La erosión de la democracia

Por Andrés Oppenheimer | LA NACION Disculpen el atrevimiento, pero Brasil, la Argentina, Colombia y otros varios países latinoamericanos tienen mucha de la culpa por la reciente salida forzada del ex presidente paraguayo Fernando Lugo: han permanecido en silencio ante tantas violaciones a la democracia en Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba que han contribuido a crear un clima de "vale todo" en la región. La defensa selectiva de la democracia de muchos países latinoamericanos -que ponen el grito en el cielo cuando presidentes de derecha atropellan las libertades democráticas, pero no dicen una palabra cuando presidentes de izquierda hacen lo mismo- ha dado como resulto una constante erosión de la democracia. El nuevo gobierno paraguayo de Federico Franco, que fue suspendido del Mercosur, argumenta que el Congreso paraguayo actuó estrictamente dentro de los límites de la Constitución cuando depuso a Lugo el 22 de junio. El artículo 225 de la Constitución de Paraguay permite que el Congreso paraguayo enjuicie al presidente "si desempeña mal sus funciones" y si -tal como ocurre en los sistemas parlamentarios- dos tercios de ambas cámaras del Congreso votan su destitución. La votación contra Lugo fue de 39 a 4 en el Senado y de 73 a 1 en la Cámara de Diputados. Pero los críticos señalan, acertadamente, que el procedimiento no cumplió el proceso debido porque no se le dio a Lugo el tiempo necesario para preparar su defensa. Aunque el artículo de la Constitución no especifica cuánto tiempo se debe dar al presidente, otros artículos dicen que todo individuo tiene derecho "al tiempo indispensable para preparar su defensa". Lugo había pedido 18 días, pero sólo se le concedieron dos horas. En cualquier caso, los legisladores que orquestaron la destitución forzosa deben de haber sentido que su "juicio político exprés" era un pecadillo menor comparado con las violaciones de los derechos democráticos en otros países de la región que no tienen consecuencias diplomáticas. En las elecciones de 2011 en Nicaragua, no hubo quejas latinoamericanas cuando el presidente Daniel Ortega se hizo reelegir para un tercer período presidencial pese a todo tipo de irregularidades. Casi todos los observadores internacionales coincidieron en que aquella candidatura de Ortega estaba prohibida por el artículo 147 de la Constitución nicaragüense, que prohíbe la reelección consecutiva o por más de dos períodos. Pero Ortega consiguió que los jueces sandinistas dictaminaran -en un procedimiento ilegítimo- que la cláusula constitucional no se aplicaba en ese caso. De manera semejante, tampoco hubo quejas latinoamericanas cuando Hugo Chávez inhabilitó sin debido proceso a más de 270 líderes opositores en las elecciones para gobernadores estatales de 2008. Tampoco hubo reclamos regionales cuando Chávez decidió no renovar la licencia de la cadena televisiva independiente RCTV ni cuando desconoció la voluntad de los votantes venezolanos, que en 2008 eligieron al candidato opositor Antonio Ledesma como alcalde de Caracas. Tras la victoria electoral de Ledesma, Chávez creó un nuevo cargo por encima del alcalde de Caracas, le quitó a Ledesma casi todos sus poderes y, virtualmente, todo su presupuesto oficial. En Bolivia, durante los últimos cuatro años, el presidente Evo Morales ha encarcelado o enviado al exilio a casi todos los gobernadores estatales opositores, sin someterlos a los procedimientos señalados por la ley. Al menos cinco gobernadores opositores, incluyendo algunos ex candidatos presidenciales de la oposición, han sido encarcelados u obligados a salir del país sin debido proceso. Y el dictador militar de Cuba, Raúl Castro, en lugar de ser presionado para que permita elecciones libres, ha sido recibido con creciente calidez por los muchos de los presidentes que hoy denuncian la destitución de Lugo. En la reciente Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, casi todos los países de la región amenazaron con no asistir a futuras cumbres entre Estados Unidos y Latinoamérica si Cuba no es invitada. Mi opinión: la destitución del ex presidente paraguayo Lugo estuvo mal y merece la condena de la región. Pero la indignación selectiva de Brasil, Argentina, Colombia y otros países por la violación de los principios democráticos en la región ha promovido este tipo de conductas. Es hora de que los países alcen la voz contra todas las violaciones de los principios democráticos, ya sea en Paraguay, Honduras, Nicaragua, Venezuela o Cuba.

Un modelo de encierro y aislamiento

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION El modelo se ha reducido al encierro. La clausura de hecho de la Aduana para las importaciones y la virtual prohibición de acceder al dólar son típicas medidas de efecto inmediato. Efecto sólo aparente; el programa, para llamarlo de algún modo, está empeorando la desaceleración de la economía. Tendrá también consecuencias políticas. La situación actual de la economía es muy distinta de la que predominaba en el momento de la arrolladora victoria de Cristina Kirchner. En octubre del año pasado, la economía y el consumo crecían al ritmo interanual del 10 por ciento. Ahora, la unanimidad de los economistas privados asegura que el crecimiento de la economía es nulo en los primeros meses del año. La caída se parece más a un derrumbe que una retracción. Cristina Kirchner ha iniciado rápidamente, así, el trámite de divorcio con todos los segmentos de la clase media. Sin embargo, son los sectores de bajos recursos los más preocupados ahora por el empleo y la inflación. Empleo, inflación e inseguridad son los temas que movilizan, aunque con intensidad distinta, a casi todos los sectores sociales. El Gobierno reacciona como un animal herido. Lastima sin necesidad. Las encuestas le advierten ya a la Presidenta que la economía será siempre el motivo de su gloria o de su ruina. Según tres encuestas serias, la caída de la popularidad de Cristina Kirchner se frenó en el mes de abril, después de tres meses de peligrosas pérdidas en esas mediciones. La novedad no es buena, aunque parezca lo contrario. El mes de abril abarcó la estatización de YPF, la mayor empresa del país que tiene, además, una vieja carga emocional en el espíritu de los argentinos. El freno de abril, que no incluyó ningún aumento significativo en las simpatías hacia la Presidenta, augura, según los expertos en opinión pública, nuevas caídas en los próximos meses. Ya perdió 20 puntos de popularidad desde enero. La explicación está en la economía. Los argentinos parecen privilegiar más el costo de las cosas, la capacidad de consumo o los controles para acceder al dólar que el relato de supuestos patriotismos. Los controles necesitan de más controles, por lo menos hasta que los funcionarios se resignan a la realidad. Sucedió con el control de precios, cuando apareció Guillermo Moreno con desopilantes amenazas a los empresarios. Varios años después, la inflación no cedió ni cede. Son las soluciones de Moreno, que incluyen más agravios y humillaciones que remedios técnicos. La saga sigue ahora. La vida cotidiana de los argentinos está sometida a una madeja de burocráticos controles, que ya afecta seriamente el derecho a la libertad. Tienen que dar explicaciones para ahorrar en dólares, para viajar o para vender una propiedad con una moneda confiable. La compraventa de viviendas se desplomó por eso. Digan lo que digan, la moneda de ahorro de los argentinos es el dólar, y lo es desde hace muchas décadas. La Presidenta los criticó, aunque ella también ahorra en dólares. ¿Cometen un error? La capacidad de equivocarse de los gobernantes argentinos ha sido demasiado grande en la historia. Enormes devaluaciones, hiperinflaciones, confiscaciones de depósitos o pesificaciones sólo han terminado dándoles la razón a los que se resguardaron en el dólar. Una teoría económica bastante extendida señala que la economía no sólo necesita de buenas políticas, sino también de instituciones fuertes y confiables. La mejor política económica resultaría poco creíble en un país débil institucionalmente. El caso argentino es la suma de los defectos: ni la política económica es buena ni existen instituciones fuertes y confiables. De hecho, ha desaparecido la única autoridad que puede resolver sobre la política cambiaria, que es el Banco Central. La agencia impositiva, la AFIP, se ha convertido en una celadora arbitraria y caprichosa, que sólo dice que no. Más aún: fue la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, la que le pidió a la AFIP mayores restricciones para el acceso al dólar. Argumentó que los dólares seguían yéndose de las reservas del Banco Central. El problema empeoró: ahora se van, a un ritmo diario de entre el 2 y el 3 por ciento, los depósitos en dólares. Esas restricciones para acceder al dólar, que son ya casi una prohibición total, les suceden a los argentinos comunes. Los empresarios, aun cuando necesitan dólares para cancelar compromisos previos, deben hacer otro recorrido después de pasar por la AFIP y el Banco Central. Al final del camino está un funcionario de la oficina de Moreno, que determina si la compra de dólares se puede hacer o no. Ese funcionario termina diciendo que no o, lo que es más inexplicable, les exige que vendan la misma cantidad de dólares que compran. Kafka sería aquí un escritor costumbrista, como dijo un reconocido juez. El problema de fondo es que no existe una sola resolución que regule la compra y venta de dólares. Nada. Sigue vigente la resolución que autoriza a cualquier argentino a comprar dos millones de dólares mensuales. Eso es lo que dice el Banco Central, pero la AFIP dice otra cosa todos los días, y todos los días dice una cosa distinta. La Argentina tiene un problema con la valuación del dólar. Ese es el núcleo del conflicto. Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, devaluó un 32 por ciento desde julio pasado. El valor del dólar oficial en la Argentina se depreció mucho menos, a pesar de que aquí hay una inflación mucho mayor. A Menem le sucedió lo mismo en enero de 1999. Ni Menem entonces ni Cristina Kirchner ahora quisieron aceptar esa realidad. La solución del menemismo fue seguir acumulando deuda pública, que luego el país pagó con un histórico sufrimiento social, y la de Cristina es cerrar la Aduana, que está llevando al país a un vasto aislamiento internacional. Brasil tomó represalias en los últimos días contra el proteccionismo argentino y la Unión Europea denunció formalmente a la Argentina ante la Organización Mundial del Comercio por el cierre de las importaciones. La Unión Europea es, como bloque, el segundo destino de las exportaciones argentinas. El mundo que se le cayó a la Presidenta, según su definición, es más bien un mundo que ella se está tirando encima. La economía argentina está sufriendo ya mucho más que el resto de las economías emergentes. En el último mes cayeron un 45 por ciento las importaciones de bienes de capital, indispensables para el progreso de la industria argentina. La producción de cemento cayó un 17 por ciento. Esta es una señal clara de que una recesión incipiente está llegando a la construcción y a la obra pública. El Gobierno quiere, dice en reserva, forzar la pesificación de la economía y promover una inmediata industrialización del país. Ninguna de las dos cosas se hace en 24 horas. Pesificar la economía con una inflación del 25 por ciento anual es una causa perdida. Industrializar un país en pocas horas es imposible. La industria nacional que ya existe necesita, en el 90 por ciento de los casos, de insumos importados. Son las cosas que están paradas en la Aduana. Por eso los bienes escasean y por eso, también, los precios aumentan. ¿Solución? Ninguna a la vista, salvo nuevos y mayores controles. No sólo han fracasado la política económica y la instrumentación inconstitucional de muchas medidas, sino también la manera de conducirla. Hay un ministro de Economía, Hernán Lorenzino, del que sólo se conoce su inexistencia. Hay un viceministro de Economía, Axel Kicillof, que es en realidad un superministro. Pero hay también un secretario de Estado, Moreno, que es más superministro que el superministro que es sólo viceministro. El Gobierno tiene una crisis encima, pero para enfrentarla puso un trabalenguas en lugar de un equipo económico.

El Gobierno, sin controles

La capacidad del gobierno nacional para imponer su agenda de temas con prescindencia de los intereses de la ciudadanía que no comulga con la política oficial, de cercenar el derecho que asiste a los periodistas de preguntar y ser respondidos por la autoridad y de desconocer fallos judiciales, incluso varios de la Corte Suprema, es por demás preocupante. El colmo del cercenamiento lo vivieron hace pocos días periodistas acreditados en la Casa Rosada, quienes fueron literalmente encerrados por personal de seguridad para que no accedieran a hablar con la Presidenta cuando se dirigía a inaugurar un patio interno de la sede gubernamental, y también lo padecieron los del Senado durante la discusión de la confiscación de YPF, pues se les impidió tener contacto con el vicepresidente Amado Boudou. Por sentirse víctimas del mismo síndrome autoritario del Gobierno, legisladores nacionales opositores acaban de denunciar que el Poder Ejecutivo viene desconociendo y hasta ignorando sistemáticamente los pedidos de informes del Congreso y que el jefe de Gabinete incumple su mandato constitucional de rendir cuentas sobre la marcha de la administración central. Así, el Congreso se ve impedido de ejercer el control de constitucionalidad, indispensable para el funcionamiento de un sistema democrático. Una de las muchas muestras de esa falta de información la conforma el hecho de que ni Alberto Fernández ni Aníbal Fernández ni, ahora, Juan Manuel Abal Medina como jefes de Gabinete hayan concurrido al Congreso a brindar sus informes con la periodicidad a la que están obligados por la propia Constitución: como mínimo, mensualmente y en forma alternativa ante cada una de las Cámaras. La firme decisión del Gobierno de ignorar las normas destinadas a transparentar su gestión no encuentran otra explicación que la que nace del más absoluto desprecio por las instituciones del país. No es, como alguna vez se oyó decir a legisladores opositores, que el Gobierno no rinde cuentas porque no tiene capacidad de respuesta. Muy por el contrario, los hechos demuestran que la tiene y en demasía, pero orientada casi exclusivamente al discurso demagógico, a la confrontación patoteril y no de ideas, cuando no al maquillaje de los datos de la realidad tendiente a presentar lo malo como bueno y lo bueno como ejemplar. Ante la indiferencia del Poder Ejecutivo para con el Congreso, varios legisladores han apelado como alternativa al decreto de acceso a la información, una instancia que el propio Gobierno abrió a toda la ciudadanía. Aun así, los resultados que obtuvieron fueron escasos. Esta anómala situación provoca que el Parlamento trabaje a ciegas en temas tan determinantes como el control de la ejecución de los gastos presupuestarios de la Nación, de la administración de los fondos de la estatización del sistema de jubilaciones y de la aplicación de la política ambiental. En esos tres casos, igual número de leyes obligan al PE a informar periódicamente al Congreso. Según un trabajo elaborado por la Fundación Nuevos Valores Legislativos, los pedidos de informes a funcionarios corrieron la misma suerte de desinformación oficial. Ese estudio arrojó que, de los presentados en la Cámara de Diputados entre 2003 y 2011, sólo se aprobó el 17,5 por ciento y de ese porcentaje el PE no respondió una tercera parte. Peor aún, las escasas respuestas llegaron con tanto retraso al Congreso que perdieron actualidad. Es de destacar también que esta inferioridad de condiciones del Congreso respecto del Poder Ejecutivo no es nueva, pero se ha ido profundizando. Los legisladores tienen razón en cuanto al peligro que importa carecer del valioso insumo de datos oficiales para su labor como contralor, pero deberían cuestionarse qué cuota de responsabilidad le cabe al Congreso, pues las más de las veces, y no sólo cuando las mayorías parlamentarias responden al gobierno de turno, ha cedido poderes al Ejecutivo, concediendo rápidamente sus reclamos, desechando los mecanismos a su alcance para un mejor control y hasta siguiéndole inexplicablemente el paso en leyes que, como la de la confiscación de YPF, representan otra abierta afrenta a la seguridad jurídica. Tampoco los legisladores han aprovechado como corresponde los informes de la Auditoría General de la Nación, invalorables fuentes de información que habitualmente el Congreso aprueba sin discutir su contenido y, menos aún, darle seguimiento. El fortalecimiento de las instituciones es un deber de quienes las integran y de los ciudadanos que, con su voto, deciden su composición. Si el Gobierno ha decidido desoír la ley, están los demás poderes para obligarlo a escucharla. De lo contrario, estarían incumpliendo la gran responsabilidad que a cada uno le corresponde.

"Es un incumplidor serial", afirmó Randazzo

Por Mariano Obarrio | LA NACION La mira está puesta en las elecciones presidenciales de 2015. El gobierno de Cristina Kirchner eligió dos blancos para una misma política: uno es el extrapartidario Mauricio Macri, de Pro; el otro, de sus propias filas, es Daniel Scioli. La lógica que determina esta estrategia de demolición a dos puntas reside en que la Casa Rosada visualiza a ambos como los dos únicos candidatos en condiciones ciertas de suceder a la Presidenta, que no le responden. Además, Macri expresa una filosofía política de centroderecha, una categoría que demoniza la Casa Rosada. Y en esa vertiente los ultrakirchneristas ubican también a Scioli. El encargado de atacar al jefe del gobierno porteño ayer fue el ministro del Interior, Florencio Randazzo. "Macri es un incumplidor serial de la ley y sus declaraciones son lamentables", dijo el ministro. La última señal de ataque la había dado Cristina Kirchner, el jueves pasado, cuando instó a Macri a pagar un mayor canon por la basura que la Ciudad deposita en el Ceamse, en la provincia de Buenos Aires. La Ciudad le transfiere unos $ 400 millones por año a ese organismo, que es bonaerense y porteño. El gobierno de Scioli se montó al ataque presidencial, pese a que ésta también bendice a sus laderos, periódicamente, para que apremien al gobernador, otra amenaza en la sucesión al cristinismo. De eso se encargan el vicegobernador Gabriel Mariotto y La Cámpora. Según confiaron a LA NACION en la Casa Rosada, Cristina Kirchner sabe que Macri decidió enfrentarla para polarizar el electorado, habida cuenta de que la oposición quedó desdibujada y descuenta que podría capitalizar a la franja de descontentos con el cristinismo. No es el caso de Scioli. "Cristina y los ministros van por Macri. Le van a embarrar la cancha para que llegue al 2015 con la Ciudad en mal estado y él debilitado para las presidenciales", confió un funcionario que conoce la estrategia oficial. "Lo único que aparece en la oposición de centroderecha es Macri: lo van a limar. También a Scioli, aunque con algo más de disimulo", agregó. La estrategia de acorralamiento a Macri incluye la basura, la salud, la educación y la vivienda, caballitos de batalla kirchneristas que remiten a las políticas sociales. También lo atacarán por el traspaso no resuelto de los subtes, de la Nación a la Ciudad, y por el incumplimiento del programa Basura Cero, como ayer lo subrayó Randazzo. Además, en Balcarce 50 admiten que la Nación no ayudará económicamente al distrito porteño para avanzar en la obra pública. Macri denunció ayer eso: que Cristina Kirchner traba y asfixia a la Ciudad para someterla y que no tenga autonomía. En el Congreso, Randazzo dijo que Macri no cumple con la ley de traspaso de los subtes ni con el acta acuerdo de transferencia firmada con la Nación. "El jefe de gobierno tiene que cumplir con la ley y hacerse cargo de los problemas", dijo el ministro. Además de retaceos de recursos para la obra pública, el kirchnerismo presentó un proyecto de ley en el Congreso para quitarle al Banco Ciudad $ 6000 millones de depósitos judiciales. En noviembre, le sacó los subsidios al alumbrado público y otros servicios que pagaba el distrito. Mantiene además una sorda disputa por los cortes en la Villa 31 y le retiró la Policía Federal de los hospitales, escuelas y oficinas porteñas.

Batallas de la sucesión

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION Mauricio Macri viene diciendo, desde hace mucho tiempo, que el cristinismo gobernante quiere sacarle la poca autonomía financiera que le queda. ¿Por qué lo haría? ¿Para qué? Una interpretación posible indicaría que a ningún gobierno le agrada la posibilidad de un relevo. Y Macri expresa una de las pocas alternativas de sucesión en el poder que tiene el kirchnerismo. Ya sea porque decidió no competir en las últimas elecciones presidenciales (no formó parte, por lo tanto, del fracaso colectivo de los opositores) o porque fue el dirigente más claro en la crítica a la expropiación de YPF, lo cierto es que el jefe porteño sobrevivió a la casi unánime marea de cristinismo de los últimos meses. Sin embargo, al oficialismo lo preocupan esas cosas, pero también otras más significativas. No hay encuestas que no consignen que las tres figuras políticas más populares del país son la Presidenta, Daniel Scioli y Macri. Las presencias de Macri y de Scioli en ese podio podrían estar marcando una incipiente inclinación de la sociedad hacia otros parámetros ideológicos, distintos de los que pregona el kirchnerismo desde hace nueve años. Scioli y Macri tienen una misma formación inicial en el mundo de las empresas y sus ideas cabalgan a la derecha de las ideas predominantes en el poder. Los dos, además, le huyen al teatro del conflicto, que es el escenario donde mejor se mueve el kirchnerismo. HALAGOS Macri podría sentirse halagado, en tal caso, con la feroz crítica que le propina el gobierno federal. No hay mejor campaña para un opositor que la que le hace el Gobierno cuando lo enfrenta. La sociedad opositora toma nota entonces de quién es el mejor enemigo del poder que gobierna. Hace pocos días, Ricardo Alfonsín hizo una pública y conmovedora confesión: "Ya quisiera yo que el gobierno nacional me criticara como lo critica a Macri", dijo, en una aceptación implícita de su impotencia. No obstante, la fuerte declaración de Macri de ayer no se refería a declaraciones políticas o electorales, sino a la administración concreta de los asuntos del Estado. Es ahí, precisamente, donde las cosas cambian de color. El futuro de Macri, cualquiera que sea, estará siempre ligado a su gestión como jefe del gobierno porteño. El gobierno de la Capital tiene un presupuesto, en cifras redondas, de unos 30.000 millones de pesos, pero sólo puede disponer del 10 por ciento de ese monto para inversiones y obras. El resto es usado en gastos corrientes de la administración. Cristina Kirchner fue y vino con los subsidios de los servicios públicos (sobre todo para el consumo de gas y electricidad), pero mantuvo inalterable la primera decisión que tomó: sacarle esos subsidios al gobierno de la ciudad. Macri se encontró de pronto con un gasto adicional de 300 millones de pesos. La Capital, que recibe sólo el 1,4 por ciento de los fondos federales que se coparticipan con las provincias, no tiene una situación muy distinta del resto de las provincias. Es, a pesar de todo, uno de los pocos distritos que tienen un margen propio de financiación. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba están mucho peor que la Capital. El gobierno nacional más unitario financieramente de la historia les está negando a algunas provincias, como Córdoba, hasta el pago de acuerdos firmados ante la Corte Suprema de Justicia. Con todo, el resto de las provincias recibe recursos por otras vías, como las obras públicas. En contraste, el kirchnerismo no ha hecho ninguna obra pública en la Capital en los nueve años de gloria y poder. No es sólo Macri el que puede sentirse ofendido, sino también Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y el resto de los porteños. La única obra pública que comenzó el gobierno nacional es la del subte que une Plaza de Mayo con Retiro, pero los trabajos se han dispuesto de manera tan lenta que parecen hechos para colmar la paciencia de los porteños. Quizá todo eso sea consecuencia de que el kirchnerismo ha considerado siempre a la Capital un bastión inalcanzable para su proyecto político. No se equivoca: una encuesta en manos del macrismo indica que, luego de la expropiación de YPF, Macri creció en la Capital en la consideración social, mientras que los números de la Presidenta bajaron. Al revés, Cristina Kirchner aumentó su popularidad en el cordón bonaerense que rodea la Capital. Es probable, por lo tanto, que la Presidenta haya frenado su caída de los últimos meses en las encuestas nacionales o que haya crecido un poco en tales mediciones. El traspaso de los subterráneos y de los colectivos a la Capital podrían erosionar aún más los recursos de la Capital. Si esos servicios terminaran en poder de Macri, éste deberá disponer de unos 2000 millones de pesos más por año, salvo que se decida a despojarlos totalmente de subsidios. El propio Scioli, que bascula entre jugar al fútbol con Macri y obedecer a su presidenta, ya notificó al jefe porteño de que no se procesará más en la provincia la basura que produce la Capital. Esa es una iniciativa de Cristina Kirchner para obligar a Macri a hacer importantes inversiones durante varios años. "Me quiere de rodillas", suele decir el líder capitalino. LA SEGURIDAD La propia seguridad en la Capital, que está en condiciones cada vez peores, es un conflicto del que la Presidenta se quiere apartar. Apartó a la Policía Federal de grandes zonas de la Capital. El delito, creciente y violento, provocó ya el primer cacerolazo contra el gobierno del segundo mandato de Cristina en la noche del lunes. El Ministerio de Seguridad de la Nación es un organismo parcelado entre dos líderes, la ministra Nilda Garré y su viceministro, Sergio Berni. Sea como sea, ninguno de los dos ha hecho nada para establecer con el gobierno de la Capital una política común contra el crimen. A pesar de tantas competencias y desafíos, Cristina Kirchner es una política ingrata: Macri la trató bien en los últimos tiempos, espoleado más que nada por el olfato de las encuestas, y hasta firmó un acta de traspaso de los subterráneos, aunque luego se arrepintió. Ahora acusó a la Presidenta de querer "fundir la Capital", pero lo hizo cuando las encuestas lo notificaron de una novedad. Una parte de la sociedad está buscando claramente un líder que asuma la refutación histórica del kirchnerismo.

Un Parlamento a ciegas

Por Delia M. Ferreira Rubio | Para LA NACION La información es un insumo central para la tarea de un congreso en serio. Tanto para legislar como para controlar es indispensable contar con información suficiente, veraz y actualizada. La carencia de información por parte del Congreso es un factor de debilidad institucional del Legislativo frente al Ejecutivo. En muchos países, el parlamento cuenta con equipos de investigación y análisis propios, altamente profesionalizados que aportan la información necesaria. No es el caso en nuestro país. En materia de discusión del presupuesto y de control de la ejecución presupuestaria y rendición de cuentas, por ejemplo, el Congreso está en inferioridad de condiciones en el debate porque depende de la información que se elabora en el ámbito del Ejecutivo. La situación ha empeorado en los últimos tiempos con la utilización de datos basados en estadísticas económicas y sociales manipuladas. El procedimiento legislativo prevé numerosos mecanismos para facilitar a los legisladores el acceso a la información: la asistencia de funcionarios a las comisiones, la presentación de pedidos de informes, la visita del jefe de Gabinete. En la práctica, esos procedimientos son todo menos mecanismos de acceso a la información. Ante la falta de respuestas, algunos legisladores han recurrido a la utilización del decreto 1172/03, dictado durante la administración de Néstor Kirchner. La único que consiguieron fue que el Gobierno entendiera que el decreto era sólo para los ciudadanos. El Ejecutivo es renuente a enviar información. No es un pecado sólo de la actual administración. Desde el regreso a la democracia hubo críticas sobre la falta de respuesta a los pedidos de informes e intentos por imponer la obligación de responder, el plazo para hacerlo y las sanciones a los funcionarios renuentes. La situación no mejoró en los últimos años, sino todo lo contrario. A contramano de la tendencia mundial hacia la apertura y la transparencia, liderada en la región por Brasil, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se caracteriza por restringir el acceso a la información, que es manejada como patrimonio personal de los funcionarios de turno. Tanto que en alguna ocasión la Auditoría General de la Nación tuvo que recurrir a la Justicia, por vía del amparo, ante la negativa del Gobierno. Dicho esto, es justo reconocer también que el Congreso argentino ha desertado de su rol de verdadero poder del Estado y de su legítima participación en la fijación de las grandes políticas nacionales para limitarse a un papel de acompañamiento dócil al Ejecutivo. Tampoco cumple el Congreso sus funciones de control. Los informes de la Auditoría que contienen mucha información son aprobados sin mayor discusión y no se les da seguimiento. Las respuestas que, en algunas ocasiones, envía el Poder Ejecutivo terminan en el archivo, no se publica su contenido en Internet, ni dan lugar a otras acciones. El Congreso argentino podría corregir esta situación si la dirigencia política estuviera preocupada por la construcción de un parlamento fuerte, moderno, ágil y eficiente; un verdadero poder del Estado y no un Congreso a ciegas.

Denuncian que el Gobierno no rinde cuentas al Congreso

Por Laura Serra | LA NACION El Congreso se ha convertido en la víctima principal del vacío de información que impuso el Gobierno. Hace meses que el jefe de Gabinete no cumple con su obligación constitucional de rendir cuentas de la gestión; los funcionarios no responden los pedidos de informes de los legisladores, y tampoco informan sobre la ejecución de los gastos presupuestarios ni jubilatorios, a pesar de que la ley se los exige. La oposición cuestiona esta política del Gobierno al sostener que cercena el acceso a la información pública e impide al Congreso ejercer una de las funciones primordiales que le impone la Constitución nacional: controlar a la administración pública. Ante la indiferencia de los funcionarios, varios legisladores apelaron, como alternativa, al decreto 1175/03 de acceso a la información, una instancia que el Poder Ejecutivo abrió a toda la ciudadanía. Incluso así, su suerte ha sido dispar. El vacío informativo abarca todos los órdenes, aunque el más grave es el del jefe de Gabinete. El artículo 101 de la Carta Magna le exige que una vez al mes rinda cuentas en el Congreso de la marcha de la gestión. Sin embargo, el año pasado el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sólo asistió una vez (fue al Senado), mientras que en 2010 lo hizo en dos oportunidades, una en cada Cámara. Su sucesor, Juan Manuel Abal Medina, hasta ahora no ha asistido nunca. "Este gobierno ignora toda norma que implique transparentar la gestión, rendir cuentas, cumplir con las reglas. En 10 años de kirchnerismo hay un probado desapego hacia ésta y otras obligaciones constitucionales, sobre todo, siempre que se trate de informar", fustigó la diputada Margarita Stolbizer (GEN), quien presentó un proyecto para exigir la presencia del funcionario. "A veces la información es tan inaccesible por las vías oficiales que no queda otra posibilidad que recurrir a ciertas vías informales... y comprar «la data»", comentó, en reserva, otro diputado opositor. La ejecución del presupuesto -fundamental para seguir el día tras día de la gestión- es otro gran misterio. La página web del Ministerio de Economía que desgrana cómo se consume el gasto en cada una de las áreas está desactualizada desde diciembre del año pasado. El Gobierno tampoco cumple con la ley 24.629, que le exige remitir al Congreso un informe trimestral sobre la ejecución presupuestaria. Otra incógnita es el estado actual de la administración de los fondos jubilatorios por parte del Gobierno, una caja millonaria que le sirve para financiar al Tesoro. La ley que estatizó las jubilaciones, en 2007, obliga a la Anses a informar periódicamente a una comisión bicameral creada ad hoc sobre la gestión de esos fondos, pero la información brilla por su ausencia. "La última reunión de la comisión bicameral fue a fines del año pasado y la documentación que remitió la Anses databa de seis meses antes. La información siempre ha sido defectuosa e incompleta, lo que impide un control efectivo", despotricó Claudio Lozano (FAP). La renuencia a informar también alcanza al Banco Central (BCRA): la Carta Orgánica del organismo obliga a su presidente a concurrir ante las comisiones de Finanzas y de Presupuesto para dar cuenta de la gestión. "Mientras yo presidí la comisión de Finanzas, invité innumerables veces a [Mercedes] Marcó del Pont; sin embargo, nunca concurrió", aseveró Alfonso Prat-Gay, jefe de bloque de la Coalición Cívica. ¿A qué obedece esta actitud sistemática del Gobierno de no informar? El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, es terminante. "Obedece al más absoluto desprecio del oficialismo por el Congreso", fustigó. Su compañero de bancada, Mario Negri, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, coincide. "A la cesión de poderes al Gobierno, se agrega ahora la falta de información. El menosprecio hacia el Congreso es evidente", sostuvo. Esa indiferencia gubernamental se manifiesta, sobre todo, en los pedidos de información que no responde a los legisladores. Según un trabajo que elaboró la Fundación Nuevos Valores Legislativos, de los pedidos de informes que se presentaron en la Cámara de Diputados desde 2003 hasta 2011, sólo se aprobó el 17,5 por ciento. De ese porcentaje, casi una tercera parte el Ejecutivo no los respondió. Y los que remitió al Congreso llegaron con tal demora que perdió actualidad. "Como no contestan los pedidos, apelé al decreto presidencial de acceso a la información: quería averiguar sobre el plan de viviendas del Ministerio de Planificación. Puse mi DNI, pero no sinceré que era diputada; creí que así me responderían -relató a LA NACION la diputada Laura Alonso (Pro), ex directiva de Poder Ciudadano-. Efectivamente, me respondieron: averiguaron que yo era diputada y me dijeron, como toda contestación, que cuento con otros mecanismos para obtener la información. Increíble." La diputada denunció ante la Justicia al Ministerio de Planificación. Y todavía espera una respuesta.

La SIP y el autoritarismo argentino

La Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada días atrás en Cádiz, España, reconvino con severidad la política del gobierno argentino en relación con la prensa "no alineada". Con llamativa dureza, ese prestigioso organismo internacional sostuvo como parte de sus conclusiones generales que Venezuela, Ecuador, la Argentina, Bolivia y Nicaragua enfrentan hoy un patrón de adversidades comunes a manos de presidentes autoritarios, arbitrarios e intolerantes que buscan acallar a los medios que les son críticos. Es posible que el foco de la atención mundial hacia nuestro país se dirija ahora con mayor atención en ese aspecto a partir de que la inversión española en YPF fue arrebatada por el Gobierno en medio de procedimientos inexplicables para una democracia que se precie de respetar las leyes y su Constitución. Esa actitud, que está siendo convalidada por el Congreso de la Nación, ha enajenado la opinión pública en Europa, en los Estados Unidos y en no pocos de los Estados latinoamericanos apegados con más seriedad a normas de responsabilidad institucional. Por esa razón no debe descartarse que, de aquí en adelante, toda iniciativa del kirchnerismo sea observada en el mundo con creciente recelo, o sea, con el prejuicio de que quien ha vulnerado, hasta con intemperancia, reglas de comportamiento universal que sólo fracturan los Estados autoritarios. Ya no es necesario explicar hacia afuera lo que desde hace tanto era notorio aquí adentro. Ahora se pregunta en el extranjero, como un tema de conversación espontánea, a periodistas y empresarios periodísticos argentinos cómo se arreglan para subsistir diariamente frente a la diversidad de arbitrariedades y amenazas que afrontan. Todas las organizaciones mundiales de prensa se han solidarizado con sus colegas argentinos y reprendido la conducta del Gobierno. Este ha contestado a veces con acritud los señalamientos que se le han formulado. Otras, ha guardado silencio. Hasta el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha manifestado insatisfacción por la situación de la libertad de prensa en varios lugares de la región. Lo hizo cuando se disponía a viajar para la reunión reciente de presidentes en Cartagena. En el caso de la SIP, el actual llamado de atención a la Argentina ha sido pronunciado en términos duros, pues se la reconvino "a fin de evitar que el temor, la autocensura y la ausencia de debate se sigan instalando peligrosamente en el país", al tiempo que la instó a que cesen las hostilidades contra los medios independientes. Al respecto, puso como ejemplo ciclos instaurados en medios del Estado con el único propósito de estigmatizar a la prensa y a los periodistas "desobedientes" a sus dictados. Otro punto esencial de la declaración ha sido el peligro de que se aplique arbitrariamente una legislación, ya de por sí grave, y aprobada por el actual Congreso de la Nación, por la cual se deja en confusos términos en manos del Estado la fabricación, importación y abastecimiento de papel para diarios. Esa ley es la puerta, interpretó la SIP, para la censura indirecta. Ha sido necesario, pues, en las circunstancias descriptas, que la SIP volviera a recordar lo que significa como compromiso irrenunciable el artículo primero del Acta de Chapultepec, ratificada desde 1994 por jefes de Estado, dirigentes e intelectuales de muy diversas afinidades políticas en América: "No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión ni de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo". A poco de cumplir setenta años de intachable trayectoria, y siempre ajena a los afanes de lucro, la SIP se concentra, como misión esencial, en la defensa de la libertad de prensa en América. Así lo demostró en Cádiz, adonde se trasladó en representación de mil trescientas publicaciones y como un modo de asociarse a la celebración de los doscientos años de la Constitución española de 1812, más conocida como "la Pepa". Ha sido ella fuente de inspiración normativa para algunas de las grandes causas que aún promueven, abierta o implícitamente, debates como el de estos días en aquella ciudad andaluza: defensa de la división de poderes, derecho de representación, libertad de expresión, libertad de prensa e imprenta; derecho a la integridad física, a la libertad personal y a la inviolabilidad del domicilio. Es menester que el gobierno argentino retome la senda de la racionalidad en su trato con los medios independientes, permitiéndoles ejercer la libertad que la Constitución les garantiza no sólo a ellos, sino a todo el pueblo argentino.

El fin de la protección ante el Estado

Los procesos judiciales suelen durar muchos años. Por tal motivo, el ordenamiento procesal de la Argentina, como el de muchos otros países, prevé la posibilidad de que durante la tramitación de los litigios, los jueces puedan dictar medidas provisionales y anticipadas tendientes a proteger el derecho, evitando de esta manera que las sentencias de fondo resulten luego ineficaces o ilusorias. Estas medidas, llamadas cautelares, pueden ser modificadas por el mismo juez que las dictó, o a pedido de una de las partes, e incluso ser levantadas en cualquier momento. No pueden prejuzgar sobre el fondo del asunto, y para su dictado se requiere que la parte que las pida acredite la apariencia de tener derecho, no así la certeza, y lo que resulta más importante, que demuestre que, de no dictarse la medida, la espera de la sentencia de fondo frustrará su derecho, y la justicia, de esa forma, llegará tarde.

Para dar un ejemplo práctico y conocido por todos, en la época del famoso "corralito", los jueces permitieron que los depositantes pudieran retirar el total o parte de los fondos confiscados, mucho tiempo antes de dictarse las sentencias definitivas que luego declararon la ilegitimidad del "corralito". De no ser así, muchos depositantes hubiesen sufrido enormes perjuicios al no poder contar con sus depósitos durante todos los años que duraron sus procesos. Para así decidir, se valoró el derecho que tenían los ahorristas y el grave peligro de permitir que sólo recuperasen sus dineros a partir de la sentencia de fondo que, al día de hoy, en muchos casos, aún no se ha alcanzado. La situación era más angustiante para las personas mayores o gravemente enfermas, quienes, de no ser por las medidas cautelares que les permitieron retirar sus fondos, nunca hubiesen podido tener justicia a tiempo.

En nuestro país, los jueces se han visto agobiados por un sinnúmero de medidas precautorias, que han debido dictar, ante pedidos de justicia de los ciudadanos, por los motivos más diversos. Así se dictaron medidas precautorias para defender fuentes de trabajo o ingresos cercenados por normas o la acción de particulares, para evitar industrias contaminantes, para impedir medidas confiscatorias, para preservar monumentos históricos, para reponer en el cargo a cesanteados indebidamente y prácticamente en cuanto litigio pueda imaginarse. Estas medidas urgentes también son necesarias, por ejemplo, para detener una obra mal hecha que amenaza ruina o derrumbe del edificio ya que no se puede esperar el tiempo que depara todo un juicio.

Una de las características de las medidas cautelares es que tramitan sin audiencia de la contraparte hacia la cual van dirigidas. La reserva del trámite de las medidas, o sea, sin intervención de la otra parte, está fundada en su urgencia, pues de notificarse a la contraparte, ésta tratará de impedirlas o de desvirtuarlas. Si antes de poder embargar la cuenta de su deudor, el acreedor debería avisarle en una audiencia previa, el dinero simplemente desaparecería de la cuenta.

En este marco, el oficialismo está impulsando un proyecto de reformas al Código Procesal, mediante el cual modifica las exigencias requeridas para el dictado de las medidas cautelares contra el Estado nacional, siendo la más polémica la que prevé que el juez deberá, antes de dictarlas, citar al Estado o a los entes dependientes de éste a una audiencia previa donde se le pondría de manifiesto el pedido. El Estado -dice el proyecto- no podrá oponer excepciones, pero sí acompañar toda la documentación o elemento de convicción sobre el particular para que el juez pueda resolver mejor.

Es obvio que con ello desaparece toda la reserva. Así se frustrará definitivamente toda posibilidad de efectividad de la cautelar solicitada. Si a ello se añade que el promedio de duración de los juicios en la Justicia contencioso administrativa es de 12 años, el particular que litiga contra el Estado verá burlado su derecho si no logra una medida. Mientras tanto, el Gobierno avanza, sin prisa y sin pausa, hacia un proceso de estatización no sólo de la economía sino de la vida de los ciudadanos. Ya casi no se puede comprar ni vender divisas ni sacarlas del país; tampoco se pueden importar determinados bienes, ni comprar fácilmente libros en el extranjero; no se pueden ajustar los balances de las empresas por inflación, entre otras restricciones.

El proyecto para modificar las medidas cautelares persigue tornar ineficaces las herramientas que en la actualidad los jueces tienen para controlar los abusos del Estado. De esta forma, se pretende proteger esta "ideología nacional y popular" del alcance del control judicial, como se desprende de las propias palabras de la diputada Diana Conti, autora del proyecto comentado, cuando dice que éste "apunta a que los intereses corporativos no puedan, a través de medidas cautelares, frenar políticas públicas de indudable beneficio popular".

Lo que la diputada evita aclarar es que los jueces, cuando otorgan medidas cautelares contra el Estado, lo hacen confrontando las medidas cuestionadas con la Constitución Nacional, no con las teorías políticas de una diputada o del gobernante de turno.

El "modelo" del gobierno kirchnerista, en su marcha hacia los objetivos mencionados, se viene apartando groseramente de la Constitución Nacional, y los jueces, que juraron respetarla, deben atender los casos urgentes de medidas cautelares que los particulares solicitan. Como a la Presidenta le molesta este "nuevo derecho cautelar", ha promovido este proyecto que virtualmente anula las medidas cautelares contra el Estado y generado una nueva flagrante desigualdad.

El oficialismo, que confunde mayoría eleccionaria con falta de respeto a las instituciones republicanas, pretende quitarle al Poder Judicial un elemento de control constitucional que la organización del Estado le concede. El Poder Judicial es el último freno a los excesos del poder gubernamental, que en la actualidad domina al Poder Legislativo y pretende controlar a la prensa con los dineros ciudadanos destinados a la pauta publicitaria oficial.

Si algo falta es este intento del Gobierno de eliminar o neutralizar las medidas cautelares, y de esta forma evitar, según se pretende justificar, que los jueces intenten demorar o frenar la ejecución del modelo.

Las prerrogativas del Estado tienen como contrapartida las garantías constitucionales dadas al ciudadano, quien se encuentra en una situación de debilidad frente al Estado. La protección de esas garantías constitucionales sólo puede concretarse por medio de otra garantía trascendente: la tutela judicial efectiva, que tiene reconocimiento constitucional y que se encuentra consagrada en el Pacto de San José de Costa Rica. En este sentido, al desnaturalizar las medidas cautelares contra el Estado, el proyecto referido vulnera el derecho de defensa de los particulares, quienes no podrán protegerse frente a las arbitrariedades del gobierno de turno.

En nuestro Estado de Derecho, el Poder Judicial tiene la facultad y el deber de confrontar las medidas estatales cuestionadas con los derechos y garantías constitucionales y, en ese marco, decidir las medidas más idóneas para impartir justicia.

Como se ha dicho, la justicia tardía no es justicia. De ahí la importancia de fortalecer las herramientas que, como las cautelares, tienen la finalidad de evitar que se frustre el derecho de los ciudadanos.

El proyecto vulnera el orden constitucional, al restarle campo de acción al juez en su función específica de contralor de otro poder. Toda la jurisprudencia en materia de medidas cautelares contra el Estado y sus requisitos particulares han mostrado la prudencia judicial para dictarlas. Hay veces en que los jueces han considerado prudente notificar al Estado antes de dictar una medida y otras en que no lo han estimado así, dependiendo de las circunstancias de cada caso concreto; pero tener que hacerlo forzosamente, equivaldrá en la mayoría de los casos a frustrar el resultado de la medida cautelar. No debe perderse de vista el ambiente generado en torno de la administración de justicia, y los constantes agravios que ciertos funcionarios públicos o formadores de opinión efectúan contra los jueces que dictan medidas cautelares contra la administración pública, utilizando a tal fin frases desafortunadas tales como "justicia delivery", "justicia exprés", "jueces cautelares" o "justicia cautelar". Es en este escenario de fortísima presión donde debe fortalecerse el control judicial de los actos de gobierno. El proyecto en cuestión apunta, claramente, hacia el lado contrario y parte de una concepción que niega el principio básico de separación de poderes propio de toda república.

Cabe esperar que la prudencia y el respeto hacia las instituciones de parte de nuestros legisladores, incluso de aquellos que conforman el partido gobernante, impidan este nuevo avance del Estado frente al ciudadano.

La palabra amordazada

Por Santiago Kovadloff | LA NACION
Una vez más la Constitución ha sido burlada. Quienes deberían resguardarla antes que nadie le han vuelto la espalda sin pudor. El oficialismo prueba, con su conducta transgresora, que para sus voceros la ley está supeditada a lo que el poder absoluto exige. Esta brutal antinomia entre política y Constitución puede ser enmascarada, pero no por eso resulta menos letal para la República.

Guillermo Moreno, ese funcionario a salvo de toda mesura, expresa proverbialmente una concepción del poder que haría las delicias del rey Herodes y que, en su ausencia, satisface las aspiraciones principescas de otros mandatarios no menos sedientos de espejos que multipliquen su imagen. La omnipotencia vivida como derecho no conoce otro procedimiento para imponerse que el atropello, ni otro lenguaje para darse a conocer que el de la camorra y el chantaje. Lo más grave, sin embargo, no es que ese infante de marina de los años 50 sea como es y proceda como lo hace. Lo más grave es que el Gobierno encuentre en su figura el emblema de su gestión nacional y popular.

La decisión de poner en los puños del secretario de Comercio todo lo relativo al cumplimiento de la denominada ley de Papel Prensa -por no hablar de otros dominios de los que también se ha enseñoreado- es una elocuente definición de lo que el Gobierno entiende por responsabilidad y eficacia en el desempeño que le compete.

Con el logro de esta tan particular concepción de la libertad expresiva que promueve el Frente para la Victoria no sólo serán afectadas en el acceso al papel las empresas privadas del ramo y ello a favor de un monopolio estatal. Su lamentable incidencia se hará sentir primordialmente sobre la opinión pública. De seguir las cosas como van, muy pronto se la verá subordinada a las imposiciones informativas y analíticas de la realidad que el oficialismo entienda indispensables y excluyentes también en toda la prensa escrita.

La disconformidad con esta conducta sovietizante no implica pretender que el oficialismo prescinda de esa palabra de vocación totalizadora en la que se deleita. Implica recalcar, ante quien quiera oírlo, que ese Frente, procediendo como lo hace, no está dispuesto a admitir otra cosa que lo que él establece. No está dispuesto a admitir como válido el derecho de un amplísimo sector de la sociedad (integrado a su juicio por quienes se agolpan en el círculo dantesco e infernal de las almas reaccionarias, antipopulares y destituyentes) a elegir los medios a través de los cuales desea informarse.

De modo que el veredicto oficial es claro: habrá que asfixiar a la oposición porque la oposición, aun sin partidos que la representen cabalmente, encuentra en la prensa disidente la voz que sí la representa. Esa voz que no es otra que la de los presuntos enemigos del indiscutible sistema democrático en que vivimos. Planteado esto con más delicadeza: habrá papel para quien se avenga a escribir lo que debe. No lo habrá, en cambio, para quien pretenda seguir escribiendo lo que le parezca. "It's your choice", diría el rey Lear.

Para infundir más colorido a esta fiesta de la unanimidad, el Gobierno ha resuelto caratular de terroristas a quienes no acaten sus criterios de verdad o procedan de manera contraria a como él entiende que se debe actuar en el orden público. No hay nada que hacer: la nostalgia entre nosotros no muere y cada tanto el pasado hace sentir su potencia para reinscribirse en el presente. Mejor aún: para devorárselo entero sazonando el plato con algún ingrediente progresista.

¿Qué democracia es ésta en la que vivimos? ¿Qué democracia es ésta si la Constitución Nacional que legitima al Gobierno en el ejercicio de su mandato resulta luego pretextual e inocua para quienes tienen el deber de asegurar su vigencia? ¿Qué democracia es ésta que asienta su despliegue en el desprecio por la diversidad de criterios en el campo de las ideas, en la tergiversación de los índices inflacionarios, en la negación del federalismo, en la inseguridad jurídica, en la tolerancia a la corrupción, en los asesinatos impunes y en la convalidación de un sindicalismo perverso? ¿Qué democracia es ésta que no duda en homologar la indiscutible mayoría de votos que respalda y legitima al partido gobernante con la totalidad de votos emitidos y de los cuales un 46% puso en juego otras opciones que la oficialista en las elecciones de octubre pasado?

Ese pensamiento alternativo tiene derecho a contar, en su frondosa diversidad, con una prensa que lo exprese. ¿Lo tiene? Que nadie se equivoque. El Gobierno estima que no.

Creer como muchos lo hacen que el conflicto generado por el control estatal del papel es un problema que afecta únicamente a la prensa y a quienes de ella y para ella viven puede ser un error fatal para el porvenir de una democracia que no se quiera populista. ¿Cuándo despertarán de su apatía cívica los que sólo parecen reaccionar si cesa el tañido de las monedas en sus bolsillos? La disconformidad no prosperará políticamente si se limita a ser un mohín de disgusto ante lo que pasa o un fugaz estado de ánimo que altera por un segundo el apacible paisaje de las playas y los campos que frecuentamos. O el fruto de una operación contable que arroja un circunstancial saldo negativo. Si las protestas sólo se harán oír cuando las inspiren los pesares económicos de quienes no pasan hambre, bien jaqueado está el porvenir de los valores republicanos.

Varios han sido, en estos últimos meses, los intelectuales europeos que se han manifestado para señalar que la crisis por la que atraviesan las democracias más desarrolladas no es sino consecuencia de la vergonzosa pleitesía que las dirigencias políticas les rinden a los mercados financieros. Supeditada a las imposiciones de esos mercados, la política se vuelve prostibularia. Es mejor que nuestras dirigencias -esas que alzan las banderas de la oposición- no lo olviden. No se trata, obviamente, de dejar el dinero de lado; se trata de no dejarse de lado al reconocer la importancia del dinero. El Gobierno está persuadido de que un significativo sector de la clase media tiene precio. Y las últimas elecciones presidenciales le han probado que algo de razón lo asiste al pensar así. El campo y la industria tendrán que reconsiderar políticamente las consecuencias cívicas de eso que ambos llaman "realismo". Está bien tener los pies en la tierra. Pero la mirada, como propone la insignia latina, debe estar puesta en el horizonte. Sin largo y mediano plazo, no hay política de Estado que tenga porvenir.

Muy pronto se hará oír el estertor de la palabra amordazada. Su mueca de impotencia ha de ser, entonces, la nuestra. El proyecto de coerción sobre la libertad de opinión ya está aprobado. Hemos ingresado en la etapa de los hechos. Y los hechos serán inequívocos. Si no lo advertimos, si no reaccionamos en defensa de la Constitución buscando los caminos que permitan reconstruir una oposición eficaz y cada vez más significativa, el pensamiento uniforme se expandirá de un extremo a otro del país.

Una larga noche caerá entonces sobre la sensibilidad crítica. Y todos nosotros, si no reaccionamos con los recursos que esa Constitución nos brinda y la perseverante tarea que exige la construcción de un frente político suficientemente representativo, terminaremos siendo, por mucho tiempo, seres sólo parecidos a ciudadanos y rigiendo nuestras conductas por principios sólo parecidos a los de la dignidad.

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La razón de nuestras crisis políticas

Por Roberto Cortés Conde | Para LA NACION
Con la vuelta al régimen constitucional, en 1983 parecía que la Argentina había dejado atrás un ciclo de 50 años de inestabilidad y crisis política. Esto pareció confirmarse porque, a pesar de las muchas dificultades y problemas económicos, contrariamente a lo que había ocurrido en el pasado, se vivieron las sucesiones pacíficas de tres gobiernos y la alternancia de los partidos (radical y justicialista) en el poder. Hacia fines del siglo XX, parecía que se abría una nueva etapa sin intervenciones militares ni quiebres institucionales, con un régimen político competitivo.

Pero ¿fue esto así? El hecho de que no se volviera a las intervenciones militares, lo que es muy positivo -aunque en gran parte resultado de hechos externos-, no basta para decir que se transita por un verdadero camino constitucional y democrático. Subsisten hábitos que chocan con la posibilidad de existencia de un régimen político competitivo e impiden la alternancia de los partidos en el poder. Estos hábitos -que pueden generar, en adelante, crecientes situaciones de inestabilidad- son la expresión de una crisis política de larga duración que se generó cuando se crearon organizaciones políticas desde el poder, cuyos recursos se usaron para excluir la competencia y perpetuarse.

El origen de ese estilo político se remonta al golpe de 1943, cuando desde el gobierno se creó una estructura para convertir a Perón en el único proyecto exitoso que tuvo un régimen militar para sucederse. Esa estructura se organizó como partido de poder en el gobierno, sobre la base de las delegaciones regionales de la Secretaría de Trabajo (su verdadera organización política). Con los recursos del Estado nacional, se construyeron una organización gremial oficialista y, en ámbitos locales, coaliciones clientísticas que conformaron un régimen no competitivo y hegemónico.

En 1949, cuando Perón decidió la reforma de la Constitución de 1853 eliminando la cláusula que prohibía la reelección, mostró su voluntad de perpetuarse. Aunque el país había pasado por sistemas políticos variados, y a pesar de que muchos gobiernos no dejaron de usar métodos poco cristalinos para ganar elecciones, ninguno de ellos -ni el de Roca ni el de Yrigoyen, entre otros- reformó la Constitución para perpetuarse.

Así, perpetuarse en el poder se convirtió en un rasgo del peronismo, que Menem reiteró casi medio siglo después, en 1994, cuando reformó la Constitución para reelegirse y cuando intentó, en 1999, forzar la interpretación de la reforma para hacerlo una vez más, iniciando así un nuevo período de crisis política tras diez años de estabilidad institucional.

Perón no creía en un régimen político competitivo y tomó medidas para impedirlo, entre ellas el control de los medios de comunicación, el uso partidario del Estado y la represión directa de sus opositores, con lo que logró construir un mercado político cautivo para el partido de gobierno.

Pero, más aún, Perón no tenía confianza en sus lugartenientes -como se vio en su reiterada defenestración-, desde Domingo Mercante hasta Héctor Cámpora. Esto respondía a su visión del poder, porque estaba convencido de que nadie que llegara al poder lo iba a abandonar; en consecuencia, debía sucederse él mismo o, en todo caso, alguien de su propio familia.

La oposición casi desapareció, no porque no tuviera ideas, sino porque las reglas del juego la obligaban a perder. La regla principal es que el que está en el gobierno no puede ser derrotado, ya que el gobierno provee de los recursos necesarios para impedir al acceso a otros. En esa situación, la oposición estaba derrotada de antemano, por lo que tendió a ser irrelevante. Sin embargo, como pasa en los regímenes no competitivos, la oposición se generó desde adentro, las diferencias se dieron en el mismo oficialismo (todos eran federales en la época de Rosas). Tras diez años de desgaste, la oposición surgió del mismo oficialismo y, al agregarse la Iglesia, volcó a importantes sectores militares, lo que culminó en el movimiento que derrocó a Perón en 1955.

Caído Perón, el mercado político se hizo más abierto, pero no para el peronismo, que estuvo excluido durante 18 años, por lo que en el país continuó un régimen sin alternancia. En 1973, la inclusión del peronismo podría haber iniciado un régimen competitivo y más estable, pero esta vez la crisis surgió desde el propio peronismo, porque por definición todas las fracciones enfrentadas se proclamaron peronistas, ya que ésa era la única forma de acceder al poder. Una vez en el poder, los peronistas del trasvasamiento generacional podían cambiar su orientación, lo que provocó la sangrienta confrontación que concluyó en el golpe militar de 1976.

La restauración constitucional de 1983 pareció inaugurar un camino de vigencia de la Constitución, cuyos valores recordó Raúl Alfonsín al recitar su preámbulo acompañado por una enorme multitud que los compartió, al cierre de la campaña electoral de 1983.

Pero ¿fue esto así?

Debe advertirse que los verdaderos orígenes de la crisis que se desencadenó en 2001 fueron la reforma del 94, que permitió la reelección presidencial de Menem. El líder riojano intentó perdurar en el poder con un tercer mandato, algo que habría logrado si no hubiera sido por la oposición de Duhalde.

En este esquema, cuando uno está en el poder no lo deja, porque si lo hace no tiene chances de volver a obtenerlo. Sospechaba, y con razón (por lo que ocurrió luego), que si dejaba ganar a Duhalde nunca retornaría a la presidencia.

Esto condicionó el desarrollo de la crisis que sobrevendría.

De la Rúa ganó la elección no porque el sistema fuera competitivo, sino porque Menem no hizo lo necesario desde el gobierno nacional (lo que se esperaba de uno peronista) para que ganara Duhalde. A su vez, Duhalde le devolvió el gesto a Menem más tarde, modificando el régimen de internas y sacándolo de la carrera. Por otro lado, en 1983 Alfonsín pudo ganar porque los peronistas no estaban en el gobierno. Los casos en que los peronistas no accedieron al poder no se debieron a que hubieran aceptado la alternancia, sino a factores más allá de su control.

Lo que vivimos es consecuencia de ese enfrentamiento.

Tras las elecciones legislativas de 2001, en las que el radicalismo perdió, al peronismo le hubiera convenido esperar hasta la elección presidencial de 2003, que sin duda ganaría. Pero entonces el que hubiera ganado habría sido Menem, lo que Duhalde no podía permitir. El ex gobernador bonaerense había aprendido la lección: sólo con la provincia de Buenos Aires no se ganan elecciones, se necesita el apoyo del gobierno nacional. Y de ahí la pueblada de diciembre de 2001, que en realidad fue más contra Menem que contra De la Rúa. Duhalde, designado por el Congreso y con el aparato de la provincia de Buenos Aires, no pudo sucederse a sí mismo, pero se convirtió en el king maker ; sin embargo, una vez designado el nuevo jefe, pronto habría de ser desplazado.

Lo demás es historia reciente, que reitera la cultura y las características estructurales del peronismo. Hay un jefe que está en el poder y sabe que si otro lo desplaza, no vuelve.

Con los recursos del Estado nacional, se consolidó una coalición de los que gobiernan en los distintos niveles y que dependen de ellos. Si no existe oposición es porque el régimen político se ha convertido en monopólico. Cuando un mercado tiene restricciones formales o informales que lo cierran a los que no están en el gobierno, el costo de entrada es muy elevado para los que saben que sus posibilidades son muy bajas .

Lo que hace a un partido hegemónico es que en el fondo todos saben que bajo las condiciones dadas sólo el partido de gobierno gana.

Esa es la razón por la que la oposición se diluye. Sabiendo que en las reglas del juego no escrito correrá con notables desventajas, el incentivo será acercarse a los que tienen probabilidad de ganar, que son los que están en el poder. De este modo, entonces, el conflicto se traslada a la coalición que gobierna. Esto, a la larga, es fuente de una seria inestabilidad y de eventuales crisis políticas.

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El autor, experto en historia económica, es profesor de la Universidad de San Andrés

Filosofía y valores democráticos

El quehacer filosófico está conociendo un alentador resurgimiento entre los más jóvenes, acompañados y estimulados por sus profesores. Con la concurrencia de 70 alumnos de colegios secundarios y 40 profesores, se realizó, en noviembre pasado, en Villa La Angostura (Neuquén), la final de la XV Olimpíada Argentina de Filosofía

UBA. La máxima de este tradicional encuentro es el dictado kantiano sapere aude, que proclama "Atrévete a pensar por ti mismo". Dentro del programa de articulación entre la escuela media y la Universidad, el tema trabajado por más de 4225 alumnos de distintas jurisdicciones a lo largo del ciclo lectivo fue "La ciudadanía y la democracia: su apropiación en el mundo actual desde la filosofía".

Los objetivos pedagógicos que persigue la tradicional competencia son promover la investigación sobre problemas éticos, desarrollar el pensamiento reflexivo, lógico y crítico, así como la formulación de una argumentación correcta, con tolerancia y respeto por las posturas alternativas, base de todo sistema democrático.

Seleccionados por un jurado internacional, los ganadores participarán de las Olimpíadas Internacionales de Filosofía, auspiciadas por la Unesco, que tendrán lugar próximamente en Noruega.

No se trató simplemente de una competencia. Estudiantes de diversos rincones del país, con tonadas distintas y realidades muy diferentes, asistieron para nutrirse de conocimientos y discutieron con convicción y apasionamiento temas polémicos para nuestro país y el mundo. Con la determinación y la capacidad innovadora propia de la juventud, demostraron ser capaces de contraponer y fundamentar sus ideas y discutir interesantes proyectos.

La filosofía tiene el poder de modificar la praxis, de cambiar la sociedad. Cuando la capacidad de diálogo entre facciones encontradas está seriamente disminuida en nuestra sociedad, es esperanzador observar cómo las jóvenes generaciones pueden hacer del sano y enriquecedor intercambio de opiniones un ejercicio que enaltece los valores democráticos.

Resulta altamente estimulante constatar, una vez más, que hay miles de ellos preocupados por el futuro de nuestro querido país, sumando conocimientos, comprometidos y dispuestos a trabajar desde su lugar para concretar el sueño de una Argentina mejor.

La alarmante devaluación de la democracia

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION
Hay vencedores y vencidos. El texto del proyecto que dispone la eventual confiscación de Papel Prensa y la algarabía de los diputados oficialistas en la noche de la votación tuvieron los trazos de una victoria de barrabravas. El problema de la democracia argentina es que los vencidos no son sólo LA NACION y Clarín, como coreó el kirchnerismo, sino también, fundamentalmente, la libertad de prensa. Un gobierno que controlará la producción nacional de papel para diarios y también las cuotas de importación, según el texto aprobado, se quedará con el dominio absoluto del insumo imprescindible de toda la prensa gráfica y, por lo tanto, de su libertad. No hay otra conclusión más clara y más certera que ésa.

La devaluación democrática ha tenido en los últimos días otros síntomas alarmantes. El diálogo fue abolido por los representantes del Gobierno. Quienes iban a ser condenados a la guillotina, los diarios, no pudieron ejercer su derecho a la defensa. La propia oposición se vio seriamente condicionada en su posibilidad de expresarse.Otros temas, como el presupuesto (la principal ley para el funcionamiento del Estado), los límites a la propiedad extranjera de la tierra o la brutal modificación de la ley que reglamenta el trabajo de los peones rurales, fueron despachados mediante un arrogante trámite exprés.

Una de las principales obligaciones que impone la democracia es el respeto a las minorías. Pero ese dogma es de imposible comprensión por un gobierno que se ha refugiado entre los duros. El ministro de Economía real, en los hechos, es Guillermo Moreno. Un hombre, Juan Manuel Abal Medina, dispuesto a seguir la moderación o la intolerancia con igual convicción, se ha hecho cargo de la Jefatura de Gabinete. Carlos Kunkel, Carlos "Cuto" Moreno, Diana Conti o Marcelo Fuentes son las personas que manejan en realidad el Congreso.

Un dejo de resentimiento, un reflejo siempre vengativo y mucho rencor acumulado guían los pasos de esos legisladores. Cristina Kirchner ha depositado gran parte del poder fáctico del Estado en manos del ala más fanática del kirchnerismo. La Presidenta se encontrará algún día con un conflicto: la historia registra que el fanatismo y los ultras han sido siempre minoritarios en las sociedades democráticas. Han sido, más bien, la causa infalible del fracaso de la política y de las naciones.

Un amplio y riguroso reglamento dictado por dos poderes del Estado para una sola empresa, cuyo producto, el papel para diarios, no falta en el mercado. ¿Qué es eso si no una persecución? El Estado (o el Gobierno, más precisamente) metido en la producción y comercialización de la producción nacional de papel y con amplias facultades para decidir sobre su importación, actualmente sin restricciones y sin aranceles. ¿Qué es esa obsesión sino el presagio de un control sobre lo que se escribirá más que sobre el mercado del papel?

Una increíble condena a un plan de inversión para pagar, según dice el proyecto, falsas acusaciones de delitos de lesa humanidad, que ningún juez probó nunca. ¿Qué es ese barroquismo sino el uso de la noble causa de los derechos humanos para saldar pobres pleitos actuales? Un Congreso que ignora que un artículo explícito y diáfano de la Constitución, el 32, le prohíbe dictar medidas contra la libertad de prensa. ¿Qué es eso sino la victoria de una decisión autoritaria sobre la letra y el espíritu de las instituciones?

Una nube de versiones falsas está tapando el centro de la cuestión. Diarios del interior apoyaban el proyecto oficial, decían los oficialistas. La asociación que agrupa a esos diarios, ADIRA, se pronunció rotundamente en contra del manotazo a un bien imprescindible de la prensa libre. No podía ser de otro modo. Sólo los diarios militantemente oficialistas apoyan el proyecto oficialista.

La Presidenta dijo el viernes que "el Estado generó la primera fábrica de papel para diarios". El Estado promovió, pero no generó nada. Los diarios que tienen actualmente la propiedad mayoritaria de la empresa debieron invertir 200 millones de dólares de la época (casi 700 millones de dólares actuales) para poner en funcionamiento la fábrica de Papel Prensa.

INESPERADOS ALIADOS

El primer fondo para la construcción de esa planta, antes de que se hicieran cargo sus actuales dueños, fue aportado por todos los diarios del país, no sólo por LA NACION y Clarín. El Estado nunca invirtió nada en Papel Prensa. Estamos hablando de los años 70. Cristina Kirchner le reconoció a la dictadura méritos que nunca tuvo. El rencor puede encontrar inesperados aliados.

Sectores de la oposición aprovecharon también el momento para liquidar antiguos resentimientos con la prensa. La política y el periodismo estarán siempre, y forzosamente, encerrados en un clima de tensión. El discurso de Ricardo Alfonsín provocó más nostalgias de su padre, que sabía distinguir con claridad entre la anécdota y las condiciones sustanciales de la democracia. Felipe Solá traspapeló sus recientes discursos republicanos. Mauricio Macri y Hermes Binner (a quienes la mitología política considera los únicos que quedaron con vida después del 23 de octubre) aportaron el silencio, que es el peor aporte cuando los valores más esenciales están irremediablemente heridos. La vida pública exige responsabilidades que van más allá de las comodidades personales o políticas.

La venganza kirchnerista con el periodismo fue ya explícita cuando una comisión del Senado aprobó el proyecto la misma noche que éste había sido sancionado por Diputados. No había ningún apuro más que el de ofrecerle a la Presidenta el regalo de la extrema disciplina. ¿Fue malo? No. La evidencia irrefutable es mejor que el disimulo. ¿De qué serviría el maquillaje de la amabilidad y la cortesía si, en última instancia, el proyecto se aprobará tal como lo quiso la jefa del kirchnerismo? Ya que el agravio a la libertad es un desastre, que lo sea hasta el fondo.

MOYANO, EL ÚNICO LÍMITE

Hugo Moyano es víctima también del diálogo proscripto. El jefe cegetista se ha convertido, con todo, en el único límite real y práctico con el que tropezó Cristina Kirchner desde su victoria. El propio Moyano no sabe por qué lo desterraron después de que el kirchnerismo lo tuviera como el aliado más importante durante ocho años. Moyano fue un engranaje fundamental en la construcción de poder del kirchnerismo.

Sin embargo, en ese caso también la Presidenta tropezará con un enorme conflicto: el peronismo tradicional, joven o viejo, se quedará con Moyano si le dan a elegir entre el jefe de los camioneros o La Cámpora. La corriente camporista está asumiendo formas violentas (incluso contra el inexplicable Daniel Scioli) que sólo son posibles bajo la protección del poder.

La decisión de Moyano de desafiar al cristinismo, de enfrentar a La Cámpora y de renunciar al Partido Justicialista por considerarlo una estructura vacía, ha conmocionado al peronismo. El peronismo siente que desde la CGT están tocando su melodía. Es el mismo combate ideológico de siempre entre la ortodoxia y la izquierda, que el peronismo no superó nunca, aunque esta vez sea sólo una caricatura. Néstor Kirchner solía juntar en un mismo acto a La Cámpora y a la juventud sindical que responde a Moyano. Cristina Kirchner no hará eso; ella cree que tiene por delante la culminación de una revolución inconclusa. ¿Revolución de quién? Parece que la iniciada por su esposo, aunque su marido fue una mezcla de reformador y de pragmático, muy alejado de las revoluciones.

Es probable que el Gobierno esté muy preocupado por el nivel de los aumentos salariales del próximo año, después del tarifazo, de los impuestazos de Scioli y de Macri y del consecuente reacomodamiento de los precios. La solución, en tal caso, consistía en dialogar con Moyano, que comprendió esos problemas muchas veces en los últimos años. Pero ¿cómo llegar a esa instancia cuando se ha impuesto el mesianismo sobre la reflexión o cuando se prefiere mandar antes que convencer?

Hace pocos días se conocieron fotografías de presos políticos torturados y asesinados por la dictadura. Eran crímenes que se sabían por la letra escrita, pero que cobran una dimensión sobrecogedora en las imágenes de esas fotos. Al mismo tiempo, en Tucumán se hallaron los restos de Guillermo Vargas Aignasse, un senador joven y talentoso, que practicó la política y no la violencia, asesinado cruelmente en los primeros días de la última dictadura.

Esos recuerdos amargos del pasado deberían revalorar los casi 30 años de democracia argentina. La política ha preferido, en cambio, llevar la calidad de la democracia a su peor nivel desde 1983. La decadencia democrática acusa a la dirigencia política y social, pero también interpela a una sociedad peligrosamente distraída.

La libertad de prensa y la oposición

Editorial- La Nación
La reconstitución del tejido democrático y republicano llevará más tiempo que el de la deposición de las tendencias autoritarias del presente gobierno. Ha sido votado éste, sin duda, en elecciones libres por un porcentaje considerable de los inscriptos en el padrón electoral; y, más que eso, ha sido enfrentado en tales comicios por fuerzas políticas en las cuales anidan concepciones cuya respuesta sobre los aspectos más enjuiciables de los últimos dos gobiernos no autorizan grandes ilusiones. Es como decir que, además de las fuerzas propias, el oficialismo podría reivindicar, para el ejercicio del período pronto a comenzar, el concurso más o menos previsible de facciones remanentes bajo otras banderías políticas.

En la convención de la Unión Cívica Radical efectuada el último fin de semana, una corriente de pensamiento, que al parecer estuvo preparada para hacerse del control de las tribunas más bulliciosas, denunció a la conducción del partido por haberse opuesto en su oportunidad a la reconversión de las jubilaciones privadas en jubilaciones compulsivamente públicas. También imputó a la conducción partidaria las serias objeciones formuladas a la ley de medios audiovisuales, entre otros delicados asuntos.

No sabemos con exactitud hasta qué punto los vociferantes en esa convención están vinculados con bolsones de la burocracia estable de la Anses, que se ha visto acrecentada y enriquecida por la transferencia forzosa de los ciudadanos que habían elegido el sistema de jubilaciones de su preferencia tan libremente como la mayoría electoral lo ha hecho con la candidata presidencial que volverá a asumir el Poder Ejecutivo el 10 de diciembre. No sabemos tampoco qué fines persiguen los dirigentes radicales dispuestos a exponer de modo tan abierto su coincidencia con la política de medios audiovisuales enderezada a silenciar voces críticas a cualquier precio, incluso a costa de la ruptura de elementales normas de seguridad jurídica. Haber hecho aquella imputación a días de un ataque alevoso contra distinguidos periodistas que no mereció condena alguna por parte de los funcionarios del gobierno nacional, ha colocado en papel más sorprendente todavía la actuación de un núcleo de dirigentes de la UCR.

Esa línea de pensamiento partidario ha contribuido de un tiempo a esta parte a reducir a la medida de una representación lamentablemente atenuada a una de las fuerzas políticas más vigorosas y relevantes en casi 120 años de política argentina. No es por ese lado, sin duda, como debe registrarse con estremecimiento lo ocurrido en la reciente convención radical. La preocupación debe centrarse en la fatiga y dispersión de esfuerzos en la elaboración de una estrategia para la Argentina democrática y republicana en ese partido, por un lado, y, por el otro, en la sensación generalizada de que ese tipo de apremios ha profundizado la menguante capacidad de contralor de la fuerza caracterizada en el historial político del país por la defensa indeclinable de los derechos y garantías públicas.

Ha de reconocerse un valor, al menos, en el obsesivo afán hegemónico del desaparecido presidente Néstor Kirchner cuando procuraba adoctrinar a sus seguidores sobre la conveniencia de trazar una línea divisoria imaginaria entre izquierda y derecha, y situándose él y sus seguidores a la izquierda, por considerarla naturalmente inexpugnable frente al polo contradictorio. Aunque una nomenclatura de esa clase no serviría a la larga de mucho, porque la gente, a pesar de todo, no se entrega con facilidad a otras dicotomías que no deriven de los resultados prácticos de los gobiernos, Kirchner había propuesto una metodología que no cabe desdeñar a priori en su totalidad.

Es más: acaso vaya llegando el momento de invitar a los ciudadanos más conscientes de sus responsabilidades a un alineamiento básico. Se trataría de lograr un sólido encolumnamiento entre quienes creen que las libertades públicas consagradas por la Constitución son parte de derechos esenciales que, perdidos, dejan sin bases de sustentación real al mismísimo Estado de Derecho. Entre quienes rechazan igualmente las misas paganas en las que se endiosa, merced al desenfreno publicitario pagado con fondos públicos, a personajes y políticas gubernamentales, al tiempo que se confunde Estado con gobierno y gobierno con partido.

En el fondo, sería como aceptar, en un sentido estricto, el sentido militante que no pocos voceros del oficialismo confieren a su adscripción al kirchnerismo. Pero lo sería para establecer, sin márgenes de confusión, que se está con las libertades públicas, entre las cuales la libertad de prensa tiene el valor estratégico de contribuir al fortalecimiento de las restantes libertades -desde los cultos religiosos hasta la propiedad privada-, o se está contra ellas.

Por lo que se ha visto durante la campaña electoral y ahora mismo, el debate se encuentra abierto hasta en partidos de la oposición. Sin prensa libre y sin justicia libre de presiones indebidas, tambalea la República.

Una hegemonía sin excesos

Por Jorge Fernández Díaz | LA NACION
Hay dos visiones posibles. Aquí ha pasado algo. O aquí no ha pasado nada. Esta última hipótesis se escucha en los campamentos del antikirchnerismo, donde se evalúan los últimos acontecimientos electorales simplemente como una momentánea validación del modelo imperante. "Seguirá por cuatro años más el mismo gobierno de siempre -argumentan-. Habrá simplemente que esperar la evolución de la economía y de los humores sociales." Es curioso, porque en los campamentos kirchneristas se escucha la misma opinión, aunque cargada de orgullo y esperanza: "Se premió a un gobierno que hace las cosas bien para que las siga realizando del mismo modo". Yo creo, sin embargo, que ambos se equivocan. Que aquí ha pasado algo. Quiero decir que en la Argentina no se abre un nuevo capítulo de la misma película: creo que la película ha terminado y una nueva está a punto de estrenarse.

Esta nueva película, al menos desde el arranque, tiene una diferencia fundamental: el "movimiento nacional y popular" que gobierna logró lo que nunca, construir una hegemonía. Esa palabra impresiona, pero es verdadera, y más allá de los atropellos que eventualmente se practiquen desde esa nueva categoría lo cierto es que no puede ignorarse que la hegemonía de un movimiento que gobierna doce años, institucionaliza mediante leyes sus medidas y da vuelta como una media el discurso, el sistema político y la economía estatal y privadas lo que está haciendo es tallar una muesca indeleble en la historia moderna. Ya nada volverá a ser lo mismo. Doce años después es altamente difícil pensar que cualquier fuerza política opositora, por más consenso que tenga, pueda desatar algunos de los nudos centrales del kirchnerismo.

La oposición nunca logró articular un mensaje efectivo para oponerse. La oposición no podrá constituirse con verdaderas chances de alcanzar el poder sin reconocerle a la gestión del Frente para la Victoria su consistencia y su éxito. Si no lo hace, seguirá utilizando discursos prekirchneristas.

La oposición, me temo, debe cuanto antes declarar y asimilar su derrota, entenderla y asumirla en toda su dimensión, lo que implica tomar aceite de ricino, es decir: admitir las cosas positivas que el oficialismo logró. Sólo desde ese lavaje de estómago, desde esa dolorosa pero purificadora penitencia, la oposición podría adquirir la autoridad moral frente a la sociedad para reclamar cambios. Hoy reclama cambios anclados en el pasado. Se percibe, de manera inconsciente, que nos propone volver a algún sitio (el ochentismo alfonsinista, el liberalismo de los noventa, los tiempos del Frepaso o de la Alianza) porque el kirchnerismo arrasó con las reglas de juego que en esos pretéritos supuestamente imperaban. El electorado percibe que la oposición propone más de aquello, poco de esto y nada del futuro. Para proponer algo del futuro la oposición tiene que aceptar los logros oficiales y construir un discurso poskirchnerista. Que en esta campaña no se vio.

En la vereda de enfrente, el gran problema del oficialismo será sin duda lidiar con la hegemonía, palabra que muchos kirchneristas comienzan a adoptar. Hace 48 horas el adjetivo "hegemónico" servía para satanizar a cualquiera. Ahora el sustantivo "hegemonía" se ha vuelto sinónimo de "apoyo popular sin precedente". El carácter de partido hegemónico le quita al kirchnerismo ese halo tan cool de movimiento contestatario para posicionarlo en el lugar central del poder. El mayor poder del que se tenga memoria. Veremos cómo se digiere esa metamorfosis en su militancia intelectual.

Lo cierto es que desde esta flamante hegemonía au toasumida el kirchnerismo se propone pasar de inmediato a su "etapa superior", que consiste en refrendar con leyes cada una de las ideas y políticas de estos años. La hegemonía en el Congreso le permitirá una "institucionalización" del modelo: detrás de cada medida importante habrá una ley votada por la mayoría. Pero Cristina Kirchner no quiere creer en provisorias quimeras ni escucha a quienes le proponen, legitimados por las urnas, arrasar con las reglas democráticas de la "partidocracia liberal". Es que el juego exige mucha sutileza: manejar una hegemonía sin permitir que el "movimiento nacional y popular" caiga en excesos y produzca miedos. Sin irse a la banquina. Creo que eso es lo que Cristina se propone: una hegemonía sin excesos en una democracia renga pero vigente. Habrá que ver cómo le va.

© La Nacion.

Nunca tanto poder y jamás tan concentrado

Por Claudio Jacquelin | LA NACION
Cristina Kirchner acaba de batir varios récords con su triunfo.
De los tres presidentes argentinos que obtuvieron la reelección, es la única mujer; su fuerza política es la primera en ser elegida para gobernar el país en tres períodos consecutivos, y es la presidenta electa que más diferencia le sacó al segundo candidato más votado desde 1983.

Hay más, pero no hace falta enumerarlo. Cristina Kirchner es desde hoy la jefa del Estado más poderosa de la historia argentina. No sólo nunca nadie logró tanto poder, sino que jamás estuvo tan concentrado en una sola persona. Veamos:
Cristina tiene asegurado el control total del Congreso y no hay una oposición articulada que represente una porción significativa del electorado que no la votó o que haya salido indemne de la fenomenal paliza electoral recibida.

Tampoco existen factores de poder o grupos de presión -económicos, sindicales, eclesiásticos, militares- que se le opongan o que estén en condiciones de fijarle algún límite real, como tantas veces ha ocurrido.

No depende de un partido político en condiciones de imponerle o vetarle políticas ni personas. Tampoco que pueda sentirse acreedor ni siquiera de una pizca de todo ese poder.

No hay, ni asoma la posibilidad de formarse, una liga de gobernadores que pueda fijarle condiciones o instalarle reclamos. Casi todos los mandatarios provinciales le son afines, pero, sobre todo, son deudores de su popularidad y son, especialmente, dependientes de la caja del Estado nacional.

Hasta desaparecieron también los vestigios de cualquier coalición de caciques del conurbano en condiciones de rebelarse.

Pero no sólo no hay actores políticos que puedan impedirle a Cristina llevar adelante cualquiera de sus decisiones. Lo excepcional del escenario que acaba de abrirse hoy es que semejante acumulación se da en un grado de concentración en una sola persona del que no hay precedente.

Ni Perón ni Menem se encontraron con tanta libertad de movimiento. Hasta los presidentes de facto debían tributar al todopoderoso partido militar y pactar con sus distintas fuerzas y ramas internas.

Alrededor de Cristina no hay siquiera consejeros ni ministros que puedan torcer rumbos ya fijados en soledad.

Como si estos elementos no fueran suficientes para que la Presidenta celebre, puede agregarse que todo este poder alcanzado es en parte consecuencia de las batallas culturales que ha dado.

La ausencia de frenos y contrapesos o la fragilidad de la división de poderes no son demandas de la hora. Esas son preocupaciones del republicanismo liberal.

Y no se trata sólo de una mirada dominada por el pragmatismo político, basado en el legítimo y arrasador triunfo democrático que Cristina ha logrado por segunda vez consecutiva.

El populismo, que reivindica este tipo de liderazgo y formas de ejercer el poder, tiene basamento teórico y cuenta hoy en la Argentina con un creciente número de cultores en el ámbito intelectual y académico, arraigo en casas de estudio y predicamento sobre numerosos formadores de opinión.

Con el triunfo de Cristina termina por legitimarse, y para una buena mayoría ya no es más una categoría maldita de la política o una desviación del ejercicio del poder. El populismo es, para sus defensores y difusores, la forma más genuina de la democracia, el modo más adecuado para representar el interés popular y la herramienta más eficaz para satisfacer las demandas del pueblo.

Que el kirchnerismo haya logrado tanto poder y que el poder esté tan concentrado en una sola persona es el mayor triunfo al que podían aspirar.

También es su prueba de fuego: ahora todo depende sólo de ella y de su capacidad para administrar los desafíos y las contingencias que sobrevendrán.

© La Nacion.

La Presidenta y la profundización del modelo

Editorial I/ La Nacion
El tan abultado como predecible triunfo electoral logrado ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner debería ayudar a limpiar el escenario nacional de las típicas frases de campaña que nada dicen y a enfrentar los grandes desafíos que los vaivenes de la economía y nuestra deficiencia en materia de calidad institucional plantean a la Argentina.

El principal eje de la propuesta electoral del oficialismo ha pasado por la profundización del modelo. Más que nunca, a partir de hoy, la Presidenta debería preocuparse por brindar señales claras sobre las implicancias de esa profundización, capaces de alejar los fantasmas que rondan las cabezas de muchos empresarios y no pocos ciudadanos comunes.

Las últimas semanas han mostrado una aceleración de la fuga de capitales, desconfianza inversora, pérdida de reservas del Banco Central y temores por las consecuencias que sobre la economía argentina provocaría la crisis internacional. En ese contexto, no menos confusión pueden despertar afirmaciones como las del actual viceministro de Economía y diputado nacional electo, Roberto Feletti, en el sentido de que, ganadas las elecciones, "el populismo no tendrá límites, porque tiene las herramientas para apropiarse de la renta". Igual efecto pueden tener sugerencias como las del futuro vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, de limitar los contenidos de las carreras de Ciencias Económicas a Marx y a Keynes.

El populismo busca la satisfacción presente del bienestar de las masas, con la mirada puesta en la popularidad y en el apoyo electoral. Deja las consecuencias de largo plazo de sus acciones a otros que gobernarán en el futuro. Por eso no le preocupa el desaliento presente a la inversión genuina, ni el efecto inflacionario posterior. E incluso si estas consecuencias se hicieran realidad mientras todavía se es responsable del gobierno, habrá un relato que señale a otros culpables: ya sean los medios, el capital concentrado, sus lacayos o el neoliberalismo conspirativo.

Si la profundización del modelo radica, como sugieren algunos dirigentes kirchneristas, en terminar con los "grupos concentrados", deberían advertir el capitalismo de amigos del que se ha hecho un culto en los últimos años. La referencia más acabada de esta modalidad es la Rusia de Putin. Hay capitalismo, pero las grandes empresas, las oportunidades de negocios, por lo general quedan en manos de los amigos, testaferros o socios del poder. Esta clase de modelo tuvo múltiples manifestaciones en la Argentina de los últimos tiempos, tanto en las licitaciones para infraestructura, como en el negocio de los juegos de azar, las empresas de energía y los medios de comunicación. Se gestaron así nuevos grupos económicos afines al poder, que apoyan y participan de sus acciones políticas y reciben beneficios.

Si se quiere profundizar en teorías que intentan explicar con tono pretendidamente académico qué es lo que se entiende por la profundización del modelo, puede recurrirse a diversos foros. Por ejemplo, a las Jornadas Monetarias del Banco Central, que fueron cerradas con un discurso de la Presidenta, o a los tres Congresos de Jóvenes Economistas Heterodoxos de la agrupación la graN maKro, liderados por Boudou, o también al Congreso de la Asociación de Economistas Argentinos para el Desarrollo en la Universidad de Buenos Aires. Con menos pretensión científica pueden consultarse los documentos económicos de La Cámpora. De todas estas manifestaciones resulta claro que la profundización del modelo expone una orientación ideológica muy parecida al socialismo del siglo XXI de Chávez, aunque con menos énfasis en la apropiación formal de la propiedad que en la de la renta.

En una visión fáctica de la política en un contexto de creciente déficit fiscal y sin acceso al crédito, el modelo ya pasó por la apropiación de las llamadas cajas. Así lo fueron los saldos de cuentas oficiales, las AFJP, parte de las reservas y las utilidades no genuinas del Banco Central, entre otras. En una próxima etapa orientada a la "apropiación de la renta", podrán ser la exportación de granos, el Fondo Solidario de Redistribución de las Obras Sociales y del Pami u algunos otros recursos confiscatorios de los ahorros, de muy mala memoria.

Con una innegable dosis de realismo e intuición, los ahorristas, muchos de los cuales seguramente votaron a la actual Presidenta, se vienen refugiando en el dólar ante la presunción de que la profundización del modelo no puede llevar a un buen destino.

Frente a este complejo contexto, es menester que la jefa del Estado, en la misma línea de sus últimos discursos con los que cerró su campaña, lleve a la práctica sus convocatorias a la unidad y a la concordia nacional; procure, con la fuerte legitimidad que le otorga el apoyo en las urnas, sellar las heridas abiertas por los muchas veces duros reproches a quienes piensan distinto, y asuma que un programa de gobierno debe ser mucho más que una estrategia de campaña.

Una alarmante fragilidad institucional

En los últimos meses, Brasil asiste a la sucesiva caída de ministros involucrados en casos de corrupción. La "limpieza" de la presidente Dilma Rousseff, más allá de que sirve para reafirmar su autoridad, nos enseña cuánto falta aún para que Brasil, hoy motivo de elogios y envidia internacionales, alcance el nivel de los países desarrollados.

Aun así, a los ojos de un brasileño, que no viene de una tierra libre de problemas estructurales profundos, asusta ver cómo el gobierno argentino no parece tener tanto aprecio por las instituciones republicanas.

Las renuncias de ministros en Brasil, por ejemplo, tienen mucho que ver con denuncias hechas por la prensa, más independiente y más respetada allá como elemento constituyente de la democracia. Un diario o una revista enseñan el problema, y el gobierno de Brasil se ve obligado a dar una explicación. Es un proceso natural, sano, transparente.

En la Argentina, desafortunadamente, no pasa lo mismo. Para utilizar apenas un ejemplo reciente: el caso Zaffaroni. ¿Cómo es posible que una denuncia tan seria no sea investigada? ¿Cómo es posible que el Gobierno salga inmediatamente a defender al juez sin ni siquiera cuestionarlo? ¿Cómo es posible que el caso simplemente sea olvidado pocas semanas después?

La promiscuidad y la fragilidad institucionales parecen ser los más grandes problemas de la Argentina en estos días. Algunos ejemplos de cosas que veo y tengo que leer dos veces para creer que es así: funcionarios judiciales que se conocen públicamente como "jueces K", sin que el absurdo de esa expresión escandalice a nadie. Una brigada de medios cooptados por el Gobierno a través de montos irregulares de publicidad oficial adopta una línea editorial propagandística y panfletaria, atentando contra la prensa libre y la dignidad del oficio del periodista. Una emisora del Estado que utiliza dinero público para producir un programa destinado a atacar prácticamente a un diario crítico.

Una justicia electoral que no vigila si la Presidenta está o no haciendo uso del aparato estatal para su campaña política. Un instituto nacional de cine que tiene parte del presupuesto que viene del Estado, prestándose a producir películas y series exaltando un determinado relato de la historia que conviene al discurso político kirchnerista. Un instituto nacional de estadísticas que miente acerca de cifras vitales para que un obrero pueda saber si está en su derecho de pedir un aumento o no, para que los economistas puedan reflexionar acerca de las soluciones para los problemas del país. Eso para no hablar del caso Schoklender, ya ampliamente debatido en la prensa, sin consecuencias prácticas o judiciales significativas, todavía.
Por Sylvia Colombo | Para LA NACION
Es impresionante que una sociedad que salió a las calles a pedir "que se vayan todos" hace diez años, enojada con la corrupción, entre otras cosas, hoy parece que no le importara el hecho de que la familia de su Presidenta se haya enriquecido mientras ocupaba el poder en distintos cargos. Es triste constatar que el sueño continuado de los gobernantes parecen tener solamente un propósito: la inmortalidad de su proyecto hegemónico.

Aun así hay que resaltar las cosas positivas en la Argentina de los últimos años. En Brasil se siguió con mucho interés y admiración la aprobación del matrimonio gay. De igual modo, el juicio a los militares, que se tomó como política amplia del Estado argentino, es ejemplar. En este sentido, la Argentina marcha adelante de Brasil. Dilma acaba de aprobar recién ahora la creación de una Comisión de la Verdad, para investigar violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar.

Corresponsal en Buenos Aires del diario brasileño La Folha de São Paulo.

Pronósticos de graves riesgos para el periodismo

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION
Como imaginar el triunfalismo posterior de un gobierno que podría ganar hoy con más del 50 por ciento de los votos y con una diferencia abismal con respecto del segundo candidato más votado? ¿Cómo, cuando ya las primeras certezas del triunfo endurecieron las formas y el contenido de la administración de Cristina Kirchner? El círculo supuestamente informado de la política cree que el kirchnerismo saldrá de caza por las comarcas del periodismo. No hay un solo interlocutor de la vida pública argentina que no tema (o espere) una dura ofensiva contra la prensa independiente en las próximas semanas o meses. Políticos, intelectuales, empresarios y hasta sindicalistas pronostican tiempos de innecesarios combates: La guerra con el periodismo continuará , anuncian.

Continuará. La palabra es exacta. Nada comenzará; sólo podría ahondarse lo que ya existe. De hecho, la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realizó en Lima, hizo una dura descripción de la situación que vive la prensa argentina. El gobierno argentino pasó a integrar el lote de gobiernos muy duramente criticados por el resto del periodismo americano; está junto con los de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. La actitud de la administración argentina en el trato a la prensa es lo único que la identifica, sin matices, con las administraciones más autoritarias de la región.

Según el testimonio de periodistas ecuatorianos y venezolanos registrados en Lima, sus gobiernos han creado un conjunto de medios oficialistas, que se dedican, sobre todo, a transportar las calumnias y las difamaciones que surgen del poder y que están dirigidas al periodismo no oficialista. La publicidad del Estado es distribuida arbitrariamente y beneficia sólo a los medios amigos. Un clima de persecución y de intimidación se abate en esos países sobre el periodismo crítico del poder, que es, vale la pena repetirlo, la única forma de hacer periodismo y de que éste tenga una razón de existir. Cualquier semejanza con el caso argentino no es, desdichadamente, sólo una casualidad.

La Argentina se diferencia, sí, en un solo y crucial aspecto. Todavía cuenta con sectores de la Justicia que son independientes, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia. En Ecuador, los jueces han condenado a periodistas por el delito de opinar. En Venezuela, la Justicia aprovecha cualquier infracción de un periodista, real o artificial, para terminar condenando también su opinión. Si los periodistas argentinos perdieran la protección de la Justicia, el actual clima parecido con los gobiernos opresores de América latina se convertiría en idéntico.

La Presidenta ha dicho en su cierre de campaña que no guarda rencores, pero lo cierto es que la maquinaria estatal ha logrado crear una lamentable división entre los periodistas, como nunca ocurrió en casi 30 años de democracia argentina. Los periodistas son "gorilas", "destituyentes" o "golpistas" por el solo hecho de contradecir la narración oficial. Los periodistas son "viejos", cuando en algunos casos son mucho más jóvenes que algunos oficialistas, sólo porque cumplen con su misión de indagar y de criticar. Las descalificaciones vienen a veces de periodistas militantes. Algo extraño sucede cuando numerosos periodistas creen que el Estado tiene la razón y que sus colegas merecen ser víctimas de una cacería.

Dos periodistas de larga trayectoria acaban de escenificar esa cruel ruptura entre unos y otros. Magdalena Ruiz Guiñazú y Víctor Hugo Morales disintieron públicamente sobre la misión y la mirada del periodismo. También expresaron los dos modelos de periodismo que están en boga. Magdalena apeló al manual del periodismo clásico (y eterno), según el cual los periodistas deben estar lejos de cualquier poder y aferrarse sólo a su independencia. Víctor Hugo levantó la bandera del periodismo militante, para el que la verdad pasajera de un gobierno a cargo del Estado es más importante que el viejo oficio.

Magdalena y Víctor Hugo iban a chocar irremediablemente, como ya lo habían hecho en privado. La periodista contó con el micrófono abierto una anécdota conocida por muchos colegas. Hace pocos meses, Víctor Hugo trató de la peor forma a los periodistas no oficialistas en un diálogo privado con Magdalena. Los dos habían convivido pacíficamente, y habían coincidido, hasta no hace mucho tiempo. Fue Víctor Hugo el que cambió en los últimos dos años. El periodismo a secas estuvo del lado de Magdalena, que convalidó sus títulos como ejemplo profesional de principios y de valentía.

En ese contexto de fisuras y de contrastes, una de las versiones más recurrentes se refiere a la probable intervención de Papel Prensa. El propio Víctor Hugo se refirió también, en su discusión con Magdalena, a la "mafia" de Papel Prensa. ¿Dónde está la mafia? ¿Por qué esa descalificación, como bien se lo señaló Ricardo Alfonsín? Víctor Hugo tiene el derecho de expresar su opinión, aun cuando signifique un agravio gratuito. Pero ¿es ésa la opinión del Gobierno que el periodista defiende?

Un proyecto está en la Cámara de Diputados esperando, quizás, el exitismo que despuntará a partir de hoy. Dispone la declaración de interés público del papel para diarios y prohíbe que los propietarios de fábricas de papel sean dueños de diarios. La Nacion y Clarín serían despojados rápidamente de sus acciones mayoritarias en Papel Prensa. El proyecto lleva la firma de la diputada Cecilia Merchán, que ingresó en el Congreso por Proyecto Sur y luego se fue al bloque kirchnerista. Nunca fue, como se dijo erróneamente, socialista ni aliada de Hermes Binner.

El proyecto es un glosario de inexactitudes. Llega al colmo de asegurar, en sus fundamentos, que la empresa es manejada, entre otros, por Peralta Ramos en representación del diario La Razón. Hace 20 años que La Razón y Peralta Ramos no son accionistas de Papel Prensa. El mundo está lleno de casos de diarios que tienen su fábrica de papel. Ese es el proyecto que fue avalado por el oficialismo y que podría dejar a los dos principales diarios argentinos en la mira del Gobierno. La comercialización del papel para diarios podría quedar en manos exclusivas de funcionarios kirchneristas.

Actualmente, no existen aranceles de ninguna naturaleza para la importación de papel para diarios. El papel es una materia prima que ahora abunda en el mundo más que nunca, porque la presencia de Internet desplazó a muchos lectores hacia las plataformas digitales. El papel importado es un 15 por ciento más barato que el que fabrica Papel Prensa. En el mercado argentino operan importadores de papel de Chile, los Estados Unidos, Rusia, Canadá, Italia y España. Los principales importadores de papel para diarios en la Argentina son La Nacion y Clarín, que, al fin y al cabo, terminan subsidiando a Papel Prensa.

Así las cosas, ¿qué sucedería si fuera el Gobierno el que controlara Papel Prensa y, al mismo tiempo, cambiara las actuales reglas de importación, como ya lo ha hecho Guillermo Moreno con innumerables productos del exterior? ¿Qué pasaría si el Gobierno les negara papel de producción nacional a los grandes diarios argentinos y, a la vez, cerrara la importación de papel o la condicionara al pago de exorbitantes aranceles? En esas preguntas y en sus respuestas se encierra el futuro del periodismo argentino, más allá de las repetidas falsedades y de la retórica de un discurso aparentemente romántico.

La batalla cultural del kirchnerismo consiste sólo en ahogar las voces diferentes del oficialismo. Todo lo demás es únicamente cotillón político. El periodismo a secas no debe participar de esa batalla, pero tampoco debe permitir que apaguen su mirada curiosa y crítica. ¿Qué sentido tendría su existencia si se redujera sólo a participar en la vasta línea del coro?