El valor de la empresarialidad

LAS urgencias muchas veces desvían la atención de las cosas importantes. El vértigo de una economía en zona de turbulencias, los conflictos sociales y las disputas de poder hacen un flaco favor a la intención de pensar el futuro. Con más razón, la discusión y el análisis sereno son imprescindibles cuando por sobre los propios problemas se hace necesario enfrentar una grave crisis internacional. Más que nunca es el momento de alentar a soñar con un futuro mejor. Durante el XV Encuentro Anual de ACDE convocado la semana pasada con el título "Los empresarios, el Estado y un mundo en pleno cambio", se congregaron empresarios, políticos e intelectuales en una jornada de reflexión sobre el rol del Estado en la economía y en la sociedad, en el presente contexto internacional. Las exposiciones y diálogos contribuyeron a mirar más allá del horizonte cercano en un mundo complejo. La crisis de la economía mundial ha dado lugar a una mayor intervención de los gobiernos y sus bancos centrales para intentar ordenar los desequilibrios. Esta cuestión adquiere una relevancia singular. Adicionalmente hemos visto que se ha impulsado una mayor intervención del Estado en países de América latina por motivos diferentes a la crisis financiera, lo que ha dado lugar a una regresión en vez de orientarnos a modelos superadores. Tomando distancia de la coyuntura, conviene anclarse en principios que sirvan a una nueva mirada más profunda y duradera sobre las políticas y las iniciativas de los actores de la sociedad. Fundar las conductas personales y colectivas en valores permite elevar el horizonte de nuestras metas y dotar de certeza a nuestras decisiones. Uno de estos principios es el del destino universal de los bienes, en tanto los recursos de este mundo deben estar para usufructo de todos, no sólo de los que tienen más poder acumulado. El otro es el de subsidiariedad: el Estado no debe intervenir cuando un particular o sociedades menores tienen la capacidad para desarrollarse por sí mismos; en cambio, sí debe intervenir cuando su acción es indispensable. El presidente de ACDE, Pablo Taussig, haciendo referencia a relecturas de textos de su fundador, Enrique Shaw, recordó que durante los últimos 60 años la preocupación pasó de la situación de los trabajadores a la de los excluidos. Hoy deben ocupar nuestra atención los desempleados, los trabajadores en el mercado informal, los que sufren la indigencia, la pobreza, la deserción escolar y el hambre. Son los que ni siquiera pueden revistar en la categoría de trabajadores mal pagos. La responsabilidad social empresaria (RSE) es sólo una parte más del legítimo interés por conseguir rentabilidad. Implica la vocación del líder empresarial para cambiar el mundo y hacerlo un lugar con más justicia, paz y prosperidad. También implica defender y difundir el papel del empresario como agente transformador y animador de la vida económica. De ser creador de trabajo en condiciones apropiadas para que los que nos acompañan en nuestra vida puedan desarrollarse con su labor y recibir un sustento digno para ellos y sus familias. Pero para asumir ese compromiso, el dirigente empresario necesita que el Estado le deje ejercer ese rol, que respete la empresarialidad como un valor en sí mismo, algo que redunda en beneficios para todos más allá de las utilidades empresarias. Esa responsabilidad también fija su Norte en el tiempo: es pensar en el término de años en lugar de meses. O como recordaba recientemente el doctor Abel Albino, creador de la Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin), dejar de gobernar para las próximas elecciones y hacerlo para las próximas generaciones. Es la dimensión en que es necesaria la coordinación de los esfuerzos, pero sobre todo de la voluntad entre el sector privado y el público. El desafío se cristaliza con una planificación de largo plazo que oriente las acciones a un fin claro y consensuado por la dirigencia de todos los sectores. Y con mucho trabajo. Por último, debe ponerse el acento en el respeto casi religioso hacia las instituciones y la ley. Los sistemas de gobierno deben evitar la personalización y fundarse en la supremacía de las normas antes que de las personas. Para un empresario, esto implica el respeto a la palabra empeñada (contrato) y contar con moneda, la institución económica por excelencia, punto de referencia insoslayable en una sana economía de mercado. La corrupción, el clientelismo cortesano y la inflación no son sino patologías que destruyen un diseño social basado en un orden justo. En definitiva, es hora de elevar la mira, la ambición y la acción por una sociedad mejor. Es necesario movilizar a todos quienes sueñan una Argentina distinta: un país grande, solidario, que dé lugar a sus habitantes para convertirse en verdaderos ciudadanos con plenos derechos, con respeto por la verdad, la libertad y la justicia.

Entre la espada y la pared

El gobierno de Buenos Aires está entre la espada y la pared. Por un lado, se halla frente a un poder central que lo acosa de diversas formas y hace sentir su peso retaceándole recursos por coparticipación; por el otro, ante una política provincial de gasto público alineada con las fantasías del kirchnerismo, Scioli se encuentra urgido por aumentar los recursos económicos y financieros de Buenos Aires. Su distrito se encuentra en grave déficit fiscal: para el equilibrio de las cuentas, faltan entre 10.000 y 14.000 millones de pesos. Después de que fracasaron en la Legislatura bonaerense un par de sesiones destinadas a debatir el proyecto de revalúo de tierras, el gobernador ha debido, en primer lugar, preguntarse sobre el juego solapado del que pudieron haber participado, para el fracaso del quórum, algunos de los integrantes del bloque oficialista. Una vez repuesto de ese fracaso, ha sido sensible a la claramente inconstitucional recomendación de que legisle en materia impositiva por decreto. Así están las cosas, con las entidades representativas del campo todavía dispuestas al diálogo y a la negociación con La Plata, pero soliviantadas por la magnitud del costo fiscal que tendrán para los productores y propietarios de tierras el revalúo y el aumento de alícuotas previstos en la iniciativa elaborada por la administración bonaerense. Generaciones de familias vinculadas con las actividades rurales aguantaron a pie firme, no sólo en Buenos Aires sino en todo el territorio nacional, los años de empobrecimiento ganadero y agrícola de los años setenta, ochenta y de casi la entera década final del siglo XX. La política se ha acordado del campo sólo cuando se produjo a comienzos del nuevo siglo una reversión de los términos de intercambio y el valor de las materias primas recuperó, sobre todo los granos, niveles resignados desde una centuria atrás. Nadie se acordó del campo por largo tiempo, con excepción de sectores populistas que impulsaron algún trasnochado proyecto de reforma agraria que hubiera hundido a más gente en la pobreza. Los productores siguieron, sin embargo, aferrados a sus fundos, salvo aquellos a los que abatió alguna de las múltiples crisis de sucesivas épocas. Mejoraron líneas genéticas de razas e introdujeron nuevas y más rendidoras pasturas, trajeron la siembra directa y reafirmaron el concepto de rotación de cultivos, incorporaron tecnología de vanguardia y aprovecharon la revolución productiva de las semillas transgénicas. No han sido generados por casualidad los beneficios obtenidos por el campo en los últimos diez años, aunque haya caído del cielo la posibilidad para el Estado de succionar, como lo hace, gran parte de esa riqueza. El campo argentino ha estado preparado como el que más para aprovechar los cambios habidos en particular en los precios de las commodities agrícolas. Quien lo desconozca ignora uno de los procesos más significativos y conmovedores de la Argentina profunda. Es ése el antecedente en el que hay que ubicar el debate de estos días sobre la cuestión impositiva en Buenos Aires, o el otro, aún más grave, que ya se resolvió en la dirección perversa en Entre Ríos. Un campo bonaerense de 10.000 o 12.000 dólares la hectárea paga 20 dólares por contribución inmobiliaria anual, pero su producción está gravada con unos 400 dólares la hectárea en concepto de retenciones. La cuestión de fondo no concierne, pues, a si se debe aumentar o no el valor de la contribución inmobiliaria rural, sino al sistema fiscal general confiscatorio que ha impuesto un populismo insostenible a este ritmo en el país. Aumentos de hasta el 300 por ciento o más como consecuencia del revalúo y la modificación de alícuotas del impuesto inmobiliario tendrán consecuencias sobre los tributos a los bienes personales y a las ganancias presuntas -recaudados por el Estado nacional- y harán todavía más onerosos los gravámenes en Buenos Aires a la transmisión gratuita de bienes. ¿A título de qué, pues, el gobernador de Buenos Aires, cuya política ha sido en varios órdenes menos temeraria que la del gobierno central, va a malquistarse con un decreto de su puño y firma con sectores ponderables de la población bonaerense, poniéndose así de espaldas al sano criterio administrativo? Por el contrario, debería exigir con más firmeza lo que la Casa Rosada le adeuda en buena ley equitativa de los recursos coparticipables y debería exigirse a sí mismo y exigir a los suyos más responsabilidad en el cuidado de los recursos fiscales. No es posible que hoy se esté discutiendo en las principales provincias del país -Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe- hasta dónde y cómo endeudarse, incluso con la emisión de eventuales monedas fiduciarias, por culpa de la liviandad, por decir lo menos, con la cual las trata el gobierno federal. Cabe esperar que el gobernador de Buenos Aires recapacite. Tiene todavía un crédito político que ha sido ya negado a otros. Las encuestas de opinión más serias sitúan su imagen por encima de la de la presidenta de la Nación. En lugar de apelar a los decretos, debería buscar consensos. El gradualismo en la aplicación de nuevas medidas en algunas disciplinas puede ser un camino más lento, pero de más seguro recorrido que otros. Lo mejor que podría hacer es escuchar y aprender de lo que está a la vista en el amplio y triste panorama de la República.

Corrupción para todos

A fines del mes pasado, en Brasilia, nacía formalmente una nueva iniciativa para luchar contra la corrupción en un esfuerzo común y compartido. Para ello se estructuró un flexible foro intergubernamental. Se trata de la Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa que fue impulsada simultáneamente por los gobiernos de Brasil y de los Estados Unidos, pero que ahora incluye a unos 55 Estados. La Argentina, pese a las circunstancias internas, intentó incorporarse a ella hace algunos meses. Quizá no tanto por convicción, a estar a nuestra lamentable realidad cotidiana, sino para no quedar afuera por lo que esto significa. Pero, sintomáticamente, no fue aceptado porque no pudo alcanzar los criterios de admisión que entonces se requerían. La idea pertenece originalmente a Dilma Rousseff y a Barack Obama. Nació el año pasado en los pasillos de las Naciones Unidas, cuando ambos líderes concurrieron a su Asamblea General. Pronto los acompañaron otros países, como Gran Bretaña, México, Noruega, Sudáfrica, Indonesia y Filipinas. La idea central subyacente es la de promover la adopción, consolidación y defensa de una cultura política de apertura, transparencia y acceso a la información y la de adoptar con firmeza una actitud de tolerancia cero con los casos de corrupción. Para nuestra realmente decepcionante realidad en esta materia, estamos claramente frente a una necesidad imperiosa. Los criterios de elegibilidad, que eran duros, se han hecho recientemente algo menos exigentes, de manera que la Argentina, si realmente quisiera, debería sortear algunos obstáculos. Para ello debería alcanzar el puntaje correspondiente en cuatro rubros sustantivos: transparencia fiscal, facilidad de acceso a la información pública, mecanismos de divulgación de la información relacionada con los funcionarios electos de primera línea y grado de participación ciudadana en todo ello. Pero la idea, desgraciadamente, ya no parecería ser una prioridad, ni menos aún una urgencia, para nuestras autoridades nacionales. Por esta circunstancia, corresponde seguir instando explícitamente al gobierno nacional a volver a mirar de cerca este tema y a aceptar luego el desafío consiguiente, adhiriendo concretamente a él. Sin demoras, ni reservas. Esto sólo puede hacernos bien porque, por ejemplo, nos obligaría a sancionar la siempre prometida ley de libre acceso a la información pública, para beneficio de todos. Y seguramente contribuiría a mejorar una imagen de nuestras autoridades que en esta materia particular, según es absolutamente obvio, deja mucho que desear.

Más impuestos confiscatorios al sector rural

El revalúo de las tierras rurales en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe -fenómeno al que se van añadiendo otras jurisdicciones-, sumado a la ya asfixiante presión tributaria existente, tiene un efecto claramente confiscatorio. Comenzando por los tributos nacionales, surge la formidable imposición que representan las retenciones que cercenan el 35 por ciento del valor de las exportaciones de soja, el 32% de las exportaciones de harinas y aceites, el 23% de las de trigo, el 20% de las de maíz y el 15 por ciento de las de carnes vacunas. No hay gobierno en el mundo que aplique un tributo de semejante magnitud de manera generalizada al sector más dinámico y eficiente de su economía. Súmesele el IVA, del 21 por ciento, que en muchos casos suele impactar en el bolsillo de los productores, como consecuencia de las singulares características de la actividad rural. A ello se le adiciona el impuesto a las ganancias sin ajuste por inflación, lo cual implica que se paguen tributos por ganancias ficticias, lo que lleva la imposición a niveles muy superiores a la tasa del 35 por ciento, aplicable a las actividades industriales y comerciales, y una escala impositiva para los propietarios individuales que va del 9% al 35%. A esto se agrega el impuesto a los bienes personales del orden del 1% sobre el valor de la tierra, que aumentará en la medida del revalúo fiscal propuesto. Además, muchos productores agropecuarios deben tributar el impuesto a la ganancia mínima presunta, un singular sistema creado años atrás, para engrosar aún más la recaudación. Como si todo esto fuera poco, los productores agropecuarios también deberán pagar un 0,6% por impuesto al cheque para débitos y otro tanto para créditos. Además de estos impuestos, en el nivel provincial los productores agropecuarios pagan el impuesto inmobiliario, que en estos días el gobernador Daniel Scioli pretende incrementar de manera exponencial, y el impuesto a los ingresos brutos. También deben tributar tasas municipales para el mantenimiento de los caminos rurales y tasas de abasto de alimentos, estas últimas claramente improcedentes por tratarse de bienes ya sujetos a inspección en el orden nacional o provincial. Aunque escape a la denominación de tributo, debe sumarse, a la muy pesada carga ya descripta, la desvalorización que viene sufriendo el precio del trigo y del maíz por la vigencia de cuotas de exportación, lo que provoca descensos en el valor de las exportaciones que van a parar a bolsillos ajenos. En este contexto, el desmesurado aumento del impuesto inmobiliario rural castiga de manera injusta a los ya exiguos bolsillos de los productores. Mientras la Argentina transita por este sendero, Brasil, nuestro vecino y socio del Mercosur, acaba de implementar una desgravación impositiva con el objetivo de alentar mayores niveles de producción agrícola y de alimentos. Gracias a una política previsible e impuestos razonables, los productores brasileños han logrado convertirse en los principales productores y exportadores de soja y sus subproductos, de carnes vacunas, aviares, porcinas y jugos cítricos en el mundo. Consecuentemente, Brasil se ha convertido en una potencia agrícola mundial. El camino emprendido por nuestro país es exactamente el opuesto y se aísla cada vez más del mundo, gracias a una política de sustitución de importaciones que ya ha probado su ineficacia, y a los controles cambiarios. La intensificación de la restricción de las importaciones y las operaciones de cambio implementadas en los últimos meses ya está provocando estragos en la economía y un impacto negativo en el empleo, las inversiones y las perspectivas de crecimiento de la economía argentina. En estas circunstancias, el aumento del impuesto inmobiliario rural propuesto sólo contribuirá a desincentivar al sector más eficiente de la economía nacional y el mayor generador de divisas. Se está buscando matar a la gallina que pone los huevos de oro. Es sorprendente que en los albores del siglo XXI nuestros gobernantes insistan en aplicar medidas que en el pasado han tenido consecuencias nefastas para el desarrollo económico de la Argentina.

El regreso al Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano al que la propia Carta del organismo internacional asigna nada menos que la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales. Compuesto por cinco miembros permanentes (China, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Federación Rusa) con derecho de veto, tiene además diez miembros no permanentes que son elegidos por la Asamblea General por períodos de dos años, teniendo en cuenta sus contribuciones al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y demás propósitos de la ONU y procurando una distribución geográfica equitativa. En la próxima elección de miembros no permanentes, que tendrá lugar en octubre próximo, como parte del 67° período de la Asamblea General, la Argentina tiene ya asegurada su elección por haber recibido -una vez más, como es ya tradicional- el endoso de nuestra región: América latina y el Caribe. Nuestro país tendrá así la oportunidad de participar en las decisiones del Consejo de Seguridad durante el período 2013-2014. Trabajará con sus pares en una agenda variada y particularmente delicada, que incluye algunas de las cuestiones más complejas referidas a la paz del mundo. Por ello, asumirá una responsabilidad importante que incluye, entre otras cosas, el dictado de normas que son obligatorias para todos los Estados miembros cuando se sancionan invocando para ello las facultades del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas- Esto ocurre cuando nuestra política exterior es, en muchas cuestiones, errática e indefinida y cuando, curiosamente, aún no se ha designado al representante permanente ante la organización, en lo que parece una incomprensible señal de desinterés. Pero también cuando el país se ha estado aislando constante y sistemáticamente de la comunidad internacional, con la que hoy tiene relaciones urticantes en la Organización Mundial del Comercio (OMC), derivadas de su agresiva actitud proteccionista. También, de su falta de pago de la deuda con el Club de París, de sus incumplimientos a laudos y sentencias de distintos tribunales internacionales y regionales, de una renegociación incompleta de su deuda externa y de la reciente decisión de confiscar con actitudes y procedimientos cuestionables la participación accionaria mayoritaria de una empresa española en Repsol-YPF. A todo ello cabe sumar una actitud que, con demasiada frecuencia, es innecesariamente arrogante, soberbia, agresiva, antagónica, intimidatoria y descortés para con nuestros circunstanciales interlocutores. Tendremos, en consecuencia, una gran oportunidad para cambiar una imagen externa que hoy está sumamente deteriorada. Nos la brindará nuestra labor cotidiana en el Consejo de Seguridad. Mucho dependerá seguramente de la persona en la que finalmente recaiga la postergada designación de nuestro representante permanente ante la ONU. Dependerá de su experiencia, de su tacto y moderación y de su paciencia y temple, de su dedicación e intensidad en el esfuerzo que el cargo requiere, de sus conocimientos y hasta de sus actitudes personales en un órgano donde la interacción constante y permanente entre sus miembros es una característica esencial. El cargo, por su relevancia y características, no es ciertamente apto para ser tomado simplemente como un vehículo más para recompensar políticamente. Quien resulte designado contará para ello con un equipo de funcionarios de gran nivel profesional compuesto habitualmente por miembros de la elite de nuestra Cancillería. Habrá oportunidad para actuar en el campo de los derechos humanos y, más aún, del derecho humanitario internacional en el que el Consejo ha estado particularmente activo con la creación de los Tribunales Penales Internacionales y, en general, desde la crisis de Kosovo, en 1999. En rigor, desde 2003 el Consejo ha reconocido reiteradamente la íntima conexión que existe entre la paz y el respeto a los derechos humanos y a las normas y obligaciones que, además, surgen del derecho humanitario internacional. Nuestra nueva presencia en el Consejo de Seguridad nos conferirá una visibilidad que hoy no tenemos y que deberíamos saber aprovechar inteligentemente.

El Gobierno, sin controles

La capacidad del gobierno nacional para imponer su agenda de temas con prescindencia de los intereses de la ciudadanía que no comulga con la política oficial, de cercenar el derecho que asiste a los periodistas de preguntar y ser respondidos por la autoridad y de desconocer fallos judiciales, incluso varios de la Corte Suprema, es por demás preocupante. El colmo del cercenamiento lo vivieron hace pocos días periodistas acreditados en la Casa Rosada, quienes fueron literalmente encerrados por personal de seguridad para que no accedieran a hablar con la Presidenta cuando se dirigía a inaugurar un patio interno de la sede gubernamental, y también lo padecieron los del Senado durante la discusión de la confiscación de YPF, pues se les impidió tener contacto con el vicepresidente Amado Boudou. Por sentirse víctimas del mismo síndrome autoritario del Gobierno, legisladores nacionales opositores acaban de denunciar que el Poder Ejecutivo viene desconociendo y hasta ignorando sistemáticamente los pedidos de informes del Congreso y que el jefe de Gabinete incumple su mandato constitucional de rendir cuentas sobre la marcha de la administración central. Así, el Congreso se ve impedido de ejercer el control de constitucionalidad, indispensable para el funcionamiento de un sistema democrático. Una de las muchas muestras de esa falta de información la conforma el hecho de que ni Alberto Fernández ni Aníbal Fernández ni, ahora, Juan Manuel Abal Medina como jefes de Gabinete hayan concurrido al Congreso a brindar sus informes con la periodicidad a la que están obligados por la propia Constitución: como mínimo, mensualmente y en forma alternativa ante cada una de las Cámaras. La firme decisión del Gobierno de ignorar las normas destinadas a transparentar su gestión no encuentran otra explicación que la que nace del más absoluto desprecio por las instituciones del país. No es, como alguna vez se oyó decir a legisladores opositores, que el Gobierno no rinde cuentas porque no tiene capacidad de respuesta. Muy por el contrario, los hechos demuestran que la tiene y en demasía, pero orientada casi exclusivamente al discurso demagógico, a la confrontación patoteril y no de ideas, cuando no al maquillaje de los datos de la realidad tendiente a presentar lo malo como bueno y lo bueno como ejemplar. Ante la indiferencia del Poder Ejecutivo para con el Congreso, varios legisladores han apelado como alternativa al decreto de acceso a la información, una instancia que el propio Gobierno abrió a toda la ciudadanía. Aun así, los resultados que obtuvieron fueron escasos. Esta anómala situación provoca que el Parlamento trabaje a ciegas en temas tan determinantes como el control de la ejecución de los gastos presupuestarios de la Nación, de la administración de los fondos de la estatización del sistema de jubilaciones y de la aplicación de la política ambiental. En esos tres casos, igual número de leyes obligan al PE a informar periódicamente al Congreso. Según un trabajo elaborado por la Fundación Nuevos Valores Legislativos, los pedidos de informes a funcionarios corrieron la misma suerte de desinformación oficial. Ese estudio arrojó que, de los presentados en la Cámara de Diputados entre 2003 y 2011, sólo se aprobó el 17,5 por ciento y de ese porcentaje el PE no respondió una tercera parte. Peor aún, las escasas respuestas llegaron con tanto retraso al Congreso que perdieron actualidad. Es de destacar también que esta inferioridad de condiciones del Congreso respecto del Poder Ejecutivo no es nueva, pero se ha ido profundizando. Los legisladores tienen razón en cuanto al peligro que importa carecer del valioso insumo de datos oficiales para su labor como contralor, pero deberían cuestionarse qué cuota de responsabilidad le cabe al Congreso, pues las más de las veces, y no sólo cuando las mayorías parlamentarias responden al gobierno de turno, ha cedido poderes al Ejecutivo, concediendo rápidamente sus reclamos, desechando los mecanismos a su alcance para un mejor control y hasta siguiéndole inexplicablemente el paso en leyes que, como la de la confiscación de YPF, representan otra abierta afrenta a la seguridad jurídica. Tampoco los legisladores han aprovechado como corresponde los informes de la Auditoría General de la Nación, invalorables fuentes de información que habitualmente el Congreso aprueba sin discutir su contenido y, menos aún, darle seguimiento. El fortalecimiento de las instituciones es un deber de quienes las integran y de los ciudadanos que, con su voto, deciden su composición. Si el Gobierno ha decidido desoír la ley, están los demás poderes para obligarlo a escucharla. De lo contrario, estarían incumpliendo la gran responsabilidad que a cada uno le corresponde.

Creciente déficit fiscal

Las cuentas del gobierno nacional cerraron el mes de marzo con un déficit financiero cercano a los 6000 millones de pesos. Esta cifra es la que resulta de una medición correcta si las transferencias del Banco Central, la Anses y el PAMI se consideran como instrumentos de financiamiento del déficit y no como un recurso corriente. Este resultado negativo es superior al de los meses precedentes sin que haya una explicación específica que lo justifique. Se advierte simplemente una tendencia sostenida a un aumento del gasto proporcionalmente mayor al de los ingresos tributarios. Si se extrapola a 12 meses el resultado de marzo, se llega a 72.000 millones de pesos, lo que equivaldría a un 4 por ciento del producto bruto interno. Por su lado, el conjunto de gobiernos provinciales expone un desequilibrio también creciente. La consultora Economía y Regiones proyecta para 2012 un déficit financiero para las provincias de 19.200 millones de pesos, algo más que un punto del PBI. En definitiva, el resultado financiero negativo del sector público argentino ya se ubica en el entorno de cinco por ciento del PBI, un nivel que no se había alcanzado desde 1990, antes de la convertibilidad. Estamos en zona de alto riesgo, con tendencia a agravarse, a pesar de que los niveles de recaudación en relación con el PBI son también inéditamente elevados. Lo que ocurre es que el gasto se ha desbordado, superando los niveles históricos en más de diez puntos adicionales del PBI. El gobierno argentino ha perdido el acceso al crédito. Ya no lo puede obtener en condiciones razonables y está actuando con mucha eficacia para no recobrarlo. Un déficit de esta magnitud en un país de menor riesgo sería transitoriamente digerible y tal vez fuera genuinamente financiable. Por el contrario, no es sostenible en la Argentina que no tiene otra forma de cubrirlo que no sea con el Banco Central o con las cajas públicas residuales. La confiscación de YPF, además de crear una obligación adicional de pago que será reclamada en tribunales internacionales, no aportará caja a no ser que se renuncie a hacer inversiones o que prácticamente se enajenen sus yacimientos. En el corto plazo el único camino para reducir el déficit es el recorte de los subsidios a la energía y al transporte, subiendo las tarifas. En el mediano y largo plazo deberá trabajarse en la racionalización administrativa y en una gradual reducción de los planes sociales, limitándolos a quienes verdaderamente los necesitan. Debiera también aumentarse la edad jubilatoria de acuerdo con el cambio en las expectativas de vida. Por cierto, estos no son cometidos ni social ni políticamente atractivos, ni tampoco fáciles para un gobierno que desistió de continuar con la eliminación de subsidios a poco que descubrió su costo en popularidad y su impacto recesivo. El buen manejo fiscal suele colisionar con la política. El aumento del gasto aporta popularidad mientras que el de los impuestos la quita. Usualmente llega la hora de tener que reducir el déficit cuando la economía muestra señales recesivas. Aparecen voces fundamentadas que dicen que ese no es el momento de hacer ajustes porque acentúan la recesión. La encerrona es clásica y las consecuencias para gobiernos populistas que hacen caso de esas voces, también son conocidas. Los ajustes no se hacen o se demoran para luego producirse de hecho, en un marco de descontrol que puede llevar a la hiperrecesión o a la hiperinflación. Es por lo tanto imprescindible que el gobierno nacional, las provincias y los municipios tomen conciencia de la peligrosa evolución de la situación fiscal y que actúen seria y eficazmente antes de que la realidad actúe por ellos

El precio de la yerba mate

El fuerte aumento del precio de la yerba mate, fruto de su escasez, en el contexto inflacionario que vive el país, ha dado lugar a reacciones y sobreactuaciones de funcionarios gubernamentales, incluida la propia presidenta Cristina Kirchner, quien le encargó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, poner rápido fin a la situación, recurriendo si fuera necesario a la inconstitucional ley de abastecimiento. Días atrás, la Secretaría de Agricultura de la Nación envió una nota al Instituto Nacional de la Yerba Mate en la cual se aclara que los precios fijados por resolución oficial, de 1,70 pesos para el medio kilo de hoja verde y de 6,90 pesos para el de la yerba canchada debían incluir el IVA. Este anuncio provocó un nuevo conflicto, ya que los productores entienden, con toda razón, que se trata de materias primas, que están exentas de ese impuesto. La yerba mate, un arbusto cultivado exclusivamente en una reducida región del mundo, que cubre nuestras provincias de Misiones y Corrientes y sus próximas vecindades de Brasil y Paraguay, constituye la materia prima del mate, el llamado mate cocido y nuevas presentaciones que son fruto del marketing moderno. Las hojas del arbusto proveen la materia prima para la fabricación de la yerba a partir de un ciclo anual que comienza a principios de abril. La recolección de las hojas de yerba continúa con su secado y su posterior "canchado", consistente en un molido grueso, para culminar con un estacionamiento y posterior molido fino, producto final para su venta en las presentaciones conocidas. La infusión resultante de esta yerba que ha cautivado a los argentinos constituye la bebida más consumida en comparación con las distintas gaseosas y otras infusiones. Su producción total anual suma 300.000 toneladas, de las cuales 250.000 se consumen localmente, en tanto que las exportaciones suman las 50.000 restantes que se venden al gran mercado de Siria en un 60%, a Brasil, Uruguay y varios otros destinos. La economía de la yerba mate ha sido tradicionalmente volátil. En la década de 1930, en medio de una crisis de abundancia y bajos precios, se sancionó una ley que introdujo variados instrumentos regulatorios propios de la época, que perduraron con ligeras modificaciones durante 56 años, sin lograr sus propósitos, hasta que el decreto de desregulación económica general, ratificado por ley nacional, liberó la economía yerbatera, dando por resultado el crecimiento de la producción y la reducción de sus precios. Años después, en 2002, se retornó a la regulación yerbatera con un sistema menos rígido que la ley original, basado en la fijación de precios por consenso de las partes, que de no lograrse da lugar a un laudo a cargo del ministro de Agricultura. Ni esto ni las mencionadas advertencias y presiones han logrado atemperar los precios a los niveles deseados por el Gobierno. Por el contrario, éstos parecen crecer al amparo de la actitud previsora de los consumidores, que aumentan sus compras para no correr el riesgo de quedar sin su preciado brebaje. Se ha sugerido la prohibición de exportar, que daría por tierra con años de esfuerzos, o también la suspensión de la tarifa aduanera de importación, que en verdad no existe, dado que los únicos potenciales proveedores son miembros del Mercosur. Finalmente, se proyectó la fijación de precios, que nada podrá resolver, dañando más la producción y toda la cadena productiva. No parece haberse tenido en cuenta en el Gobierno, en cambio, que la reciente sequía redujo la producción. Lo aconsejable por estas horas es dejar que el mercado, con la eficaz ayuda del comienzo de la zafra yerbatera y la normalización de las lluvias, al elevar la oferta, restablezca el equilibrio perdido, en lugar de avanzar con el intervencionismo y un afán por controlarlo todo desde el Gobierno que será contraproducente y hará virtualmente desaparecer la yerba mate de las góndolas.

La economía, en dificultades

Desde hace varios meses el "modelo" o mejor dicho la "novela" muestra signos de agotamiento y pérdida de sus rasgos iniciales. Los superávit gemelos, el fiscal y el de balance de pagos, han dejado de ser tales al transformarse en déficit. La actividad económica se enfría y el índice de producción industrial expone caídas desde diciembre de 2011.

La inflación parece consolidarse con riesgo de acelerarse. El Gobierno ha debido recurrir a manotazos a diversas cajas para resolver sus penurias fiscales y, finalmente, no ha tenido más remedio que avanzar sobre el Banco Central para emplear las reservas y elevar los límites admitidos de financiamiento con emisión. Ello, sin contar con la amenaza de reestatizar Repsol YPF, que ha generado duras protestas y hasta advertencias de España y de la Unión Europea, síntomas de una creciente desconfianza internacional respecto de nuestro país.

Los gobernadores enfrentan también estrecheces y ya no pueden contar con la ayuda nacional más allá de la estricta coparticipación. Las emisiones de deuda provincial están creciendo y se vuelve a acercar la posibilidad de las cuasi monedas. El saldo comercial comenzó a mermar sensiblemente al invertirse el signo de la balanza energética. Después de varias décadas, la Argentina ha vuelto a ser importadora neta de energía en montos significativos y crecientes. El retraso cambiario utilizado como ancla antiinflacionaria ha deteriorado la competitividad y, por lo tanto, ha aumentado la presión por importaciones y el desaliento a las exportaciones de manufacturas.

Como consecuencia, el superávit comercial ha caído y ya no alcanza para el pago de intereses y servicios y, menos aún, para compensar la salida de capitales. Ante esta evidencia y la pérdida de reservas, el Gobierno optó por introducir controles directos en el mercado de cambios y trabas a las importaciones.

La demanda de dólares, que en noviembre pasado amenazaba con convertirse en una verdadera corrida cambiaria, fue detenida pero a costa de hacer despegar un dólar paralelo y de provocar infinitas dificultades a productores, comerciantes y consumidores. También han ocasionado al país numerosos conflictos internacionales y una protesta formal de la Organización Mundial de Comercio, suscripta por cuarenta países. La merma de la cosecha por efecto de la sequía ha agregado otra circunstancial dificultad a la situación externa. Los buenos precios internacionales de la soja no son suficientes para compensarla.

La insuficiencia de inversiones para el incremento de la capacidad productiva y de la infraestructura ha generado finalmente rigideces en la oferta de bienes y servicios, agregando otra razón más para el aumento de precios, mientras que la creación de empleo se ha detenido, pero los reclamos por aumentos salariales exigen compensar la inflación "del supermercado" y rechazan cualquier tope oficial. La estanflación se vuelve a presentar como una realidad.

Por otro lado, el fuerte desborde del gasto público no está siendo tratado apropiadamente. La supresión de los subsidios a la energía y al transporte tuvo un alcance limitado al advertir el Gobierno la dificultad política y social de extenderlo más allá de Puerto Madero y de algunas zonas residenciales y countries del conurbano. El ahorro logrado es, por lo tanto, relativamente menor.

El exceso de empleo público y el fuerte incremento del número de jubilados y pensionados no podrá ser corregido, sino en tiempos largos. También hay y habrá dificultad para reducir la enorme diversidad y cantidad de subsidios por planes sociales, cuyos receptores los consideran como un derecho adquirido.

El aumento de impuestos y la reducción de la evasión están siendo intentados, particularmente por provincias y municipios, pero el espacio para lograrlo se reduce con el enfriamiento de la economía.

El gasto sigue creciendo a tasas nominales iguales o superiores a las de los ingresos fiscales. El déficit fiscal, luego del pago de intereses, ya supera el 3 por ciento del PBI. Si bien ésta es una relación similar y aún menor que la de muchos otros países -y la deuda pública también se expone moderada en esa misma comparación-, la ausencia de financiamiento razonable ha llevado al fisco a recurrir a la emisión y al uso de reservas. Se enciende así una luz amarilla que prontamente puede convertirse en roja.

La corrección de las dificultades económicas es posible, aunque exigiría un cambio sustancial en los principios económicos aplicados. El populismo y el cortoplacismo, que han impregnado las políticas de los últimos años, debieran ser sustituidos por criterios de racionalidad y por un estricto respeto por las normas de convivencia internacional y por la revalorización de las instituciones y de los fundamentos de la Constitución Nacional.

La recuperación de la confianza es una condición esencial para superar las dificultades ya evidentes de nuestra economía.

Ante la depredación de las reservas

La presidenta Cristina Kirchner anunció en su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso el envío de un proyecto de ley destinado a modificar la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y a derogar los artículos todavía vigentes de la ley de convertibilidad. La iniciativa fue presentada por el oficialismo como una herramienta que permitirá desarrollar el crédito y propender al desarrollo con equidad social. Sin embargo, su verdadero fin es continuar depredando las reservas de la entidad monetaria y forzar a los bancos a prestarles sus fondos al Gobierno o a quienes éste indique.

Las consecuencias serán nefastas. La inflación continuará su ritmo ascendente, dañando a quienes menos tienen, a la vez que el capital de los bancos será consumido en aventuras de corte electoralista o para beneficiar a los amigos del poder. La estabilidad financiera, incluida como un nuevo mandato para el BCRA en el proyecto de ley, se encontrará jaqueada. Es que con el activo de los bancos ahora al alcance de la rapiña oficial, los depositantes tendrán nuevos motivos para desconfiar acerca del valor de sus ahorros.

Las modificaciones normativas propuestas son múltiples. En el plano dogmático se intenta modificar la misión primaria y fundamental de preservar el valor de la moneda por un mandato múltiple en el que se contemplan la "estabilidad monetaria", la "estabilidad financiera" y el "desarrollo económico con equidad social".

Tal reforma carece de sentido. El mandato actual del BCRA de preservar la moneda no implica en modo alguno que deba desentenderse la autoridad monetaria de las condiciones en las que se desenvuelve la economía. Y si este mandato hubiera sido todo lo restrictivo que nuestras autoridades suponen, ni la emisión de moneda habría crecido a un ritmo del 35% anual ni la inflación habría rondado el 25%. Incluir objetivos que tienen que ver con el desarrollo económico desnaturaliza por completo las funciones del Banco Central, que debe garantizar las condiciones monetarias y financieras para que el desarrollo con equidad se alcance por la vía de la mejora en la inversión pública y privada, una educación y salud de excelencia, la estabilidad en las reglas de juego, la política tributaria y la acción de los emprendedores, entre otros factores.

El proyecto de ley contempla la pérdida de independencia de la Superintendencia de Entidades Financieras, que pasa a estar totalmente controlada por las autoridades del Banco Central. Se elimina además la obligación del BCRA de presentar un programa monetario anual al Congreso y se fijan normas contables especiales para la autoridad monetaria, que ya no debe mantener una contabilidad homogénea con la de las entidades financieras públicas y privadas que operan en el país. Todas estas medidas van en el sentido que ha transitado el Gobierno durante sus ocho años de gestión. Verticalismo, discrecionalidad y falta de transparencia, que en el caso del Banco Central tendrá consecuencias muy palpables sobre la calidad de vida de los argentinos: bancos peor supervisados, menor estabilidad financiera y más desconfianza en el ente monetario, cuyos balances estarán ahora confeccionados a partir de una nueva y todavía desconocida contabilidad nacional y popular.

También se modifica el concepto de reservas de libre disponibilidad, incluido actualmente dentro de la ley de convertibilidad. En la nueva versión, las reservas de libre disponibilidad ya no equivaldrían al exceso de reservas por sobre la base monetaria, sino que pasarían a estar determinadas discrecionalmente por el directorio del Banco Central. Tales reservas excedentes podrán aplicarse al pago de obligaciones con organismos internacionales o con deuda externa oficial bilateral, mientras se mantiene vigente la figura del Fondo de Desendeudamiento, creado para la cancelación de deuda con acreedores privados.

En función de las actuales políticas vigentes y de los cambios normativos, continuará de aquí en adelante el deterioro de los ratios de cobertura de los pasivos monetarios. Las reservas internacionales, que en 2009 representaban un 150% del valor de la base monetaria, se encuentran en la actualidad en un valor cercano al 90% y las tendencias actuales, sumadas a los pagos previstos en el Fondo del Desendeudamiento, permiten prever una caída adicional de hasta el 70% de la base monetaria hacia fines de 2012. Si bien es cierto que, teniendo tipo de cambio flotante, la Argentina no está obligada a asumir un determinado nivel de cobertura de la base monetaria con reservas, conservar un elevado nivel de cobertura había permitido en años pasados mantener bajo control del ente monetario la fluctuación de la moneda aun en tiempos de inestabilidad financiera y a pesar de la pobre calidad de las políticas implementadas.

La imposición de los controles de cambios a partir de octubre pasado refleja en gran medida la imposibilidad de seguir utilizando las reservas para sostener la cotización del peso debido al deterioro en la relación entre reservas y pasivos del BCRA. En la medida en que el proyecto de ley propicia un deterioro adicional de dicha relación, nada bueno debemos esperar en relación con la evolución de la cotización del peso, la magnitud de los controles y la posibilidad del sector privado de realizar transacciones en un marco de alguna normalidad.

Junto con el anuncio de la reforma de la carta orgánica, el Gobierno anunció que no avanzaría con la reforma de la ley de entidades financieras, promovida por el diputado oficialista Carlos Heller. El archivo de esta iniciativa podría parecer un gran anuncio, ya que en ese proyecto se declaraba la actividad financiera como servicio público, a la vez que se imponían destinos específicos y tasas de interés máximas para los préstamos.

No obstante, el artículo 14 del proyecto de reforma de la carta orgánica autoriza al directorio del Banco Central a "regular las condiciones del crédito en términos de plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reserva, encajes diferenciales u otros medios apropiados". De tal manera que, una vez aprobado este artículo, el Banco Central podrá indicar a los bancos a qué sectores, a qué plazo y a qué tasa de interés otorgar sus líneas de créditos, incluso si son concedidos al propio sector público.

El Gobierno podrá recurrir así, como en su momento lo hizo con los ahorros del sistema jubilatorio a cargo de las AFJP, a una nueva caja para financiarse o favorecer a quienes le plazca. Y con un patrimonio de los bancos privados que suma 43.000 millones de pesos, la tentación de tomar una parte de él para continuar la fiesta pagada por otros será enorme. Todavía se está a tiempo de evitar este nuevo zarpazo intervencionista de nefastas consecuencias para el país.