Crisis en el feudo austral

LA provincia de Santa Cruz es y se comporta desde hace dos décadas como un feudo, desprovisto de libertad de prensa y de una Justicia independiente para los numerosos casos de corrupción de funcionarios provinciales. Mientras el Poder Judicial santacruceño ni siquiera cuida las formas para proteger a los jerarcas locales, el feudo ha profundizado su crisis económica y política, que amenaza con volverse crónica. No debe llamar la atención que un distrito rico en recursos naturales y con escasa población se haya convertido en una provincia pobre o, mejor, dicho, empobrecida a tal punto por sus autoridades que el pago de los sueldos de los empleados estatales se torna un desafío de resultado incierto. El gobernador Daniel Peralta tuvo que escalonar el pago de los salarios, debiendo girar primero fondos para pagar a los empleados que ganan hasta 9000 pesos y luego a los de hasta 12.000. Al mismo tiempo se supo que había autorizado el pago de 60.000 pesos en vinos adquiridos para su residencia oficial. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que, al dejar Néstor Kirchner la gobernación, Santa Cruz tenía un saldo favorable de 650 millones de dólares y acotó que esos fondos provenientes de las regalías petroleras "se evaporaron". No dijo, en cambio, que la evaporación fue favorecida por los nunca aclarados movimientos que efectuó Kirchner con esos fondos que él envió al exterior y que otros cálculos elevaron a más de 900 millones de dólares. Los fondos, en efecto, se diluyeron mientras la provincia se empobrecía hasta acumular un déficit de 1500 millones de pesos, con nuevos endeudamientos y pedidos de préstamos, como uno de 100 millones de pesos al Banco Nación. Se trata de una provincia pauperizada con funcionarios y empresarios oficialistas enriquecidos, como Lázaro Báez, quien hace cinco años compró una docena de estancias pagándolas en efectivo por un total de 28 millones de dólares. Se supo después que la provincia las expropiaría para construir represas, compensando al empresario kirchnerista. El año pasado, la dirigente de ARI de Santa Cruz Mariana Zuvic llevó a cabo una investigación en esa provincia y en Neuquén y, según los datos que difundió, habría descubierto cuantiosas inversiones realizadas por el gobernador y también por su grupo familiar, así como la presunta utilización de la aeronave sanitaria de la provincia con fines meramente personales. Los datos fueron presentados en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en septiembre del año pasado como "presunto lavado de dinero", pero Santa Cruz y su Justicia ni siquiera abrieron una investigación. En cambio, Zuvic, de denunciante, ha pasado a denunciada porque el gobernador Peralta y el ex secretario presidencial Daniel Muñoz le iniciaron una demanda por daños y perjuicios, en virtud de sus dichos públicos recogidos por diversos medios nacionales, por lo cual la denuncia se radicó en la Capital Federal. Zuvic aclaró que, hasta el momento, ningún fiscal santacruceño actuó de oficio a partir de alguna de sus múltiples denuncias. Nada extraño en una provincia que cuenta con una Justicia siempre ausente cuando está de por medio la asombrosa falta de transparencia de sus funcionarios. Como informó LA NACION, Zuvic sostuvo que halló frecuentes viajes del avión sanitario de la provincia a Bariloche y, al seguir el rastro, expresó: "Dimos con la compra de varias propiedades en Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Buenos Aires". Entre las compras adjudicadas a Peralta y sus familiares habría una propiedad en venta por 1,9 millón de dólares en Villa La Angostura, que se encuentra a nombre de Daniel Omar Blanco, hermano de la diputada nacional y esposa de Peralta, Blanca Blanco. "La propiedad fue comprada por la mitad de su valor y ahí cabe la carátula por lavado de dinero", explicó Zuvic. La investigación también atribuye a Peralta y a sus familiares un complejo turístico de 25 cabañas en San Martín de los Andes, que se encuentran a nombre de los socios Daniel Omar Blanco y Carolina Pochetti, sobrina del gobernador en pareja con Muñoz. Como puede apreciarse, se trata de asuntos de extrema gravedad como para ser soslayados por la Justicia de una provincia en donde el camino de la prescindencia judicial lo marcó Néstor Kirchner. En efecto, el entonces gobernador desplazó en 1995 al procurador general Eduardo Sosa quien, debido a su reconocida independencia, se había constituido en un obstáculo para los designios autocráticos de Kirchner. Un par de años más tarde, los tribunales santacruceños desestimaron una denuncia en contra del gobernador Kirchner por el uso del avión sanitario para sus vacaciones en familia. El juez Santiago Lozada entendió que la investidura del gobernador no puede separarse en pública y privada. Es el mismo juez que en 2005, con un trámite más que veloz, archivó la causa que investigaba el destino de los cuantiosos fondos por regalías petroleras que la provincia depositó en entidades bancarias del exterior. En 2008, el ex fiscal Andrés Vivanco intentó que algún juez santacruceño avanzara con el tema, pero ninguno se atrevió. Hoy, jubilado, Vivanco acaba de denunciar penalmente al gobernador Peralta por la retención de aportes de los empleados estatales que luego no son depositados en la obra social provincial. La salud pública de la provincia está en coma. El caso Sosa también compete al gobernador Peralta, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace tiempo que ordenó al gobierno de Santa Cruz restituirlo como procurador general. Desde 2001 la Justicia viene fallando en favor del funcionario desplazado y hace más de dos años la propia Corte denunció a Peralta por no cumplir con el mandato del máximo tribunal, sin que haya habido consecuencias para el autor del ilícito penal. Triste pero coherente: mal puede investigar Santa Cruz a sus máximos funcionarios cuando varios de ellos pueden desobedecer a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sin que nada ocurra. El modelo feudal que Kirchner implantó en su provincia fue el que luego intentó trasladar al plano nacional. El empobrecimiento material y moral que ese modelo acarrea es la prueba más palmaria de su fracaso.

Roban y lo venden todo por Internet

Pablo Cafaro no lo podía creer. Su bicicleta casi nueva, que le acababan de robar, aparecía a un muy buen precio en una conocida página de Internet de compra y venta de productos. Hizo la denuncia ante la Justicia, se inició una investigación y un año después pudo recuperarla. La cantidad de usuarios que compran y venden por la Red aumentó un 300 por ciento en los últimos diez años. El alto crecimiento de este mercado obedece a que es un nuevo canal de salida para aquellos objetos robados de los que los delincuentes necesitan deshacerse rápidamente. Además, muchos de estos sitios ofrecen la ventaja del anonimato o del uso de identidades falsas. "Operan como células. Un usuario que ofrece un producto por lo general no lo tiene consigo, sino que cuando aparece un comprador se contacta con un intermediario que puede dárselo a él o a un tercero para que lo entregue y reciba el dinero", dijo a LA NACION un investigador de este tipo de delitos. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en el país hay casi 10.000.000 de personas que comercian a través de la Web y las operaciones ascendieron a $ 11.500 millones en 2011, un 49,5% más que en el año anterior. Aunque no hay cifras concretas, todos afirman que aumentó la cantidad de mercaderías robadas que se venden por la Web. Los delincuentes también están presentes en las redes sociales, en las que aún hay menos controles. En febrero pasado, la policía bonaerense detuvo a un adolescente en La Plata que vendía una moto por Facebook a 2000 pesos. Los detectives se hicieron pasar por compradores y comprobaron que el vehículo tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido apenas unos días antes. La justicia platense ordenó restituir al chico a sus padres porque era menor. El martes pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación desbarató una banda que robaba automóviles de media y alta gama, los cortaba en tres desarmaderos del conurbano bonaerense y luego los comercializaba por medio de Internet. La investigación surgió a partir del seguimiento de una serie de publicaciones de autopartes de dos usuarios de la Web. Según confiaron fuentes oficiales, la pesquisa contó con el apoyo de la empresa MercadoLibre, el sitio por medio del que operaban los delincuentes. Detrás de esos usuarios había una banda de por lo menos 13 personas, que fueron detenidas; 300 autos robados, y 20.000 piezas ya seccionadas. "Los operativos de la Dirección Nacional de Fiscalización de Autopartes lograron casi erradicar los desarmaderos clandestinos de la Capital. Entonces, las bandas se mudaron al conurbano, pero, a la vez, necesitan conservar el anonimato y la cercanía a la Capital, donde se encuentra el núcleo duro del parque automotor de media y alta gama. Y en la Red es en donde pueden operar en secreto y estar cerca de la demanda", dijo a LA NACION un investigador del Ministerio de Seguridad. "Un caso que cobró gran repercusión en los medios de comunicación fue el de la publicación del supuesto teléfono celular de Barbara Bush, la hija del ex presidente norteamericano George W. Bush, que le había sido robado a la joven en una visita que hizo a Buenos Aires el 22 de noviembre de 2006. A las pocas horas del hecho, apareció en el sitio MercadoLibre una publicación que ofrecía el móvil. Pero fue inmediatamente dada de baja por la empresa. Federico Cofman, gerente de seguridad de la firma MercadoLibre, dijo a LA NACION que "en los términos y las condiciones que regulan la actividad de los usuarios en la plataforma, hay una política especial en la que se detalla un listado de artículos cuyo ofrecimiento, publicación, compra o venta están prohibidos". El vocero indicó además que hay un apartado especial relacionado con la propiedad robada. "Las normas que rigen la venta de cualquier bien en nuestro país son las que aplican a la oferta de bienes o servicios en el sitio. No puede ofrecerse y venderse nada que esté prohibido por la ley." Pero como en toda transacción, de común acuerdo entre ambas partes, son los usuarios quienes deciden seguir o no adelante con una operación si el origen del producto es sospechoso. "Como es la propia comunidad la que, en general, detecta primero una infracción, hay a disposición del navegante un botón para denunciar publicaciones que infringen los términos o la legislación vigente. Cuando una persona nos demuestra fehacientemente que determinada publicación corresponde a un producto robado o de origen dudoso, nos contactamos con el vendedor para averiguar y, en caso de no recibir una respuesta favorable, removemos la publicación", explicó Cofman. Pero Internet resulta la mejor vidriera para todo. Desde lo más demandado hasta lo más específico. En marzo del año pasado, la Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento de Eduardo Leone, por intentar vender un equipo de videollamadas y teleconferencias que había sido robado a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y era ofrecido a US$ 10.000 a través de MercadoLibre. Cabe recordar que el artículo 277 del Código Penal castiga con penas que llegan hasta los tres años de prisión a quien "adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito". OFERTAS "TENTADORAS" DENUNCIÓ Y RECUPERÓ Bicicleta robada La Mountain Bike Trek 4300 que le habían robado a Pablo Cafaro, en Versailles, apareció publicada en MercadoLibre cinco meses después del hecho. Como la publicación contaba con fotos ilustrativas, la víctima pidió a los oferentes imágenes reales. Cuando comprobó que era su bicicleta hizo la denuncia y la recuperó. ASALTO EN SAN TELMO El celular de Barbara Bush En noviembre de 2006 le arrebataron la cartera a la hija del entonces presidente de los EE.UU. George W. Bush, cuando paseaba por San Telmo. Días después apareció en Internet una publicación en la que se ofrecía el supuesto celular de la joven. El aviso fue dado de baja de inmediato ante la sospecha de que se tratara de un artículo robado. MILES DE AUTOPARTES SECUESTRADAS Un desarmadero en la Red La policía desbarató una organización que se dedicaba a robar automóviles y desarmarlos. La banda utilizaba Internet para ofrecer algunas de las 20.000 autopartes sacadas de casi 300 vehículos robados.

Corrupción para todos

A fines del mes pasado, en Brasilia, nacía formalmente una nueva iniciativa para luchar contra la corrupción en un esfuerzo común y compartido. Para ello se estructuró un flexible foro intergubernamental. Se trata de la Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa que fue impulsada simultáneamente por los gobiernos de Brasil y de los Estados Unidos, pero que ahora incluye a unos 55 Estados. La Argentina, pese a las circunstancias internas, intentó incorporarse a ella hace algunos meses. Quizá no tanto por convicción, a estar a nuestra lamentable realidad cotidiana, sino para no quedar afuera por lo que esto significa. Pero, sintomáticamente, no fue aceptado porque no pudo alcanzar los criterios de admisión que entonces se requerían. La idea pertenece originalmente a Dilma Rousseff y a Barack Obama. Nació el año pasado en los pasillos de las Naciones Unidas, cuando ambos líderes concurrieron a su Asamblea General. Pronto los acompañaron otros países, como Gran Bretaña, México, Noruega, Sudáfrica, Indonesia y Filipinas. La idea central subyacente es la de promover la adopción, consolidación y defensa de una cultura política de apertura, transparencia y acceso a la información y la de adoptar con firmeza una actitud de tolerancia cero con los casos de corrupción. Para nuestra realmente decepcionante realidad en esta materia, estamos claramente frente a una necesidad imperiosa. Los criterios de elegibilidad, que eran duros, se han hecho recientemente algo menos exigentes, de manera que la Argentina, si realmente quisiera, debería sortear algunos obstáculos. Para ello debería alcanzar el puntaje correspondiente en cuatro rubros sustantivos: transparencia fiscal, facilidad de acceso a la información pública, mecanismos de divulgación de la información relacionada con los funcionarios electos de primera línea y grado de participación ciudadana en todo ello. Pero la idea, desgraciadamente, ya no parecería ser una prioridad, ni menos aún una urgencia, para nuestras autoridades nacionales. Por esta circunstancia, corresponde seguir instando explícitamente al gobierno nacional a volver a mirar de cerca este tema y a aceptar luego el desafío consiguiente, adhiriendo concretamente a él. Sin demoras, ni reservas. Esto sólo puede hacernos bien porque, por ejemplo, nos obligaría a sancionar la siempre prometida ley de libre acceso a la información pública, para beneficio de todos. Y seguramente contribuiría a mejorar una imagen de nuestras autoridades que en esta materia particular, según es absolutamente obvio, deja mucho que desear.

La clave: ¿quién es el dueño?

Por Hugo Alconada Mon | LA NACION Son los detalles donde se mete el diablo. ¿Cómo saber, por ejemplo, si un hotel se usa para lavar dinero? Verificando si la cantidad de toallas y sábanas que pasan cada día por su servicio de lavandería se condice con el número de habitaciones que sus registros muestran ocupados. ¿Y cómo saber quiénes son los verdaderos dueños de una empresa o de una misteriosa sociedad anónima? Verificando quiénes son sus beneficiarios últimos, por detrás de quienes ponen la cara, de sus testaferros y ejecutivos. Es decir, quién goza de su dinero. Así, si The Old Fund, la firma controlante de la nueva Ciccone Calcográfica, destinó casi medio millón de pesos en viajes, pasajes y hoteles para el socio y un hermano del vicepresidente Amado Boudou, ¿quién es el dueño de esa firma? Si los registros de la agencia de viajes muestran que entre mediados de 2010 y mediados de 2011 todas las travesías -ya fueran de negocios o de placer- registraron como protagonista exclusivo a ese socio de Boudou, José María Núñez Carmona, esa incógnita se acrecienta. De allí el peso que podrían tener en la investigación judicial los nuevos datos que salen a la luz. En esa línea, los registros exponen que durante ese mismo período no aparece ni un solo viaje pagado por The Old Fund para su propio presidente, el ex abogado monotributista Alejandro Vandenbroele. De hecho, la lista de viajes recién muestra a Vandenbroele volando a cuenta de The Old Fund en mayo de 2011 -casi un año después de que comenzara el raid aéreo del socio de Boudou-, pero sólo en dos ocasiones, a Río de Janeiro, y junto a, precisamente, Núñez Carmona. Incluso los otros pasajeros beneficiados por The Old Fund acentúan el contraste. Sólo una vez la única empleada en blanco de The Old Fund voló pagada por la empresa, pero Núñez Carmona viajó con distintas amigas a Miami o a París. Los pasajes exponen que The Old Fund -controlada por un fondo holandés ya disuelto y una sociedad uruguaya con acciones al portador- solventó viajes de Núñez Carmona para esquiar en Aspen, pasear en París o ir al Mundial de Sudáfrica junto a toda una familia amiga. ¿Quién controla la empresa que imprimirá 50.000 millones de pesos?

Una buena razón para dejar de reír

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION Amado Boudou se ha desplomado en las encuestas y ya carece de toda influencia política en el propio gobierno que lo llevó a la cumbre hace apenas cinco meses. Esa inestabilidad, propia de la política, se está agravando seriamente en la Justicia, donde ya hay dos investigaciones sobre presuntos actos de corrupción del actual vicepresidente y ex ministro de Economía. Ayer, Boudou recibió la segunda imputación, esta vez por supuesto enriquecimiento ilícito. Ya estaba imputado por tráfico de influencias en la causa que investiga la extraña compra de la ex Ciccone, la impresora de billetes más importante del país. El dictamen del fiscal Jorge Di Lello es significativo por varias razones. La primera de ellas es que incorporó a la investigación a los principales personajes (salvo la novia del vicepresidente, Agustina Kämpfer) del caso Ciccone. Incorporó al amigo confeso de Boudou, José María Núñez Carmona, y a Alejandro Vandenbroele, actual presidente de la ex Ciccone y supuesto amigo escondido del vicepresidente. Núñez Carmona es quien une a Boudou con Vandenbroele, porque se constató que es amigo de los dos. Otra razón llamativa es el propio fiscal. Di Lello es un hombre con muchos años en la Justicia, que estuvo preso por la dictadura en los años 70 y que es -o era- conocido por su cercanía ideológica con el gobierno de los Kirchner. Sin embargo, nada hace suponer, por ahora, que el Gobierno le haya soltado la mano a Boudou. Ya sea porque su presencia en el poder supone un error personal de la Presidenta o porque Boudou sabe más cosas que las que se sospechan, lo cierto es que nunca antes el poder influyó tanto en la Justicia como lo está haciendo ahora para proteger al vicepresidente. El ejemplo más emblemático de tal aseveración es la inestable situación del fiscal Carlos Rívolo, que tiene a su cargo la investigación sobre la participación de Boudou en la compra de la ex Ciccone. El juez Ariel Lijo, que reemplazó al recusado Daniel Rafecas, postergó ayer, tomándose un plazo extraño, la resolución sobre la recusación del funcionario judicial que más trabajó en el caso Ciccone, que es Rívolo. Ayer se venció el último plazo para que Lijo decidiera sobre el destino del fiscal, pero el juez decidió tomarse más tiempo. Los plazos en la justicia federal son "perentorios" para el común de los mortales, pero se consideran sólo "orientativos" para los jueces. Es decir, pueden respetarlos o no. Esas dilaciones no son buenos mensajes para una sociedad que viene reclamando por los interminables tiempos de la Justicia. Abatidos de la peor manera el ex jefe de los fiscales Esteban Righi y el juez inicial Daniel Rafecas, el Gobierno necesita sacarlo ahora del caso a Rívolo. El objetivo fue siempre Rívolo más que Righi (acusado de inacción por el oficialismo) y que Rafecas (que se limitó a conceder casi todos los pedidos de Rívolo). Ninguna otra instrucción por eventuales hechos de corrupción política, como el caso Ciccone, avanzó tanto en apenas 45 días. Pero las recusaciones de Rafecas y del propio Rívolo frenaron en seco la investigación. En rigor, frenaron sólo los actos susceptibles de ser cuestionados si Rívolo fuera apartado. Otras pruebas sobre las conexiones y relaciones entre Boudou y Alejandro Vandenbroele se siguen acumulando. Boudou ha desmentido siempre cualquier relación con Vandenbroele. Aseguró que ni siquiera lo conoce, pero ciertas constataciones están desmintiendo esa aseveración. El Banco Santander confirmó que Vandenbroele pagó expensas del departamento de Boudou en Puerto Madero, alquilado a Fabián Carosso, un abogado rosarino que vive en Madrid. Boudou dijo siempre que no sabía que Vandenbroele estaba en medio de ese alquiler. Resulta que Vandenbroele pagó parte del alquiler de ese departamento y durante cinco meses tuvo el servicio de cable a su nombre. Vandenbroele tuvo también a su nombre el servicio de telefonía fija en el departamento de Boudou, como publicó LA NACION el domingo. ¿Pagó expensas, teléfono y servicio de televisión por cable del departamento de Boudou, pero no vivió ahí? ¿O, acaso, fue Vandenbroele y no Carosso quien vivió en el departamento de Boudou? Ya esto es lo más probable, porque la chapucería es lo único que sobra en esta saga. El padre de Carosso, Hugo Carosso, es un dirigente radical de Rosario, que declaró que su hijo nunca tuvo nada que ver con Boudou ni con Vandenbroele y que su condición de inquilino debió ser una "gauchada" a un amigo. También aseguró que su hijo sólo venía al país unos 30 días al año, pero que pasaba más tiempo en Rosario que en Buenos Aires. ¿Alquiló un departamento en Puerto Madero sólo para vivir unos pocos días al año? Dirigentes radicales se movilizaron para encontrar a Carosso padre y llevarlo a declarar ante la Justicia. Su testimonio es clave para desmontar la coartada del vicepresidente. Hasta el presidente del radicalismo, Mario Barletta, también santafecino, se movilizó en busca de Carosso. Lo encontraron. Hugo Carosso les respondió a los radicales, conmocionado, que su hijo le había pedido que se callara la boca y que desapareciera de los medios. "Esto es muy grave", contó que le confesó su hijo. Desapareció. Nadie sabe ahora nada de él. Boudou está formalmente imputado en la causa por tráfico de influencias en la compra de la ex Ciccone. La carátula del expediente judicial comienza con su nombre y apellido. No obstante, el abogado que lo defiende de hecho es Diego Pirota, el defensor de José María Núñez Carmona, el amigo de Boudou y de Vandenbroele. Pirota es quien recusó a Rívolo, pero el fiscal no hizo nunca nada que afectara a su defendido Núñez Carmona. Es Boudou, y no Núñez Carmona, quien quiere desalojar a Rívolo de la causa. Pirota lleva adelante la estrategia común de la defensa de Boudou, de Núñez Carmona y, tal vez, del propio Vandenbroele. La ex Ciccone cayó supuestamente en manos de un grupo de amigos de Boudou. La empresa controlante, The Old Fund, que preside Vandenbroele, tiene dueños desconocidos. Ni la Justicia ha podido aproximarse a la verdad sobre sus propietarios. Con todo, el Gobierno avanzó y le confió la impresión de billetes de 100 pesos, que ya está fabricando, justo cuando sucedía la erupción nacionalista por YPF. ¿Personas desconocidas imprimen los billetes de los argentinos? Sí, es así. Nadie los conoce. Sólo se sabe que uno de los socios, Sergio Martínez, está prófugo de la justicia norteamericana por robar tarjetas de crédito. Hay otras cosas tan graves como ésa: la ex Ciccone debe aportes y cargas sociales y tiene una deuda con la agencia impositiva bonaerense desde 1994, cuyo pago le está reclamando desde 2009. Carece, por lo tanto, del imprescindible certificado de aptitud para ser contratista del Estado. El Gobierno la contrató y pasó por encima de la ley. "Eso es un delito", recordó el abogado Ricardo Monner Sans ante el juez Lijo. En medio de esas constataciones, y de las tardanzas del juez, apareció el fiscal Di Lello con una noticia tan explosiva como la de Ciccone. Di Lello sería el reemplazante de Rívolo si éste fuera apartado de la causa. El gobierno de Cristina Kirchner está acosado por otros conflictos muy graves, que han enervado a sectores sociales, dividido a los esquivos sindicalistas y retraído fuertemente la economía. Boudou tiene ahora buenas razones para dejar de reír.

Cerca de la impunidad

Por Fernando Laborda | LA NACION Más allá de sus errores, el juez Daniel Rafecas era un serio obstáculo para la tranquilidad de Amado Boudou, quien ayer debió festejar su desplazamiento por la Sala I de la Cámara Federal. La causa judicial en la que se investiga al vicepresidente de la Nación por haber influido para favorecer al grupo que se quedó con la imprenta Ciccone sufrirá un lógico retroceso, que se acentuará aún más si se logra el apartamiento del fiscal Carlos Rívolo, artífice de los mayores dolores de cabeza que debió soportar Boudou. Una radiografía de la justicia federal induce a creer que son realmente pocas las probabilidades de que el magistrado que en las próximas horas se haga cargo de la causa tenga las agallas para investigar hasta las últimas consecuencias un caso en el que el Gobierno, por orden de la Presidenta, ha cerrado filas en defensa de Boudou. Desde que el caso Ciccone se convirtió en un escándalo mediático, las vacilaciones estuvieron a flor de piel en no pocos hombres del kirchnerismo. La incertidumbre oficial alcanzó su punto máximo tras la pálida imagen que dejó Boudou el 6 de abril, en la conferencia de prensa sin preguntas donde apuntó hacia el ex procurador general Esteban Righi y denunció conexiones mafiosas entre Rafecas, la empresa Boldt y el Grupo Clarín, pero además intentó convencer a todo el mundo de que el ingreso del ignoto grupo The Old Fund en Ciccone era una política del gobierno nacional. Durante el fin de Semana Santa que siguió a esa controvertida exposición de Boudou, la jefa del Estado decidió convertir la crisis en una oportunidad para despedir a Righi, pese a los buenos servicios que le prestó al matrimonio Kirchner, y poner en su lugar a un hombre como Daniel Reposo, afín al vicepresidente y a Guillermo Moreno, que probablemente sería más capaz que su antecesor para persuadir a los fiscales de hacer la vista gorda frente a los casos que comprometan a funcionarios gubernamentales. Aunque difícilmente consiga los dos tercios en el Senado para imponer su designación. Casi al mismo tiempo, los abogados defensores de Boudou, de su socio José María Núñez Carmona y de Alejandro Vandenbroele (el misterioso titular de la ex Ciccone a quien el vicepresidente dijo desconocer) habrían coordinado una estrategia que concluyó en el ataque mortal a la continuidad de Rafecas en la causa. Así aparecieron los polémicos mensajes de chat entre el magistrado y el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, allegado a Núñez Carmona, que terminaron hundiendo al juez. Podrá esgrimirse que a Rafecas nadie le cortó las piernas, sino que él mismo se las cortó, arrastrando posiblemente a la causa judicial, por su propia torpeza y su actitud claramente reñida con la ética. Ningún juez debería estar haciendo comentarios y menos aún aconsejando a un letrado vinculado con una persona involucrada en la investigación. Pero no podrá obviarse que el ataque a Rafecas no se justificó por ese intercambio de mensajes, que en todo caso daba cuenta de una estrecha relación entre el juez y el abogado allegado al socio de Boudou. Provino luego del allanamiento dispuesto por el juez a un departamento del vicepresidente en Puerto Madero, en el que se descubrió que Vandenbroele pagaba las expensas y el servicio de Cablevisión. Ese fue, para sus detractores, el verdadero pecado de Rafecas. También podrá concluirse que si la Cámara Federal reconoció valor a esos diálogos por chat para desplazar al juez, el próximo magistrado de la causa debería valerse de ellos para probar la relación existente entre Vandenbroele, Núñez Carmona y el vicepresidente. Por ahora, lo único cierto es que la presión del gobierno de Cristina Kirchner sobre los jueces se hace sentir fuertemente. La salida de Righi de la Procuraduría General fue un primer golpe para la Justicia. El rápido desplazamiento de Rafecas deja otra señal: ningún magistrado debe cruzarse en el camino de los hombres de la Presidenta. El juez que suceda a Rafecas llegará a la causa condicionado por esas presiones. La primera mandataria ha hecho saber que tocarlo a Boudou, a quien eligió en absoluta soledad para acompañarla en el binomio presidencial, es tocarla a ella. "Si hoy vienen por Boudou, mañana vendrán por mí", fue su mensaje a la tropa. Del mismo modo, la caída de Boudou arrastraría a los titulares de la AFIP y del Banco Central, dado que ellos han hecho posibles la llegada de The Old Fund a Ciccone y su negocio con la Casa de Moneda. Controlar a la Justicia, controlar al poder económico y controlar a la prensa -el inminente desembarco de Cristóbal López en los medios de Daniel Hadad puede ir en ese sentido- son vitales en el proyecto oficial para avanzar hacia la impunidad, aunque aún no para concretar la utopía de controlar las conciencias.

Los tributaristas sugieren calma

Por Martín Kanenguiser | LA NACION Los tributaristas destacaron que el acuerdo tributario entre la Argentina y Uruguay no debe crear pánico entre los inversores porque se aplicará sobre casos específicos, aunque aclararon que será clave la forma en que se implemente para evitar un uso arbitrario de los datos. Sin tener acceso al texto original -debido a que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no lo difundió, pese a ser un convenio ya rubricado-, los expertos Flavia Melzi, César Litvin y Alfredo Lamagrande consideraron que, a priori, se trata de un paso positivo. Litvin dijo a La Nacion que el acuerdo le permitirá a la AFIP "obtener toda la información de los bienes y actividades económicas de contribuyentes argentinos en Uruguay". Estos datos, agregó el socio del estudio Liscki, Litvin y Asociados, le permitirán al organismo que lidera Ricardo Echegaray "cotejar con las declaraciones juradas de los respectivos impuestos para validar si están declarados al fisco argentino y pagaron los correspondientes gravámenes". Allí reside la clave sobre la "no retroactividad" del acuerdo. Si bien, como otros acuerdos promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se trata de un convenio "hacia adelante", a la vez, si en ese intercambio se detecta alguna irregularidad previa, la AFIP podrá exigirle al contribuyente que justifique esos fondos en términos impositivos. Esto incluye la compra y venta de acciones, campos, cuentas bancarias e inmuebles, y también buscará evitar la triangulación de empresas exportadoras con sede en zonas francas uruguayas, según precisó un experto que siguió muy de cerca la durísima negociación bilateral para firmar este acuerdo. Al respecto, Litvin aclaró: "Si bien el acuerdo no es retroactivo, habrá que ver cómo funciona en los hechos por los bienes de contribuyentes argentinos que no tienen declarado esos bienes en años todavía no prescriptos". En ese sentido, Melzi consideró que "no es razonable el planteo de irretroactividad, porque limitaría la potestad de la AFIP para determinar impuestos por esos años cuando se constate la existencia de bienes". La experta agregó que el acuerdo permitirá que los contribuyentes pidan "el reconocimiento de un crédito de impuesto pagado en el exterior, a condición de que se trate de un impuesto similar y exista reciprocidad entre ambos países". Para intentar reforzar la sensación de tranquilidad, Lamagrande sostuvo que no podrá haber pedidos de la AFIP para "salir a la pesca" si no existe un dato preciso sobre un contribuyente. "Los acuerdos de la OCDE prevén el intercambio por solicitudes específicas y que la información se circunscriba a casos en los que el Estado que lo requiere tenga conocimiento previo respecto de las inversiones o ingresos previos de sus residentes realizadas en el otro país", detalló. Más allá de la letra chica del acuerdo, Litvin advirtió que el convenio -que debe pasar el duro filtro del Parlamento uruguayo- constituye un "cambio en las reglas de juego con futuras inversiones en Uruguay, porque hasta la fecha las inversiones extranjeras en ese país estaban protegidas con secreto". La presión de la OCDE La presión de la OCDE, clave para explicar la resignación de Uruguay a firmar el pacto, busca que ese país "transparente las inversiones anónimas y de esa manera sea eliminado de la lista gris" de la organización multilateral. Al respecto, Melzi consideró que "los acuerdos de cooperación y transparencia fiscal siempre son positivos, pues contribuyen a la mutua colaboración tendiente a compartir la evasión, que es un fenómeno que trasciende las fronteras". También, apuntó, "puede constituir una herramienta eficaz para prevenir maniobras de lavado de dinero". Por esta razón, un experto con conocimiento del trámite subrayó la importancia de esta cooperación y opinó que se traducirá en una disminución de las inversiones argentinas en Uruguay. "Si una persona quiere vender o comprar un inmueble en Punta del Este, deberá aclarar de dónde obtuvo los fondos", indicó. Un colega con amplia experiencia en la labor del fisco argentino dijo que "es clave el manejo que haga la AFIP de los datos para evitar arbitrariedades o situaciones de inseguridad jurídica". Por esta razón, agregó, "si bien el acuerdo no permitirá pedir información en forma generalizada, se busca generar cierto temor en los contribuyentes, que podría dar lugar para un nuevo blanqueo", tal como el que se puso en marcha en 2008. US$ 2300 millones Es el monto de depósitos bancarios de argentinos en Uruguay, según datos oficiales citados por la agencia Reuters.

Antecedentes que no dan lugar al optimismo

Por Alfredo Sainz | LA NACION
Los antecedentes que puede exhibir la administración Kirchner cuando toma la operación de empresas privatizadas no permiten augurar un futuro demasiado venturoso para YPF.

En los últimos ocho años fueron también ocho las empresas que habían sido entregadas a manos privadas y que se reestatizaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La comparación con lo que pasó con Aerolíneas Argentinas es casi inevitable, teniendo en cuenta no sólo que se trató de una expropiación de una compañía que estaba en manos españolas sino también que el manejo de la línea de bandera quedó a cargo de un grupo de ejecutivos entre los que el actual viceministro de Economía, Axel Kicillof, tenía un papel clave.

Bajo la gestión de La Cámpora -encabezada por Kicillof y Mariano Recalde-, Aerolíneas Argentinas batió récord de pérdidas en un momento en que el mercado aéreo empezó su proceso recuperación.

Durante el último año, las pérdidas diarias de Aerolíneas superaron los 2 millones de dólares, y del total de US$ 757 millones de fondos públicos que recibió la compañía en 2011, apenas US$ 94 millones se destinaron al pago de aeronaves nuevas. El resto se utilizó para cubrir el déficit operativo.

No mucho mejor le fue a Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) -la operadora estatal de los servicios de agua potable y saneamiento que reemplazó a Aguas Argentinas-: la compañía recibió durante 2011 aportes del Estado por un poco más de $ 3000 millones, de los cuales $ 745 millones fueron destinados a financiar su déficit operativo y el resto, al plan de inversiones.

PAGO DE SALARIOS

En el caso de las líneas de ferrocarriles Belgrano Sur, Roca y San Martín se decidió aplicar un modelo mixto de operaciones. El manejo de los trenes quedó bajo la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), que a su vez está integrada por tres concesionarios privados: Trenes de Buenos Aires (TBA), Metrovías y Ferrovías. Los empleados de las tres líneas de trenes, en cambio, quedaron encuadrados bajo una sociedad estatal creada ad hoc y bautizada con el nombre de Belgrano SA. En 2010, la nómina de empleados de Belgrano SA. reunía a 8983 trabajadores, y un año después había crecido casi un 30%, hasta llegar a 11.615, con un presupuesto oficial de $ 1280 millones, de los cuales $ 1279 millones fueron destinados al pago de los sueldos.

La lista de empresas reestatizadas se completa con la operadora de satélites Thales Spectrum, los talleres navales Tandanor y el Correo Argentino. De las tres, la operación más importante es la del servicio postal, que también continúa exhibiendo números en rojo y en 2011 tuvo un déficit de $ 45 millones.

Cristina ya fracasó con su petrolera estatal

Por Jorge Oviedo | LA NACION
En nombre de la gestión pública de los recursos, el Estado manejará una empresa privada, con criterios privados y prohibiendo por ley que puedan auditarla los organismos de control de las cuentas públicas, ni siquiera el Congreso Nacional.

El Gobierno sentó precedente cuando, en 2004, creó la petrolera y energética Enarsa, que, pese a ser ciento por ciento estatal, está bajo la legislación de las sociedades anónimas. Así no puede ser auditada ni por la Sigen ni por la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso. Cristina repite el esquema con YPF, que en sus manos no tiene obligación de hacer licitaciones públicas, por ejemplo.

Lo mismo hizo con Aerolíneas Argentinas. Los resultados de tales gestiones están a la vista. Aerolíneas necesitó en 2010 subsidios por más de 2000 millones de pesos. Enarsa se llevó 10.000 millones de pesos por el mismo concepto, lo cual superó el presupuesto entero del Ministerio de Desarrollo Social.

Tal vez en este caso los gobernadores prefieran que sea así. Si fuera una empresa pública estaría exenta del pago del impuesto a las ganancias, lo cual perjudicaría la recaudación de impuestos coparticipados. Las provincias que no son petroleras y no tienen regalías no votarían semejante cosa. No es seguro que este modelo garantice nada. Si la compañía va a dar pérdidas tampoco pagará por Ganancias.

El Estado en manos kirchneristas no puede mostrar eficiencia alguna en administración del sector privado. Las intervenciones en los mercados de carne, leche, trigo, maíz y yerba no pueden haber sido menos afortunadas. El mercado de hidrocarburos y energía está fuertemente intervenido desde 2003, con resultado de desabastecimiento, déficit y caída de las reservas que ha reconocido -al fin- la Presidenta. ¿Por qué lo haría bien ahora?

Esta es la misma administración en la cual la falta de modernización en la Casa de Moneda produjo un grave desabastecimiento de billetes en diciembre de 2010. El Gobierno piensa, como confesó la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, hacer imprimir billetes en una más que cuestionada empresa privada. ¿Un Estado que no puede imprimir ni sus propios billetes puede manejar la petrolera que es, además, la mayor compañía del país?

LA CRISIS "INVENTADA"

El mismo ministro de Planificación que dijo por años que no había crisis energética, que crecieron la provisión y la producción, que se aumentaron las reservas y que el desabastecimiento de naftas y de gasoil era "un invento" de los diarios independientes ha sido designado interventor en YPF. ¿La razón? Que la Presidenta dice que hay desabastecimiento energético, caída de las reservas, falta de inversión y faltantes de nafta y gasoil. De paso, en el acto del mediodía de ayer, uno de los más entusiasmados era Guillermo Moreno, que años atrás prometió "hacer llover" el gasoil que, según confesó la Presidenta, está escaseando.

Cristina Kirchner también recordó las enormes reservas de gas no convencional ( shale ) que la Argentina tendría. El problema es que para extraerlo hacen falta equipos, inversiones y capital que la Argentina no tiene. La declaración del autoabastecimiento energético en una ley garantiza poco. Se consiguió cuando no estaba en ninguna. ¿Quién aportará el capital y hará las inversiones en un país jurídicamente tan inseguro? Más probable es que la YPF reestatizada, pero operando como compañía privada, se asocie y tenga contratistas que cobrarán pase lo que pase. Sean exitosos o no los negocios. Y si hay pérdidas, serán para las cuentas públicas.

Si es por lo que dicen las leyes, a Enarsa se le encomendaron más tareas que a la "nueva" YPF cuando se la creó, en 2004. Enarsa puede no sólo operar en el mercado hidrocarburífero en cualquier segmento, sino también en el eléctrico. El resultado, dice la Presidenta, es que la Argentina tiene el récord de importación de energía e hidrocarburos. Si el Gobierno no pudo solucionar estos problemas con una petrolera estatal, ¿por qué va a hacerlo con dos?

Trata: Los Zetas compran mujeres en la Argentina

Los narcotraficantes mexicanos han decidido, de un tiempo a esta parte, incursionar en nuevos negocios: al de las drogas sumaron, ahora, la captación de mujeres a las que ubican en antros de toda clase donde serán explotadas sexualmente. De esa ampliación del campo de acción no es ajena la Argentina: corresponsales de los principales carteles del Norte ya están reclutando, por la fuerza o bajo engaños, víctimas en el interior.

Así lo afirmó la periodista y escritora mexicana Lydia Cacho, una de las voces más autorizadas en la temática a nivel regional, de visita en el país para la presentación de su libro Esclavas del poder , en el que ha documentado un exhaustivo mapa de las redes de trata y explotación sexual de mujeres.

"Tengo evidencia clarísima de la presencia de carteles de droga [mexicanos] relacionados con la trata que ya están operando en la Argentina, en Córdoba y en una ruta hacia el norte del país, en muchos casos creando y aprovechando vínculos con pequeñas comunidades provinciales que están en situación de pobreza y cuya economía está dañada. Tanto Los Zetas como el Cartel de Sinaloa ya están aquí. Estos criminales organizados comenzaron a instalarse y están comprando seres humanos", afirmó Cacho, que se presentó el lunes pasado en el hotel Sofitel, patrocinada por su editor, Cristóbal Pera, de Random House Mondadori.

Seis guardaespaldas la acompañan a todos lados todo el tiempo. Y ella misma está en actitud de guardia permanente; su profunda mirada, que ha visto el horror, escruta a conciencia todo lo que se mueve dentro de su campo de acción; nada de lo que sucede a su alrededor le pasa desapercibido. Motivos le sobran: ha sido secuestrada, torturada y la mafia del narco-proxenetismo de México la tiene bajo amenaza de muerte.

Cacho, de 46 años, es capaz de descorrer el velo de un drama que, en nuestro país, parece invisibilizado. "Según estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Crimen [Onudc], en la Argentina hay medio millón de mujeres atrapadas en redes de trata, y existen 8000 prostíbulos, entre ellos los mil verificados en la ciudad de Buenos Aires por la ONG La Alameda. Y es bien conocido, tanto en el país como en el extranjero, que la Argentina tiene toda esa cultura de la prostitución aparentemente normalizada no sólo por la sociedad, sino también por el sistema político."

Sostiene, como para dejar bien claro este último concepto: "La cultura prostibularia no se puede desarrollar sin apoyo y protección política".

"EJERCICIO DE LA CRUELDAD"

Esclavas del poder , el libro que la trajo al país, es fruto de una investigación periodística que le llevó cinco años y que nace de historias de mujeres y niñas que sobrevivieron a su venta a las redes mundiales de trata. Cacho tomó casos en primera persona y los investigó hasta dar con las mafias de tratantes. "En estos cinco años he visto el ejercicio de la crueldad más infame, con niñitas prostituidas, vejadas. Pero también vi gente arriesgándolo todo por salvarlas. Eso me ayudó a no perder la cordura ante tanto horror y a no perder la fe en el condición humana."

Una de las más inquietantes revelaciones que dejó en su conferencia en el hotel Sofitel, además de las relacionadas con la Argentina, fue la de la simbiosis entre las operaciones del narcotráfico y la trata. "Ha habido cambios en los modos de operación de los tratantes. Las investigaciones demuestran que Los Zetas y el Cartel de Sinaloa, por ejemplo, se han metido de lleno en estas operaciones porque vender un ser humano es mucho más redituable que vender droga. Lo dijo un ex traficante detenido en California al que pude entrevistar: un kilo de cocaína lo vendes una vez y a una niña puedes venderla cientos de veces."

La escritora y periodista puso bajo su lupa un caso que, recientemente, tuvo amplia repercusión política y mediática en nuestro país: la denuncia de Lorena Martins contra su padre, el ex agente de inteligencia argentino Raúl Martins, como proxeneta e integrante de una red de trata de mujeres, y la revelación hecha por la mujer de la eventual relación -a través de terceras personas- del ex espía con el actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.

"Expertos mexicanos dicen que si Raúl Martins fuera extraditado a la Argentina la situación de la trata cambiaría en la región, porque hubo un avance en el caso que podría influir en el corredor entre Paraguay, Brasil, Bolivia, México. Los prostíbulos mexicanos atribuidos a Martins siguen funcionando con menos mujeres argentinas, porque ha cambiado el mercado. El mercado lo determinan los clientes y ahora los clientes buscan más cubanas, brasileñas y paraguayas."

EL ROL DE LA SOCIEDAD

A la hora de explicar el posible motivo de esa merma en la captación de argentinas por parte de las redes internacionales de trata, además de aquello tan efímero como "la demanda de los clientes", le bastó un nombre: "Susana Trimarco", madre de Marita Verón, la joven madre desaparecida hace una década y cuyo caso es actualmente objeto de un juicio. Cacho sostiene que a partir de la visibilidad que la lucha de Trimarco y de otras organizaciones de la sociedad civil ha dado a la temática "ha subido el costo para ciertas mafias, al menos en delitos internacionales".

"En América latina la labor de la sociedad civil está por encima de la acción de los Estados a la hora de enfrentar la temática de las redes y la esclavitud sexual, por el movimiento de mujeres y las feministas y las organizaciones civiles. No conozco ningún otro país donde sea tan efectivo el trabajo de la sociedad civil como en la Argentina, aunque nunca encontré un país con tanta resistencia de un Estado a ir contra la trata como el argentino."

Con todo, resaltó algunos avances, como la decisión de prohibir el llamado Rubro 59 en los diarios. "Es una medida que sirve. La psicóloga e investigadora estadounidense Melissa Farley demostró cómo la mayoría de los anuncios de prostitución de los diarios están directamente relacionados con redes de tratantes."

UNA VOZ AUTORIZADA

"Tengo evidencia de la presencia de carteles de droga [mexicanos] relacionados con la trata que ya están operando en la Argentina, en Córdoba y en una ruta hacia el norte del país"

"La Argentina tiene una cultura de la prostitución aparentemente normalizada no sólo por la sociedad sino también por el sistema político. Esa cultura prostibularia no se puede desarrollar sin protección y apoyo político"

"Hubo cambios en los modos de operación de los tratantes. Los Zetas y el cartel de Sinaloa, por ejemplo, se han metido de lleno en estas operaciones porque vender un ser humano es mucho más redituable que vender droga"

La dolorosa traición de los progresistas

Por Jorge Fernández Díaz | LA NACION
Un intelectual progresista, en representación de muchos, sugirió que el escándalo Boudou no era importante. Que siguen apoyando al Gobierno por sus "políticas globales" y que cerrarán filas. Ese pensamiento ruin sintetiza todos los vicios de un sector ideológico que durante años fue la última línea de defensa frente al avance de la corrupción, la impunidad y la prepotencia del poder. Y que ahora ha adoptado la negación, el relativismo moral y el verticalismo más reaccionario.

Se ve que entre las "políticas globales" que apoyan los progresistas del kirchnerismo no figuran la transparencia, la lucha contra la corrupción ni la independencia judicial. Y que las "políticas globales" no pueden seguir defendiéndose mientras el propio proyecto se saca de encima las lacras que lo acechan. Es difícil entender esto último: tienen la insólita idea de que tapando los pecados de su propio gobierno le hacen un favor. El progresismo brasileño, por ejemplo, muestra que esto es un verdadero disparate y que un gobierno se fortalece cuando demuestra su integridad. Dilma Rousseff habló recientemente en Harvard y dijo que "Brasil hace un gran esfuerzo luchando contra la corrupción". Luego añadió que su legado iba a ser dotar al Estado de transparencia puesto que la corrupción era enemiga de "la eficiencia, la meritocracia y el profesionalismo".

No le ha temblado el pulso para deshacerse de colaboradores de turbia gestión. Y los intelectuales y artistas del progresismo de Brasil apoyan fervorosamente las purgas ministeriales, jamás apañan a los sospechosos y no se les pasa por la cabeza la ocurrencia de ver detrás de cada investigación periodística o judicial la mano de una conspiración golpista. Si los progresistas argentinos hubieran vivido en Norteamérica durante los años 70 habrían caracterizado al Watergate directamente como un golpe de Estado.

Pero aquí no estábamos ni siquiera en los inicios de un Watergate. Apenas se llevaban a cabo las diligencias mínimas que están previstas en cualquier democracia para investigar presuntos negociados del poder. Esos negociados -perdón por la herejía- ahora me resultan mucho menos graves que el pavoroso estropicio institucional y político que provocó el Gobierno para taparlos. Con el objeto de limpiar una mancha en una sábana, el Gobierno dinamitó la casa con techo y todo.

El monólogo del vicepresidente y sus acciones posteriores tuvieron como clara intención sacar de la cancha al juez que lo investigaba, cargarse al procurador de la Nación que no supo protegerlo y advertirle a cualquier miembro del Poder Judicial con ánimo de realizar pesquisas alrededor del gabinete nacional, que se arriesgará a hostigamientos públicos y privados, escarnio, denuncias y hasta jurys de enjuiciamiento. "Ningún juez podrá investigarnos, somos intocables, tomen nota", es la traducción libre de todos estos movimientos.

A medida que pasaron los días quedó demostrada, ante la opinión pública, la promiscuidad entre funcionarios nacionales y la corporación judicial. Quedó también patentizado por qué las causas de corrupción contra los funcionarios han entrado siempre en vía muerta. Y por qué en el diccionario kirchnerista "procurador" significa: hombre nuestro que procura que nuestros chanchullos no tengan castigo.

El mensaje hacia jueces y fiscales es amedrentador: el próximo que intente cumplir con su misión será perseguido y bloqueado en su carrera profesional. Aquí hubo una falla de seguridad, echaron a un guardaespaldas de dignos modales y trajeron a un soldado. Ahora el avance de las causas dependerá del coraje individual de algún juez honesto y la investigación periodística volverá a ser un género de la ficción, puesto que no tendrá correlato en la realidad jurídica. Así la Máquina de Triturar Periodistas y Maquillar la Verdad dirá una y otra vez que los casos son un invento de los "medios hegemónicos" y de nosotros, los esbirros de escritorio.

La calidad institucional no gozaba de su mejor momento en la Argentina, pero se cayó varios escalones en estas últimas horas. Ya no se trata de la inocencia o culpabilidad de Boudou. Se trata de algo mucho más grande. Aunque convengamos que el miedo era tan intenso que no trepidaron en tirar por la ventana a un prócer del setentismo acusándolo de tráfico de influencias, ni en revelar diálogos secretos que los autoincriminan política y penalmente con tal de pasar a retiro a Daniel Rafecas.

El Gobierno no podría llevar a cabo este tétrico espectáculo si el progresismo rompiera el silencio y dijera basta. Sé que en esa caudalosa corriente de pensamiento hay muchas personas que están consternadas, pero que callan por temor a ser arrojados fuera del paraíso. O porque ceden a la gastada extorsión de que convalidar disciplinadamente lo abominable es necesario para no ser "funcionales a la derecha". Los cínicos y fanáticos no tienen cura. Pero los kirchneristas de buena fe sí la tienen. Hay miles. Tragan y tragan sapos, sin saber que su voz sería fundamental para que los canallas no se salgan con la suya y para que nuestra sociedad política no se dirija nuevamente a una frustración y a un chiquero. Incluso para mejorar el gobierno que adoran. Mientras no lo hagan, todos deberemos entender que la última línea de defensa se ha quebrado. Y que el progresismo traicionó su propia naturaleza.

Imperdonable escasez de remedios

o que había comenzado como una versión absurda fue creciendo pese a la incredulidad de muchos hasta confirmarse finalmente: las trabas que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, impuso a la importación de ciertos productos abarcan medicamentos que no se producen aquí, vacunas e insumos imprescindibles para la elaboración de varios remedios, además de reactivos y otros componentes. Algunos de esos productos, que ya han comenzado a escasear en las farmacias, se emplean en el tratamiento de algunas enfermedades crónicas, según informó La Nacion el martes pasado.

Ayer, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos advirtió por medio de su titular, Marcelo Peretta, que "no están ingresando algunos medicamentos importados de salida masiva" como "vacunas para el sarampión, paperas, rubéola o neumonía", y tampoco cremas para problemas de piel. En declaraciones recogidas por la agencia DyN, Peretta solicitó que se "garantice el ingreso automático e inmediato" de remedios que carezcan de reemplazos en la Argentina.

Mientras el canciller, Héctor Timerman, minimizaba el tema calificándolo de "un golpe bajo para tratar de que la gente tenga miedo y viva peor", la diputada nacional Elsa Alvarez (UCR, Santa Cruz) pidió que el Gobierno instruya a Moreno para "permitir la importación de medicamentos oncológicos, antivirales para el sida, antiepilépticos y contra el Parkinson, que son los que más escasean en todo el país".

En efecto, el Gobierno quizá no advierte que pone en riesgo la salud de la población con tal de persistir en su improvisado intento de evitar la salida de dólares y que las importaciones superen a las exportaciones. Moreno, suponemos que con la anuencia presidencial, ha recurrido a una estrategia improvisada e infantil que puede resultar peligrosa en el caso de los medicamentos. Pero al mismo tiempo, esta falta de consideración demuestra que, para las autoridades, la ciudadanía parece no contar, salvo cuando se trata de buscar votos, pero pasadas las elecciones ya no se la vuelve a tener en cuenta.

En lo que hace a los elementos medicinales, también estarían escaseando, como informó este diario, catéteres, pañales especiales, un medicamento para la colitis ulcerosa, otro para la epilepsia, iodo importado para el tratamiento de cáncer de próstata y reactivos para ciertos análisis.

Las medidas adoptadas para impedir importaciones parecen no haber tenido en cuenta que el hecho de que un medicamento se fabrique en el país no siempre garantiza que su efectividad sea idéntica a la del mismo producto fabricado en el exterior, porque si bien la droga base es la misma, pueden diferir los excipientes y los mecanismos de elaboración y, por lo tanto, también varían las respuestas de cada individuo. Es por esto que hay pacientes que reaccionan favorablemente ante el remedio importado y no ante el de fabricación nacional.

Es imperdonable que los enfermos o sus familiares deban recorrer una farmacia tras otra con la incertidumbre de si podrán continuar o no su tratamiento porque el Gobierno se excedió en los gastos antes de las elecciones presidenciales y ahora quiere paliar sus problemas de caja sin tener en cuenta la situación de quienes, por padecer de enfermedades graves, necesitan ser tratados con drogas importadas. O la de aquellos que, por falta de ciertos reactivos, no pueden realizarse los análisis indispensables para averiguar si padecen una enfermedad y comenzar el debido tratamiento con la premura del caso.

Este destrato a la sociedad no es nuevo, pero se va incrementando peligrosamente. Ya hemos visto sus trágicas consecuencias en la tragedia ferroviaria ocurrida en la estación Once, debido a la falta de controles efectivos sobre la empresa concesionaria de ese servicio, una firma con sólidos vínculos con algunos funcionarios y ex funcionarios. El saldo fue de 51 muertos y más de 700 heridos.

Otra muestra ha sido el manejo de la tarjeta SUBE por parte de las autoridades: una inexplicable urgencia estatal forzó, mediante una publicidad atemorizante, a millones de argentinos a hacer largas colas durante varias horas para obtenerla antes de vencer los plazos sucesivamente estipulados, sin que hubiera razón alguna para ese apuro.

De la misma manera, se estuvo a punto de encargarle la impresión de billetes a una empresa constituida, a su vez, por empresas cuasi fantasmas, sin respaldo económico y con socios de dudosos antecedentes. Al margen del posible negociado que haya encerrado esa operación, que hoy parece comprometer al vicepresidente, Amado Boudou, y a otros funcionarios, es imposible no reparar en que, de haber prosperado el plan original, se habría corrido el riesgo de la fabricación paralela de billetes mellizos.

Lo que ocurre con los medicamentos es un posible indicio de que las autoridades han perdido contacto con la realidad. Sólo así podría explicarse su accionar.

Capitalismo de ex amigos

Por Carlos Pagni | LA NACION
Forzado por el agotamiento de su política de servicios públicos, el kirchnerismo está inaugurando otra fase del "modelo". El ineficiente capitalismo de amigos cede su lugar a un extraño capitalismo de ex amigos. La masacre ferroviaria de Once obligó a Julio De Vido a anunciar ayer, con todo el dolor del alma, la intervención de TBA, la empresa de la familia Cirigliano. Al mismo tiempo, como la estrategia de ofrecer energía barata se ha vuelto insostenible, colapsó el idilio con la familia Eskenazi, el socio argentino de Repsol en YPF. La posibilidad de que también la petrolera sea intervenida ha puesto las relaciones con España al borde de un conflicto sin antecedentes desde que los santacruceños llegaron al poder.

La crisis que se desató con la tragedia del ferrocarril exhibe a una Cristina Kirchner falta de reflejos. Intentó convertir al Gobierno en parte querellante con la ilusión de ocultar su responsabilidad sobre la calidad de los trenes. Tardó cinco días en pronunciarse sobre esa desgracia. Cuando lo hizo, anteayer, adelantó que no tomaría medida alguna hasta que se expidieran los peritos judiciales, a los que dio 15 días para pronunciarse. La misma Presidenta que se ufana de hacer reinar la política por encima de cualquier otro aspecto de la vida pública, dejaba la crisis del transporte en manos de ignotos expertos tribunalicios, que quedaron sometidos, a partir de ese momento, a una presión insoportable.

Cuando no habían pasado 24 horas, De Vido y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, reaparecieron para comunicar que la Presidenta había intervenido TBA. Se corrigió así el error del día anterior. Pero, para que no se advierta la enmienda, se optó por una bisectriz extravagante: intervenir la compañía hasta que se expidan los peritos.

La resolución cobija una intrigante timidez. Sobre todo si se la compara con los dictámenes de la Auditoría General de la Nación, cuyo titular, el radical Leandro Despouy, denunció irregularidades que justificarían la anulación de la concesión.

Quienes conocen el submundo del transporte atribuyen el retraimiento oficial a la complicidad del kirchnerismo con los concesionarios. Después de oficiar como mecenas de Ricardo Jaime, los Cirigliano se convirtieron en un engranaje principal de la gestión de De Vido. No sólo gestionan ferrocarriles. También proveen los decodificadores que el Estado regala a los usuarios de la TV digital, e importarán el gas de Qatar que Enarsa compraría si encontrara los fondos necesarios. Una relación tan polifacética no se destruye de la mañana a la noche.

Otra razón para que el avance sobre TBA sea muy moderado es que los funcionarios son conscientes de que para un estatismo más audaz carecen de un instrumento indispensable: el Estado. Cada vez que el kirchnerismo se hizo cargo de una compañía, terminó entregando el gerenciamiento a los sindicatos. Sucedió con Aguas Argentinas, con Aerolíneas y también con el sistema ferroviario. Sin ir más lejos, las dos empresas públicas que participarán de la intervención son controladas por dirigentes gremiales. La Sociedad Operadora Ferroviaria, por Juan Araya, un hombre de la Unión Ferroviaria. El vicepresidente es Agustín Especial, de La Fraternidad, la misma organización que maneja, a través de Nicanor Villafañe, la Administración de Infraestructura Ferroviaria.

De todos modos, la propuesta de una intervención cautelar y breve está destinada a sucumbir. Aunque los peritos judiciales determinen que el desastre de Once se debió a una negligencia del maquinista, la tragedia corrió el velo sobre un mar de ineficiencias y malversaciones que demandan, igual, un cambio de gestión. Es el motivo por el cual los especialistas aseguran que la medida anunciada ayer será prorrogada.

La selección del interventor también fue peculiar. Raúl Baridó fue presentado por De Vido como un antiguo técnico de la Sigen. Olvidó referirse a responsabilidades más importantes del irreprochable Baridó. Fue, por ejemplo, la mano derecha de Alberto Abad en la Sindicatura durante la gestión de Carlos Menem. Y se desempeñó como subsecretario de Control Estratégico de la Jefatura de Gabinete, a las órdenes de Miguel Solé y Jorge Rodríguez, en la misma presidencia. Fueron años en que Eduardo Bauzá apadrinaba a Baridó. Ahora que Guillermo Moreno adoptó a Carlos Spadone -ex socio de Menem y de Héctor Magnetto- como baqueano en Angola, el kirchnerismo podría ser menos vergonzoso con su política de recursos humanos. Porque, como se ve en este caso, no todo es La Cámpora.

Al mismo tiempo que se revela la ausencia de un plan ferroviario -la iniciativa oficial más relevante fue el tren bala con que fantaseaban Jaime y algunos empresarios-, la política de energía ideada por Néstor Kirchner alcanzó el último límite. Su viuda ha identificado como responsable central de ese fracaso a la familia Eskenazi, que el propio Kirchner convocó para que adquiriera el 25% de YPF con los dividendos que obtendría en YPF. La Presidenta está convencida de que esa "argentinización", que hasta hace meses bendecía, fue un fracaso. En pocas horas se convencerá de que, más allá de su retórica nacionalista, tampoco fue una "argentinización". La embestida sobre YPF ha comenzado a enfrentarla con el gobierno de Mariano Rajoy.

El nuevo primer ministro de España está al frente de un feroz ajuste que lo obliga a dejar muy en claro que defiende a las empresas de su país. En este caso a la más grande, Repsol, accionista principal de YPF. Los Eskenazi expusieron delante de sus socios, en Madrid, la posibilidad de que mañana, en su discurso ante el Congreso, Cristina Kirchner anuncie alguna sanción contra la petrolera. La acción de la firma se cotizaba ayer 67% por debajo de su valor razonable (ver Economía, Pág. 3).

El canciller José Manuel García-Margallo, tal como publicó este diario, expresó la inquietud frente al posible avance del Estado argentino. Además del pronunciamiento de García-Margallo, hubo movimientos menos visibles. El ministro español de Industria y Energía, José Manuel Soria López, se preparó para viajar a Buenos Aires si el entredicho se profundiza. Y una versión muy confiable, que en Madrid no confirman ni desmienten, hablaba ayer de un llamado del propio Juan Carlos I a la Presidenta para hacerle notar su preocupación. Esa comunicación es verosímil por dos razones. Primera: los funcionarios españoles no encuentran en Buenos Aires un interlocutor oficial para discutir sobre YPF. Todos remiten a la Presidenta. Hasta Héctor Timerman, quien confiesa: "Con Cristina sólo puedo hablar sobre Malvinas". Segunda: en julio de 2006, saliendo del comedor del Palacio de Oriente, el rey dijo a Kirchner, apoyando su mano en el hombro de Antoni Brufau, presidente de Repsol: "En América, él es nosotros". Evo Morales acababa de nacionalizar parte de esa empresa.

El kirchnerismo no podrá enorgullecerse del ingreso de los Eskenazi en YPF, que lideró su propio jefe. El modo en que se organizó la operación, destinando la mayor parte de las utilidades al reparto de dividendos, implicó que la inversión no sería una prioridad para la empresa. Aun cuando los accionistas aleguen que desde 2010 han destinado más recursos a la exploración y explotación. Sin embargo, reducir la inviabilidad de la política energética a la peripecia de esa compañía es confundir lo principal con lo accesorio.

El verdadero problema de la Presidenta es que el congelamiento tarifario ha desalentado la producción de hidrocarburos, forzando a más y más importaciones. El Estado ya no tiene los recursos necesarios para comprar combustibles en el exterior. La tragedia ferroviaria agravó esa restricción: la pretensión de dotar de más recursos al Tesoro reduciendo los subsidios, en especial los del transporte, murió también en Once.

La tragedia mostró que hace falta otro Estado

Por Enrique Szewach
El transporte ferroviario requiere mucha inversión de capital y, además, dicho capital es indivisible: puedo armar una vaquita con tres amigos, comprarme una combi, y prestar el servicio de transporte entre Moreno y Once, pero no puedo, aunque costase lo mismo, comprar una locomotora y un vagón, y meterlo en la vía y prestar el mismo servicio.

Mientras fue un “monopolio” tanto en el transporte de pasajeros como en el de carga, el sector privado, en la medida en que tuviera detrás un gran mercado de capitales estable, pudo participar de este negocio. Cuando surgieron las autopistas y el transporte automotor, y cuando el sistema productivo de “just in time” y los nuevos canales de distribución le dieron preeminencia al transporte de carga por camión, por ser mucho más flexible y adaptable, el tren quedó relegado a transportar commodities a granel, en largas distancias y fue reduciendo su papel como transportador de pasajeros, mientras la inversión se fue concentrando en el Estado, único capaz de poner dinero a largo plazo, a pérdida.

El tren está retrocediendo en todo el mundo porque, pese a ser más eficiente y menos contaminante, para transportar pasajeros requiere mucha inversión pública, que sólo pueden hacer, y muy limitadamente, países que tienen mercados de capitales profundos en sus propias monedas y reputación para colocar deuda. Los países cuyos bancos centrales, en lugar de defender el crédito y la moneda, se dedican a recaudar el impuesto inflacionario y ser un apéndice del Tesoro, destruyen el mercado de capitales en moneda local y, por lo tanto, no pueden financiar inversión de largo plazo ni colocar deuda. (Ni que hablar si tienen mala reputación como deudores.)

Le doy algunos números. Europa, datos al 2006, transporte de carga: 46% en camión, 11% en ferrocarril. Pasajeros: automotor 83%, ferrocarril: 7%.
Entre 1990 y 2005, en Europa se levantaron 15 mil km de vías férreas; en Estados Unidos, 38.500 km. En 1930, la red norteamericana de ferrocarriles era de 418 mil km. Hoy es de 154 mil km.

El ferrocarril, en el mundo europeo que podía, antes de la crisis, darse el lujo de inversiones públicas faraónicas, financiadas en sus mercados de capitales, es un transporte para clase media y alta, que puede pagar pasajes caros, dado que se ha perdido la posibilidad de subsidiar con el transporte de carga. Esos pasajes relativamente caros permiten una combinación de subsidio público y pasaje pagado por el privado más o menos sustentable. Los sectores de menores recursos no viajan en tren, viajan en ómnibus, que requieren menos inversiones.

En la Argentina, el Estado populista, que predomina desde hace décadas en diversas formas, invierte muy poco en infraestructura pública, no cuenta con un mercado de capitales de largo plazo, ni para los privados ni para los gobiernos. Entonces, gasta lo que “sobra” en cada ejercicio, en base a urgencias o conveniencias políticas. Sin prioridades ni pensamiento estratégico y todo es táctica y “anuncios”. Ejemplos del caso ferroviario: el soterramiento del Sarmiento se licitó en 2006 y todavía no hay nada. También en 2006, se licitaron 25 trenes de doble piso; sólo se hicieron cuatro. Ni que hablar de renovación de vías o cosas más estructurales.

Se vive del capital pasado y se “ata con alambre” lo que hay. Encima, este gobierno decidió regalar el boleto, que sólo financia un sexto del costo total, y darles los fondos directamente a los concesionarios –que los usan para financiar aumentos de salarios (el 70% del subsidio), para una asociación ilícita y ahora criminal–, con los que los tiene que controlar y lo que queda no debe ser más que el 10% del total, para hacer el mínimo mantenimiento. El transporte por tren es, por lo tanto, para los pobres, mientras las clases media y alta viajan en muy buenos micros de larga distancia, o en automóvil o en avión.

El Estado populista gasta en aviones para ricos, y en fútbol y TC para todos. Viajar en tren es muy barato –de hecho, paga el que quiere–, pero, obviamente, el servicio es pésimo y con deterioro creciente, y el viaje se ha convertido en una ruleta rusa colectiva.
La solución no es estatizar el servicio, porque ya está estatizado.
La solución pasa por invertir y mucho. Y para ello hace falta, claramente, otro Estado. Este mata.

El Gobierno, entre el populismo y la victimización

Por Fernando Laborda | LA NACION
La respuesta del gobierno nacional a la tragedia ferroviaria ocurrida en la estación Once no fue otra que su propia victimización.

El primer indicador de esta estrategia, recurrente en el oficialismo, fue la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de instruir a Julio De Vido para que el Estado nacional se presente como querellante en la causa judicial abierta. De este modo, si la justicia federal accediera a su pedido, el Gobierno difícilmente podría ser investigado como presunto corresponsable de lo sucedido junto con el grupo concesionario de la ex línea Sarmiento.

El Gobierno busca así eludir cualquier costo político, equiparándose con las verdaderas y únicas víctimas de la masacre de Once, cuando en sus filas haya probablemente más de un potencial responsable de la tragedia.

Habrá más consecuencias políticas, seguramente. Desde la anulación de la concesión a la empresa TBA, del grupo Cirigliano, hasta la salida del ya impresentable secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y del subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, todo es posible.

El desgraciado hecho ocurrido, al igual que otros luctuosos acontecimientos evitables, es el resultado de un cóctel mortal: deterioro de los trenes, ineficacia en los controles e insuficientes inversiones.

La responsabilidad del gobierno kirchnerista en la tragedia es ineludible. Se ignoraron denuncias de la Auditoría General de la Nación y elementales demandas de los usuarios sobre el deterioro del servicio y de la seguridad ferroviaria y, por sobre todas las cosas, se mantuvo durante casi nueve años una política equivocada. Una política sustentada en un populismo que se advierte en la existencia de tarifas congeladas desde hace años frente a costos operativos y salariales que se multiplicaron. La compensación pasó por subsidios del Estado que sirvieron para paliar esos costos y vaya a saber qué otras cosas, pero no para hacer las inversiones de infraestructura indispensables.

La tragedia de la estación Once es el mejor ejemplo del fracaso de un capitalismo de amigos basado en la subsidiocracia.

Por lo visto, el Gobierno descargará en las próximas horas toda la responsabilidad en TBA, pese a que hasta anteayer tenía a los hermanos Cirigliano entre sus empresarios favoritos. Y la concesionaria buscaría responsabilizar al conductor del tren. Nadie hablará del fracaso de una política basada en la creencia de que se puede vivir con lo nuestro, que consolidó el atraso tecnológico, y en la discrecionalidad para favorecer a los empresarios amigos.

La victimización y la costumbre de echarle siempre la culpa al otro podrían llegar también al denominado "Boudougate", sólo que ante este escándalo los responsables para el Gobierno serán los "medios opositores". Frente a las campañas mediáticas, sólo cabe el silencio, de acuerdo con la estudiada estrategia oficial. Una actitud que ni siquiera permite explicar por qué se pensó en contratar a los nuevos dueños de la vieja Ciccone Calcográfica para imprimir 300 millones de billetes de cien pesos que la Casa de Moneda no tiene capacidad de producir, en lugar de imprimir billetes de 500 pesos sin recurrir a empresas amigas y a un costo infinitamente menor.

Enigmas que nadie responde

Por Hugo Alconada Mon | LA NACION
Dos semanas y dos días después de que la esposa de Alejandro Vandenbroele identificara a este amigo de Amado Boudou como "testaferro" del vicepresidente, el Gobierno mantiene un notorio silencio público sobre el escándalo del "caso Ciccone". Un silencio que, combinado con numerosas revelaciones, acrecienta dudas que no paran de acumularse.

¿Cómo hizo Vandenbroele para adquirir la ex Ciccone Calcográfica, la principal imprenta gráfica del país, primero como monotributista y luego con ingresos declarados de menos de $ 15.000 por mes?

¿De dónde sacó Vandenbroele los $ 567.000 que depositó, en efectivo, en una cuenta judicial en la sucursal Tribunales del Banco Ciudad para empezar a levantar la quiebra?

¿Por qué la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consintió el levantamiento de la quiebra que ella misma había solicitado a la Justicia semanas antes?

¿Por qué la AFIP le concedió un plan de pagos "excepcional", con una tasa de interés real negativa respecto de la inflación -incluso la del Indec- y con más cuotas de lo habitual?

¿Por qué el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, avanzó sobre la firma que alquilaba con la venia judicial la imprenta de la quebrada Ciccone hasta lograr su entrega a los nuevos dueños de la firma?

¿Por qué la empresa London Supply SA depositó $ 1,8 millones "por cuenta y orden" de Vandenbroele para levantar la quiebra si no es socio, acreedor ni mantiene otro vínculo con el abogado monotributista ni con su firma The Old Fund SA?

¿Por qué London Supply no salió a explicar su rol, ni el de su director Miguel Angel "Mickey" Castellano -amigo de la juventud de Boudou- en el resurgimiento de la ex Ciccone?

¿Por qué Vandenbroele colocó como representante de dos de sus sociedades a un jubilado de 75 años del conurbano bonaerense y a un tucumano cuya familia dice ignorar de qué se le habla?

¿Quiénes son los accionistas dueños de la misteriosa sociedad The Old Fund SA?

¿Quiénes son los accionistas de Searen SA, la sociedad dueña del departamento de medio millón de dólares en el complejo Madero Center en el que vive Boudou?

¿Cuál es el vínculo entre Searen SA y London Supply, unidas por dos sociedades compartidas, en las que "Mickey" Castellano figura como director y fijaron domicilio legal en la oficina central de London Supply?

¿Por qué el vicepresidente se reunió con Vandenbroele a mediados del mes pasado, en medio de la pelea definitiva del abogado monotributista con su esposa, Laura Muñoz, quien días después salió a la luz para acusarlo de ser el "testaferro" de Boudou para "negocios no tan claros"?

¿Por qué Vandenbroele y el socio comercial y padrino de casamiento del vicepresidente, José María "Nariga" Núñez Carmona, invocaron el nombre de Boudou ante acreedores, banqueros, empresarios, gremialistas y trabajadores para anticipar nuevos contratos del Gobierno cuando tomaron el control de la ex Ciccone?

¿Cómo logró la "nueva" Ciccone obtener el contrato para imprimir las boletas electorales del Frente Para la Victoria (FPV) para las primarias si carecía de las maquinarias para concretar ese negocio?

¿Por qué la Casa de Moneda, bajo el control de una funcionaria cercana a Boudou, recomendó a la ex Ciccone ante el Banco Central si su oferta era menos ventajosa que las propuestas recibidas desde Brasil y, antes, por Boldt?

¿Boudou nunca se enteró ni le contaron que su socio comercial y otro amigo de su juventud en Mar del Plata invocaron su nombre, acaso en vano, en repetidas reuniones de negocios?

Se agotó la paciencia

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION
El Gobierno no dice nada. El vicepresidente no aclara ni desmiente ni confirma. Un fiscal empezó a actuar, tarde y con el paso cansino. Una de las más conocidas empresas de impresión de billetes cayó en poder de un amigo de juergas juveniles del vicepresidente. Una mujer, en proceso de divorcio de aquel amigo, lo acusa a éste de ser testaferro del vicepresidente. Los diarios derraman información cotidiana sobre el vínculo personal de Amado Boudou con los que controlan esa firma, la ex Ciccone Calcográfica. No importa. Silencio.

¿No pasa nada, entonces? Ayer pasó algo. El gerente general del Banco Central, Benigno Vélez, renunció a su cargo, uno de los más importantes del sistema financiero y del equipo económico. Vélez es el hombre en el que Boudou confió en el Banco Central, en sus tiempos de ministro de Economía, para hacerle la vida imposible a la presidenta de la institución, Mercedes Marcó del Pont. Vélez cumplió acabadamente con la función que le encomendó su amigo ministro. Resulta, sin embargo, que ahora Vélez firmó la autorización técnica para que Ciccone se hiciera cargo de la impresión de billetes de 100 pesos al precio de unos 50 millones de dólares.

El Banco Central dijo ayer, en un comunicado, que Vélez se fue porque tiene otro destino en el Gobierno. Es improbable que exista otro lugar de tanto brillo, vacante al menos, como la gerencia general del banco que ejerce la autoridad monetaria del país. También puntualizó en ese documento que la adjudicación para imprimir billetes es una facultad del directorio y no del gerente general. Es una aseveración cierta, pero hipócrita. El directorio adjudica luego de la aprobación de los funcionarios del banco. Vélez había firmado la aprobación técnica. Ningún directorio adjudica obras o compras en el vacío.

Boudou debería abstraerse de ese comunicado zalamero y formal. Su situación se empieza a complicar. Marcó del Pont es una alumna dilecta del poderoso Guillermo Moreno; tal vez se convirtió al morenismo más por necesidad que por convicción. Perseguida y descalificada por Boudou, no tuvo nunca más remedio que recostarse sobre alguien más poderoso que Boudou. Sólo estaba Moreno, que viene acusando al vicepresidente, en conversaciones con cualquier interlocutor, de tener poca conciencia de los rigores de la moral pública. Lo vincula frecuentemente con el banquero Jorge Brito y tiene, dice, buena relación con la familia Eskenazi. Brito y los Eskenazi han pasado a integrar desde hace poco tiempo el amplio paisaje de la demonología kirchnerista. Fueron parte de los empresarios amigos hasta entonces.

En la dura interna del oficialismo, Moreno acaba de fulminar a otra pieza de sus adversarios. Pero, ¿es sólo Moreno? Ni el secretario de Comercio ni Marcó del Pont dispararían tan cerca del vicepresidente sin el consentimiento de Cristina Kirchner. Boudou es, quiérase o no, la segunda figura de la República por una decisión personal y exclusiva de la Presidenta. Es verdad, por lo demás, que Boudou venía siendo seriamente objetado por el círculo más íntimo de Cristina. Esto es: por su hijo Máximo y por el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Nunca perdonaron la frivolidad manifiesta del vicepresidente ni su predisposición a ostentar inexplicables riquezas.

La decisión no fue fácil. Quizá porque la desgracia de Boudou habla mal también de la capacidad presidencial para elegir a sus colaboradores. De hecho, el vicepresidente estuvo hasta hace poco protegido por el manto de impunidad judicial y mediática que provee el kirchnerismo a sus militantes. Un fiscal comenzó a averiguar si hay algo de cierto en todo el asunto sólo 15 días después de que se conocieron las primeras informaciones sobre la oscura propiedad de la empresa Ciccone. Un adversario del Gobierno se hubiera visto frente a tres fiscales con vocación de hurgar penalmente en el escándalo en apenas 24 horas. El fiscal Carlos Rívolo fue instruido para moverse por el juez Daniel Rafecas, luego de una perentoria presentación del abogado Ricardo Monner Sans. Ningún fiscal actuó de oficio ni cumplió con su deber.

Novedades
Eso no fue una novedad. El gobierno kirchnerista se resistió siempre a soltarles la mano a sus funcionarios más sospechados de prácticas corruptas. ¿Cuánto tiempo soportó, por ejemplo, Ricardo Jaime? Una novedad fue, en cambio, lo de ayer. Sólo hay dos alternativas para la noticia de que un funcionario cercano a Boudou haya tenido que renunciar: o el vicepresidente está políticamente peor de lo que parece o el Gobierno considera que la situación del vicepresidente es realmente comprometida. Es probable que se trate de una mezcla de las dos cosas.

"La Presidenta no está bien con Boudou desde que se enteró de los aumentos a los legisladores, que él promovió, y de los gastos que hizo para destruir el histórico despacho de los vicepresidentes en el Senado", dijo una fuente con acceso a la jefa del Gobierno. "Ni el menemismo se atrevió a tanto con los sitios históricos", deslizó otro funcionario. El problema de Boudou no es sólo Ciccone, aunque éste sea el más grave y el más difícil de explicar. Su problema es que el caso Ciccone agotó la paciencia del núcleo duro del kirchnerismo. El cargo de Boudou es inamovible, salvo que mediara una renuncia o un juicio político. Su situación debe analizarse, por lo tanto, por lo que sucede con los funcionarios que él designó en la administración, que sí pueden ser relevados.

Por otro lado, ¿cuánta paciencia se necesitaría para que ésta no se agotara? Por denuncias menos probadas, Dilma Rousseff echó a varios ministros de su gabinete. Por un caso infinitamente menor (haber aceptado el regalo de unas vacaciones por parte de un empresario) acaba de renunciar el presidente de Alemania.

Sin embargo, Boudou habría mantenido el favor oficial si su caso fuera una decisión compartida por la aristocracia del kirchnerismo. No lo es. Por lo que se sabe hasta ahora, Boudou abrió solo el tesoro oculto de Ciccone y solo tomó del brazo a empresarios y banqueros que luego cayeron bajo el odio implacable del kirchnerismo.

"Tiene que imitar al ex presidente alemán"
El diputado nacional Gerardo Milman, de GEN, sugirió ayer que el vicepresidente Amado Boudou debería considerar la renuncia a raíz de sus vínculos con los dueños de la ex Ciccone Calcográfica. "De probarse la relación con todos estos señores que han tenido la rara virtud de hacerse millonarios a través de contratos la mayoría de las veces desventajosos para el Estado Nacional, el señor vicepresidente de la Nación debería tomar el ejemplo del ex presidente de Alemania que, ante las sospechas, renunció a su cargo para no comprometer el honor de su propio país", expresó Milman en un comunicado.

Otra insólita inscripción en una nueva sociedad de Vandenbroele

"Acá no funciona absolutamente nada de eso", replica, seca y desconfiada, María Laura Martí, desde su casa de San Miguel de Tucumán. En los papeles, su vivienda es el domicilio legal que fijó la sociedad anónima que trajeron de España el nuevo dueño de la ex Ciccone Calcográfica y el deudor declarado del vicepresidente Amado Boudou.

Constituida en marzo de 2007, en Madrid, Agroibérica de Inversiones SA comenzó su desembarco en la Argentina pocos meses después. Pero en vez de instalarse en la ciudad de Buenos Aires sus socios optaron por Tucumán. Y fijaron el domicilio legal de la firma en la calle San Miguel número 623, de la capital tucumana.

"Ese dato es erróneo. No tenemos nada que ver con esa firma", insiste María Laura, a cuyo nombre figura el teléfono de la casa, ante la consulta de LA NACION. Pero no es ella sino Alejandro Antonio Martí, de 65 años, quien figuró en el Boletín Oficial de la provincia, en febrero de 2008, como uno de los dos representantes legales de la firma, en ese inmueble.

Como reveló LA NACION hace diez días, otra sociedad vinculada con el nuevo dueño de la ex Ciccone, Alejandro Paul Vandenbroele, registra la misma práctica al constituirse. Ocurrió lo mismo con el jubilado por el haber mínimo Carlos Schneider, de Longchamps, en el conurbano bonaerense.

Schneider, un ex marino mercante de 75 años aficionado a apodar "Piluso" a quien se le ponga enfrente, figura ante la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense como el rostro visible del fondo holandés Tierras International Investments CV, que a su vez controla la firma argentina The Old Fund SA, con la que Vandenbroele, quien figura como abogado monotributista ante la AFIP, tomó las riendas de la imprenta gráfica más importante del país.

En Tucumán se repitió la historia. O fue su precedente, aunque María Laura no quiere aportar ningún dato sobre Alejandro Martí. "Con la inseguridad que se vive, y el tema de que estamos hablando, dejémoslo así", dice, luego de que LA NACION le explicó el motivo de la consulta.

El otro supuesto representante legal de Agroibérica de Inversiones es Sandro Luis Molinari, de 66 años, quien declaró como domicilio personal un departamento en la Capital Federal. LA NACION procuró contactarlo ayer, pero no respondió las llamadas.

De los registros oficiales surge que la Justicia también afrontó dificultades para ubicarlo. Durante 2002, por ejemplo, un Juzgado en lo Comercial terminó por publicar edictos para intimarlo a que se presentara en un juicio por deudas "bajo apercibimiento de designársele defensor oficial".

La sociedad que en teoría Martí y Molinari representan desde Tucumán se constituyó con un objeto social amplio: elaborar, distribuir, comerciar, importar y exportar alimentos y bebidas "y todo tipo de productos". También, comprar, administrar y vender bienes y "participaciones sociales de empresas", y también la "gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español".

EL DEUDOR DE BOUDOU

Al constituirla, sin embargo, Vandenbroele, criado entre Florencio Varela y Mar del Plata, donde conoció a Boudou y al socio comercial del vicepresidente, José María Núñez Carmona, se presentó como extranjero, con pasaporte belga y con domicilio en la calle Lagasca de Madrid, en la misma dirección que la "oficina asociada" del estudio jurídico Alfaro Abogados.

Vandenbroele tomó, además, el control de la sociedad, constituida con 60.800 euros y 608 acciones. El se quedó con 602 de ellas (el 99,1% del total), mientras que su socio, Fabián Carosso Donatiello, se quedó con el 0,9% restante. Es decir, seis acciones.

Carosso Donatiello sí se presentó en la sociedad como argentino, aunque por entonces radicado en Madrid. Sólo luego retornó a la Argentina y comenzó a alquilar un departamento que pertenece a Boudou, quien lo declaró su deudor, por $ 10.000, en la última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA), a mediados del año pasado.

En Tucumán, los Martí afirman que no saben nada de esto, ni quieren saberlo, cuando LA NACION insiste con algunas preguntas, una desconfianza que se replicó cuando un cronista del diario La Gaceta fue hasta el vecindario.

"Si tuviera algo que ver con Boudou no manejaría un auto como el que tengo", replicó un hombre que se presentó como el dueño de la casa donde la sociedad fijó su domicilio, pero que se negó a dar su nombre. La casa, humilde, de una sola planta, con rejas de metal y telas de araña en el timbre, denotaba poco movimiento.

El Gobierno tiene cada vez menos controles externos

Por Laura Capriata y Paz Rodriguez Niell | LA NACION
Son organismos clave que tienen a su cargo controlar las cuentas públicas, revisar la actuación de los funcionarios nacionales y detectar casos de corrupción. Pero, lejos de funcionar como inspectores aguerridos del cumplimiento de la ley, están hoy en crisis o al borde de la parálisis.

La Defensoría del Pueblo, que debe proteger a los ciudadanos de los abusos de los gobernantes, y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), llamada a perseguir delitos y faltas de los funcionarios, atraviesan una situación muy parecida: llevan casi tres años acéfalas, perdieron toda visibilidad pública y abandonaron, sin disimulo, su intervención en los casos sensibles para el poder. En la Auditoría General de la Nación (AGN), máximo responsable de vigilar cómo se usan los fondos públicos, el futuro es incierto. Su presidencia está en manos del partido opositor con mayor representación parlamentaria (la UCR), pero el radicalismo anunció la semana pasada la salida de su titular, Leandro Despouy, autor de varios informes que cuestionaron al poder en la última década. Presionada por toda la oposición y también internamente, la UCR dio marcha atrás con la decisión, que quedó en suspenso.

"Más allá de la buena tarea de Despouy, la AGN depende del Congreso, y allí el control no es una prioridad. Esto erosiona erosiona su tarea", señaló a LA NACION Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

En los organismos de control interno de la Administración Pública (los que dependen del Poder Ejecutivo) el panorama no es más alentador.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) retiró de su página de Internet la publicación de todos los informes de control del Gobierno y se enfrentó con la AGN cuando se negó a brindarle más de 300 expedientes, un caso que terminó en la Justicia con un fallo en contra de la Sigen.

El otro contralor interno es la Oficina Anticorrupción (OA), desde 2009 en manos del dirigente kirchnerista Julio Vitobello. La OA había perdido poder desde antes, cuando el entonces ministro Aníbal Fernández hizo que sólo fuera posible iniciar investigaciones o pedir información a otro organismo con la firma del titular de la oficina.

"La OA tiene dos funciones: prevenir e investigar, y la segunda tarea no la cumple. No la vemos como querellante en las causas de corrupción que involucran a esta gestión, y durante otros gobiernos sí lo hacía", apuntó Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano, dedicada a promover la transparencia.

Creados en la reforma constitucional de 1994, la figura y el perfil del defensor del Pueblo cambiaron desde que se fue su último titular, Eduardo Mondino, en abril de 2009 (ver aparte). Su desaparición de la escena pública se nota especialmente ahora, con el incremento de las tarifas y la quita de los subsidios de los servicios públicos.

Durante sus diez años de gestión, Mondino había impugnado las renegociaciones de los contratos de servicios públicos y presentado amparos contra los aumentos de transportes y servicios. Fue designado por la Corte Suprema para monitorear la limpieza del Riachuelo, que él había reclamado, y pidió un fallo colectivo que igualara a todos los jubilados con el fallo Badaro.

Cuando se fue, quedó a cargo de la Defensoría el adjunto primero, Anselmo Sella, un peronista cordobés que había llegado con Mondino, pero que bajó el perfil mediático del organismo y evita confrontar con el Gobierno. Su estrategia fue correrse de los grandes temas nacionales y provincializar el organismo, abriendo sedes en todo el país, que se ocupan de los problemas locales. "Antes la Defensoría tenía un perfil político, ahora mantenemos nuestra independencia", explicó Sella.

ATRIBUCIONES RECORTADAS

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas también cumplirá tres años vacante. En marzo de 2009, su entonces titular, Manuel Garrido (hoy diputado por la UCR), denunció que el procurador Esteban Righi le había recortado sus atribuciones para investigar la corrupción y renunció.

Garrido había impulsado causas penales de alta trascendencia política, como los presuntos sobornos de Skanska, la manipulación de los números del Indec, el llamativo incremento patrimonial de Ricardo Jaime y el supuesto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner.

Desde su renuncia, su cargo fue cubierto por un subrogante, Guillermo Noailles, a quien no se le conoce denuncia alguna contra funcionarios de alguna jerarquía. El organismo ya no publica en Internet sus denuncias y su último informe de gestión anual disponible es de octubre de 2010.

La actuación más conocida de Noailles fue en el caso que investigaba el incremento del patrimonio de los Kirchner durante 2008, cuando los bienes declarados por el matrimonio presidencial aumentaron 28 millones de pesos (ver aparte).

El juez federal Norberto Oyarbide cerró la causa con una celeridad pocas veces vista y Noailles decidió no apelar, pese a que un informe de peritos contadores de la FIA le había advertido sobre 25 inconsistencias en lo declarado por los Kirchner.

"Asistimos a un lento declinar de estas agencias. Que treinta años después de haber recuperado la democracia sigamos pensando que el voto es la única forma de controlar al Gobierno es de una pobreza institucional llamativa", dijo a LA NACION Gustavo Maurino, uno de los directores de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Para Herrero, no hay "una visión estratégica de la importancia de los organismos de control y el efecto va a ser duradero, más allá de este gobierno, porque revertir esta cultura en las agencias estatales es costoso".

En opinión de Charosky, el problema es que la dirigencia no ve los organismos de control como patrimonio del Estado y de la sociedad. "La oposición cree que es una herramienta de acción política y el Gobierno busca neutralizarlas para que no molesten su discrecionalidad, cuando lo que deberían buscar son acuerdos mínimos para hacer un esquema de controles común."

EL PERSONAJE EN DISCUSIÓN

LEANDRO DESPOUY
Presidente de la AGN
El cargo corresponde al partido de la oposición con mayor representación parlamentaria, la UCR. El presidente del partido, Mario Barletta, impulsa su reemplazo.

LAS PIEZAS DEL DESCONTROL

Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)
Es el órgano de la Procuración General de la Nación encargado de investigar delitos de corrupción en la administración pública nacional. No investiga a funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial.

Acefalía
El mes próximo cumple tres años vacante, luego de la salida del actual diputado nacional Manuel Garrido, que denunció que el procurador general, Esteban Righi, había recortado las funciones de la FIA.

Defensoría del Pueblo de la Nación
Bajo la órbita del Congreso, se ocupa de defender los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a eventuales abusos de parte de la administración pública nacional.

Vacante
El cargo está vacante desde abril de 2009, cuando finalizó el mandato de Eduardo Mondino. Su nombramiento depende del Congreso. Pero el oficialismo, que hoy tiene mayoría, nunca hizo nada por ocupar la vacante.

Oficina Anticorrupción (OA)
Tiene funciones análogas a la FIA, pero opera bajo la órbita del Poder Ejecutivo. También se encarga de la elaboración de políticas de transparencia para prevenir casos de corrupción.

Limitaciones
Como jefe de Gabinete, Aníbal Fernández limitó el trabajo de sus investigadores: dispuso que todos los pedidos de información debían llevar la firma del titular del organismo, el kirchnerista Julio Vitobello.

Sindicatura General de la Nación (Sigen)
Es el órgano de control interno de la administración pública nacional. Está obligado a informar al Poder Ejecutivo y a la opinión pública.

Sin transparencia
Retiró de su página de Internet los informes de control del Gobierno. También le negó esa información a la AGN, por lo que el organismo que dirige Despouy le inició una demanda que terminó con un fallo judicial en contra de la Sigen.

Auditoría General de la Nación (AGN)
Es el máximo órgano de control de las cuentas públicas. Depende del Congreso, al que remite sus informes de auditoría con los que el Poder Legislativo ejerce su función de control sobre el Poder Ejecutivo.

Incertidumbre
Su futuro es incierto: por una disputa interna en la UCR, el principal partido de oposición parlamentaria, no se sabe si su titular, Leandro Despouy, continuará al frente del organismo

Boudou, más ligado a Ciccone

Por Hugo Alconada Mon | LA NACION
El lujoso departamento de Puerto Madero en el que vive el vicepresidente Amado Boudou está registrado a nombre de una sociedad vinculada estrechamente con la empresa que pagó $ 1,8 millones para levantar la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica . Esa operación, en octubre de 2010, permitió que la mayor imprenta del país quedara en manos del monotributista Alejandro Vandenbroele , amigo del entonces ministro de Economía.

La relación de Boudou con la firma Searen SA, titular del departamento valuado en más de medio millón de dólares de Madero Center en el que vive el vicepresidente, aporta un nuevo dato clave en el "caso Ciccone" . Constituida en 2006, Searen SA es una sociedad de extremo bajo perfil, a diferencia de su presidente. Se trata de un conocido contador del mundillo político y futbolístico, Daniel Jorge Razzetto, que confirmó que Boudou vive en ese exclusivo departamento, ante la consulta de LA NACION.

Profesor de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Razzetto presidió el club Quilmes cuando desembarcó el Grupo Exxel para su fallido gerenciamiento y continuó hasta 2006. Ahora, acompaña a Aníbal Fernández en el club como uno de sus tres vicepresidentes.

Más relevante, Searen SA es socio en dos empresas de la firma London Supply, que depositó $ 1,8 millones para que la Justicia en lo Comercial levantara la quiebra de la ex Ciccone. Y lo hizo, según consignó el vicepresidente de London Supply por escrito, "por cuenta y orden" de Vandenbroele, el amigo de Boudou al que su esposa, Laura Muñoz, señaló como su presunto "testaferro".

Vendenbroele desembarcó en la imprenta y obtuvo negocios vinculados con el kirchnerismo, mientras puja, con apoyo de Boudou, por obtener la impresión de la mitad de los billetes de $ 100 que el Banco Central debe colocar en la calle este año.

Desde que ese millonario aporte para levantar la quiebra salió a la luz, London Supply optó por no responder a las consultas de LA NACION. Dejó trascender que no desea ser la primera voz que salga al ruedo, antes de que lo haga el propio Boudou o algún vocero del Gobierno.

Sin embargo, tres fuentes al tanto de lo que ocurre dentro de la empresa familiar aportaron datos sobre esa decisión. Uno de ellos indicó que el presidente de London Supply, "Teddy" Taratuty, sería el verdadero dueño detrás de Searen SA. Otro informante apuntó al plano personal. "El que preside es «Teddy», pero un sobrino que integra el directorio, «Mickey» Castellano, es amigo de Amado y es íntimo de su hermano, Juan Bautista Boudou", dijo. "Se conocen desde hace décadas de Mar del Plata", detalló, lo que confirmó el tercer informante a LA NACION.


Al igual que su hermano, Juan Boudou también fijó domicilio en Puerto Madero, tras vivir varios años en Estados Unidos. Se marchó a San Diego, California, mientras afrontaba varios juicios por deudas en Mar del Plata, según consta en registros judiciales que cotejó LA NACION. Volvió al país a medida que su hermano mayor ganó peso político.

La propiedad de Searen SA sobre el departamento que habita Boudou figura también en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal. Se trata de la matrícula 21-86/219, tras la compra de noviembre de 2008 por 500.000 dólares.

CUESTIÓN DE "M" O "N"

El propio Boudou detalló una relación con esa sociedad. En la última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA), correspondiente a 2010, el entonces ministro de Economía consignó una deuda por $ 12.000 con "Searem SA", con "m" final en vez de "n".

Esa empresa, "Searem" no figura en los registros comerciales, así como tampoco en los boletines oficiales de la Nación, Capital Federal y Buenos Aires, entre otra docena de provincias consultadas. Por el contrario, aparece una sola sociedad "Searen". Es la sociedad anónima que constituyó el contador Razzetto en 2006, mientras aún presidía el Quilmes Athletic Club, junto a Néstor Juan de Lisio, uno de sus socios en el estudio contable y de auditoría que lidera.

La presencia de Boudou en el complejo Madero Center, en tanto, también surge de los registros comerciales, ya que su pareja, Agustina Kampfer, fijó su domicilio en ese departamento del 7° piso al constituir la firma Ediciones del Copete SRL para el lanzamiento de sus revistas.

Madero Center es un complejo edilicio de alta gama ubicado en Puerto Madero, junto al dique y frente al hotel Hilton, en un proyecto con servicios de "un hotel de 5 estrellas" que emprendieron las firmas Urban Yard y Proa del Puerto junto al Banco Macro. A través del fideicomiso Macro Fiducia SA, el banquero Jorge Brito le vendió dos departamentos y ocho cocheras en el complejo que incluye piscinas cubiertas y descubiertas, solarium, gimnasio y otras "amenities" a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La operación se concretó por un monto superior a los 2 millones de dólares.

La presencia del Macro va más allá. Un ex ejecutivo de primera línea, Máximo Lanusse, renunció a su puesto como gerente administrativo del banco para asumir como vicepresidente y director titular en la ex Ciccone, rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana SA. En la nueva firma comparte el directorio con Vandenbroele, quien sacó a la ex Ciccone de la quiebra a través de la sociedad The Old Fund, a la que el Banco Macro ya le había concedido un préstamo, aunque por $ 30.300, días después del aporte en el expediente por $ 1,8 millones de London Supply, la socia de Searen SA