronomía y los grandes iconos de España como los toros, el vino, el flamenco o los caballos.
Agregó que las posibilidades de entretenimiento se amplían a ofertas como los campos de golf, Andalucía cuenta con 104, o los puertos deportivos.
Andalucía se quiere perfilar además como localización para viajes de incentivos, es decir, para la celebración de congresos y exposiciones con valor añadido.
"Andalucía se ha renovado y modernizado en los últimos años y ahora cuenta con unas mejores infraestructuras y una mejor oferta turística, algo que quizá no se conozca mucho en Japón", explicó el responsable de la misión.
En 2006, un total de 260.000 japoneses visitaron Andalucía, lo que supuso un incremento del 40 por ciento con respecto al año anterior y un 1,13 por ciento de los 23 millones de turistas que recibió esta comunidad autónoma.
El mercado potencial de recién jubilados japoneses nació entre 1947 y 1949 y se jubilan al alcanzar los 60 años con una paga cuyo promedio ascenderá a 20 millones de yenes (unos 166.000 dólares).
Además, según las estadísticas oficiales, los hogares japoneses con cabeza de familia de más de 50 años disponen de unos activos medios -ahorros e instrumentos financieros- de 15 millones de yenes (125.000 dólares) y cerca del 90 por ciento ya ha pagado la hipoteca de su vivienda.
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Se cumplio 1 año de la gran estafa argentina.
Se cumple un año de la sanción de la ley que dispuso la transferencia forzosa y la apropiación de los ahorros de quienes habían optado por aportar al sistema de capitalización para su futura jubilación. El tiempo transcurrido permite analizar algunos aspectos de esa medida, aunque no es suficiente para percibir consecuencias que sólo se harán evidentes en un horizonte más prolongado.
En efecto, el sistema que había sido creado en 1995 apuntaba a resolver un problema de mediano y largo plazo. Tal como había sido diseñado, el nuevo régimen complementaba en sus etapas iniciales el mecanismo estatal de reparto, pero con el correr del tiempo, en un futuro lo sustituiría gradualmente. De esa forma y con un esfuerzo fiscal importante durante los primeros años, se planificó sustituir un sistema que iba inevitablemente a la bancarrota, o que para evitarlo demandaba el desvío y la absorción creciente de otros impuestos.
Se dispuso que el 15 por ciento de los impuestos coparticipables se canalizaran al pago de las jubilaciones estatales para enfrentar la transición. El régimen de capitalización, que se demolió de un solo golpe hace un año, tenía un objetivo de largo plazo y respondía al criterio equitativo de hacer corresponder el esfuerzo realizado durante la etapa laboral con el beneficio jubilatorio. No obstante, no dejaba de lado la solidaridad, expresada en la llamada prestación básica universal.
Se sospechó que el cambio obedeció más a inminentes necesidades fiscales que a pretendidos objetivos estructurales o doctrinarios, y la sospecha hoy se comprueba cuando se observa que el precario superávit primario de 2009 hubiera tenido signo negativo si el fisco no hubiera contado con el flujo de fondos que antes se canalizaba a las cuentas particulares administradas por las AFJP. Alrededor de 10.000 millones de pesos fueron reorientados a la caja estatal durante los primeros nueve meses del corriente año, cifra superior al superávit primario de 8550 millones obtenido en este mismo periodo.
El retorno de estos aportes a la caja del Gobierno no se correspondió, como debería haber sido, con la devolución a las provincias del 15 por ciento de los impuestos coparticipables. Pero, además, el Estado se apropió de los aportes acumulados durante los trece años anteriores por un monto algo superior a 90.000 millones de pesos. Este dinero que era administrado por las AFJP de manera de preservar su valor real y además generar una renta en beneficio de quienes eran sus titulares, pasó ahora a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), manejado por la Anses.
Podrá haber críticas sobre la eficiencia de las administradoras privadas o sobre el nivel de sus comisiones. Todo eso era perfectible, pero queda claro que en el año transcurrido bajo la administración de la Anses, esos fondos han sido utilizados en apoyo de necesidades fiscales y de políticas del Gobierno, en lugar de privilegiar el resultado para los futuros jubilados.
Por ejemplo, los depósitos a plazo fijo se han hecho a tasas de interés menores que las del mercado, debiendo los bancos aplicarlos a financiar la compra de automóviles o heladeras dentro de planes oficiales pomposamente anunciados desde el atril presidencial. Se presta a empresas y proyectos en forma discrecional y se han suscripto reiteradamente emisiones de títulos públicos nacionales, y ahora también provinciales. El reciente programa de un subsidio a la niñez, cuyo objetivo no está en discusión, será solventado también por la Anses.
Las cifras publicadas sobre el saldo del FGS que parecerían indicar hasta un leve incremento nominal no se ocupan de aclarar su creciente irrecuperabilidad e iliquidez, ni tampoco el deterioro real producido por la inflación. La comisión bicameral tardíamente constituida para controlar el correcto uso del FGS no parece estar en condiciones de corregir su utilización discrecional siguiendo dictados políticos y urgencias presupuestarias del Poder Ejecutivo Nacional.
Debe reconocerse que durante los trece años de vigencia del sistema de capitalización, los sucesivos gobiernos les impusieron a las AFJP la absorción de bonos estatales en una proporción mayor a la que prudencialmente se había previsto.
Sin embargo, hubo una gestión razonable y además se alimentó el mercado de capitales permitiendo al sector privado encontrar una fuente de financiamiento que de otra forma no hubiera existido. Esta posibilidad prácticamente ha desaparecido desde que la Anses tomó los fondos.
Pero todas estas circunstancias, si bien graves, resultan menos relevantes que el agravio al derecho de propiedad que constituyó la confiscación lisa y llana de todo lo ahorrado y aportado por cada afiliado. Además, se agrega la hipocresía de buscar el apoyo o al menos la resignación, mediante la promesa incumplible de un futuro mejor beneficio jubilatorio.
A un año de la contrarreforma previsional podemos comprobar el uso incorrecto de los fondos confiscados y la probabilidad de que sean irrecuperables o se esfumen antes de que quienes los constituyeron con su esfuerzo lleguen a su edad de jubilación. Ni siquiera se han devuelto los aportes voluntarios a quienes creyeron, como la ley les decía, que su propiedad y preservación estaban aseguradas.
En efecto, el sistema que había sido creado en 1995 apuntaba a resolver un problema de mediano y largo plazo. Tal como había sido diseñado, el nuevo régimen complementaba en sus etapas iniciales el mecanismo estatal de reparto, pero con el correr del tiempo, en un futuro lo sustituiría gradualmente. De esa forma y con un esfuerzo fiscal importante durante los primeros años, se planificó sustituir un sistema que iba inevitablemente a la bancarrota, o que para evitarlo demandaba el desvío y la absorción creciente de otros impuestos.
Se dispuso que el 15 por ciento de los impuestos coparticipables se canalizaran al pago de las jubilaciones estatales para enfrentar la transición. El régimen de capitalización, que se demolió de un solo golpe hace un año, tenía un objetivo de largo plazo y respondía al criterio equitativo de hacer corresponder el esfuerzo realizado durante la etapa laboral con el beneficio jubilatorio. No obstante, no dejaba de lado la solidaridad, expresada en la llamada prestación básica universal.
Se sospechó que el cambio obedeció más a inminentes necesidades fiscales que a pretendidos objetivos estructurales o doctrinarios, y la sospecha hoy se comprueba cuando se observa que el precario superávit primario de 2009 hubiera tenido signo negativo si el fisco no hubiera contado con el flujo de fondos que antes se canalizaba a las cuentas particulares administradas por las AFJP. Alrededor de 10.000 millones de pesos fueron reorientados a la caja estatal durante los primeros nueve meses del corriente año, cifra superior al superávit primario de 8550 millones obtenido en este mismo periodo.
El retorno de estos aportes a la caja del Gobierno no se correspondió, como debería haber sido, con la devolución a las provincias del 15 por ciento de los impuestos coparticipables. Pero, además, el Estado se apropió de los aportes acumulados durante los trece años anteriores por un monto algo superior a 90.000 millones de pesos. Este dinero que era administrado por las AFJP de manera de preservar su valor real y además generar una renta en beneficio de quienes eran sus titulares, pasó ahora a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), manejado por la Anses.
Podrá haber críticas sobre la eficiencia de las administradoras privadas o sobre el nivel de sus comisiones. Todo eso era perfectible, pero queda claro que en el año transcurrido bajo la administración de la Anses, esos fondos han sido utilizados en apoyo de necesidades fiscales y de políticas del Gobierno, en lugar de privilegiar el resultado para los futuros jubilados.
Por ejemplo, los depósitos a plazo fijo se han hecho a tasas de interés menores que las del mercado, debiendo los bancos aplicarlos a financiar la compra de automóviles o heladeras dentro de planes oficiales pomposamente anunciados desde el atril presidencial. Se presta a empresas y proyectos en forma discrecional y se han suscripto reiteradamente emisiones de títulos públicos nacionales, y ahora también provinciales. El reciente programa de un subsidio a la niñez, cuyo objetivo no está en discusión, será solventado también por la Anses.
Las cifras publicadas sobre el saldo del FGS que parecerían indicar hasta un leve incremento nominal no se ocupan de aclarar su creciente irrecuperabilidad e iliquidez, ni tampoco el deterioro real producido por la inflación. La comisión bicameral tardíamente constituida para controlar el correcto uso del FGS no parece estar en condiciones de corregir su utilización discrecional siguiendo dictados políticos y urgencias presupuestarias del Poder Ejecutivo Nacional.
Debe reconocerse que durante los trece años de vigencia del sistema de capitalización, los sucesivos gobiernos les impusieron a las AFJP la absorción de bonos estatales en una proporción mayor a la que prudencialmente se había previsto.
Sin embargo, hubo una gestión razonable y además se alimentó el mercado de capitales permitiendo al sector privado encontrar una fuente de financiamiento que de otra forma no hubiera existido. Esta posibilidad prácticamente ha desaparecido desde que la Anses tomó los fondos.
Pero todas estas circunstancias, si bien graves, resultan menos relevantes que el agravio al derecho de propiedad que constituyó la confiscación lisa y llana de todo lo ahorrado y aportado por cada afiliado. Además, se agrega la hipocresía de buscar el apoyo o al menos la resignación, mediante la promesa incumplible de un futuro mejor beneficio jubilatorio.
A un año de la contrarreforma previsional podemos comprobar el uso incorrecto de los fondos confiscados y la probabilidad de que sean irrecuperables o se esfumen antes de que quienes los constituyeron con su esfuerzo lleguen a su edad de jubilación. Ni siquiera se han devuelto los aportes voluntarios a quienes creyeron, como la ley les decía, que su propiedad y preservación estaban aseguradas.
Editorial IA un año de la reforma jubilatoria
Con la eliminación de las AFJP, el Estado se apropió de los fondos previsionales y los emplea para cubrir necesidades fiscales
lanacion.com | Opinión | Mi?oles 4 de noviembre de 2009
martes, 15 de septiembre de 2009
Verguenza argentina.
Los jubilados y pensionados que, aun contra su expresa voluntad, han sido sometidos a la monopólica tutela de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) parecen estar condenados a tener que asistir, indefensos y sin derecho a objeción alguna, al manejo imprudente de los aportes que hicieron durante su trayectoria laboral, con la esperanza de poder vivir dignamente, llegado el momento de retirarse de las actividades productivas.
En su informe ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, el titular de la Anses, Diego Bossio, se preocupó por tratar de refutar las dudas generadas por el incierto destino de los fondos previsionales manejados por ese órgano gubernamental. Más de un analista sospecha que las inversiones realizadas por la Anses, consistentes, entre otras, en préstamos al Estado y a empresas en dificultades, no le aseguran un futuro promisorio al régimen previsional vigente.
El funcionario admitió que la Anses maneja en estos momentos alrededor de 120.000 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 22,29 por ciento respecto de los recursos disponibles al 5 de diciembre último. De ellos, reconoció que 1787 millones fueron destinados "a financiar al sector público" y agregó que en el caso de las inversiones en el sector privado se consideran "la rentabilidad social y la capacidad productiva y de generación de empleo, cuidando los avales de las inversiones".
Es obvio que la masa de los jubilados y, asimismo, por lo menos algunos de los legisladores que asistieron a la presentación del informe, ignoran cuál es la definición y naturaleza de la citada "rentabilidad social". Tampoco queda en claro por qué en lugar de que esos fondos les aseguren su futura calidad de vida, mediante el incremento de los reintegros previsionales mensuales, los jubilados deben asistir, sin voz ni voto, a los manejos que de ellos hacen los funcionarios del Estado. Se trata de otra indebida postergación, que ha venido a sumarse al incautamiento compulsivo de los recursos previsionales depositados en las fenecidas AFJP, apoderamiento que ni siquiera respetó los seguros previsionales de retiro -contratos entre partes- ni los ahorros voluntarios de quienes aspiraban a mejorar sus haberes jubilatorios futuros.
También siguen pendientes otras explicaciones. Todavía se le siguen adeudando a la opinión pública los términos de la fórmula utilizada para determinar "bajo normas y criterios muy claros", según la interpretación del administrador de la Anses, los aumentos semestrales de las jubilaciones y cómo fueron pagadas las misivas remitidas, pocos días antes de las recientes elecciones, a cada jubilado para que votara al oficialismo.
Para el titular de la Anses, el trueque del sistema previsional mixto por el estatal generó una positiva "solidaridad intergeneracional". Cabría señalar que el término "solidaridad" implica cuestiones trascendentales que no deben ser asumidas a la ligera y mucho menos encaradas haciendo uso indiscriminado de los aportes controlados por la Anses.
A todo esto hay que agregar el incumplimiento por parte de la Anses de sentencias judiciales en juicios que se prolongaron durante años, consumiendo un tiempo que a los jubilados no les sobra.
En su informe ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, el titular de la Anses, Diego Bossio, se preocupó por tratar de refutar las dudas generadas por el incierto destino de los fondos previsionales manejados por ese órgano gubernamental. Más de un analista sospecha que las inversiones realizadas por la Anses, consistentes, entre otras, en préstamos al Estado y a empresas en dificultades, no le aseguran un futuro promisorio al régimen previsional vigente.
El funcionario admitió que la Anses maneja en estos momentos alrededor de 120.000 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 22,29 por ciento respecto de los recursos disponibles al 5 de diciembre último. De ellos, reconoció que 1787 millones fueron destinados "a financiar al sector público" y agregó que en el caso de las inversiones en el sector privado se consideran "la rentabilidad social y la capacidad productiva y de generación de empleo, cuidando los avales de las inversiones".
Es obvio que la masa de los jubilados y, asimismo, por lo menos algunos de los legisladores que asistieron a la presentación del informe, ignoran cuál es la definición y naturaleza de la citada "rentabilidad social". Tampoco queda en claro por qué en lugar de que esos fondos les aseguren su futura calidad de vida, mediante el incremento de los reintegros previsionales mensuales, los jubilados deben asistir, sin voz ni voto, a los manejos que de ellos hacen los funcionarios del Estado. Se trata de otra indebida postergación, que ha venido a sumarse al incautamiento compulsivo de los recursos previsionales depositados en las fenecidas AFJP, apoderamiento que ni siquiera respetó los seguros previsionales de retiro -contratos entre partes- ni los ahorros voluntarios de quienes aspiraban a mejorar sus haberes jubilatorios futuros.
También siguen pendientes otras explicaciones. Todavía se le siguen adeudando a la opinión pública los términos de la fórmula utilizada para determinar "bajo normas y criterios muy claros", según la interpretación del administrador de la Anses, los aumentos semestrales de las jubilaciones y cómo fueron pagadas las misivas remitidas, pocos días antes de las recientes elecciones, a cada jubilado para que votara al oficialismo.
Para el titular de la Anses, el trueque del sistema previsional mixto por el estatal generó una positiva "solidaridad intergeneracional". Cabría señalar que el término "solidaridad" implica cuestiones trascendentales que no deben ser asumidas a la ligera y mucho menos encaradas haciendo uso indiscriminado de los aportes controlados por la Anses.
A todo esto hay que agregar el incumplimiento por parte de la Anses de sentencias judiciales en juicios que se prolongaron durante años, consumiendo un tiempo que a los jubilados no les sobra.
Editorial IJubilados cada vez más indefensos
La Anses dispone a su voluntad el destino de fondos previsionales con el pretexto de lograr una discutible "rentabilidad social"
lanacion.com | Opinión | Martes 15 de setiembre de 2009
domingo, 16 de agosto de 2009
El pésimo gobierno K traerá muchos problemas monetarios a las próximas generaciones.
Uno de los temas que está siendo ignorado en el debate nacional es la gestión de la Anses, desde otra perspectiva que lo que es actuar como mecanismo de financiamiento, de los desórdenes del fisco argentino, o de los proyectos del capitalismo de amigos.
En la Anses hay dos temas muy delicados que están siendo subestimados y que generan una deuda oculta de singular magnitud.
El primero de ellos, está relacionado a la ausencia de movilidad para aproximadamente más de un millón y medio de jubilados y pensionados, que desde el 2001 al 2009, no han recibido la corrección que establece la Constitución Nacional, sobre todo después de la ruptura de la convertibilidad y de pasar de una situación de deflación a otra de alta inflación.
Este tema oculta un gran drama, que es la postración de las personas más ancianas de nuestra sociedad, oculta una gran deuda, y oculta una pésima actitud de gestión que es judicializar las dificultades y someter a los ancianos a un litigio muy prolongado.
En ese campo, en reiteradas oportunidades, varios diputados nacionales han elevado propuestas que coinciden con un fallo de la Corte Suprema, el llamativo caso Badaro, que obligan a hacer una corrección en los ajustes desde que se abandonó la estabilidad de precios.
En esa línea, una solución práctica sería realizar algo similar a lo que se hizo en 1993-1994, donde también existían jubilaciones sin ajustes, y se procedió hacer una corrección de una sola vez y a compensar la deuda histórica y consolidarla en los famosos bonos de consolidación.
En este caso, debería hacerse algo similar con la contrapartida de desistir del procedimiento litigante. Eso aliviaría enormemente los juzgados y las cámaras de seguridad social, facilitaría y normalizaría la situación de nuestros ancianos, y destrabaría algo que se ha convertido en una de las cárceles del funcionamiento de nuestro sistema judicial y de nuestro sistema previsional. Inevitablemente estos problemas volverán atenuados pero no con la gravedad actual.
La propuesta tendría que ser muy sencilla. En primer lugar, es ajustar por índice de costo vida, aún con las fallas que este tiene, las prestaciones previsionales desde el año 2001, y restarle a ese ajuste de costo de vida los aumentos que se hayan dado. Cuando los aumentos exceden el índice de precios no hay corrección necesaria, y cuando los aumentos están por debajo del índice de precios habría que devolverse la diferencia habidas entre el 2001 y 2009, en un bono de consolidación, como planteamos anteriormente.
La ventaja de este procedimiento es que nivela gran parte de la litigiosidad, corrige inmediatamente las jubilaciones y las pensiones para gente que está siendo estafada por las conductas del gobierno nacional, y consolida la deuda en un título financiable y pagable. Lo más importante es que vuelve transparente las cuentas de la Anses, que acumula una enorme deuda que no registra..
Confiscación
La segunda de estas deudas, son los fondos confiscados con motivo de la eliminación de las AFJP. En esa oportunidad, se generaron dos litigios básicos. El primero por los fondos voluntariamente aportados. En este caso se trata de un robo, o sea, gente que pagó demás para poder mejorar su jubilación. Disuelto el régimen de capitalización, lo que hay que hacer es devolverle el dinero, y eso hay que hacerlo cuanto antes sin generar otra enorme fuente de litigios de gastos que no son para los jubilados.
El segundo tema, más controversial, es si la jubilación ordinaria compensa los ahorros acumulados en las AFJP. En mi opinión no, es decir, habría que devolverlos integralmente porque esos fondos eran propiedad de los aportantes y, en todo caso, cumplirán las condiciones laborales a través de los años que han acumulado en el régimen estatal o de reparto. La devolución puede ser en la adquisición de una renta vitalicia complementarias.
La intención de llamar la atención en estos dos problemas es clave para sanear las finanzas, para resolver la situación apremiar de nuestros ancianos, y por último, para no acumular más deuda oculta hacia el futuro.
Esa transparencia de mirar las perspectivas intertemporal de los números fiscales, es muy interesante el ejemplo que se está dando en el programa de Obama para la salud. Toda la discusión es si los gastos de los próximos 20 años que impacto tendrían.
En la Anses hay dos temas muy delicados que están siendo subestimados y que generan una deuda oculta de singular magnitud.
El primero de ellos, está relacionado a la ausencia de movilidad para aproximadamente más de un millón y medio de jubilados y pensionados, que desde el 2001 al 2009, no han recibido la corrección que establece la Constitución Nacional, sobre todo después de la ruptura de la convertibilidad y de pasar de una situación de deflación a otra de alta inflación.
Este tema oculta un gran drama, que es la postración de las personas más ancianas de nuestra sociedad, oculta una gran deuda, y oculta una pésima actitud de gestión que es judicializar las dificultades y someter a los ancianos a un litigio muy prolongado.
En ese campo, en reiteradas oportunidades, varios diputados nacionales han elevado propuestas que coinciden con un fallo de la Corte Suprema, el llamativo caso Badaro, que obligan a hacer una corrección en los ajustes desde que se abandonó la estabilidad de precios.
En esa línea, una solución práctica sería realizar algo similar a lo que se hizo en 1993-1994, donde también existían jubilaciones sin ajustes, y se procedió hacer una corrección de una sola vez y a compensar la deuda histórica y consolidarla en los famosos bonos de consolidación.
En este caso, debería hacerse algo similar con la contrapartida de desistir del procedimiento litigante. Eso aliviaría enormemente los juzgados y las cámaras de seguridad social, facilitaría y normalizaría la situación de nuestros ancianos, y destrabaría algo que se ha convertido en una de las cárceles del funcionamiento de nuestro sistema judicial y de nuestro sistema previsional. Inevitablemente estos problemas volverán atenuados pero no con la gravedad actual.
La propuesta tendría que ser muy sencilla. En primer lugar, es ajustar por índice de costo vida, aún con las fallas que este tiene, las prestaciones previsionales desde el año 2001, y restarle a ese ajuste de costo de vida los aumentos que se hayan dado. Cuando los aumentos exceden el índice de precios no hay corrección necesaria, y cuando los aumentos están por debajo del índice de precios habría que devolverse la diferencia habidas entre el 2001 y 2009, en un bono de consolidación, como planteamos anteriormente.
La ventaja de este procedimiento es que nivela gran parte de la litigiosidad, corrige inmediatamente las jubilaciones y las pensiones para gente que está siendo estafada por las conductas del gobierno nacional, y consolida la deuda en un título financiable y pagable. Lo más importante es que vuelve transparente las cuentas de la Anses, que acumula una enorme deuda que no registra..
Confiscación
La segunda de estas deudas, son los fondos confiscados con motivo de la eliminación de las AFJP. En esa oportunidad, se generaron dos litigios básicos. El primero por los fondos voluntariamente aportados. En este caso se trata de un robo, o sea, gente que pagó demás para poder mejorar su jubilación. Disuelto el régimen de capitalización, lo que hay que hacer es devolverle el dinero, y eso hay que hacerlo cuanto antes sin generar otra enorme fuente de litigios de gastos que no son para los jubilados.
El segundo tema, más controversial, es si la jubilación ordinaria compensa los ahorros acumulados en las AFJP. En mi opinión no, es decir, habría que devolverlos integralmente porque esos fondos eran propiedad de los aportantes y, en todo caso, cumplirán las condiciones laborales a través de los años que han acumulado en el régimen estatal o de reparto. La devolución puede ser en la adquisición de una renta vitalicia complementarias.
La intención de llamar la atención en estos dos problemas es clave para sanear las finanzas, para resolver la situación apremiar de nuestros ancianos, y por último, para no acumular más deuda oculta hacia el futuro.
Esa transparencia de mirar las perspectivas intertemporal de los números fiscales, es muy interesante el ejemplo que se está dando en el programa de Obama para la salud. Toda la discusión es si los gastos de los próximos 20 años que impacto tendrían.
OpiniónLas deudas ocultas en la Anses
Ricardo Lopez Murphy
lanacion.com | Economía | Domingo 16 de agosto de 2009
lunes, 25 de mayo de 2009
Pobres futuros jubilados y pensionados.
No pueden menos que crispar los ánimos de muchísimos jubilados y trabajadores activos aportantes al sistema previsional las afirmaciones que en los últimos días han vertido la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, y el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, en el sentido de que el Gobierno los ha "defendido y beneficiado" al eliminar el régimen jubilatorio privado e incautarse de sus recursos.
Las explicaciones gubernamentales parecen partir del convencimiento de que la la clase pasiva y los aportantes son ingenuos y están tan desinformados que han pasado por alto el descarado despilfarro de los cuantiosos fondos provenientes de esa manifiesta exacción, animada por el exclusivo propósito de engrosar las arcas públicas.
Pretenden, por ejemplo, encubrir, so pretexto de actos solidarios que en realidad responden a la intención de captar votos favorables, el manirroto reparto de fondos a los gobiernos provinciales y municipales que les son adeptos. O tratan de disimular en vano el descontrolado empleo de esos recursos para financiar operaciones de dudosa eficiencia y oscura tramitación, y créditos de improbable devolución. Entretanto, el despojo incluso se engulló los contratos de seguros previsionales -convenciones privadas entre partes- y se les sigue negando el reintegro de sus aportes voluntarios a quienes confiaron en que el Gobierno preservaría el sistema de capitalización por el cual ellos habían optado en forma manifiesta.
La presidenta de la Nación expresó, como si se tratara de una revelación, que "los recursos estaban en manos de los privados y los giraban para afuera". Todos los afiliados a las AFJP estaban enterados de la existencia de que una porción de sus ahorros podía ser invertida en instrumentos extranjeros, para favorecer una diversificación, lo cual contaba con el aval del propio Estado.
Desde los mismos foros se ha apelado al argumento de la recuperación de la solidaridad. Si esa intención fuese real, los 100.000 millones de pesos que hoy administra la Anses deberían haber sido reservados para el exclusivo pago de las jubilaciones y pensiones o para actualizarlas en proporción ajustada al incremento real y no ficticio del costo de la vida, además de para pagar los miles de juicios previsionales que, con sentencia favorable firme, esperan resignadamente y, en algunos casos desde hace varios años, su ejecución.
En cambio, esa multimillonaria masa de dinero ha sido derivada para otras finalidades del todo ajenas al propósito de quienes la fueron aportando con el fruto de su trabajo.
A confesión de partes, relevo de pruebas. El propio administrador de los recursos previsionales acaba de admitir, frente a la tardíamente constituida comisión parlamentaria de control del manejo de esos recursos, que su principal objetivo es el sostenimiento "del nivel de la actividad y del empleo".
Este público reconocimiento no hizo más que avalar las críticas negativas que generó de inmediato: los ahorros de los jubilados -se juzgó desde la oposición- se están utilizando para financiar empresas de dudosa rentabilidad y al Tesoro nacional a tasas más bajas de las del mercado, al igual que planes de crédito que no llegan a los jubilados. Ni qué decir del absurdo pago de un millón de pesos por parte de la Anses a la Universidad de Buenos Aires por unos informes sobre el Plan Autos, que en consultoras privadas podría haberse obtenido a un costo por lo menos diez veces menor.
La conciencia y el sentido común de muchos legisladores que, en su momento, votaron en favor de la derogación del sistema de capitalización están empezando a mostrarles el camino del remordimiento.
Las explicaciones gubernamentales parecen partir del convencimiento de que la la clase pasiva y los aportantes son ingenuos y están tan desinformados que han pasado por alto el descarado despilfarro de los cuantiosos fondos provenientes de esa manifiesta exacción, animada por el exclusivo propósito de engrosar las arcas públicas.
Pretenden, por ejemplo, encubrir, so pretexto de actos solidarios que en realidad responden a la intención de captar votos favorables, el manirroto reparto de fondos a los gobiernos provinciales y municipales que les son adeptos. O tratan de disimular en vano el descontrolado empleo de esos recursos para financiar operaciones de dudosa eficiencia y oscura tramitación, y créditos de improbable devolución. Entretanto, el despojo incluso se engulló los contratos de seguros previsionales -convenciones privadas entre partes- y se les sigue negando el reintegro de sus aportes voluntarios a quienes confiaron en que el Gobierno preservaría el sistema de capitalización por el cual ellos habían optado en forma manifiesta.
La presidenta de la Nación expresó, como si se tratara de una revelación, que "los recursos estaban en manos de los privados y los giraban para afuera". Todos los afiliados a las AFJP estaban enterados de la existencia de que una porción de sus ahorros podía ser invertida en instrumentos extranjeros, para favorecer una diversificación, lo cual contaba con el aval del propio Estado.
Desde los mismos foros se ha apelado al argumento de la recuperación de la solidaridad. Si esa intención fuese real, los 100.000 millones de pesos que hoy administra la Anses deberían haber sido reservados para el exclusivo pago de las jubilaciones y pensiones o para actualizarlas en proporción ajustada al incremento real y no ficticio del costo de la vida, además de para pagar los miles de juicios previsionales que, con sentencia favorable firme, esperan resignadamente y, en algunos casos desde hace varios años, su ejecución.
En cambio, esa multimillonaria masa de dinero ha sido derivada para otras finalidades del todo ajenas al propósito de quienes la fueron aportando con el fruto de su trabajo.
A confesión de partes, relevo de pruebas. El propio administrador de los recursos previsionales acaba de admitir, frente a la tardíamente constituida comisión parlamentaria de control del manejo de esos recursos, que su principal objetivo es el sostenimiento "del nivel de la actividad y del empleo".
Este público reconocimiento no hizo más que avalar las críticas negativas que generó de inmediato: los ahorros de los jubilados -se juzgó desde la oposición- se están utilizando para financiar empresas de dudosa rentabilidad y al Tesoro nacional a tasas más bajas de las del mercado, al igual que planes de crédito que no llegan a los jubilados. Ni qué decir del absurdo pago de un millón de pesos por parte de la Anses a la Universidad de Buenos Aires por unos informes sobre el Plan Autos, que en consultoras privadas podría haberse obtenido a un costo por lo menos diez veces menor.
La conciencia y el sentido común de muchos legisladores que, en su momento, votaron en favor de la derogación del sistema de capitalización están empezando a mostrarles el camino del remordimiento.
Editorial IIMás tomaduras de pelo a jubilados
Afirmaciones de la Presidenta, de su esposo y del titular de la Anses parecen burlarse de la clase pasiva y de los aportantes
lanacion.com | Opinión | Domingo 24 de mayo de 2009
lunes, 4 de mayo de 2009
" No pueden devolver los fondos a la Anses y sacan más plata de ese organismo"
El Gobierno no sólo sigue recurriendo a la caja de la Anses para financiarse, sino que, además, le retrasa el pago de lo que le debe. En una resolución secreta del 18 de marzo, admitida a La Nacion por altas fuentes de la Casa Rosada, se decidió refinanciar los vencimientos de 2009 con ese organismo, por $ 8450 millones, con la emisión de un bono que vencerá en 2016. Es decir, dilató siete años el pago.
La resolución fue firmada por los secretarios de Finanzas, Hernán Lorenzino, y de Hacienda, Juan Carlos Pezoa. Tiene fecha del 18 de marzo, pero nunca se publicó en el Boletín Oficial.
Ese título, el Bonar 2016, reemplazará a las nueve letras del Tesoro que el Ministerio de Economía había emitido el año pasado para endeudarse con la Anses, el organismo que dirige Amado Boudou, por 8450 millones de pesos. Se trata de dinero que el ente de los jubilados le prestó al Tesoro para financiar gasto público.
Las dificultades en la economía complican al Gobierno, que en menos de 60 días enfrentará la elección de medio término, en la cual podría perder el control parlamentario. La desaceleración de la recaudación impositiva, el aumento del gasto público a un ritmo mayor que el de los ingresos fiscales y el impacto de la crisis en la actividad económica han llevado al Gobierno a tomar cada vez más fondos de la Anses.
¿Por qué se emitió el bono? Según el artículo 49 de la ley de presupuesto de este año, la Tesorería General de la Nación tiene un tope de 9000 millones de pesos para emitir títulos de deuda. Pero el Tesoro necesitaba colocar nueva deuda y el 1° de abril último emitió dos nuevas, una por un total de $ 500 millones y otra por $ 1000 millones.
Es decir que sin la resolución del 18 de marzo último el Tesoro estaba impedido por ley de emitir esas Letras. Ahora, formalmente cumple la ley, limpió la tarjeta de crédito y quedó habilitado a emitir nuevas letras por hasta $ 9000 millones en 2009 sin infringir la ley.
Hacia atrás, en tanto, la deuda total del Tesoro con la Anses ya trepó a 9950 millones de pesos, dinero que se usa en rigor para financiar los gastos corrientes de la administración nacional.
Según analistas técnicos del Gobierno, esto equivale a un default dentro del propio Estado. Cinco de las Letras del Tesoro vencieron en marzo de 2009, una en abril, y tres en junio, septiembre y octubre de este año. En teoría, ese dinero debería ser devuelto a la Anses en cada vencimiento.
Sin embargo, el Estado nacional emitió un bono por $ 8450 millones y emitió dos Letras más por 1500 millones de pesos. Este último monto equivale al flujo mensual que aportan los ex afiliados a las AFJP liquidadas por la estatización de los fondos previsionales.
O sea que este año el Tesoro le sustrajo 9950 millones de pesos a la Anses, cuyos recursos fueron engrosados en 2008 con los fondos provenientes de las AFJP, a partir de la reestatización del sistema previsional.
La resolución fue firmada por los secretarios de Finanzas, Hernán Lorenzino, y de Hacienda, Juan Carlos Pezoa. Tiene fecha del 18 de marzo, pero nunca se publicó en el Boletín Oficial.
Ese título, el Bonar 2016, reemplazará a las nueve letras del Tesoro que el Ministerio de Economía había emitido el año pasado para endeudarse con la Anses, el organismo que dirige Amado Boudou, por 8450 millones de pesos. Se trata de dinero que el ente de los jubilados le prestó al Tesoro para financiar gasto público.
Las dificultades en la economía complican al Gobierno, que en menos de 60 días enfrentará la elección de medio término, en la cual podría perder el control parlamentario. La desaceleración de la recaudación impositiva, el aumento del gasto público a un ritmo mayor que el de los ingresos fiscales y el impacto de la crisis en la actividad económica han llevado al Gobierno a tomar cada vez más fondos de la Anses.
¿Por qué se emitió el bono? Según el artículo 49 de la ley de presupuesto de este año, la Tesorería General de la Nación tiene un tope de 9000 millones de pesos para emitir títulos de deuda. Pero el Tesoro necesitaba colocar nueva deuda y el 1° de abril último emitió dos nuevas, una por un total de $ 500 millones y otra por $ 1000 millones.
Es decir que sin la resolución del 18 de marzo último el Tesoro estaba impedido por ley de emitir esas Letras. Ahora, formalmente cumple la ley, limpió la tarjeta de crédito y quedó habilitado a emitir nuevas letras por hasta $ 9000 millones en 2009 sin infringir la ley.
Hacia atrás, en tanto, la deuda total del Tesoro con la Anses ya trepó a 9950 millones de pesos, dinero que se usa en rigor para financiar los gastos corrientes de la administración nacional.
Según analistas técnicos del Gobierno, esto equivale a un default dentro del propio Estado. Cinco de las Letras del Tesoro vencieron en marzo de 2009, una en abril, y tres en junio, septiembre y octubre de este año. En teoría, ese dinero debería ser devuelto a la Anses en cada vencimiento.
Sin embargo, el Estado nacional emitió un bono por $ 8450 millones y emitió dos Letras más por 1500 millones de pesos. Este último monto equivale al flujo mensual que aportan los ex afiliados a las AFJP liquidadas por la estatización de los fondos previsionales.
O sea que este año el Tesoro le sustrajo 9950 millones de pesos a la Anses, cuyos recursos fueron engrosados en 2008 con los fondos provenientes de las AFJP, a partir de la reestatización del sistema previsional.
La crisis / Comprometido panorama fiscal y financieroPosterga el Gobierno el pago de una deuda con la Anses
Refinanció vencimientos de este año con el organismo por $ 8450 millones; sólo le pagará en 2016
lanacion.com | Política | Lunes 4 de mayo de 2009
lunes, 20 de abril de 2009
Lo K se van a gastar todos los fondos de las AFJP sin controles.
Cinco meses después de la eliminación del sistema jubilatorio de capitalización, los fondos que fueron traspasados al Estado siguen siendo gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sin que se apliquen los controles previstos en la misma ley, según denunciaron diputados de la oposición. Se trata de una masa de recursos que superaría los $ 100.000 millones, según estimaciones basadas en los informes que se emitían quincenalmente hasta octubre último: a partir de la estatización del sistema también se abandonó la difusión de datos.
La semana pasada, tres diputados que defendieron la anulación de las AFJP y que ahora reclaman transparencia al Estado presentaron en el Congreso un proyecto de resolución para que se integre la demorada comisión bicameral que debería estar haciendo un seguimiento de las inversiones del fondo de "garantía del sistema de reparto". Ese grupo debe integrarse con seis diputados y seis senadores.
A la caja en cuestión, que está bajo la responsabilidad directa del director de la Anses, Amado Boudou, se transfirieron los ahorros acumulados en las cuentas de quienes habían elegido una AFJP. El fondo también se alimenta del excedente que se genera entre la recaudación del sistema y sus pagos mensuales.
"Usar los recursos sin control les da letra a los defensores del sistema privado en contra del de reparto", se quejó la diputada María América González (Solidaridad e Igualdad), autora del proyecto de resolución, que también firman Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad). González recordó que entre los fondos traspasados están los provenientes de aportes voluntarios que hicieron algunos afiliados, ya que pese a los meses transcurridos la Anses no definió qué ocurrirá con esos recursos.
Además de la iniciativa de resolución, los diputados les pidieron a Eduardo Fellner y a Julio Cobos, como presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, que "arbitren las medidas necesarias para constituir la comisión bicameral". Según González, "resulta ofensivo para la República y para la democracia tener que llegar a redactar un proyecto de resolución para que las autoridades del Poder Legislativo cumplan lo que dice la ley".
A mediados de febrero pasado, los diputados le habían reclamado a Boudou, con una carta de intimación, que dispusiera la integración del consejo multisectorial que debe monitorear el uso de los recursos y que, al igual que la comisión bicameral, fue creado por la reforma votada en noviembre del año pasado. De ese consejo deben formar parte entidades empresariales, sindicales y dependencias del Gobierno. La respuesta de la Anses señala que la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), la CGT, el Organo Consultivo de Jubilados y Pensionados y la Cámara de Diputados respondieron a la invitación. En el caso de la UIA, la respuesta fue que se propondrá una designación una vez que funcione la bicameral.
Sin embargo, la nota de la Anses aclara que la designación formal de los integrantes del grupo está en trámite, ya que esa tarea le fue asignada por la ley 26.425 al Poder Ejecutivo. Es decir: las entidades proponen y la presidenta de la Nación decide quiénes controlarán.
Según Lozano, que califica como "ilegal" la asignación de fondos sin control, ese consejo de entidades nació como propuesta de funcionarios y legisladores oficialistas durante el breve debate que tuvo el proyecto en el Congreso. "No se integran ni siquiera los organismos que ellos propusieron", sostuvo en referencia al oficialismo, al que cree responsable de las omisiones, dada su posición de fuerza en el Congreso.
El diputado estimó que el Gobierno hizo ya anuncios que comprometen el uso de $ 32.000 millones del sistema en planes de préstamos, aunque por ahora se licitó entre los bancos una cifra muy inferior. Si se suman anuncios de obras públicas para este año y la suscripción de deuda, el economista de la central obrera CTA calculó en un trabajo que ya se pensó un destino para $ 82.000 millones.
LA NACION intentó varias veces, desde la estatización del sistema, acceder a datos del fondo. Pero no hubo respuesta, igual que ante la consulta a la Anses para esta nota.
Aunque las proyecciones podrían ser revisadas, se calcula que este año el sistema de la seguridad social tendría un excedente de $ 18.000 que iría al fondo de garantía como diferencia entre la recaudación y los gastos que asume. Es un saldo que muchos se resisten a calificar de "superávit", dado que hay más de 231.000 juicios de jubilados pendientes, muchos de ellos en reclamo de la aplicación del fallo Badaro, en el que la Corte ordenó que desde 2002 los haberes deben subir a la par de la evolución de los salarios.
La semana pasada, tres diputados que defendieron la anulación de las AFJP y que ahora reclaman transparencia al Estado presentaron en el Congreso un proyecto de resolución para que se integre la demorada comisión bicameral que debería estar haciendo un seguimiento de las inversiones del fondo de "garantía del sistema de reparto". Ese grupo debe integrarse con seis diputados y seis senadores.
A la caja en cuestión, que está bajo la responsabilidad directa del director de la Anses, Amado Boudou, se transfirieron los ahorros acumulados en las cuentas de quienes habían elegido una AFJP. El fondo también se alimenta del excedente que se genera entre la recaudación del sistema y sus pagos mensuales.
"Usar los recursos sin control les da letra a los defensores del sistema privado en contra del de reparto", se quejó la diputada María América González (Solidaridad e Igualdad), autora del proyecto de resolución, que también firman Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad). González recordó que entre los fondos traspasados están los provenientes de aportes voluntarios que hicieron algunos afiliados, ya que pese a los meses transcurridos la Anses no definió qué ocurrirá con esos recursos.
Además de la iniciativa de resolución, los diputados les pidieron a Eduardo Fellner y a Julio Cobos, como presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, que "arbitren las medidas necesarias para constituir la comisión bicameral". Según González, "resulta ofensivo para la República y para la democracia tener que llegar a redactar un proyecto de resolución para que las autoridades del Poder Legislativo cumplan lo que dice la ley".
A mediados de febrero pasado, los diputados le habían reclamado a Boudou, con una carta de intimación, que dispusiera la integración del consejo multisectorial que debe monitorear el uso de los recursos y que, al igual que la comisión bicameral, fue creado por la reforma votada en noviembre del año pasado. De ese consejo deben formar parte entidades empresariales, sindicales y dependencias del Gobierno. La respuesta de la Anses señala que la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), la CGT, el Organo Consultivo de Jubilados y Pensionados y la Cámara de Diputados respondieron a la invitación. En el caso de la UIA, la respuesta fue que se propondrá una designación una vez que funcione la bicameral.
Sin embargo, la nota de la Anses aclara que la designación formal de los integrantes del grupo está en trámite, ya que esa tarea le fue asignada por la ley 26.425 al Poder Ejecutivo. Es decir: las entidades proponen y la presidenta de la Nación decide quiénes controlarán.
Según Lozano, que califica como "ilegal" la asignación de fondos sin control, ese consejo de entidades nació como propuesta de funcionarios y legisladores oficialistas durante el breve debate que tuvo el proyecto en el Congreso. "No se integran ni siquiera los organismos que ellos propusieron", sostuvo en referencia al oficialismo, al que cree responsable de las omisiones, dada su posición de fuerza en el Congreso.
El diputado estimó que el Gobierno hizo ya anuncios que comprometen el uso de $ 32.000 millones del sistema en planes de préstamos, aunque por ahora se licitó entre los bancos una cifra muy inferior. Si se suman anuncios de obras públicas para este año y la suscripción de deuda, el economista de la central obrera CTA calculó en un trabajo que ya se pensó un destino para $ 82.000 millones.
LA NACION intentó varias veces, desde la estatización del sistema, acceder a datos del fondo. Pero no hubo respuesta, igual que ante la consulta a la Anses para esta nota.
Aunque las proyecciones podrían ser revisadas, se calcula que este año el sistema de la seguridad social tendría un excedente de $ 18.000 que iría al fondo de garantía como diferencia entre la recaudación y los gastos que asume. Es un saldo que muchos se resisten a calificar de "superávit", dado que hay más de 231.000 juicios de jubilados pendientes, muchos de ellos en reclamo de la aplicación del fallo Badaro, en el que la Corte ordenó que desde 2002 los haberes deben subir a la par de la evolución de los salarios.
La crisis / Reclamos de diputados que aprobaron el traspaso a la AnsesSiguen sin control los fondos jubilatorios reestatizados
No se pusieron aún en marcha los mecanismos prometidos en la ley que dispuso el fin de las AFJP
lanacion.com | Economía | Lunes 20 de abril de 2009
sábado, 11 de abril de 2009
"La Anses continúa gastando todos los fondos confiscados sin control alguno".
En febrero y marzo últimos, los juzgados de primera instancia de la seguridad social recibieron 18.928 demandas de jubilados contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La cifra representa un incremento del 72% respecto de las causas tramitadas en el mismo período de 2008 y un alza del 87% respecto del de 2007. Pero la situación es más grave aún si se tiene en cuenta que dado el colapso del fuero, hay unos 14.500 expedientes acumulados todavía sin asignar a los diferentes juzgados y que crece significativamente el número de jubilados firmando poderes para el inicio de nuevos litigios.
La situación, definida como "gravísima" por el camarista Luis Herrero, que aportó los datos a LA NACION, responde principalmente al retraso que sufren los haberes de muchos jubilados respecto de la inflación y los salarios activos, y a la disconformidad con el cálculo del ingreso previsional inicial. En menor medida, también se suman los reclamos de ex afiliados al sistema de capitalización, que rechazan la estatización de los fondos que tenían acumulados en sus cuentas.
En total, esperan su resolución 165.913 causas sólo en la primera y en la segunda instancia del ámbito de la ciudad de Buenos Aires: es un 50% más que los que había al finalizar 2008.
Herrero afirmó que, dada la cantidad de demandas, se le pediría a la Corte una nueva feria (cierre temporario de la mesa de entradas), algo que ya ocurrió dos veces este año. En febrero y marzo se otorgaron 11.302 poderes a jubilados para el inicio de causas, contra los 5173 de igual período del año pasado.
Si se suman los juicios que esperan un fallo de la Corte Suprema y los que se tramitan en el interior, son más de 230.000 los que están en trámite. Pero la cantidad de litigios no necesariamente es igual al número de jubilados que esperan cobrar lo que creen justo y el Estado les niega: muchas veces las presentaciones suelen ser realizadas por más de un demandante. Según Herrero, una de las principales raíces de la situación es el incumplimiento por parte de la Anses de lo dispuesto por la Corte en el fallo Badaro. Según el juez, a partir de ese fallo se debió haber otorgado el reajuste allí dispuesto a todos los pasivos que estaban en situación similar a la del reclamante, sin obligarlos a recurrir a la Justicia a iniciar un trámite que puede tardar entre cuatro y cinco años.
En la causa Badaro, la Corte ordenó actualizar el haber del demandante según la evolución de los salarios entre 2002 y 2006, es decir, en un 88,57%. Como otros miles de jubilados, Badaro había recibido hasta entonces ajustes por debajo de ese nivel: en su caso, del 11 por ciento.
Antes de disponer el criterio de la suba de haberes según el alza de salarios, la Corte había ordenado en 2006 la aprobación de una ley de movilidad previsional. Esa norma fue finalmente aprobada en octubre pasado y entró en vigor en marzo. Pero la norma no dio solución al tema de las demandas porque no previó ninguna corrección por la insuficiente suba de los períodos previos a 2009. Eso provocó que los haberes de muchos pasivos se ajustara a partir de ahora con un criterio de movilidad, pero partiendo de un valor que, en términos de poder de compra, es hasta un 40% inferior al de 2001.
La situación, definida como "gravísima" por el camarista Luis Herrero, que aportó los datos a LA NACION, responde principalmente al retraso que sufren los haberes de muchos jubilados respecto de la inflación y los salarios activos, y a la disconformidad con el cálculo del ingreso previsional inicial. En menor medida, también se suman los reclamos de ex afiliados al sistema de capitalización, que rechazan la estatización de los fondos que tenían acumulados en sus cuentas.
En total, esperan su resolución 165.913 causas sólo en la primera y en la segunda instancia del ámbito de la ciudad de Buenos Aires: es un 50% más que los que había al finalizar 2008.
Herrero afirmó que, dada la cantidad de demandas, se le pediría a la Corte una nueva feria (cierre temporario de la mesa de entradas), algo que ya ocurrió dos veces este año. En febrero y marzo se otorgaron 11.302 poderes a jubilados para el inicio de causas, contra los 5173 de igual período del año pasado.
Si se suman los juicios que esperan un fallo de la Corte Suprema y los que se tramitan en el interior, son más de 230.000 los que están en trámite. Pero la cantidad de litigios no necesariamente es igual al número de jubilados que esperan cobrar lo que creen justo y el Estado les niega: muchas veces las presentaciones suelen ser realizadas por más de un demandante. Según Herrero, una de las principales raíces de la situación es el incumplimiento por parte de la Anses de lo dispuesto por la Corte en el fallo Badaro. Según el juez, a partir de ese fallo se debió haber otorgado el reajuste allí dispuesto a todos los pasivos que estaban en situación similar a la del reclamante, sin obligarlos a recurrir a la Justicia a iniciar un trámite que puede tardar entre cuatro y cinco años.
En la causa Badaro, la Corte ordenó actualizar el haber del demandante según la evolución de los salarios entre 2002 y 2006, es decir, en un 88,57%. Como otros miles de jubilados, Badaro había recibido hasta entonces ajustes por debajo de ese nivel: en su caso, del 11 por ciento.
Antes de disponer el criterio de la suba de haberes según el alza de salarios, la Corte había ordenado en 2006 la aprobación de una ley de movilidad previsional. Esa norma fue finalmente aprobada en octubre pasado y entró en vigor en marzo. Pero la norma no dio solución al tema de las demandas porque no previó ninguna corrección por la insuficiente suba de los períodos previos a 2009. Eso provocó que los haberes de muchos pasivos se ajustara a partir de ahora con un criterio de movilidad, pero partiendo de un valor que, en términos de poder de compra, es hasta un 40% inferior al de 2001.
El régimen previsional / Tras la ley de movilidadCrecieron un 72% los juicios de jubilados contra la Anses
En febrero y marzo se iniciaron casi 19.000 litigios; el principal reclamo es por reajuste de haberes
lanacion.com | Economía | S?do 11 de abril de 2009
jueves, 9 de abril de 2009
¿Quién se va a ser cargo de la lluvia de juicios que va a recibir el estado por la apropiación ilícita de los fondos de las AFJP ?
Un fallo judicial de primera instancia declaró la inconstitucionalidad de la estatización de los ahorros de los ex afiliados al sistema jubilatorio de capitalización y le ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abonarle a la reclamante lo que tenía acumulado en su cuenta al 9 de diciembre de 2008, la fecha de entrada en vigor de la ley que eliminó aquel régimen.
La sentencia fue dictada en la causa "Scotti, Gisela Beatriz contra el Estado Nacional" y es la primera que se conoce que le da la razón al aportante que reclama por los fondos tomados contra su voluntad. Según se prevé, será apelada por la Anses.
"La resolución es acertada porque todos los aportantes tienen sobre los fondos de sus cuentas un derecho de propiedad que se encuentra protegido por la Constitución Nacional", dijo a La Nacion Federico Bossi Ballester, el abogado patrocinante.
Además de la devolución de fondos, el fallo sostiene que la Anses deberá considerar los períodos en los que la aportante estuvo afiliada a una AFJP como válidos para jubilarse en reparto. Y justifica esa disposición en el hecho de que las contribuciones patronales siempre se derivaron al Estado.
La sentencia fue dictada en la causa "Scotti, Gisela Beatriz contra el Estado Nacional" y es la primera que se conoce que le da la razón al aportante que reclama por los fondos tomados contra su voluntad. Según se prevé, será apelada por la Anses.
"La resolución es acertada porque todos los aportantes tienen sobre los fondos de sus cuentas un derecho de propiedad que se encuentra protegido por la Constitución Nacional", dijo a La Nacion Federico Bossi Ballester, el abogado patrocinante.
Además de la devolución de fondos, el fallo sostiene que la Anses deberá considerar los períodos en los que la aportante estuvo afiliada a una AFJP como válidos para jubilarse en reparto. Y justifica esa disposición en el hecho de que las contribuciones patronales siempre se derivaron al Estado.
Primera sentencia a favor de la capitalizaciónFallo contra la estatización de AFJP
Una jueza le ordenó a la Anses que devolviera los ahorros jubilatorios a una contribuyente
lanacion.com | Economía | Jueves 9 de abril de 2009
miércoles, 25 de marzo de 2009
La erosión inflacionaria fue deteriorando los haberes de los jubilados considerados "ricos" por ganar más de 1000 pesos mensuales.
Desde 2002, el gobierno nacional aplica una política previsional "redistributiva": reajusta sólo las prestaciones inferiores a 1000 pesos, con algunas excepciones de alcance general. De este modo, la erosión inflacionaria fue deteriorando los haberes de los jubilados considerados "ricos" por ganar más de 1000 pesos mensuales.
Con el fallo Badaro, Adolfo Valentín del 26/11/07, la Corte Suprema sentó un precedente de reparación y protección al jubilado, al otorgar a Badaro la indexación de su haber según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del Indec, soslayando la prohibición, aún vigente, de toda forma de indexación que con carácter de "orden público" establece la ley de convertibilidad, 23.928, de 1991. También declaró inconstitucional el inc. 2° del art. 7 de la ley 24.463, que acuerda al Congreso la facultad de fijar la movilidad de las jubilaciones por ley de Presupuesto, y estableció el derecho a una movilidad de haberes que posibilite "asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo", sin discriminar a quienes tienen una prestación superior a la mínima.
El argumento básico del fallo se apoyó en la pérdida del poder adquisitivo de la moneda: "En los últimos cinco años, frente a la suba de un nivel de precios del 91% y una modificación de los salarios del 88 %, la prestación de Badaro sólo se incrementó un 11%" (decreto 764/06).
Desde luego, no es facultad de la Corte "aumentar" ni "disminuir" las jubilaciones, pero sí garantizar su poder adquisitivo, y con ello el nivel de vida de los jubilados. Este fallo deja de lado el principio nominalista que desconoce el deterioro inflacionario (los 1145,95 pesos que percibía Badaro en 2002 son iguales a los $1145,95 que cobraba en 2006) para retomar la teoría de la indexación, que persigue mantener la igualdad de la prestación atendiendo no al valor impreso en los billetes sino a su poder adquisitivo. Coincidentemente, la Corte expresó: "No existe modificación de la obligación, sino determinación del quantum en que ella se traduce, cuando ha existido variación en el valor de la moneda". Camusso de Marino, Amalia c/ Perkins S.A. Fallos 294: 434; ED 67-411.
Al recomponer el poder adquisitivo, la Corte hace respetar dos garantías constitucionales: la movilidad de jubilaciones y pensiones (art. 14 bis) y el derecho de propiedad (art. 17).
El fallo trasciende el aspecto previsional. Retoma la línea jurisprudencial anterior a 1991 abandonando el principio nominalista, justificado en tiempos de razonable estabilidad monetaria, para adoptar el principio del poder adquisitivo real, adecuado para hacer justicia en tiempos inflacionarios como los actuales.
La jubilación es un derecho humano consagrado por los acuerdos internacionales incluidos en nuestro plexo jurídico (art. XVI, Declaración Americana de los Derechos del Hombre, Bogotá 1948; art. 25, Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1948; art. 26, Pacto de San José de Costa Rica, 1969). Por su naturaleza alimentaria, es esencial su pago íntegro y puntual, ya que el jubilado la necesita para supervivir. La indexación debe ser automática, sin necesidad de juicio alguno, como en Chile y Uruguay, entre otros países. Inclusive en Estados Unidos, donde su uso no está difundido, se la aplica a jubilados (47,8 millones), veteranos de guerra (4,1 millones), niños que reciben merienda en escuelas públicas (26,7 millones) y receptores de estampillas para comprar alimentos (22,4 millones). En total, 101 millones de beneficiarios. El criterio rector es la protección de los más débiles y vulnerables (jubilados, pobres, niños) sin capacidad de negociación al no poder ejercer el derecho de huelga.
En esta línea, el fallo Badaro reivindica los derechos humanos de uno de nuestros sectores más desprotegidos: la clase pasiva. Lamentablemente, como sólo es aplicable al caso resuelto, cerca de un millón de jubilados (cifra aproximada; no hay estadísticas oficiales) deben iniciar juicio contra Anses para lograr un reajuste que debería ser automático.
Las miles de demandas iniciadas prenuncian una catarata de juicios que pueden colapsar la Justicia Previsional, hoy desbordada por los 220.000 que tiene en trámite.
La Cámara Federal de Previsión Social solicitó medidas urgentes a la Corte Suprema. Como su mesa de entradas no podía recibir las demandas, se declaró una Feria Judicial para esta sección, vulnerando así otro derecho humano: el derecho a la justicia, que garantiza a todo habitante acceder a ella mediante un procedimiento "sencillo y breve" (articulo 18, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá 1948).
Durante esa feria, los jubilados ni siquiera pudieron iniciar demandas. Una humillación más que se suma a los años de chicanas que el organismo creado para protegerlos ejercita en su contra, mediante un avezado y numeroso plantel de abogados que mantiene con la misma plata que aportan los trabajadores para su jubilación.
Increíble y aberrante paradoja: con toda suerte de escollos, les niegan "el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo". Según informe del Banco Mundial del año 2000, los juicios innecesarios generados por esta política nos cuestan 750 millones de dólares.
El Poder Ejecutivo cuenta con los medios económicos para resolver la cuestión en 48 horas: Anses tiene un stock de capital de 35.000 millones de dólares, compuesto por 6.000 millones en reservas propias y 29.000 millones confiscados a las AFJP. Este capital le genera al menos una renta anual de 3.500 millones de dólares que, sin afectar su stock de capital, permitiría abonar en promedio 1000 pesos mensuales adicionales a cada caso Badaro
Con el fallo Badaro, Adolfo Valentín del 26/11/07, la Corte Suprema sentó un precedente de reparación y protección al jubilado, al otorgar a Badaro la indexación de su haber según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del Indec, soslayando la prohibición, aún vigente, de toda forma de indexación que con carácter de "orden público" establece la ley de convertibilidad, 23.928, de 1991. También declaró inconstitucional el inc. 2° del art. 7 de la ley 24.463, que acuerda al Congreso la facultad de fijar la movilidad de las jubilaciones por ley de Presupuesto, y estableció el derecho a una movilidad de haberes que posibilite "asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo", sin discriminar a quienes tienen una prestación superior a la mínima.
El argumento básico del fallo se apoyó en la pérdida del poder adquisitivo de la moneda: "En los últimos cinco años, frente a la suba de un nivel de precios del 91% y una modificación de los salarios del 88 %, la prestación de Badaro sólo se incrementó un 11%" (decreto 764/06).
Desde luego, no es facultad de la Corte "aumentar" ni "disminuir" las jubilaciones, pero sí garantizar su poder adquisitivo, y con ello el nivel de vida de los jubilados. Este fallo deja de lado el principio nominalista que desconoce el deterioro inflacionario (los 1145,95 pesos que percibía Badaro en 2002 son iguales a los $1145,95 que cobraba en 2006) para retomar la teoría de la indexación, que persigue mantener la igualdad de la prestación atendiendo no al valor impreso en los billetes sino a su poder adquisitivo. Coincidentemente, la Corte expresó: "No existe modificación de la obligación, sino determinación del quantum en que ella se traduce, cuando ha existido variación en el valor de la moneda". Camusso de Marino, Amalia c/ Perkins S.A. Fallos 294: 434; ED 67-411.
Al recomponer el poder adquisitivo, la Corte hace respetar dos garantías constitucionales: la movilidad de jubilaciones y pensiones (art. 14 bis) y el derecho de propiedad (art. 17).
El fallo trasciende el aspecto previsional. Retoma la línea jurisprudencial anterior a 1991 abandonando el principio nominalista, justificado en tiempos de razonable estabilidad monetaria, para adoptar el principio del poder adquisitivo real, adecuado para hacer justicia en tiempos inflacionarios como los actuales.
La jubilación es un derecho humano consagrado por los acuerdos internacionales incluidos en nuestro plexo jurídico (art. XVI, Declaración Americana de los Derechos del Hombre, Bogotá 1948; art. 25, Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1948; art. 26, Pacto de San José de Costa Rica, 1969). Por su naturaleza alimentaria, es esencial su pago íntegro y puntual, ya que el jubilado la necesita para supervivir. La indexación debe ser automática, sin necesidad de juicio alguno, como en Chile y Uruguay, entre otros países. Inclusive en Estados Unidos, donde su uso no está difundido, se la aplica a jubilados (47,8 millones), veteranos de guerra (4,1 millones), niños que reciben merienda en escuelas públicas (26,7 millones) y receptores de estampillas para comprar alimentos (22,4 millones). En total, 101 millones de beneficiarios. El criterio rector es la protección de los más débiles y vulnerables (jubilados, pobres, niños) sin capacidad de negociación al no poder ejercer el derecho de huelga.
En esta línea, el fallo Badaro reivindica los derechos humanos de uno de nuestros sectores más desprotegidos: la clase pasiva. Lamentablemente, como sólo es aplicable al caso resuelto, cerca de un millón de jubilados (cifra aproximada; no hay estadísticas oficiales) deben iniciar juicio contra Anses para lograr un reajuste que debería ser automático.
Las miles de demandas iniciadas prenuncian una catarata de juicios que pueden colapsar la Justicia Previsional, hoy desbordada por los 220.000 que tiene en trámite.
La Cámara Federal de Previsión Social solicitó medidas urgentes a la Corte Suprema. Como su mesa de entradas no podía recibir las demandas, se declaró una Feria Judicial para esta sección, vulnerando así otro derecho humano: el derecho a la justicia, que garantiza a todo habitante acceder a ella mediante un procedimiento "sencillo y breve" (articulo 18, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá 1948).
Durante esa feria, los jubilados ni siquiera pudieron iniciar demandas. Una humillación más que se suma a los años de chicanas que el organismo creado para protegerlos ejercita en su contra, mediante un avezado y numeroso plantel de abogados que mantiene con la misma plata que aportan los trabajadores para su jubilación.
Increíble y aberrante paradoja: con toda suerte de escollos, les niegan "el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo". Según informe del Banco Mundial del año 2000, los juicios innecesarios generados por esta política nos cuestan 750 millones de dólares.
El Poder Ejecutivo cuenta con los medios económicos para resolver la cuestión en 48 horas: Anses tiene un stock de capital de 35.000 millones de dólares, compuesto por 6.000 millones en reservas propias y 29.000 millones confiscados a las AFJP. Este capital le genera al menos una renta anual de 3.500 millones de dólares que, sin afectar su stock de capital, permitiría abonar en promedio 1000 pesos mensuales adicionales a cada caso Badaro
La movilidad jubilatoria tiene garantía constitucionalLos derechos humanos de los jubilados
Osvaldo Ottaviano
lanacion.com | Opinión | Mi?oles 25 de marzo de 2009
viernes, 13 de marzo de 2009
La gran estafa K.
Es llamativo cómo se preocupa el gobierno nacional por reiterar, en cuanta oportunidad se le presenta, que el bienestar de la llamada clase pasiva es una de sus preocupaciones esenciales, cuando muchos de los pasos de la Anses para administrar los ahorros jubilatorios confiscados a sus aportantes parecen ir en la dirección contraria.
Los multimillonarios recursos que les fueron quitados a las extinguidas AFJP siguen siendo dispendiosamente distribuidos para financiar créditos de dudoso retorno y para sustentar obras públicas de improbable terminación. Y, por si esto fuera poco, cunden las sospechas de que también serían empleados para respaldar encubiertos clientelismos políticos y hacerles favores personales a los amigos del poder.
La comisión de control parlamentario del destino de esos recursos, que según los propios legisladores iba a garantizar su fiel y adecuado uso, sigue sin dar a conocer ni una mínima conclusión acerca del correcto cumplimiento de su cometido. La razón es elemental: ni siquiera se ha constituido esa comisión.
Sorprende más todavía que mientras en los tribunales sigue abierta una causa judicial por una supuesta falta de rendición de cuentas por parte de las ya disueltas AFJP, hoy nadie esté controlando el destino de los recursos que han pasado a ser manejados por la Anses.
La reforma previsional sancionada el año pasado ha implicado un apoderamiento de algo ajeno porque no se ajusta a lo enteramente cierto que los afiliados a esas empresas no tenían derecho de propiedad sobre los fondos conformados por sus aportes personales. Atendibles criterios jurídicos expresan que les asistía la potestad de cambiar de administradora de acuerdo con su conveniencia personal o, incluso, retornar al régimen de reparto; decidir acerca de la modalidad con la cual percibirían su jubilación, y retirar, llegado el momento de la cesación de servicios, un considerable porcentaje de sus ahorros, que además eran heredables en caso de fallecimiento del aportante, a diferencia de ahora. La mayoría de los afiliados a las AFJP se habían pronunciado por permanecer en el régimen privado y se hizo caso omiso de esa expresa voluntad.
Por otra parte, nadie, que se sepa, ha logrado explicar satisfactoriamente la compleja fórmula puesta en práctica para calcular el porcentaje del 11 por ciento de aumento concedido al llamado sector pasivo.
Entretanto, cuesta entender de qué manera protege a los jubilados del presente y del futuro un Estado que, según se ha anunciado, retira ahorros previsionales que, depositados a plazo fijo, podrían tener hoy una tasa de interés anual muy superior a la que conseguirá la Anses invirtiéndolos en créditos blandos para la compra de bicicletas.
Los multimillonarios recursos que les fueron quitados a las extinguidas AFJP siguen siendo dispendiosamente distribuidos para financiar créditos de dudoso retorno y para sustentar obras públicas de improbable terminación. Y, por si esto fuera poco, cunden las sospechas de que también serían empleados para respaldar encubiertos clientelismos políticos y hacerles favores personales a los amigos del poder.
La comisión de control parlamentario del destino de esos recursos, que según los propios legisladores iba a garantizar su fiel y adecuado uso, sigue sin dar a conocer ni una mínima conclusión acerca del correcto cumplimiento de su cometido. La razón es elemental: ni siquiera se ha constituido esa comisión.
Sorprende más todavía que mientras en los tribunales sigue abierta una causa judicial por una supuesta falta de rendición de cuentas por parte de las ya disueltas AFJP, hoy nadie esté controlando el destino de los recursos que han pasado a ser manejados por la Anses.
La reforma previsional sancionada el año pasado ha implicado un apoderamiento de algo ajeno porque no se ajusta a lo enteramente cierto que los afiliados a esas empresas no tenían derecho de propiedad sobre los fondos conformados por sus aportes personales. Atendibles criterios jurídicos expresan que les asistía la potestad de cambiar de administradora de acuerdo con su conveniencia personal o, incluso, retornar al régimen de reparto; decidir acerca de la modalidad con la cual percibirían su jubilación, y retirar, llegado el momento de la cesación de servicios, un considerable porcentaje de sus ahorros, que además eran heredables en caso de fallecimiento del aportante, a diferencia de ahora. La mayoría de los afiliados a las AFJP se habían pronunciado por permanecer en el régimen privado y se hizo caso omiso de esa expresa voluntad.
Por otra parte, nadie, que se sepa, ha logrado explicar satisfactoriamente la compleja fórmula puesta en práctica para calcular el porcentaje del 11 por ciento de aumento concedido al llamado sector pasivo.
Entretanto, cuesta entender de qué manera protege a los jubilados del presente y del futuro un Estado que, según se ha anunciado, retira ahorros previsionales que, depositados a plazo fijo, podrían tener hoy una tasa de interés anual muy superior a la que conseguirá la Anses invirtiéndolos en créditos blandos para la compra de bicicletas.
Editorial IJubilados, cada vez más indefensos
Los millonarios recursos extraídos de las cuentas individuales en las AFJP son dispendiosamente distribuidos sin control
lanacion.com | Opinión | Viernes 13 de marzo de 2009
jueves, 12 de febrero de 2009
Hay una grave irresponsabilidad de nuestras autoridades en el manejo de los fondos de la Anses.
La confiscación de los fondos administrados por las AFJP, como recurso fiscal de última instancia, fue argumentada por el gobierno nacional como una medida para proteger los ahorros de los futuros jubilados. Se señalaba que el sistema privado hacía un manejo indebido e interesado de los aportes y que no atendía el interés de los afiliados sino su propio lucro.
Desde la tribuna oficial no se escatimaron adjetivos y hasta se habló de un "saqueo". Se intentó de esa forma crear una mística que inhibiera la reacción de las AFJP y de los aportantes, que fueron los realmente perjudicados. En buena medida ello se logró, al igual que cierto condicionamiento en la posición de los legisladores de la oposición. La reforma le permitió al Gobierno obtener alrededor de 90.000 millones de pesos en dinero y otros activos, y derivar hacia el fisco un flujo anual de aportes de otros 10.000 millones.
Los reparos que la oposición manifestó respecto del posible mal uso de los fondos confiscados se respondieron con la creación de una Comisión de Seguimiento y una Comisión Bicameral. Esta última estaría integrada por legisladores de diferentes partidos. Con ese compromiso se lograron apoyos parlamentarios que no se hubieran obtenido de otro modo.
Pues bien, estas comisiones aún no operan. Tal vez lo hagan cuando ya no queden fondos que resguardar. El ritmo con que la Anses está asignando a diferentes fines el dinero confiscado hace presumir que en no mucho tiempo se evaporará. La hipocresía escondida en la argumentación oficial se pondrá entonces en plena evidencia, aunque ello no resolverá el drama de los que han confiado en que sus aportes sustentarían su futura jubilación.
Más de la mitad de los fondos estaba colocada en títulos públicos nacionales. Esa ya había sido una avanzada abusiva del Estado sobre el destino de los ahorros. Ahora son bonos en manos del propio deudor que seguirán el camino de la autocancelación en vista de la comprometida situación futura de pagos.
Las disponibilidades líquidas, que las AFJP mantenían en depósitos bancarios a tasas de mercado, han sido reorientadas por la Anses a la financiación promocional de automóviles, electrodomésticos, viviendas o pymes. Para ello se depositan a tasas más reducidas y menores que la inflación, en bancos que las asignarán a esos fines.
La licuación es evidente. Ya se han comprometido y anunciado créditos por un total de 24.000 millones de pesos. Por otro lado, se han asignado fondos para obras públicas como el soterramiento del ex Ferrocarril Sarmiento, centrales eléctricas u obras de aguas de AYSA.
Muchas de estas inversiones probablemente tengan un beneficio social pero difícilmente un retorno financiero y menos aún la seguridad de recuperación de esos fondos por parte de la Anses. Este organismo está actuando como si los fondos confiscados fueran un regalo del cielo, sin ningún compromiso en contrapartida. Pero la realidad es que la absorción de ese activo se realizó simultáneamente con la asunción de la obligación de hacerse cargo de las jubilaciones ya otorgadas y las que en el futuro se otorgarán a los ex afiliados al sistema privado. Esta circunstancia no fue debidamente explicitada por el Gobierno y por lo visto no está siendo tenida en cuenta al disponer alegremente de los fondos obtenidos. El pasivo absorbido, que tendrá que pagarse inexorablemente, debe sumarse a la importante deuda pública y no cabe duda que así lo hacen los analistas e inversores que hoy otorgan una baja calificación a nuestra deuda soberana.
Desde la tribuna oficial no se escatimaron adjetivos y hasta se habló de un "saqueo". Se intentó de esa forma crear una mística que inhibiera la reacción de las AFJP y de los aportantes, que fueron los realmente perjudicados. En buena medida ello se logró, al igual que cierto condicionamiento en la posición de los legisladores de la oposición. La reforma le permitió al Gobierno obtener alrededor de 90.000 millones de pesos en dinero y otros activos, y derivar hacia el fisco un flujo anual de aportes de otros 10.000 millones.
Los reparos que la oposición manifestó respecto del posible mal uso de los fondos confiscados se respondieron con la creación de una Comisión de Seguimiento y una Comisión Bicameral. Esta última estaría integrada por legisladores de diferentes partidos. Con ese compromiso se lograron apoyos parlamentarios que no se hubieran obtenido de otro modo.
Pues bien, estas comisiones aún no operan. Tal vez lo hagan cuando ya no queden fondos que resguardar. El ritmo con que la Anses está asignando a diferentes fines el dinero confiscado hace presumir que en no mucho tiempo se evaporará. La hipocresía escondida en la argumentación oficial se pondrá entonces en plena evidencia, aunque ello no resolverá el drama de los que han confiado en que sus aportes sustentarían su futura jubilación.
Más de la mitad de los fondos estaba colocada en títulos públicos nacionales. Esa ya había sido una avanzada abusiva del Estado sobre el destino de los ahorros. Ahora son bonos en manos del propio deudor que seguirán el camino de la autocancelación en vista de la comprometida situación futura de pagos.
Las disponibilidades líquidas, que las AFJP mantenían en depósitos bancarios a tasas de mercado, han sido reorientadas por la Anses a la financiación promocional de automóviles, electrodomésticos, viviendas o pymes. Para ello se depositan a tasas más reducidas y menores que la inflación, en bancos que las asignarán a esos fines.
La licuación es evidente. Ya se han comprometido y anunciado créditos por un total de 24.000 millones de pesos. Por otro lado, se han asignado fondos para obras públicas como el soterramiento del ex Ferrocarril Sarmiento, centrales eléctricas u obras de aguas de AYSA.
Muchas de estas inversiones probablemente tengan un beneficio social pero difícilmente un retorno financiero y menos aún la seguridad de recuperación de esos fondos por parte de la Anses. Este organismo está actuando como si los fondos confiscados fueran un regalo del cielo, sin ningún compromiso en contrapartida. Pero la realidad es que la absorción de ese activo se realizó simultáneamente con la asunción de la obligación de hacerse cargo de las jubilaciones ya otorgadas y las que en el futuro se otorgarán a los ex afiliados al sistema privado. Esta circunstancia no fue debidamente explicitada por el Gobierno y por lo visto no está siendo tenida en cuenta al disponer alegremente de los fondos obtenidos. El pasivo absorbido, que tendrá que pagarse inexorablemente, debe sumarse a la importante deuda pública y no cabe duda que así lo hacen los analistas e inversores que hoy otorgan una baja calificación a nuestra deuda soberana.
Editorial ILos fondos de los jubilados
Gobiernos y contribuyentes futuros pagarán las consecuencias fiscales del irresponsable manejo del dinero incautado
lanacion.com | Opinión | Jueves 12 de febrero de 2009
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