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domingo, 6 de mayo de 2012
La marihuana que resulta tan seductora y destructiva
Por Ricardo Larrondo | LA NACION
El consumo de la picadura de marihuana se popularizó en el mundo occidental hacia fines de la década del 50, en particular en los sectores juveniles. Desde ese entonces, su consumo no ha dejado de crecer en la Argentina y en el mundo.
En la actualidad es la droga de iniciación en el país y, según un relevamiento oficial, en 2011 casi el 20 por ciento de la población recibió ofertas para consumir cigarrillos de marihuana ( cannabis sativa ).
Ese estupefaciente goza hoy de una alta tolerancia social. Para el común de la gente, la marihuana es falsamente catalogada como una droga "menor", que sólo produce un bienestar sin riesgos. Pero la realidad es otra, pues el consumo constante genera males irreversibles, dicen los expertos.
Una encuesta de consumo de drogas realizada por la Sedronar en 2010, reveló que unas 600.000 personas entre los 12 y 65 años aceptaron haber consumido marihuana en ese año.
Esto, en parte, en que el grado medio de adicción de la marihuana suele ser alto y, por ello, resulta difícil dejar su consumo.
Según el profesor Juan Carlos Leza Cerro, titular de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, si se la compara con otras drogas, la marihuana posee una dependencia física débil en pequeñas y esporádicas dosis.
Pero si la ingesta es mayor y se prolonga en el tiempo, suele producir, como varios síntomas de riesgo, desasosiego, irritabilidad, agitación, temblores, anorexia, insomnio y temblores acompañados de náuseas.
Por ello la marihuana induce a una dependencia fundamentalmente psicológica. Para el mismo especialista, según los estudios realizados en aquella prestigiosa casa de estudios, el consumo de marihuana en forma constante o su abuso puede generar distintas complicaciones clínicas en las personas, tales como:
Sistema cardiovascular: elevada presión arterial, acompañada de severas taquicardias que, según el caso, pueden ser mortales.
Aparato respiratorio: distintas sustancias de la marihuana producen broncodilatación, pero este efecto suele enmascararse en irritaciones como laringitis, traqueítis y bronquitis.
Aparato digestivo: las citadas sustancias pueden producir diarrea e irritación intestinal.
Efectos psicológicos: se inician pocos minutos después del consumo y duran entre 60 y 90 minutos. Comienza un período de excitación con una sensación de bienestar y de euforia. La percepción temporal se altera, al igual que la audición y la visión, especialmente la distinción de los colores.
Tampoco es raro que surja una rara hilaridad, locuacidad momentánea y megalomanía. Puede terminar el efecto de la marihuana con un acceso de bulimia y se han demostrado alteraciones severas de la memoria.
Eso es sólo el principio.
jueves, 26 de abril de 2012
Maniobras para instalar el cambio
Por Adrián Ventura | LA NACION
Sin demora alguna, el Gobierno encendió la maquinaria de la reforma constitucional: luego de haber reinstalado el reclamo de soberanía sobre Malvinas, de haber casi cerrado el caso Ciccone y asegurar ayer la sanción de la ley de expropiación de YPF, el próximo objetivo consiste en instalar el debate sobre la reelección presidencial.
El clima no podía ser más propicio. Por un lado, Malvinas e YPF hicieron resurgir el fervor nacionalista y ambos temas fueron asimilados con la soberanía.
Y, por el otro, la presidenta Cristina Kirchner, cuya nueva gestión mostraba tempranos signos de deterioro -producto de medidas económicas, de la inflación y de la tragedia de Once-, logró retomar la iniciativa.
El ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni iba a ser uno de los protagonistas de un seminario sobre reforma constitucional realizado ayer. No pudo serlo por un accidente doméstico. Pero la sola mención del juez supremo lleva a recordar que es un férreo defensor del sistema parlamentario.
Este sistema político, en el cual el pueblo vota a los diputados y éstos, a su vez, eligen a un primer ministro (como ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, España o Italia), tiene para el oficialismo el atractivo de permitir la reelección indefinida. Una alquimia capaz de transformar a la Presidenta en "Cristina eterna". Pero sus partidarios no dicen que en muchas partes del mundo ese sistema fracasó.
Ayer, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a raíz de una pregunta que le hizo un periodista durante la Cumbre Iberoamericana de Jueces, opinó "a título personal". No hay inconveniente en ello, porque el tema no está a estudio del tribunal y son los poderes políticos los únicos que pueden impulsar una reforma.
Lorenzetti, por cierto, no buscó entrar en controversia alguna con Zaffaroni ni con los grupos kirchneristas ni, mucho menos, con el Gobierno.
Pero dejó en claro su posición, la que en realidad ya era conocida: sostuvo que no es necesario reformar la Constitución porque la actual Carta Magna, en muchos artículos y tratados, consagra todos los derechos imaginables y, además, porque es partidario del presidencialismo.
OPINIONES DIVIDIDAS
En la Corte, las opiniones de los jueces están divididas. Hay quienes creen que el parlamentarismo puede atemperar el ejercicio del poder, mientras que algunos otros jueces consideran que la reforma de las instituciones no sirve para cambiar la cultura política.
Claramente, el Gobierno no necesita el aval de los jueces para impulsar la reforma. Pero el apoyo de alguno de ellos sirve para relegitimar el debate.
Ahora bien, si el tema llega a instalarse, habrá que analizar varias cuestiones:
Como la Constitución dice que, para aprobar la ley que declara la necesidad de la reforma, se necesitan dos tercios de cada cámara legislativa, se requiere el aval de buena parte de la oposición. ¿Qué hará la UCR, que en 1994, terminó pactando la reforma con el menemismo? Ayer, la UCR votó con el Gobierno el proyecto YPF.
La reforma de 1994 se hizo, en aquellos años, bajo la justificación de que era necesaria para asegurar la política económica. Una excusa. Ahora se invocará otra. Pero el fin último de la reforma será siempre habilitar la reelección y la permanencia en el poder.
Maniobras para instalar el cambio
Por Adrián Ventura | LA NACION
Sin demora alguna, el Gobierno encendió la maquinaria de la reforma constitucional: luego de haber reinstalado el reclamo de soberanía sobre Malvinas, de haber casi cerrado el caso Ciccone y asegurar ayer la sanción de la ley de expropiación de YPF, el próximo objetivo consiste en instalar el debate sobre la reelección presidencial.
El clima no podía ser más propicio. Por un lado, Malvinas e YPF hicieron resurgir el fervor nacionalista y ambos temas fueron asimilados con la soberanía.
Y, por el otro, la presidenta Cristina Kirchner, cuya nueva gestión mostraba tempranos signos de deterioro -producto de medidas económicas, de la inflación y de la tragedia de Once-, logró retomar la iniciativa.
El ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni iba a ser uno de los protagonistas de un seminario sobre reforma constitucional realizado ayer. No pudo serlo por un accidente doméstico. Pero la sola mención del juez supremo lleva a recordar que es un férreo defensor del sistema parlamentario.
Este sistema político, en el cual el pueblo vota a los diputados y éstos, a su vez, eligen a un primer ministro (como ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, España o Italia), tiene para el oficialismo el atractivo de permitir la reelección indefinida. Una alquimia capaz de transformar a la Presidenta en "Cristina eterna". Pero sus partidarios no dicen que en muchas partes del mundo ese sistema fracasó.
Ayer, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a raíz de una pregunta que le hizo un periodista durante la Cumbre Iberoamericana de Jueces, opinó "a título personal". No hay inconveniente en ello, porque el tema no está a estudio del tribunal y son los poderes políticos los únicos que pueden impulsar una reforma.
Lorenzetti, por cierto, no buscó entrar en controversia alguna con Zaffaroni ni con los grupos kirchneristas ni, mucho menos, con el Gobierno.
Pero dejó en claro su posición, la que en realidad ya era conocida: sostuvo que no es necesario reformar la Constitución porque la actual Carta Magna, en muchos artículos y tratados, consagra todos los derechos imaginables y, además, porque es partidario del presidencialismo.
OPINIONES DIVIDIDAS
En la Corte, las opiniones de los jueces están divididas. Hay quienes creen que el parlamentarismo puede atemperar el ejercicio del poder, mientras que algunos otros jueces consideran que la reforma de las instituciones no sirve para cambiar la cultura política.
Claramente, el Gobierno no necesita el aval de los jueces para impulsar la reforma. Pero el apoyo de alguno de ellos sirve para relegitimar el debate.
Ahora bien, si el tema llega a instalarse, habrá que analizar varias cuestiones:
Como la Constitución dice que, para aprobar la ley que declara la necesidad de la reforma, se necesitan dos tercios de cada cámara legislativa, se requiere el aval de buena parte de la oposición. ¿Qué hará la UCR, que en 1994, terminó pactando la reforma con el menemismo? Ayer, la UCR votó con el Gobierno el proyecto YPF.
La reforma de 1994 se hizo, en aquellos años, bajo la justificación de que era necesaria para asegurar la política económica. Una excusa. Ahora se invocará otra. Pero el fin último de la reforma será siempre habilitar la reelección y la permanencia en el poder.
La gesta colectiva de un futuro común
Por Martín Lousteau | Para LA NACION
Últimamente se han hecho habituales los elogios a la primera mitad de la década del '70: un tiempo supuestamente idílico, en el que una sociedad igualitaria se animaba a ir más lejos, más alto, persiguiendo sus ideales con una dosis incomparable de valentía. Si la línea temporal fuera un dial de radio, ésa es la estación desde la cual le encanta transmitir al Gobierno nacional: en muchas de las medidas y discursos se puede apreciar una reivindicación, a veces más sutil y otras más explícita, de aquellos años.
Sin embargo, aunque es cierto que su antena parece hoy tan potente que opaca a otras transmisiones, los ´70 no son la única emisora. Moviéndose un poco más a la izquierda o hacia atrás en el tiempo se pueden sintonizar también los ´60. Y vale la pena prestar atención a su sonido. Fueron años de un verdadero desarrollo, en los que nuestro país volvió a recuperar parte del terreno perdido frente a las naciones más industrializadas. Argentina se encontraba a la cabeza de la región y gozaba de un lugar en el mundo, obtenido en base a su propia identidad, con presidentes globalmente reconocidos, que podían, por ejemplo, reunirse con Kennedy o el Che Guevara y no por meras ansias de figuración. Montados sobre las conquistas sociales de las décadas anteriores, se fraguó una sociedad igualitaria y moderna, con prestigiosos sistemas educativos y de salud. Existía una cosmovisión en base a la cual, el Estado planificaba y actuaba, erigiéndose así en el representante y garante de un destino común. Lo cual, certificaba nuestra condición de Nación.
La gran disyuntiva de nuestros tiempos parece ser la de cómo salir del individualismo para volver a la gesta colectiva de un futuro común
Su impronta llegó a influenciar el crecimiento de los primeros años de la década del ´70. Pero aquel sueño colectivo de una sociedad moderna e igualitaria fue desprestigiado por una supuesta "juventud maravillosa" que pretendió cincelarlo a su antojo y por la fuerza. Caímos así en una pesadilla de excesos, tiros, violaciones a los derechos humanos y asesinatos masivos, de la que ya no despertamos todos juntos sino en soledad, cada uno atado a su cama y en pequeñas esferas de individualismo. Esta concepción egoísta de la vida social comenzó con el golpe del '76 y terminó haciendo crisis en 2001.
Una ventana de oportunidad para alterar esta tendencia se abrió en 2003. Poder retomar la senda de un crecimiento vigoroso fue muy significativo para "recuperar la autoestima de los argentinos", como solía decir el presidente Kirchner. De hecho, el período desde entonces hasta la actualidad constituye el tercero más exitoso en cuanto a desempeño económico de nuestra historia, detrás de 1903-1910 y 1918-1925.
El aumento de la actividad económica es, sin lugar a dudas, fundamental, pero no lo es todo. En estos años, y como ilustró alguien hace poco, los argentinos hemos mejorado sustancialmente nuestra situación hacia dentro de nuestras casas. Antes, el jefe de familia estaba desempleado, los hijos no asistían a clases y hasta podía faltar comida. Hoy, en casi todos los hogares el sostén trabaja, los niños estudian, la familia se puede tomar vacaciones, la casa está más equipada y, quizás, hasta remodelada. Una transformación a todas luces excepcional. Sin embargo, de las puertas hacia fuera no hubo mejoras similares y, en algunos ámbitos, hasta se ha retrocedido. Nuestra interacción social es tosca, la capacidad de convivencia es pobre, el diálogo y la tolerancia son mínimos, la política permanece degradada, los espacios públicos no se han recuperado para el uso social debido a la inseguridad, la salud y la educación no experimentaron cambios, y la infraestructura física -tanto social como productiva- continúa siendo deficitaria. Lamentablemente, aunque pretendamos esconderlo con otras cifras, lo que ocurre una vez que salimos de nuestros hogares es tan importante cómo la situación interna.
La reconstrucción no puede venir de la mano de un Estado medroso o sumiso a otros intereses. Pero tampoco de uno prepotente, ineficaz, arbitrario, ciclotímico, corrupto y poco riguroso
La gran disyuntiva de nuestros tiempos -tanto aquí como en otros países- parece ser precisamente la de cómo salir del individualismo para volver a la gesta colectiva de un futuro común. En cómo se da ese debate y cómo se recrean los instrumentos necesarios para tal fin residirá la clave del éxito. La reconstrucción no puede venir de la mano de un Estado medroso o sumiso a otros intereses. Pero tampoco de uno prepotente, ineficaz, arbitrario, ciclotímico, corrupto y poco riguroso. Si no somos serios en la acción estatal, si no aprendemos de una vez a controlar y administrar, la discusión acerca de la propiedad pública o privada de ciertos bienes termina siendo de corto alcance y escasa relevancia.
Lo conseguido en estos años resulta enormemente meritorio y es parte del patrimonio social pero no basta. Para avanzar en la dirección correcta precisamos recuperar la ilusión del porvenir común y actuar para darle un sustento. No es desde la cerrazón, la soberbia y la imposición que se alcanza ese objetivo. Hace casi cuarenta años el engreimiento, la omnipotencia y la exclusión del otro abortaron sueños colectivos laboriosamente construidos. Que no nos vuelva a ocurrir.
martes, 1 de noviembre de 2011
Defender la vida desde la concepción
Por Cynthia Hotton | Para LA NACION
La Cámara de Diputados comienza hoy a debatir proyectos sobre el aborto en la Comisión de Legislación General, un tema controvertido en el que hay varias posiciones enfrentadas: un grupo que pretende despenalizarlo totalmente; otro grupo que aceptaría excepciones y, finalmente, estamos quienes defendemos la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Las opiniones entre los diferentes bloques se encuentran divididas, lo que refleja una pulseada entre quienes apuestan por la vida y quienes se quieren adjudicar el derecho a decidir sobre la vida de otra persona: el niño por nacer.
Lamentablemente, si reflexionamos sobre lo que implica el aborto libre hasta la semana número 12, como lo proponen los proyectos por tratarse en la Cámara baja, se estaría dando lugar a casos totalmente discriminatorios: por género, por mal formación o por su origen. Hoy en día, una mujer puede conocer a los tres meses de embarazo si el bebe es Down, si es hombre o si es mujer, por lo que resulta imposible corroborar que el sexo del bebe o alguna mal formación no sea la razón de un aborto. En este sentido, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa expresó su preocupación y aprobó la Resolución 1829 (2011), en la que recomienda a los países miembros legislar para prohibir la selección de sexo prenatal en el contexto de los abortos legales. Asimismo, se propuso hacer frente a la problemática de la eliminación sistemática de niñas antes del nacimiento como un fenómeno que se apoya en un clima de violencia contra las mujeres.
Algo que sorprende de los proyectos en debate es que por la excepción de haber sido gestado en un acto violento o por mal formación los niños podrían ser abortados hasta el noveno mes. Les pregunto a los médicos, que de esto entienden, ¿no están matando a un bebe?
Por otro lado, cuando estamos hablando de muertes maternas, el Ministerio de Salud afirma que en la Argentina hay alrededor de 400 muertes por año, según estadísticas de 2009. De éstas, 82 corresponden a abortos, sin estar discriminados en esta cifra si son abortos naturales, abortos inducidos o por embarazos ectópicos. En este sentido, uno de los compromisos de la Argentina para el milenio es la reducción total de la tasa de muerte materna. Está demostrado en países de la región que esta tasa se reduce con políticas de contención y que no existe correlación directa con la legalización del aborto.
La realidad demuestra que no hay interés en resolver el problema que tiene que ver con todas las muertes maternas, para lo cual hemos presentado varios proyectos que apuntan a mejorar el sistema de contención de estas mujeres. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de ellos fue tratado. Mi compromiso sigue firme y voy a dar el debate. Defiendo la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. La ciencia está de nuestro lado, ya se ha comprobado que existe vida desde la concepción.
La autora es diputada nacional por Valores para mi País.
La Cámara de Diputados comienza hoy a debatir proyectos sobre el aborto en la Comisión de Legislación General, un tema controvertido en el que hay varias posiciones enfrentadas: un grupo que pretende despenalizarlo totalmente; otro grupo que aceptaría excepciones y, finalmente, estamos quienes defendemos la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Las opiniones entre los diferentes bloques se encuentran divididas, lo que refleja una pulseada entre quienes apuestan por la vida y quienes se quieren adjudicar el derecho a decidir sobre la vida de otra persona: el niño por nacer.
Lamentablemente, si reflexionamos sobre lo que implica el aborto libre hasta la semana número 12, como lo proponen los proyectos por tratarse en la Cámara baja, se estaría dando lugar a casos totalmente discriminatorios: por género, por mal formación o por su origen. Hoy en día, una mujer puede conocer a los tres meses de embarazo si el bebe es Down, si es hombre o si es mujer, por lo que resulta imposible corroborar que el sexo del bebe o alguna mal formación no sea la razón de un aborto. En este sentido, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa expresó su preocupación y aprobó la Resolución 1829 (2011), en la que recomienda a los países miembros legislar para prohibir la selección de sexo prenatal en el contexto de los abortos legales. Asimismo, se propuso hacer frente a la problemática de la eliminación sistemática de niñas antes del nacimiento como un fenómeno que se apoya en un clima de violencia contra las mujeres.
Algo que sorprende de los proyectos en debate es que por la excepción de haber sido gestado en un acto violento o por mal formación los niños podrían ser abortados hasta el noveno mes. Les pregunto a los médicos, que de esto entienden, ¿no están matando a un bebe?
Por otro lado, cuando estamos hablando de muertes maternas, el Ministerio de Salud afirma que en la Argentina hay alrededor de 400 muertes por año, según estadísticas de 2009. De éstas, 82 corresponden a abortos, sin estar discriminados en esta cifra si son abortos naturales, abortos inducidos o por embarazos ectópicos. En este sentido, uno de los compromisos de la Argentina para el milenio es la reducción total de la tasa de muerte materna. Está demostrado en países de la región que esta tasa se reduce con políticas de contención y que no existe correlación directa con la legalización del aborto.
La realidad demuestra que no hay interés en resolver el problema que tiene que ver con todas las muertes maternas, para lo cual hemos presentado varios proyectos que apuntan a mejorar el sistema de contención de estas mujeres. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de ellos fue tratado. Mi compromiso sigue firme y voy a dar el debate. Defiendo la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. La ciencia está de nuestro lado, ya se ha comprobado que existe vida desde la concepción.
La autora es diputada nacional por Valores para mi País.
lunes, 19 de septiembre de 2011
El eclipse de Dios
Por Jesús María Silveyra | Para LA NACION
El papa Benedicto XVI, en su reciente visita a España para la Jornada Mundial de la Juventud, mientras hablaba frente a un grupo de religiosas, dijo que Europa vive una "especie de eclipse de Dios, cierta amnesia; más aún, un verdadero rechazo del cristianismo y una negación de la fe recibida, con el riesgo de perder aquello que más profundamente nos caracteriza".
La figura utilizada por este gran pensador en los comienzos del siglo XXI es muy acertada. Al hablar de "eclipse de Dios", nos está llevando de la mano a pensar que algo se ha interpuesto en el camino entre Dios y el hombre. ¿Qué es? No se trata de un astro, claro que no. Sin embargo, la luz procedente de Dios ha sido bloqueada por un "cuerpo eclipsante" que pareciera haber producido la "desaparición" (en griego, ekleipsis ) de Dios.
Pero ¿puede Dios desaparecer, o es el hombre quien no lo ve, cegado como está por la oscuridad del cuerpo eclipsante? Si creemos en la existencia de un creador absoluto, éste no puede desaparecer, porque es preexistente a la misma creación y a toda relatividad. Por lo tanto, sigue allí, desde la eternidad, iluminando. Ocurre que algo se ha interpuesto entre Él y el hombre.
El Papa, durante el mismo viaje, habló de que la sociedad estaba expuesta a los "fuegos fatuos del relativismo y la mediocridad". Me quedo con este concepto para fundamentar lo que sigue. Es decir, que la oscuridad del cuerpo eclipsante proviene de estos fuegos fatuos que parecen iluminar, pero lo que hacen es confundir al hombre. Ya no basta con hablar de que se trata del mal o del pecado, sino de algo mucho más sutil, difuso y abarcador que toca las raíces de la civilización judeo-cristiana, impregnándolo todo de relativismo. Es un fuego difuso ligado al "misterio de la iniquidad" del que tanto nos habló Juan Pablo II, parecido al fuego que brota en la noche de los restos óseos abandonados sobre la tierra, producto de la inflamación y hasta la exacerbación de la materia.
El hombre, preso del "misterio de la iniquidad", no puede ver a Dios por distintos motivos, pero, fundamentalmente, porque ha caído en las redes del relativismo más atroz que quizás haya conocido. Ese relativismo atroz lo sumerge en los mares de la mediocridad, donde ésta se vuelve casi un principio físico que todo lo confunde y destrona a Dios del centro de la vida. Dios deja de ser centro y fundamento del universo para convertirse en un ser ordinario sin mayor peso y utilidad, salvo para aquellos que todavía pensamos que el Absoluto y su misterio son la excepcionalidad de la existencia. Dios pasa a ser una palabra vacía de contenido, casi descartable, que, por ejemplo, ni vale la pena agregar en el preámbulo de la Constitución europea. ¿Para qué y por qué, se preguntaron los constituyentes?
De allí que el Papa diga, refiriéndose al Viejo Continente, que "se corre el riesgo de perder aquello que más profundamente nos caracteriza", porque si el ser humano no tiene en cuenta a Dios en su vida, evidentemente se ha perdido a sí mismo al renegar del "sentido" que milenariamente le dio a su existencia.
El sinsentido de la vida lleva al hombre posmoderno, principalmente al urbanoide de los grandes conglomerados del mundo, a considerarse a sí mismo el único sentido, a decir "yo soy", como si fuera el mismo Yavé, el "yo soy" que Moisés escuchó responder a Dios, cuando le preguntó por su nombre. Pero, lamentablemente, este hombre del "yo soy" con minúsculas, vacío de sentido trascendente, se encuentra perdido en su propio laberinto: si él "es" completamente, nada le debería faltar (pero sabe que algo le falta) y si no "es", ¿qué remedio tiene cuestionarse? (Porque no quiere aceptar que es imagen de un Ser Superior.) Por lo tanto, deja la cuestión de la existencia y del "ser" de lado, para preocuparse más bien por el "tener". Se dice: "Si tengo, soy; si no tengo, no soy".
Es justamente el misterio de la iniquidad el que se ha encargado de sumergirlo en este dilema del "tener y no tener", del que alguna vez habló Hemingway. Así, por ejemplo, el urbanoide se dice a sí mismo: "Si tengo mi celular, mi plasma, mi laptop, mi tecnología, mi conexión permanente con lo que ocurre hasta en el más remoto rincón del mundo, entonces, yo soy". La necesidad de consumir y de sentir en lo inmediato, en el "ya", está implícita en ese "tener".
Hay una confusión de valores y deseos desordenados que alimentan esa fatuidad del fuego que despide el "cuerpo eclipsante". Fatuidad que expresa en algunos casos la vanidad del hombre y, en otras, su propia necedad ante la irremediable finitud de la vida, que lo pondrá cara a cara con la muerte y con el sinsentido de una existencia vivida sin proyectar lo que le espera cruzando el umbral del tiempo, cuando tome conciencia de que el tener no le ha servido de preparación de su eternidad, cuando vuelva a la presencia del misterio de su origen y se enfrente cara a cara con el "Yo Soy", con mayúsculas.
¿Cómo salir de este eclipse de Dios? Hay muchas respuestas y cada quien debe encontrar la suya, pero lo primero es saberse inmerso en esta situación, tomar conciencia, tocar el propio cuerpo, aceptar las limitaciones, pensar en la finitud, detener la prisa y el flujo de información abrumador que nos excede, guardar silencio y en el silencio, contemplar la Creación. Quizá en ese silencio contemplativo renazca la luz plena de un nuevo amanecer y el hombre vuelva a preguntarse sobre el sentido de la vida, y se reencuentre con la luz poderosa del Dios hecho hombre. © La Nacion
El autor es escritor. Su último libro ?es Dios está sanando (Lumen)
El papa Benedicto XVI, en su reciente visita a España para la Jornada Mundial de la Juventud, mientras hablaba frente a un grupo de religiosas, dijo que Europa vive una "especie de eclipse de Dios, cierta amnesia; más aún, un verdadero rechazo del cristianismo y una negación de la fe recibida, con el riesgo de perder aquello que más profundamente nos caracteriza".
La figura utilizada por este gran pensador en los comienzos del siglo XXI es muy acertada. Al hablar de "eclipse de Dios", nos está llevando de la mano a pensar que algo se ha interpuesto en el camino entre Dios y el hombre. ¿Qué es? No se trata de un astro, claro que no. Sin embargo, la luz procedente de Dios ha sido bloqueada por un "cuerpo eclipsante" que pareciera haber producido la "desaparición" (en griego, ekleipsis ) de Dios.
Pero ¿puede Dios desaparecer, o es el hombre quien no lo ve, cegado como está por la oscuridad del cuerpo eclipsante? Si creemos en la existencia de un creador absoluto, éste no puede desaparecer, porque es preexistente a la misma creación y a toda relatividad. Por lo tanto, sigue allí, desde la eternidad, iluminando. Ocurre que algo se ha interpuesto entre Él y el hombre.
El Papa, durante el mismo viaje, habló de que la sociedad estaba expuesta a los "fuegos fatuos del relativismo y la mediocridad". Me quedo con este concepto para fundamentar lo que sigue. Es decir, que la oscuridad del cuerpo eclipsante proviene de estos fuegos fatuos que parecen iluminar, pero lo que hacen es confundir al hombre. Ya no basta con hablar de que se trata del mal o del pecado, sino de algo mucho más sutil, difuso y abarcador que toca las raíces de la civilización judeo-cristiana, impregnándolo todo de relativismo. Es un fuego difuso ligado al "misterio de la iniquidad" del que tanto nos habló Juan Pablo II, parecido al fuego que brota en la noche de los restos óseos abandonados sobre la tierra, producto de la inflamación y hasta la exacerbación de la materia.
El hombre, preso del "misterio de la iniquidad", no puede ver a Dios por distintos motivos, pero, fundamentalmente, porque ha caído en las redes del relativismo más atroz que quizás haya conocido. Ese relativismo atroz lo sumerge en los mares de la mediocridad, donde ésta se vuelve casi un principio físico que todo lo confunde y destrona a Dios del centro de la vida. Dios deja de ser centro y fundamento del universo para convertirse en un ser ordinario sin mayor peso y utilidad, salvo para aquellos que todavía pensamos que el Absoluto y su misterio son la excepcionalidad de la existencia. Dios pasa a ser una palabra vacía de contenido, casi descartable, que, por ejemplo, ni vale la pena agregar en el preámbulo de la Constitución europea. ¿Para qué y por qué, se preguntaron los constituyentes?
De allí que el Papa diga, refiriéndose al Viejo Continente, que "se corre el riesgo de perder aquello que más profundamente nos caracteriza", porque si el ser humano no tiene en cuenta a Dios en su vida, evidentemente se ha perdido a sí mismo al renegar del "sentido" que milenariamente le dio a su existencia.
El sinsentido de la vida lleva al hombre posmoderno, principalmente al urbanoide de los grandes conglomerados del mundo, a considerarse a sí mismo el único sentido, a decir "yo soy", como si fuera el mismo Yavé, el "yo soy" que Moisés escuchó responder a Dios, cuando le preguntó por su nombre. Pero, lamentablemente, este hombre del "yo soy" con minúsculas, vacío de sentido trascendente, se encuentra perdido en su propio laberinto: si él "es" completamente, nada le debería faltar (pero sabe que algo le falta) y si no "es", ¿qué remedio tiene cuestionarse? (Porque no quiere aceptar que es imagen de un Ser Superior.) Por lo tanto, deja la cuestión de la existencia y del "ser" de lado, para preocuparse más bien por el "tener". Se dice: "Si tengo, soy; si no tengo, no soy".
Es justamente el misterio de la iniquidad el que se ha encargado de sumergirlo en este dilema del "tener y no tener", del que alguna vez habló Hemingway. Así, por ejemplo, el urbanoide se dice a sí mismo: "Si tengo mi celular, mi plasma, mi laptop, mi tecnología, mi conexión permanente con lo que ocurre hasta en el más remoto rincón del mundo, entonces, yo soy". La necesidad de consumir y de sentir en lo inmediato, en el "ya", está implícita en ese "tener".
Hay una confusión de valores y deseos desordenados que alimentan esa fatuidad del fuego que despide el "cuerpo eclipsante". Fatuidad que expresa en algunos casos la vanidad del hombre y, en otras, su propia necedad ante la irremediable finitud de la vida, que lo pondrá cara a cara con la muerte y con el sinsentido de una existencia vivida sin proyectar lo que le espera cruzando el umbral del tiempo, cuando tome conciencia de que el tener no le ha servido de preparación de su eternidad, cuando vuelva a la presencia del misterio de su origen y se enfrente cara a cara con el "Yo Soy", con mayúsculas.
¿Cómo salir de este eclipse de Dios? Hay muchas respuestas y cada quien debe encontrar la suya, pero lo primero es saberse inmerso en esta situación, tomar conciencia, tocar el propio cuerpo, aceptar las limitaciones, pensar en la finitud, detener la prisa y el flujo de información abrumador que nos excede, guardar silencio y en el silencio, contemplar la Creación. Quizá en ese silencio contemplativo renazca la luz plena de un nuevo amanecer y el hombre vuelva a preguntarse sobre el sentido de la vida, y se reencuentre con la luz poderosa del Dios hecho hombre. © La Nacion
El autor es escritor. Su último libro ?es Dios está sanando (Lumen)
jueves, 1 de septiembre de 2011
La tierra y los extranjeros
Editorial La Nación
Si bien no hay datos precisos acerca de la cantidad de tierras en manos de extranjeros, se estima que oscilaría entre un 5 y un 8 por ciento. En algunos casos esas tierras están dedicadas a la producción; en otros, sus propietarios las destinan a disfrutar de su belleza escénica, y en muchos casos se hace una combinación de ambos usos. Por lo que se conoce, las actividades se realizan de un modo razonable, es decir respetando el recurso.
Lo que sí resulta esencial es la utilización que cualquier propietario o tenedor le da al suelo: porque esa tierra va a permanecer en nuestro país, siempre bajo el dominio originario de las provincias donde se encuentran e independientemente de quienes sean sus propietarios actuales, los que serán sucedidos por otros. Es elemental pero hay que resaltarlo: es imprescindible evitar que se realice un manejo abusivo, que se lo impacte indebidamente con agroquímicos, que se haga un uso excesivo del riego, que se contaminen los cursos de agua o que se talen sus bosques nativos. En pocas palabras, resulta necesario que se haga un uso sustentable porque, aun cuando se trata de un recurso esencialmente renovable, su mal manejo puede degradarlo o incluso agotarlo.
Todos los recursos naturales que se encuentran dentro de las fronteras de nuestro país están, independientemente de la nacionalidad de su titular, bajo jurisdicción argentina y cualquier persona que quiera hacer uso de algún recurso subterráneo, por ejemplo el agua, debe obtener la autorización del Estado. De modo que el mero hecho de que una propiedad se encuentre sobre un acuífero o junto a un río, en nada cambia los efectos del control que el Estado puede hacer sobre su utilización. Ningún argentino o extranjero, si físicamente fuera posible, estaría autorizado a "llevarse el agua" si no contara con la venia administrativa pertinente. Lo mismo ocurriría, por ejemplo si se tratara de una actividad minera.
La introducción es pertinente teniendo en cuenta la renovada iniciativa oficial que propone limitar al 20 por ciento la tenencia total de tierras rurales en manos foráneas y establece, entre otros puntos, que un mismo extranjero no podrá poseer más de 1000 hectáreas.
La propuesta es claramente inconstitucional y carece de sólidos fundamentos: no hay una razón para limitar la tenencia al 20%. Se desconoce por qué el 10% sería poco o el 30 mucho. Tampoco se comprende por qué son asimilables 1000 hectáreas en la próspera Pampa Húmeda a 1000 hectáreas en plena estepa patagónica. Nuestra Constitución establece un principio: en la Argentina no hay prerrogativas de sangre ni de nacimiento, siendo todos sus habitantes iguales ante la ley. Expresamente, el artículo 20 determina que "los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos...".
Es cierto que, por razones de seguridad, se aconseja que determinados lugares, estratégicos, permanezcan en manos de argentinos, a modo de garantía, suponiendo que cualquier ataque a nuestro país sobrevendrá como una invasión terrestre, a través de nuestras fronteras, y que todos los nacidos en este territorio serían incorruptibles y que siempre antepondrían el bien común frente a cualquier beneficio personal. Con ese fundamento ya existen limitaciones para la compra de tierras por parte de extranjeros en las llamadas zonas de seguridad.
Pero proyectos como el impulsado desde el oficialismo demuestran el escaso conocimiento que existe sobre la real problemática del uso de nuestros recursos naturales: la erosión del suelo, el uso abusivo de pesticidas, el sobrepastoreo, la tala de bosques, el agotamiento de los acuíferos, la pérdida de tierras de cultivo para usos no agrícolas y las consecuencias que aún traerá el cambio climático.
Sin duda la alimentación será uno de los problemas más acuciantes en los años venideros, y esa es la razón por la que algunos países ricos están comprando y arrendando tierras para el cultivo de granos en países más pobres. Posiblemente nuestro país no se encuentre ajeno a este fenómeno mundial, que está acompañado del uso de todas las tecnologías disponibles para elevar los rendimientos. Quizá sea allí donde tengamos que aguzar la imaginación y prestar atención.
Lo que resulta imprescindible es que se haga una utilización sustentable de los ecosistemas que brindan importantes servicios ambientales a todo el país, una suerte de presupuesto mínimo de utilización de nuestros recursos estratégicos más valiosos.
La nacionalidad del propietario en nada garantiza un uso adecuado del recurso y en nada afecta la jurisdicción que tiene nuestro país sobre ellos. La tierra sigue siendo argentina aun cuando su propietario haya nacido en otra latitud.
Si nos preocupan realmente los recursos naturales, debemos ser serios, luchar para que todos los habitantes del suelo argentino los utilicen de manera sustentable y contribuyan al bienestar económico, social y ambiental de la Argentina de hoy, y permitan que las futuras generaciones puedan seguir haciendo uso de ellos.
Si bien no hay datos precisos acerca de la cantidad de tierras en manos de extranjeros, se estima que oscilaría entre un 5 y un 8 por ciento. En algunos casos esas tierras están dedicadas a la producción; en otros, sus propietarios las destinan a disfrutar de su belleza escénica, y en muchos casos se hace una combinación de ambos usos. Por lo que se conoce, las actividades se realizan de un modo razonable, es decir respetando el recurso.
Lo que sí resulta esencial es la utilización que cualquier propietario o tenedor le da al suelo: porque esa tierra va a permanecer en nuestro país, siempre bajo el dominio originario de las provincias donde se encuentran e independientemente de quienes sean sus propietarios actuales, los que serán sucedidos por otros. Es elemental pero hay que resaltarlo: es imprescindible evitar que se realice un manejo abusivo, que se lo impacte indebidamente con agroquímicos, que se haga un uso excesivo del riego, que se contaminen los cursos de agua o que se talen sus bosques nativos. En pocas palabras, resulta necesario que se haga un uso sustentable porque, aun cuando se trata de un recurso esencialmente renovable, su mal manejo puede degradarlo o incluso agotarlo.
Todos los recursos naturales que se encuentran dentro de las fronteras de nuestro país están, independientemente de la nacionalidad de su titular, bajo jurisdicción argentina y cualquier persona que quiera hacer uso de algún recurso subterráneo, por ejemplo el agua, debe obtener la autorización del Estado. De modo que el mero hecho de que una propiedad se encuentre sobre un acuífero o junto a un río, en nada cambia los efectos del control que el Estado puede hacer sobre su utilización. Ningún argentino o extranjero, si físicamente fuera posible, estaría autorizado a "llevarse el agua" si no contara con la venia administrativa pertinente. Lo mismo ocurriría, por ejemplo si se tratara de una actividad minera.
La introducción es pertinente teniendo en cuenta la renovada iniciativa oficial que propone limitar al 20 por ciento la tenencia total de tierras rurales en manos foráneas y establece, entre otros puntos, que un mismo extranjero no podrá poseer más de 1000 hectáreas.
La propuesta es claramente inconstitucional y carece de sólidos fundamentos: no hay una razón para limitar la tenencia al 20%. Se desconoce por qué el 10% sería poco o el 30 mucho. Tampoco se comprende por qué son asimilables 1000 hectáreas en la próspera Pampa Húmeda a 1000 hectáreas en plena estepa patagónica. Nuestra Constitución establece un principio: en la Argentina no hay prerrogativas de sangre ni de nacimiento, siendo todos sus habitantes iguales ante la ley. Expresamente, el artículo 20 determina que "los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos...".
Es cierto que, por razones de seguridad, se aconseja que determinados lugares, estratégicos, permanezcan en manos de argentinos, a modo de garantía, suponiendo que cualquier ataque a nuestro país sobrevendrá como una invasión terrestre, a través de nuestras fronteras, y que todos los nacidos en este territorio serían incorruptibles y que siempre antepondrían el bien común frente a cualquier beneficio personal. Con ese fundamento ya existen limitaciones para la compra de tierras por parte de extranjeros en las llamadas zonas de seguridad.
Pero proyectos como el impulsado desde el oficialismo demuestran el escaso conocimiento que existe sobre la real problemática del uso de nuestros recursos naturales: la erosión del suelo, el uso abusivo de pesticidas, el sobrepastoreo, la tala de bosques, el agotamiento de los acuíferos, la pérdida de tierras de cultivo para usos no agrícolas y las consecuencias que aún traerá el cambio climático.
Sin duda la alimentación será uno de los problemas más acuciantes en los años venideros, y esa es la razón por la que algunos países ricos están comprando y arrendando tierras para el cultivo de granos en países más pobres. Posiblemente nuestro país no se encuentre ajeno a este fenómeno mundial, que está acompañado del uso de todas las tecnologías disponibles para elevar los rendimientos. Quizá sea allí donde tengamos que aguzar la imaginación y prestar atención.
Lo que resulta imprescindible es que se haga una utilización sustentable de los ecosistemas que brindan importantes servicios ambientales a todo el país, una suerte de presupuesto mínimo de utilización de nuestros recursos estratégicos más valiosos.
La nacionalidad del propietario en nada garantiza un uso adecuado del recurso y en nada afecta la jurisdicción que tiene nuestro país sobre ellos. La tierra sigue siendo argentina aun cuando su propietario haya nacido en otra latitud.
Si nos preocupan realmente los recursos naturales, debemos ser serios, luchar para que todos los habitantes del suelo argentino los utilicen de manera sustentable y contribuyan al bienestar económico, social y ambiental de la Argentina de hoy, y permitan que las futuras generaciones puedan seguir haciendo uso de ellos.
miércoles, 23 de marzo de 2011
Más allá de las emociones, un dilema complejo
Opinar sobre el nacimiento de un hijo en una mujer mayor a los 50 o 60 años, si se dejan de lado las emociones, no es sencillo. En principio, parecería un desatino, pero veamos cuáles son los argumentos que utilizaríamos o las preguntas que deberíamos hacernos a efectos de evitar estos nacimientos. ¿Hay una edad en la que no se pueda ejercer la paternidad? ¿Es distinta la edad de la madre que la del padre? ¿Quién de nosotros es capaz de definir cuándo se es "vieja"? ¿Cuál sería el criterio para que se le pueda prohibir a alguien acceder a los métodos de fertilización asistida?
Larry King tuvo un hijo a los 70 años con su séptima mujer; Geena Davis tuvo mellizos a los 49; Adriana Iliescu, una mujer rumana, tuvo un bebe a los 66. Cuando se le preguntó a su médico por qué le había permitido ingresar en un procedimiento de fertilización asistida, contestó que Ileana tenía un enorme deseo de tener un hijo, creía mucho en Dios y no sólo estaba convencida de lo que quería sino que además estaba muy bien informada.
Creo que deberíamos ser muy respetuosos de los deseos de una mujer de ser madre. Lo hacemos con las mujeres que tienen una enfermedad crónica, o en las cuales sabemos a priori que podrían transmitir una enfermedad genética. Lo aceptamos en los monoparentales, en los homosexuales o en personas con habilidades diferentes. Aceptamos hijos como donantes de sus hermanos modificando embriones para aportar tejidos que puedan ser útiles para un hermano enfermo.
Decidir quiénes son los candidatos para ser padres y quiénes no suena poco realista y claramente discriminador e injusto. Poner estos dilemas en manos del Estado sería totalmente ineficiente; lograr una ley que evalúe todos estos aspectos, impracticable. Vistas así las cosas, entiendo que debería permitirse un ingreso irrestricto a la paternidad, así como a los procedimientos de fertilización asistida, y tan sólo controlar a aquellos padres que por distintos motivos son negligentes o maltratan a sus hijos una vez que han nacido.
El autor integra el comité de bioética del Hospital Italiano.
Larry King tuvo un hijo a los 70 años con su séptima mujer; Geena Davis tuvo mellizos a los 49; Adriana Iliescu, una mujer rumana, tuvo un bebe a los 66. Cuando se le preguntó a su médico por qué le había permitido ingresar en un procedimiento de fertilización asistida, contestó que Ileana tenía un enorme deseo de tener un hijo, creía mucho en Dios y no sólo estaba convencida de lo que quería sino que además estaba muy bien informada.
Creo que deberíamos ser muy respetuosos de los deseos de una mujer de ser madre. Lo hacemos con las mujeres que tienen una enfermedad crónica, o en las cuales sabemos a priori que podrían transmitir una enfermedad genética. Lo aceptamos en los monoparentales, en los homosexuales o en personas con habilidades diferentes. Aceptamos hijos como donantes de sus hermanos modificando embriones para aportar tejidos que puedan ser útiles para un hermano enfermo.
Decidir quiénes son los candidatos para ser padres y quiénes no suena poco realista y claramente discriminador e injusto. Poner estos dilemas en manos del Estado sería totalmente ineficiente; lograr una ley que evalúe todos estos aspectos, impracticable. Vistas así las cosas, entiendo que debería permitirse un ingreso irrestricto a la paternidad, así como a los procedimientos de fertilización asistida, y tan sólo controlar a aquellos padres que por distintos motivos son negligentes o maltratan a sus hijos una vez que han nacido.
El autor integra el comité de bioética del Hospital Italiano.
domingo, 6 de marzo de 2011
Embriones abandonados
Desde el primer nacimiento fruto de la llamada fecundación "in vitro", acontecido en 1978 con la llegada de Louise Brown, el maravilloso milagro de la ciencia plantea en este terreno serias y conflictivas preguntas. Por un lado, sofisticados métodos brindan solución a graves problemas de infertilidad que afectan al 15 por ciento de la población en nuestro país. Pero, por el otro, aumentan el número de embriones congelados -resultado de la fecundación del óvulo por el espermatozoide-, seres humanos con un ADN completo, un código genético único e irrepetible.
Resulta difícil sostener que los embriones alojados en un vientre son seres humanos vivos mientras que los que están fuera no lo son. La justicia argentina establece que son personas humanas y que en tal sentido no pueden ser ni destruidos ni utilizados para experimentación. Por ello, preocupa la situación de más de 15.000 embriones fruto de estos procedimientos de reproducción asistida que son criopreservados a 196 grados bajo cero hasta su eventual implantación en un útero. Más de 18 centros acreditados de Buenos Aires, Rosario y Córdoba trabajan con la donación de esperma, de óvulos y de embriones. Las nuevas técnicas de vitrificación permiten múltiples intentos de implantación y mínimos riesgos de embarazos múltiples.
Muchos especialistas afirman que todos los embriones son implantados, en su afán por brindar una solución ética al problema. Se sabe que no es así y por ello el número de embriones "sobrantes" aumenta como resultado de diversas situaciones: padres que se divorcian, fallecen o abandonan el proyecto de paternidad, mujeres que ya no desean más hijos o envejecieron, entre otras causas. A esto se suma otro problema, como el que plantea la discutible disposición contractual de los padres si establecieran que la implantación debería realizarse 10 años después de la muerte del último de los progenitores en un vientre alquilado. Menuda complicación sucesoria. Y hay países cuya legislación establece que la paternidad no se determina por el origen genético sino por el parto. El derecho a la identidad entra también en juego.
El problema no se puede eludir. Es tan fuerte el instinto del hombre y la mujer por prolongarse en su propia prole, del modo que la ciencia lo permita, que toda prohibición sería incumplida. El tema es regular la cuestión, evitar el abandono de los embriones a su helada suerte por generaciones, y limitar el riesgo de que circulen hermanos, sobrinos y nietos, sin saber que lo son, por ejemplo, por haberse donado los embriones a un tercero. Una muchacha podrá enamorarse y no saber que el sujeto de sus desvelos es su hermano hasta que un ADN así lo revele.
La falta de un claro marco legal responde a distintos intereses. Están quienes prefieren que no se reglamente nada y quienes quieren prohibir todo. Es, pues, necesario que se actúe con responsabilidad y seriedad en los ámbitos en los que estos temas se tratan, aguzando la mirada ética, religiosa y social de un abordaje que debe estar lejos de todo sensacionalismo o demagogia.
Resulta difícil sostener que los embriones alojados en un vientre son seres humanos vivos mientras que los que están fuera no lo son. La justicia argentina establece que son personas humanas y que en tal sentido no pueden ser ni destruidos ni utilizados para experimentación. Por ello, preocupa la situación de más de 15.000 embriones fruto de estos procedimientos de reproducción asistida que son criopreservados a 196 grados bajo cero hasta su eventual implantación en un útero. Más de 18 centros acreditados de Buenos Aires, Rosario y Córdoba trabajan con la donación de esperma, de óvulos y de embriones. Las nuevas técnicas de vitrificación permiten múltiples intentos de implantación y mínimos riesgos de embarazos múltiples.
Muchos especialistas afirman que todos los embriones son implantados, en su afán por brindar una solución ética al problema. Se sabe que no es así y por ello el número de embriones "sobrantes" aumenta como resultado de diversas situaciones: padres que se divorcian, fallecen o abandonan el proyecto de paternidad, mujeres que ya no desean más hijos o envejecieron, entre otras causas. A esto se suma otro problema, como el que plantea la discutible disposición contractual de los padres si establecieran que la implantación debería realizarse 10 años después de la muerte del último de los progenitores en un vientre alquilado. Menuda complicación sucesoria. Y hay países cuya legislación establece que la paternidad no se determina por el origen genético sino por el parto. El derecho a la identidad entra también en juego.
El problema no se puede eludir. Es tan fuerte el instinto del hombre y la mujer por prolongarse en su propia prole, del modo que la ciencia lo permita, que toda prohibición sería incumplida. El tema es regular la cuestión, evitar el abandono de los embriones a su helada suerte por generaciones, y limitar el riesgo de que circulen hermanos, sobrinos y nietos, sin saber que lo son, por ejemplo, por haberse donado los embriones a un tercero. Una muchacha podrá enamorarse y no saber que el sujeto de sus desvelos es su hermano hasta que un ADN así lo revele.
La falta de un claro marco legal responde a distintos intereses. Están quienes prefieren que no se reglamente nada y quienes quieren prohibir todo. Es, pues, necesario que se actúe con responsabilidad y seriedad en los ámbitos en los que estos temas se tratan, aguzando la mirada ética, religiosa y social de un abordaje que debe estar lejos de todo sensacionalismo o demagogia.
jueves, 3 de marzo de 2011
Los jóvenes y la violencia
En un mundo de escuchas en el que WikiLeaks deja en evidencia secretos que se creían bien guardados, donde se hacen públicas conversaciones reservadas mantenidas entre políticos, empresarios y sindicalistas, donde los discursos de los poderosos se amplifican; en ese escenario, las voces de los jóvenes siguen sin tener espacio. Miles de niñas, niños y jóvenes en zonas urbanas y rurales se deslizan como sombras sofocadas, como elementos de un decorado que los absorbió al punto de volverlos invisibles.
En los últimos tiempos, a partir de hechos de violencia protagonizados por jóvenes menores de 16 años, parte de la ciudadanía reclama bajar la edad de imputabilidad. Las declaraciones están atravesadas a veces por el dolor y otras, por la liviandad; y, en general, por la falta de herramientas para hacer lecturas más complejas.
Las voces que impulsan reclamos vinculados con la inseguridad apelando exclusivamente al encierro de seres humanos a los que la sociedad les ha negado educación, alimento, salud, respeto y modelos dejan al descubierto un costado mezquino de la humanidad. Un juez de la provincia de Buenos Aires me señalaba que un instituto donde habitan jóvenes en conflicto con la ley es un espacio en el que cada joven puede llegar a estar encerrado en su celda sólo, sin estímulos, hasta 20 horas diarias, y que recibe un promedio de dos horas semanales de educación. ¿Es acaso el encierro una respuesta al problema de todos?
Pero si hablamos de bajar la edad de imputabilidad, ¿es posible considerar que esta medida está actualmente en vigencia, de hecho, sin legislación que la enmarque, por ejemplo cuando un niño nace y crece sometido a condiciones sin resguardo de derechos? Tal vez, el castigo es aplicado desde antes de nacer y el verdugo social es la indiferencia. ¿Es posible proponer entonces que, de adoptarse la norma, se computen estos primeros diez, doce, catorce años como parte de la condena cuando se juzgue a estos sujetos de derecho que no fueron vistos, cuidados y educados por una sociedad que eligió mirar para otro lado?
Un legislador reclamaba semanas atrás, durante el receso legislativo, la urgencia de convocar a sesiones extraordinarias para tratar la baja en la edad de imputabilidad, y afirmaba estar dispuesto a poner el hombro en la emergencia. ¿Acaso no hubo días, meses, años, décadas para legislar e implementar medidas que garantizaran entornos protectores para la infancia y la juventud antes de que su destrato se convirtiera en emergencia?
Un informe producido por el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (Siteal), programa que desarrollan en forma conjunta la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el IIPE Unesco, sostiene que los horizontes juveniles en contextos precarios están caracterizados por la inestabilidad y la contingencia. Es allí donde la violencia deviene estrategia para la supervivencia. Sugiere que "la violencia que protagonizan los jóvenes ya como víctimas, ya como victimarios, debe ser calibrada en el contexto de los proyectos sociopolíticos y los modelos económicos contemporáneos". Es una falacia pensarla como brotes que irrumpen en escenarios armoniosos -dice-, sino que debe ser comprendida como parte intrínseca del contexto social. Y advierte que "no es el pensamiento normativo, el pánico institucional, la epidemiología (que considera la violencia un virus aislable), la que permitirá enfrentar la expansión, normalización y «rutinización» de la violencia como sistema de acción en los mundos juveniles".
Pensar la violencia -y en particular en la que los jóvenes son víctimas o victimarios- como hechos aislados no nos permite aproximarnos a comprender las causas (y en consecuencia, las soluciones). Lo urgente no es bajar la edad de imputabilidad y considerar que allí está resuelto el problema, cuando sólo se lo potencia, al ingresar a los jóvenes a nuevas escuelas de delito y a horizontes con mayor desazón y sinsentido. Lo importante, como sostiene el informe del Siteal, reside en pensar qué hechos restituye la violencia, qué compensa, qué metaforiza, qué se oculta en su creciente espectacularización y estruendo.
Reproducir circuitos en los cuales la violencia engendra más violencia no es un camino que conduzca a la paz. Es necesario revertir la precariedad estructural en la que nacen y se desarrollan gran parte de nuestras infancias y juventudes, y fortalecer las políticas sociales que los involucran. La asignación universal por hijo es un paso superador. Pero es sólo un paso de un largo camino que no admite soluciones lineales y que la sociedad argentina debería empezar a recorrer.
© La Nacion
La autora es periodista especializada en Educación. Escribió Tatuados por los medios
En los últimos tiempos, a partir de hechos de violencia protagonizados por jóvenes menores de 16 años, parte de la ciudadanía reclama bajar la edad de imputabilidad. Las declaraciones están atravesadas a veces por el dolor y otras, por la liviandad; y, en general, por la falta de herramientas para hacer lecturas más complejas.
Las voces que impulsan reclamos vinculados con la inseguridad apelando exclusivamente al encierro de seres humanos a los que la sociedad les ha negado educación, alimento, salud, respeto y modelos dejan al descubierto un costado mezquino de la humanidad. Un juez de la provincia de Buenos Aires me señalaba que un instituto donde habitan jóvenes en conflicto con la ley es un espacio en el que cada joven puede llegar a estar encerrado en su celda sólo, sin estímulos, hasta 20 horas diarias, y que recibe un promedio de dos horas semanales de educación. ¿Es acaso el encierro una respuesta al problema de todos?
Pero si hablamos de bajar la edad de imputabilidad, ¿es posible considerar que esta medida está actualmente en vigencia, de hecho, sin legislación que la enmarque, por ejemplo cuando un niño nace y crece sometido a condiciones sin resguardo de derechos? Tal vez, el castigo es aplicado desde antes de nacer y el verdugo social es la indiferencia. ¿Es posible proponer entonces que, de adoptarse la norma, se computen estos primeros diez, doce, catorce años como parte de la condena cuando se juzgue a estos sujetos de derecho que no fueron vistos, cuidados y educados por una sociedad que eligió mirar para otro lado?
Un legislador reclamaba semanas atrás, durante el receso legislativo, la urgencia de convocar a sesiones extraordinarias para tratar la baja en la edad de imputabilidad, y afirmaba estar dispuesto a poner el hombro en la emergencia. ¿Acaso no hubo días, meses, años, décadas para legislar e implementar medidas que garantizaran entornos protectores para la infancia y la juventud antes de que su destrato se convirtiera en emergencia?
Un informe producido por el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (Siteal), programa que desarrollan en forma conjunta la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el IIPE Unesco, sostiene que los horizontes juveniles en contextos precarios están caracterizados por la inestabilidad y la contingencia. Es allí donde la violencia deviene estrategia para la supervivencia. Sugiere que "la violencia que protagonizan los jóvenes ya como víctimas, ya como victimarios, debe ser calibrada en el contexto de los proyectos sociopolíticos y los modelos económicos contemporáneos". Es una falacia pensarla como brotes que irrumpen en escenarios armoniosos -dice-, sino que debe ser comprendida como parte intrínseca del contexto social. Y advierte que "no es el pensamiento normativo, el pánico institucional, la epidemiología (que considera la violencia un virus aislable), la que permitirá enfrentar la expansión, normalización y «rutinización» de la violencia como sistema de acción en los mundos juveniles".
Pensar la violencia -y en particular en la que los jóvenes son víctimas o victimarios- como hechos aislados no nos permite aproximarnos a comprender las causas (y en consecuencia, las soluciones). Lo urgente no es bajar la edad de imputabilidad y considerar que allí está resuelto el problema, cuando sólo se lo potencia, al ingresar a los jóvenes a nuevas escuelas de delito y a horizontes con mayor desazón y sinsentido. Lo importante, como sostiene el informe del Siteal, reside en pensar qué hechos restituye la violencia, qué compensa, qué metaforiza, qué se oculta en su creciente espectacularización y estruendo.
Reproducir circuitos en los cuales la violencia engendra más violencia no es un camino que conduzca a la paz. Es necesario revertir la precariedad estructural en la que nacen y se desarrollan gran parte de nuestras infancias y juventudes, y fortalecer las políticas sociales que los involucran. La asignación universal por hijo es un paso superador. Pero es sólo un paso de un largo camino que no admite soluciones lineales y que la sociedad argentina debería empezar a recorrer.
© La Nacion
La autora es periodista especializada en Educación. Escribió Tatuados por los medios
lunes, 12 de abril de 2010
Los vicios de quienes nos gobiernan no deberían eximir a quienes rivalizan con ellos de constituir una alternativa aceptable
Un extendido consenso entre quienes estudian la opinión pública señala que, desde mediados de 2008, la imagen del matrimonio Kirchner acumula índices muy elevados de rechazo. Si bien en las últimas semanas ha habido variaciones en esa percepción, no llegan a modificar un fenómeno central: una franja mayoritaria de la ciudadanía manifiesta síntomas de enojo y hartazgo muy pronunciados frente a nuestros gobernantes.
Este malestar profundo no es nuevo. Se trata de un fenómeno cíclico, que recorre la historia contemporánea de nuestro país y que en distintas ocasiones, desde 1930 hasta 1983, hizo colapsar la institucionalidad con golpes de Estado. A partir de 1983 se pudo superar esa larga secuencia de inestabilidad. Uno de los rasgos saludables que presenta hoy la vida pública es que a ningún sector relevante se le ocurre resolver el conflicto agudo entre la ciudadanía y los gobiernos fuera del marco que ofrece la Constitución. Es una evidencia objetiva, más allá de las fantasías conspirativas sobre conatos destituyentes que difunden a menudo las autoridades nacionales.
Aun cuando la ilusión de la solución golpista se haya, felizmente, desvanecido, sigue estando allí uno de los factores principales que la alentaban: la sociedad acumula una masa inconveniente de fastidio con las sucesivas administraciones, que han llevado a varias de ellas a perder las riendas de la gobernabilidad. Les sucedió a las de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá, que debieron abandonar el poder antes de lo previsto. Otros líderes pudieron completar el período legal, envueltos en un repudio generalizado. Es lo que le sucedió a Carlos Menem y lo que, como indican las encuestas, les está ocurriendo a los Kirchner.
La reiteración de una condena implacable de los gobiernos que se suceden, aunque esté justificada en la bajísima calidad de esos gobiernos, es la señal de un desequilibrio. Ese enfado es la otra cara de lo que, un tiempo antes, fue fascinación. La demonización actual es simétrica de un encantamiento anterior.
Esos sentimientos contrapuestos expresan una relación inmadura de la sociedad argentina con quienes ejercen el poder. Esa inmadurez se expresa, en la fase positiva del ciclo, en una transferencia de poder desmesurada hacia quienes recién se instalan en el gobierno. Sucedió con Menem y sucedió con Kirchner. Al poco tiempo de estar gobernando, buena parte de la opinión pública quiso ver en cada uno de ellos al redentor que solucionaría casi todos los males y la vendría a emancipar, por fin, de sus largos padecimientos.
Está en la lógica de ese vínculo que, cuando comienzan a aparecer las dificultades, el embeleso se transforme en frustración. Aquel a quien se podía imputar todo lo que había de bueno pasa a ser el depositario de todo lo malo. Sería hipócrita ocultarlo: el carácter mesiánico de los liderazgos que se generan a menudo en la Argentina está respaldado por esta concepción paternalista, y por lo tanto infantil, que muchísimos argentinos tienen de la representación política.
La caída tan frecuente del electorado en situaciones de irritación con quienes gobiernan tiene consecuencias lamentables. Una de ellas es que empobrece también la calidad de la oposición. Quienes aspiran a ocupar el poder se tientan con la vía rápida que les ofrece la pésima imagen de quienes ocupan la administración. Basta con exaltar, en el borde de la demagogia, la exasperación de la opinión pública, para acumular un prestigio fácil y, muchas veces, infundado. Si quien está en el gobierno despierta con facilidad la cólera de los votantes, quienes aspiran a reemplazarlo pueden sentirse eximidos de tener que argumentar, ofrecer programas, planificar estrategias. Alcanza con agitar el malhumor. Los ciudadanos pueden caer en el error de pensar que quienes se oponen al demonio son, por eso solo, ángeles.
Esta dinámica afecta de la peor manera los procesos sucesorios. Cuando las sociedades ingresan en trances de fastidio insoportable respecto de quienes vienen conduciendo los asuntos públicos, terminan convirtiendo a las elecciones en momentos catárticos. Desplazar al que está en el poder es como despertar de una pesadilla. Esta forma de escoger a los representantes no podría ser más inconveniente. Su vicio radica en que se comienza a votar con un criterio retrospectivo. Pesan más los rasgos irritantes del que se va que la calidad del que se coloca en su reemplazo.
Las comunidades que, una y otra vez, seleccionan de ese modo a sus gobiernos, están condenadas a sumergirse de nuevo en profundos estados de decepción. El pasado inmediato se convierte en una cadena que impide pensar el futuro.
La Argentina ya eligió de este modo a dos de sus gobiernos recientes. En 1999, la Alianza y Fernando de la Rúa llegaron a la Casa Rosada barrenando sobre la inmensa ola de impopularidad de Carlos Menem. En 2003, Néstor Kirchner conquistó la presidencia con un escuálido 22% de los votos gracias a que Menem mismo no se presentó para una segunda vuelta. La indignación con Menem podía estar justificada. Pero eso no debería hacer perder de vista que, por culpa de ese odio, los argentinos les entregaron el timón a dos tripulaciones a las que apenas habían examinado.
Hay muchos indicios de que el país se encamina a una tercera encrucijada electoral regida por esa misma negatividad. El enfático castigo que merecen los Kirchner por sus muchas y graves desviaciones no debería evadir a la sociedad de la responsabilidad de mejorar los criterios con los que elige a sus gobiernos.
Este malestar profundo no es nuevo. Se trata de un fenómeno cíclico, que recorre la historia contemporánea de nuestro país y que en distintas ocasiones, desde 1930 hasta 1983, hizo colapsar la institucionalidad con golpes de Estado. A partir de 1983 se pudo superar esa larga secuencia de inestabilidad. Uno de los rasgos saludables que presenta hoy la vida pública es que a ningún sector relevante se le ocurre resolver el conflicto agudo entre la ciudadanía y los gobiernos fuera del marco que ofrece la Constitución. Es una evidencia objetiva, más allá de las fantasías conspirativas sobre conatos destituyentes que difunden a menudo las autoridades nacionales.
Aun cuando la ilusión de la solución golpista se haya, felizmente, desvanecido, sigue estando allí uno de los factores principales que la alentaban: la sociedad acumula una masa inconveniente de fastidio con las sucesivas administraciones, que han llevado a varias de ellas a perder las riendas de la gobernabilidad. Les sucedió a las de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá, que debieron abandonar el poder antes de lo previsto. Otros líderes pudieron completar el período legal, envueltos en un repudio generalizado. Es lo que le sucedió a Carlos Menem y lo que, como indican las encuestas, les está ocurriendo a los Kirchner.
La reiteración de una condena implacable de los gobiernos que se suceden, aunque esté justificada en la bajísima calidad de esos gobiernos, es la señal de un desequilibrio. Ese enfado es la otra cara de lo que, un tiempo antes, fue fascinación. La demonización actual es simétrica de un encantamiento anterior.
Esos sentimientos contrapuestos expresan una relación inmadura de la sociedad argentina con quienes ejercen el poder. Esa inmadurez se expresa, en la fase positiva del ciclo, en una transferencia de poder desmesurada hacia quienes recién se instalan en el gobierno. Sucedió con Menem y sucedió con Kirchner. Al poco tiempo de estar gobernando, buena parte de la opinión pública quiso ver en cada uno de ellos al redentor que solucionaría casi todos los males y la vendría a emancipar, por fin, de sus largos padecimientos.
Está en la lógica de ese vínculo que, cuando comienzan a aparecer las dificultades, el embeleso se transforme en frustración. Aquel a quien se podía imputar todo lo que había de bueno pasa a ser el depositario de todo lo malo. Sería hipócrita ocultarlo: el carácter mesiánico de los liderazgos que se generan a menudo en la Argentina está respaldado por esta concepción paternalista, y por lo tanto infantil, que muchísimos argentinos tienen de la representación política.
La caída tan frecuente del electorado en situaciones de irritación con quienes gobiernan tiene consecuencias lamentables. Una de ellas es que empobrece también la calidad de la oposición. Quienes aspiran a ocupar el poder se tientan con la vía rápida que les ofrece la pésima imagen de quienes ocupan la administración. Basta con exaltar, en el borde de la demagogia, la exasperación de la opinión pública, para acumular un prestigio fácil y, muchas veces, infundado. Si quien está en el gobierno despierta con facilidad la cólera de los votantes, quienes aspiran a reemplazarlo pueden sentirse eximidos de tener que argumentar, ofrecer programas, planificar estrategias. Alcanza con agitar el malhumor. Los ciudadanos pueden caer en el error de pensar que quienes se oponen al demonio son, por eso solo, ángeles.
Esta dinámica afecta de la peor manera los procesos sucesorios. Cuando las sociedades ingresan en trances de fastidio insoportable respecto de quienes vienen conduciendo los asuntos públicos, terminan convirtiendo a las elecciones en momentos catárticos. Desplazar al que está en el poder es como despertar de una pesadilla. Esta forma de escoger a los representantes no podría ser más inconveniente. Su vicio radica en que se comienza a votar con un criterio retrospectivo. Pesan más los rasgos irritantes del que se va que la calidad del que se coloca en su reemplazo.
Las comunidades que, una y otra vez, seleccionan de ese modo a sus gobiernos, están condenadas a sumergirse de nuevo en profundos estados de decepción. El pasado inmediato se convierte en una cadena que impide pensar el futuro.
La Argentina ya eligió de este modo a dos de sus gobiernos recientes. En 1999, la Alianza y Fernando de la Rúa llegaron a la Casa Rosada barrenando sobre la inmensa ola de impopularidad de Carlos Menem. En 2003, Néstor Kirchner conquistó la presidencia con un escuálido 22% de los votos gracias a que Menem mismo no se presentó para una segunda vuelta. La indignación con Menem podía estar justificada. Pero eso no debería hacer perder de vista que, por culpa de ese odio, los argentinos les entregaron el timón a dos tripulaciones a las que apenas habían examinado.
Hay muchos indicios de que el país se encamina a una tercera encrucijada electoral regida por esa misma negatividad. El enfático castigo que merecen los Kirchner por sus muchas y graves desviaciones no debería evadir a la sociedad de la responsabilidad de mejorar los criterios con los que elige a sus gobiernos.
Editorial ILa inmadurez argentina
Los vicios de quienes nos gobiernan no deberían eximir a quienes rivalizan con ellos de constituir una alternativa aceptable
lanacion.com | Opinión | Domingo 11 de abril de 2010
viernes, 11 de septiembre de 2009
"La droga es sinónimo de muerte".
La preocupación de la Iglesia por el avance del problema de las drogas en nuestro país se ha visto renovada a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró que no es punible la tenencia de bajas cantidades de estupefacientes para consumo personal, en la medida en que ello no implique un peligro concreto o daños a terceros o a bienes de terceros.
Entre los primeros en opinar estuvieron los sacerdotes del equipo para las villas de emergencia de la arquidiócesis de Buenos Aires, quienes se preguntaron cómo decodifican los chicos de esos barrios la afirmación de que es legal la tenencia y el consumo personal para luego agregar: "Nos parece que, al no haber una política de educación y prevención de adicciones intensa y operativa se aumenta la posibilidad de inducir al consumo".
Más adelante, los "curas villeros" señalaron que a numerosos jóvenes de los barrios marginales la droga les llega mucho antes que la educación, que un empleo digno o que la contención a la que tienen derecho. Y si bien reconocen la "buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto", advierten que en el caso de las familias más vulnerables, la despenalización implica "dejar abandonado al adicto".
Según ese criterio, la dinámica misma de la adicción conduce no pocas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella.
La Comisión Nacional para la Pastoral de las Adicciones destacó: "En este momento, cuando la pobreza y la exclusión angustian a nuestra gente, medidas que puedan facilitar el consumo generan confusión y aparecen como a destiempo, desenfocadas de la realidad social". Al igual que los sacerdotes que trabajan en la villas de emergencia, el obispo de Gualeguaychú y responsable de la Comisión, Jorge Lozano, comparte "el ánimo de toda institución que promueva acciones para no criminalizar al adicto", pero advierte: "No es facilitando el consumo como superaremos el creciente flagelo".
En efecto, el problema de la drogodependencia requiere una respuesta integral, que sólo puede derivar de una verdadera política de Estado, que implique redoblar los esfuerzos para combatir a los narcotraficantes.
Son significativas las demandas del obispo de Gualeguaychú, quien habló de la "ausencia del Estado" en la lucha contra el narcotráfico, al denunciar que faltan sistemas de radarización para detectar aviones y pistas clandestinas, y la insuficiencia del presupuesto tanto a nivel nacional como de las provincias para la sanación y recuperación del adicto, la prevención y la educación.
En coincidencia, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, afirmó que "la droga es sinónimo de muerte". Por su parte el obispo de Santiago del Estero, Francisco Polti, recordó lo dicho en su momento por el Santo Padre Juan Pablo II en el sentido de que "la droga es un mal y al mal no hay que concederle derechos".
Entre los primeros en opinar estuvieron los sacerdotes del equipo para las villas de emergencia de la arquidiócesis de Buenos Aires, quienes se preguntaron cómo decodifican los chicos de esos barrios la afirmación de que es legal la tenencia y el consumo personal para luego agregar: "Nos parece que, al no haber una política de educación y prevención de adicciones intensa y operativa se aumenta la posibilidad de inducir al consumo".
Más adelante, los "curas villeros" señalaron que a numerosos jóvenes de los barrios marginales la droga les llega mucho antes que la educación, que un empleo digno o que la contención a la que tienen derecho. Y si bien reconocen la "buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto", advierten que en el caso de las familias más vulnerables, la despenalización implica "dejar abandonado al adicto".
Según ese criterio, la dinámica misma de la adicción conduce no pocas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella.
La Comisión Nacional para la Pastoral de las Adicciones destacó: "En este momento, cuando la pobreza y la exclusión angustian a nuestra gente, medidas que puedan facilitar el consumo generan confusión y aparecen como a destiempo, desenfocadas de la realidad social". Al igual que los sacerdotes que trabajan en la villas de emergencia, el obispo de Gualeguaychú y responsable de la Comisión, Jorge Lozano, comparte "el ánimo de toda institución que promueva acciones para no criminalizar al adicto", pero advierte: "No es facilitando el consumo como superaremos el creciente flagelo".
En efecto, el problema de la drogodependencia requiere una respuesta integral, que sólo puede derivar de una verdadera política de Estado, que implique redoblar los esfuerzos para combatir a los narcotraficantes.
Son significativas las demandas del obispo de Gualeguaychú, quien habló de la "ausencia del Estado" en la lucha contra el narcotráfico, al denunciar que faltan sistemas de radarización para detectar aviones y pistas clandestinas, y la insuficiencia del presupuesto tanto a nivel nacional como de las provincias para la sanación y recuperación del adicto, la prevención y la educación.
En coincidencia, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, afirmó que "la droga es sinónimo de muerte". Por su parte el obispo de Santiago del Estero, Francisco Polti, recordó lo dicho en su momento por el Santo Padre Juan Pablo II en el sentido de que "la droga es un mal y al mal no hay que concederle derechos".
Editorial IILa Iglesia frente a las drogas
El diagnóstico de los "curas villeros", tras el fallo despenalizador, se ajusta a una situación en que el Estado parece ausente
lanacion.com | Opinión | Viernes 11 de setiembre de 2009
jueves, 10 de septiembre de 2009
Un sistema de salud en crisis
¿Cómo funciona el sistema de salud norteamericano?
A diferencia de otros países desarrollados, Estados Unidos no cuenta con un sistema de cobertura universal. A excepción de los mayores de 65 años y de aquellos con ingresos muy bajos, que pueden acceder a un sistema de salud gubernamental, cada ciudadano tiene la responsabilidad de buscar su propia cobertura médica. Muchos estadounidenses la consiguen a través de sus empleadores y otros contratan seguros de salud privados.
¿Cuál es el problema de este sistema?
El principal problema es que los costos han aumentado de forma notable para los estadounidenses. Las primas de los seguros que proveen los empleadores crecieron cuatro veces más rápido que los salarios y cuestan el doble que hace 9 años.
¿Cómo repercute esto en la población de EE.UU.?
Se estima que unos 47 millones de personas (sobre un total de 300 millones) no cuentan con seguro de salud. Además, otros 25 millones no tienen una cobertura acorde con sus necesidades. Las astronómicas facturas médicas provocan alrededor de la mitad de las bancarrotas de particulares en Estados Unidos.
¿Cuál es la propuesta de Obama?
Una de las promesas fundamentales de la campaña del actual presidente fue la creación de un seguro estatal que compita con las empresas privadas, lo que permitiría a los excluidos acceder a una cobertura médica y, además, forzaría a las aseguradoras a bajar sus precios.
¿Cómo se financiaría la reforma?
El aumento del gasto público que implica la reforma provocó una ola de fuertes críticas proveniente de los sectores conservadores. Obligado a hacer concesiones, Obama dijo que defenderá tres principios: reducir los costos, garantizar la libre elección del sistema de salud (incluido el público) y asegurar que todos los norteamericanos tengan acceso a una cobertura médica de calidad.
¿Cuál es la postura de la oposición republicana?
Se oponen a la existencia de una póliza pública, que consideran que terminará matando a las compañías privadas de salud. Además, rechazan cualquier aumento de impuestos para financiar un sistema estatal.
¿Cuando se aprobará la reforma?
La intención de Obama es hacerlo este año, pero la fuerte oposición de los republicanos y de ciertos demócratas en el Congreso amenaza con paralizar su proyecto.
A diferencia de otros países desarrollados, Estados Unidos no cuenta con un sistema de cobertura universal. A excepción de los mayores de 65 años y de aquellos con ingresos muy bajos, que pueden acceder a un sistema de salud gubernamental, cada ciudadano tiene la responsabilidad de buscar su propia cobertura médica. Muchos estadounidenses la consiguen a través de sus empleadores y otros contratan seguros de salud privados.
¿Cuál es el problema de este sistema?
El principal problema es que los costos han aumentado de forma notable para los estadounidenses. Las primas de los seguros que proveen los empleadores crecieron cuatro veces más rápido que los salarios y cuestan el doble que hace 9 años.
¿Cómo repercute esto en la población de EE.UU.?
Se estima que unos 47 millones de personas (sobre un total de 300 millones) no cuentan con seguro de salud. Además, otros 25 millones no tienen una cobertura acorde con sus necesidades. Las astronómicas facturas médicas provocan alrededor de la mitad de las bancarrotas de particulares en Estados Unidos.
¿Cuál es la propuesta de Obama?
Una de las promesas fundamentales de la campaña del actual presidente fue la creación de un seguro estatal que compita con las empresas privadas, lo que permitiría a los excluidos acceder a una cobertura médica y, además, forzaría a las aseguradoras a bajar sus precios.
¿Cómo se financiaría la reforma?
El aumento del gasto público que implica la reforma provocó una ola de fuertes críticas proveniente de los sectores conservadores. Obligado a hacer concesiones, Obama dijo que defenderá tres principios: reducir los costos, garantizar la libre elección del sistema de salud (incluido el público) y asegurar que todos los norteamericanos tengan acceso a una cobertura médica de calidad.
¿Cuál es la postura de la oposición republicana?
Se oponen a la existencia de una póliza pública, que consideran que terminará matando a las compañías privadas de salud. Además, rechazan cualquier aumento de impuestos para financiar un sistema estatal.
¿Cuando se aprobará la reforma?
La intención de Obama es hacerlo este año, pero la fuerte oposición de los republicanos y de ciertos demócratas en el Congreso amenaza con paralizar su proyecto.
Un sistema de salud en crisis
lanacion.com | Exterior | Jueves 10 de setiembre de 2009
martes, 8 de septiembre de 2009
Las estadísticas muestran que los ricos viven varios años más que los pobres.
La principal noticia del día en Estados Unidos es la agitada campaña sobre la reforma del régimen de asistencia médica. Esta campaña se ha tornado tan violenta y ponzoñosa, que amenaza con dividir al país de manera más profunda que las guerras del ex presidente Bush.
Muchos creen que Obama malgasta en esta campaña su capital político, al aumentar la hostilidad de los republicanos, no lograr persuadir a los escépticos y decepcionar a sus propios partidarios. Echémosle un breve vistazo filosófico.
La salud puede considerarse como un derecho en pie de igualdad con los derechos a la seguridad, la jubilación, la educación y el voto, o como un privilegio, a semejanza de la propiedad privada y la vacación paga. Si la salud es vista como un derecho humano, su cuidado será una carga pública y, por lo tanto, un deber del Estado. En cambio, si la salud es vista como una prerrogativa, el ejercicio de la medicina pertenecerá al sector privado.
En otras palabras, el enfermo puede ser considerado como paciente o como cliente. En el primer caso será atendido como cualquier hijo de vecino; en el segundo, será atendido solamente en la medida en que pueda pagar.
El ingreso de un enfermo en un centro médico privado se parece al ingreso de los antiguos egipcios a la inmortalidad: estaba reservado a quienes podían pagar al embalsamador. Mientras los ricos compraban una segunda vida, los pobres morían definitivamente. En tiempos modernos pasa algo parecido, en menor escala: las estadísticas muestran que los ricos viven varios años más que los pobres. Por ejemplo, el europeo occidental puede esperar vivir el doble que el habitante de Afganistán, Mozambique o Sierra Leona.
La disyuntiva público-privado en el terreno de la salud es tanto moral como política, de modo que pertenece a la filosofía política. Los liberales tradicionales coinciden con los socialistas en que el Estado es responsable, al menos en parte, de la salud de los ciudadanos. En cambio, los neoliberales (o neoconservadores) sostienen que la asistencia médica es una actividad privada y de organizaciones caritativas.
El nuevo gobierno de los EE.UU. ha propuesto reformar la asistencia médica norteamericana, en vista de que es la más costosa del mundo, no es accesible a todos, y se estima que en calidad ocupa el puesto 37 en el mundo. Los norteamericanos gastan en salud el 15% del PIB, en tanto que los canadienses y uruguayos gastan el 10%, los argentinos el 9%, los cubanos el 7% y los mexicanos el 6%. (Estos datos fueron tomados del informe de 2006 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
La reforma propuesta por el presidente Obama no es precisamente revolucionaria, ya que no estatiza la atención médica ni el seguro de salud. En este sentido, es mucho menos generosa y radical que el proyecto de seguro nacional de salud que, en 1936, presentara al Congreso argentino el diputado nacional Augusto Bunge, mi padre. El consideraba que la salud es un derecho, y que la mejor manera de administrar la asistencia médica pública es mediante la mutualidad o el seguro, ya que estos distribuyen las cargas en forma equitativa: hoy por ti, mañana por mí.
Tampoco es novedosa la iniciativa del presidente Obama, ya que se parece a las propuestas anteriores del senador Ted Kennedy y de Hillary Clinton (cuando intentaba mejorar su propio país, en lugar de dar consejos no solicitados a gobiernos extranjeros). Además, Canadá, Cuba y casi todas las naciones de Europa occidental gozan ya desde hace décadas de sistemas de asistencia médica más incluyentes, menos costosos y más eficaces que el considerado por el presidente Obama.
En particular, el sistema canadiense, llamado Medicare, atiende gratuitamente a todos los residentes del país, aun sin ser ciudadanos. El resultado es que la esperanza de vida de los canadienses en 2006 era de 80 años, dos menos que en Japón; de 77, la de los norteamericanos y cubanos, y de 74, la de los argentinos y uruguayos. (Ojo: la esperanza de vida depende no sólo de la asistencia médica, sino también, y en mayor medida, del ingreso, la desigualdad de ingresos, y el nivel de educación.)
¿Cómo funciona el Medicare canadiense? He aquí cómo lo veo yo desde hace cuatro décadas. Yo he elegido a mi internista y mis especialistas, y cuando me atienden no me cobran a mí, sino al gobierno de mi provincia. Este les retribuye conforme a una tarifa que depende del tipo de tratamiento: tanto por un examen de rutina, cuanto por una operación de apendicitis, etc. (Mi hijo canadiense nos costó 1000 dólares; mi hija, nacida al amparo de Medicare, salió gratis) Yo no pago directamente por estos servicios: ellos son sufragados por el impuesto provincial a la renta.
Yo nunca hablo de precios con mis médicos. En cambio, los norteamericanos no pueden dejar de mencionarlos y negociarlos, ya que las compañías de seguros médicos no se hacen cargo de todos los procedimientos que puede requerir un tratamiento. Recientemente, el economista Paul Krugman, de la Universidad de Princeton, acusó a las empresas norteamericanas de salud por invertir un gran porcentaje de sus presupuestos en estudiar la manera de privar a sus asegurados de la mayor cantidad posible de servicios médicos, actividad que él considera antisocial.
Proporcionalmente a su población, Canadá atiende a más pacientes y durante más horas que los EE.UU., pero gasta un 40 por ciento menos. Uno de los motivos del menor costo es que el papeleo médico canadiense es mucho menos voluminoso que el norteamericano. Por ejemplo, en Canadá hay un solo formulario, el provincial, para recabar el pago por servicios profesionales prestados, mientras que en los EE.UU. hay centenares de formularios: tantos como compañías de seguros. A los médicos canadienses se les hacen reembolsos electrónicamente por medio de un solo agente: su gobierno provincial. Así se minimizan las confusiones y las disputas. Además, los funcionarios provinciales de salud pública tienen interés en contener los aumentos de costos, porque compiten por fondos con sus colegas de los ministerios de educación, obras públicas, etc. Sobre todo, nadie se ve obligado a hipotecar o vender su casa para pagar cuentas médicas.
El régimen canadiense es bueno, pero no es perfecto. Un ejemplo: dado que la asistencia médica es gratuita, la gente ya usa y abusa con mayor frecuencia que en los EE.UU. y, por consiguiente, las listas de espera suelen ser largas y los médicos canadienses están sobrecargados de trabajo. Otro ejemplo: los psicoanalistas que hacen terapia de grupo suelen cobrar por cada paciente. Tercero: los gobiernos provinciales se quejan de que el gobierno federal no contribuye suficientemente a su presupuesto de salud pública.
Pero éstos no son sino lunares. El filósofo político sabe que no hay ni puede haber organización social sin problemas, cuando se trata de compartir recursos escasos como son el tiempo, el dinero, la inteligencia y la buena voluntad.
Muchos creen que Obama malgasta en esta campaña su capital político, al aumentar la hostilidad de los republicanos, no lograr persuadir a los escépticos y decepcionar a sus propios partidarios. Echémosle un breve vistazo filosófico.
La salud puede considerarse como un derecho en pie de igualdad con los derechos a la seguridad, la jubilación, la educación y el voto, o como un privilegio, a semejanza de la propiedad privada y la vacación paga. Si la salud es vista como un derecho humano, su cuidado será una carga pública y, por lo tanto, un deber del Estado. En cambio, si la salud es vista como una prerrogativa, el ejercicio de la medicina pertenecerá al sector privado.
En otras palabras, el enfermo puede ser considerado como paciente o como cliente. En el primer caso será atendido como cualquier hijo de vecino; en el segundo, será atendido solamente en la medida en que pueda pagar.
El ingreso de un enfermo en un centro médico privado se parece al ingreso de los antiguos egipcios a la inmortalidad: estaba reservado a quienes podían pagar al embalsamador. Mientras los ricos compraban una segunda vida, los pobres morían definitivamente. En tiempos modernos pasa algo parecido, en menor escala: las estadísticas muestran que los ricos viven varios años más que los pobres. Por ejemplo, el europeo occidental puede esperar vivir el doble que el habitante de Afganistán, Mozambique o Sierra Leona.
La disyuntiva público-privado en el terreno de la salud es tanto moral como política, de modo que pertenece a la filosofía política. Los liberales tradicionales coinciden con los socialistas en que el Estado es responsable, al menos en parte, de la salud de los ciudadanos. En cambio, los neoliberales (o neoconservadores) sostienen que la asistencia médica es una actividad privada y de organizaciones caritativas.
El nuevo gobierno de los EE.UU. ha propuesto reformar la asistencia médica norteamericana, en vista de que es la más costosa del mundo, no es accesible a todos, y se estima que en calidad ocupa el puesto 37 en el mundo. Los norteamericanos gastan en salud el 15% del PIB, en tanto que los canadienses y uruguayos gastan el 10%, los argentinos el 9%, los cubanos el 7% y los mexicanos el 6%. (Estos datos fueron tomados del informe de 2006 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
La reforma propuesta por el presidente Obama no es precisamente revolucionaria, ya que no estatiza la atención médica ni el seguro de salud. En este sentido, es mucho menos generosa y radical que el proyecto de seguro nacional de salud que, en 1936, presentara al Congreso argentino el diputado nacional Augusto Bunge, mi padre. El consideraba que la salud es un derecho, y que la mejor manera de administrar la asistencia médica pública es mediante la mutualidad o el seguro, ya que estos distribuyen las cargas en forma equitativa: hoy por ti, mañana por mí.
Tampoco es novedosa la iniciativa del presidente Obama, ya que se parece a las propuestas anteriores del senador Ted Kennedy y de Hillary Clinton (cuando intentaba mejorar su propio país, en lugar de dar consejos no solicitados a gobiernos extranjeros). Además, Canadá, Cuba y casi todas las naciones de Europa occidental gozan ya desde hace décadas de sistemas de asistencia médica más incluyentes, menos costosos y más eficaces que el considerado por el presidente Obama.
En particular, el sistema canadiense, llamado Medicare, atiende gratuitamente a todos los residentes del país, aun sin ser ciudadanos. El resultado es que la esperanza de vida de los canadienses en 2006 era de 80 años, dos menos que en Japón; de 77, la de los norteamericanos y cubanos, y de 74, la de los argentinos y uruguayos. (Ojo: la esperanza de vida depende no sólo de la asistencia médica, sino también, y en mayor medida, del ingreso, la desigualdad de ingresos, y el nivel de educación.)
¿Cómo funciona el Medicare canadiense? He aquí cómo lo veo yo desde hace cuatro décadas. Yo he elegido a mi internista y mis especialistas, y cuando me atienden no me cobran a mí, sino al gobierno de mi provincia. Este les retribuye conforme a una tarifa que depende del tipo de tratamiento: tanto por un examen de rutina, cuanto por una operación de apendicitis, etc. (Mi hijo canadiense nos costó 1000 dólares; mi hija, nacida al amparo de Medicare, salió gratis) Yo no pago directamente por estos servicios: ellos son sufragados por el impuesto provincial a la renta.
Yo nunca hablo de precios con mis médicos. En cambio, los norteamericanos no pueden dejar de mencionarlos y negociarlos, ya que las compañías de seguros médicos no se hacen cargo de todos los procedimientos que puede requerir un tratamiento. Recientemente, el economista Paul Krugman, de la Universidad de Princeton, acusó a las empresas norteamericanas de salud por invertir un gran porcentaje de sus presupuestos en estudiar la manera de privar a sus asegurados de la mayor cantidad posible de servicios médicos, actividad que él considera antisocial.
Proporcionalmente a su población, Canadá atiende a más pacientes y durante más horas que los EE.UU., pero gasta un 40 por ciento menos. Uno de los motivos del menor costo es que el papeleo médico canadiense es mucho menos voluminoso que el norteamericano. Por ejemplo, en Canadá hay un solo formulario, el provincial, para recabar el pago por servicios profesionales prestados, mientras que en los EE.UU. hay centenares de formularios: tantos como compañías de seguros. A los médicos canadienses se les hacen reembolsos electrónicamente por medio de un solo agente: su gobierno provincial. Así se minimizan las confusiones y las disputas. Además, los funcionarios provinciales de salud pública tienen interés en contener los aumentos de costos, porque compiten por fondos con sus colegas de los ministerios de educación, obras públicas, etc. Sobre todo, nadie se ve obligado a hipotecar o vender su casa para pagar cuentas médicas.
El régimen canadiense es bueno, pero no es perfecto. Un ejemplo: dado que la asistencia médica es gratuita, la gente ya usa y abusa con mayor frecuencia que en los EE.UU. y, por consiguiente, las listas de espera suelen ser largas y los médicos canadienses están sobrecargados de trabajo. Otro ejemplo: los psicoanalistas que hacen terapia de grupo suelen cobrar por cada paciente. Tercero: los gobiernos provinciales se quejan de que el gobierno federal no contribuye suficientemente a su presupuesto de salud pública.
Pero éstos no son sino lunares. El filósofo político sabe que no hay ni puede haber organización social sin problemas, cuando se trata de compartir recursos escasos como son el tiempo, el dinero, la inteligencia y la buena voluntad.
OpiniónLos enfermos son pacientes, no clientes
Mario Bunge
lanacion.com | Opinión | Martes 8 de setiembre de 2009
jueves, 27 de agosto de 2009
¿La solcución argentina podría ser un sistema parlamentario ?
La Argentina vive una crisis institucional de singular caladura: no sólo nuestra democracia quedó reducida a un mecanismo electoral, sino que el Gobierno, amén de ejercer el poder en contra de la Constitución, la está vaciando de sustancia. El país, por obra del poder político y por la inacción de la oposición, se doblega como un cuerpo sin esqueleto.
Los hechos son elocuentes. El Gobierno tiene la atribución de presentar proyectos de ley, pero hoy la usará para apropiarse de la libertad de expresión, algo más grave que el supuesto secuestro de los goles que alegó para desbaratar un contrato de la AFA con un grupo de medios.
La primera mandataria presentará un proyecto de ley sobre medios que peca del intervencionismo que caracterizó a la vieja ley de radiodifusión aprobada por el gobierno de facto. Bajo la promocionada excusa de fomentar el pluralismo, abrirá las puertas a una excesiva participación del Estado en el mercado audiovisual y pone en un tembladeral las licencias y los derechos adquiridos. Hace pocos días, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos doctor Asdrúbal Aguiar, desde las páginas de este diario, alertó sobre el parecido con una ley de Chávez. La idea oficial de prohibirle a los partidos, durante las campañas electorales, pautar publicidad en medios cierra el preocupante cuadro.
El Gobierno también insiste en apoderarse de los bienes y de la producción. El año último, estatizó los fondos de las AFJP, sin que hasta ahora la Justicia le haya puesto un freno contundente. Entonces, también procuró aumentar las retenciones al campo, y, aunque los jueces y el Congreso frenaron ese proyecto, volvió a deslizar esa idea.
Hace dos meses, las candidaturas testimoniales eran objeto de fuerte debate. La Cámara Nacional Electoral, por mayoría, las avaló. En siete días, el caso llegará a estudio de la Corte Suprema, lo que debería dar paso a un trascendente debate sobre los límites del poder.
Desde ayer, seiscientos constitucionalistas de todo el país, entre ellos varios convencionales constituyentes de 1994 -como Alberto García Lema, Antonio Hernández e Iván Cullen- participan del congreso nacional que organiza la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Anoche, el doctor Alberto Dalla Vía, presidente de esa entidad, en el discurso de apertura llamó a buscar soluciones a la concentración de poder.
Algunos sostienen que la Argentina debe virar a un sistema parlamentario; otros, más realistas, proponen corregir las rigideces del presidencialismo. Pero ningún sistema será exitoso si la política se empecina en vaciar a la Constitución y en apropiarse de las instituciones.
Los hechos son elocuentes. El Gobierno tiene la atribución de presentar proyectos de ley, pero hoy la usará para apropiarse de la libertad de expresión, algo más grave que el supuesto secuestro de los goles que alegó para desbaratar un contrato de la AFA con un grupo de medios.
La primera mandataria presentará un proyecto de ley sobre medios que peca del intervencionismo que caracterizó a la vieja ley de radiodifusión aprobada por el gobierno de facto. Bajo la promocionada excusa de fomentar el pluralismo, abrirá las puertas a una excesiva participación del Estado en el mercado audiovisual y pone en un tembladeral las licencias y los derechos adquiridos. Hace pocos días, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos doctor Asdrúbal Aguiar, desde las páginas de este diario, alertó sobre el parecido con una ley de Chávez. La idea oficial de prohibirle a los partidos, durante las campañas electorales, pautar publicidad en medios cierra el preocupante cuadro.
El Gobierno también insiste en apoderarse de los bienes y de la producción. El año último, estatizó los fondos de las AFJP, sin que hasta ahora la Justicia le haya puesto un freno contundente. Entonces, también procuró aumentar las retenciones al campo, y, aunque los jueces y el Congreso frenaron ese proyecto, volvió a deslizar esa idea.
Hace dos meses, las candidaturas testimoniales eran objeto de fuerte debate. La Cámara Nacional Electoral, por mayoría, las avaló. En siete días, el caso llegará a estudio de la Corte Suprema, lo que debería dar paso a un trascendente debate sobre los límites del poder.
Desde ayer, seiscientos constitucionalistas de todo el país, entre ellos varios convencionales constituyentes de 1994 -como Alberto García Lema, Antonio Hernández e Iván Cullen- participan del congreso nacional que organiza la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Anoche, el doctor Alberto Dalla Vía, presidente de esa entidad, en el discurso de apertura llamó a buscar soluciones a la concentración de poder.
Algunos sostienen que la Argentina debe virar a un sistema parlamentario; otros, más realistas, proponen corregir las rigideces del presidencialismo. Pero ningún sistema será exitoso si la política se empecina en vaciar a la Constitución y en apropiarse de las instituciones.
Temas de la justiciaUn país muy frágil
Por Adrián Ventura
lanacion.com | Política | Jueves 27 de agosto de 2009
La despenalización de la tenencia de pequeñas dosis de estupefacientes facilitará su comercialización en escuelas y boliches.
Más de una vez hemos señalado desde esta columna editorial que antes de impulsar cualquier proceso de despenalización del consumo y de la tenencia de estupefacientes, habría que discutir si el país posee adecuadas políticas de prevención de la drogadicción en niños y adolescentes.
Es que una despenalización sin educación sobre los graves trastornos y peligros que para la salud implican las drogas sólo agravará los males y se convertirá en una bomba de tiempo para las próximas generaciones.
Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el cual se despenalizó la tenencia de estupefacientes en dosis mínimas para consumo personal, se ha abierto un debate que seguramente precederá a un proyecto de ley oficial, con el fin de modificar la legislación nacional en materia de drogas.
La sentencia del máximo tribunal también reclama del Estado una mayor acción contra el tráfico de sustancias peligrosas y medidas para favorecer la recuperación de los adictos.
Nadie puede negar que el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados".
El alcance de este artículo para justificar la despenalización de la tenencia de drogas es muy discutible. Entre otras cosas, porque el consumo de estupefacientes, a corto o a largo plazo, no sólo genera efectos perjudiciales para el consumidor, sino también para su familia, su entorno y la sociedad en su conjunto, que deberá contribuir a financiar la necesaria asistencia estatal para el adicto. Un caso emblemático es el de quienes se drogan para delinquir, lo cual aumenta la violencia de sus actos.
Es cierto también que, en la mayoría de los casos, el consumidor de drogas es un enfermo que requiere ayuda antes que la prisión. Pero, en rigor, el consumo de estupefacientes en nuestro país nunca fue punible, al tiempo que, pese a todas sus posibles imperfecciones, la legislación vigente propicia un tratamiento obligatorio para aquellos consumidores que quedan inmersos en una acción judicial.
En efecto, la ley 23.737 estipula que en aquellos casos en que alguien es encontrado con drogas en su poder para uso personal y existe una dependencia física o psíquica de la sustancia, el juez debe imponer una medida de seguridad curativa, consistente en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario, por lo que se deja en suspenso la pena que pudiera corresponderle. Puede discutirse, en cambio, si el Estado cuenta con los medios indispensables para garantizar esa clase de tratamientos.
Desde algunos sectores se ha defendido la despenalización del consumo y la tenencia de las denominadas "drogas blandas", como la marihuana, supuestamente por su inocuidad. Se trata de un argumento absolutamente falaz. Por ejemplo, la marihuana tiene, según especialistas, un efecto mucho más devastador que el tabaco. Duplica sus cancerígenos y posee efectos alucinógenos que alteran la química cerebral; además posee componentes que pueden desatar brotes psicóticos, tal como lo ha señalado el médico Eduardo Kalina, especialista en psiquiatría y en adicciones.
Otro aspecto no menor de una despenalización que no esté bien regulada será la facilitación de la comercialización de drogas al por menor. Cualquier vendedor minorista de estas sustancias a quien se le encuentre una pequeña cantidad de estupefacientes esgrimirá que está destinada a su consumo personal. Y, como se sabe, la droga que se les vende a los adolescentes, en cercanías de la escuela o en los locales bailables, se comercializa en dosis pequeñas. Lo mismo podría decirse de tantos barrios humildes o villas de emergencia, donde el paco está haciendo estragos. Ese será uno de los peligros más concretos que la posición despenalizadora de la tenencia nos hará correr.
Es que una despenalización sin educación sobre los graves trastornos y peligros que para la salud implican las drogas sólo agravará los males y se convertirá en una bomba de tiempo para las próximas generaciones.
Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el cual se despenalizó la tenencia de estupefacientes en dosis mínimas para consumo personal, se ha abierto un debate que seguramente precederá a un proyecto de ley oficial, con el fin de modificar la legislación nacional en materia de drogas.
La sentencia del máximo tribunal también reclama del Estado una mayor acción contra el tráfico de sustancias peligrosas y medidas para favorecer la recuperación de los adictos.
Nadie puede negar que el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados".
El alcance de este artículo para justificar la despenalización de la tenencia de drogas es muy discutible. Entre otras cosas, porque el consumo de estupefacientes, a corto o a largo plazo, no sólo genera efectos perjudiciales para el consumidor, sino también para su familia, su entorno y la sociedad en su conjunto, que deberá contribuir a financiar la necesaria asistencia estatal para el adicto. Un caso emblemático es el de quienes se drogan para delinquir, lo cual aumenta la violencia de sus actos.
Es cierto también que, en la mayoría de los casos, el consumidor de drogas es un enfermo que requiere ayuda antes que la prisión. Pero, en rigor, el consumo de estupefacientes en nuestro país nunca fue punible, al tiempo que, pese a todas sus posibles imperfecciones, la legislación vigente propicia un tratamiento obligatorio para aquellos consumidores que quedan inmersos en una acción judicial.
En efecto, la ley 23.737 estipula que en aquellos casos en que alguien es encontrado con drogas en su poder para uso personal y existe una dependencia física o psíquica de la sustancia, el juez debe imponer una medida de seguridad curativa, consistente en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario, por lo que se deja en suspenso la pena que pudiera corresponderle. Puede discutirse, en cambio, si el Estado cuenta con los medios indispensables para garantizar esa clase de tratamientos.
Desde algunos sectores se ha defendido la despenalización del consumo y la tenencia de las denominadas "drogas blandas", como la marihuana, supuestamente por su inocuidad. Se trata de un argumento absolutamente falaz. Por ejemplo, la marihuana tiene, según especialistas, un efecto mucho más devastador que el tabaco. Duplica sus cancerígenos y posee efectos alucinógenos que alteran la química cerebral; además posee componentes que pueden desatar brotes psicóticos, tal como lo ha señalado el médico Eduardo Kalina, especialista en psiquiatría y en adicciones.
Otro aspecto no menor de una despenalización que no esté bien regulada será la facilitación de la comercialización de drogas al por menor. Cualquier vendedor minorista de estas sustancias a quien se le encuentre una pequeña cantidad de estupefacientes esgrimirá que está destinada a su consumo personal. Y, como se sabe, la droga que se les vende a los adolescentes, en cercanías de la escuela o en los locales bailables, se comercializa en dosis pequeñas. Lo mismo podría decirse de tantos barrios humildes o villas de emergencia, donde el paco está haciendo estragos. Ese será uno de los peligros más concretos que la posición despenalizadora de la tenencia nos hará correr.
Editorial IDrogas, ante un remedio equivocado
La despenalización de la tenencia de pequeñas dosis de estupefacientes facilitará su comercialización en escuelas y boliches
lanacion.com | Opinión | Jueves 27 de agosto de 2009
miércoles, 26 de agosto de 2009
En la Argentina el problema se encuentra más en nuestras prácticas que en la bondad de las normas.
En las páginas de este diario se ha presentado una polémica acerca de la conveniencia de adoptar el parlamentarismo, sostenida en una nota de Mario Bunge, y respondida por Horacio Tomás Liendo defendiendo tanto del presidencialismo como de su vinculación con el federalismo. No es un debate nuevo sino que reaparece en el "corsi et ricorsi" de nuestra historia reciente.
Por más convincentes y razonables que resulten los argumentos esgrimidos, tal debate no debería reducirse a un plano meramente teórico.
En algunos círculos políticos, la discusión parece alimentarse por el resultado electoral del 28 de junio y una mayor dispersión del poder, que llevaría a la necesidad de celebrar acuerdos en el Congreso: la propuesta de un Consejo Económico y Social y la convocatoria presidencial al diálogo político aparecen así, para algunos, como síntomas de un nuevo modelo que contrasta con la concentración del poder. Se trata de una "sensación" que, en todo caso, es muy bienvenida, pero el diálogo y el debate democráticos de ningún modo justifican el cambio del modelo constitucional.
Es que en la Argentina, las situaciones coyunturales o, en su caso, de mediano plazo, suelen ser terreno fértil para tales ensayos; al punto tal que un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha relativamente reciente y en forma pública, ha sugerido tanto la conveniencia de girar hacia el parlamentarismo, como también de adoptar un Tribunal Constitucional.
Durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, tales deliberaciones se daban cita en el denominado Consejo para la Consolidación de la Democracia, cuyos dictámenes constituirían la base teórica de la última reforma constitucional ocurrida hace casi quince años. Las hipótesis de laboratorio iban desde el semipresidencialismo francés, mitigando después hacia el modelo portugués para recaer finalmente en el modelo de la Constitución peruana de 1979. A pesar de tantos estudios comparados, el texto de 1994 se conformaría con un umbral más bajo: un jefe de Gabinete que no sería ni jefe de Gobierno ni jefe de la Administración, pero podría servir de "fusible" frente a las crisis políticas.
Hemos tenido jefes de Gabinete fuertes, como lo fueron Eduardo Bauzá en los primeros tiempos de Menem y Chrystian Colombo durante la presidencia de De la Rua; pero en general han tenido bajo perfil, colaborando sin hacer sombra a nuestros presidentes, cuando en realidad es de la esencia de un primer ministro "ser" la sombra del presidente.
El coordinador del Consejo era Carlos Santiago Nino, un filósofo del derecho de gran reconocimiento internacional, especialmente en las universidades de Oxford y de Yale, quien participaba de largas conversaciones con el Presidente, avizorando un escenario plausible: un acuerdo entre los sectores pertenecientes a la "junta coordinadora" radical y el "peronismo renovador" que afirmara la democracia deliberativa. Nino pensaba que, si después de la derrota en las segundas elecciones legislativas de 1987, Alfonsín hubiera podido designar a Antonio Cafiero como primer ministro de un gabinete de coalición, hubiera evitado el desgaste padecido hasta finalizar su mandato.
Pero ya se sabe que en esta parte del mundo, bien al sur del continente, la realidad suele superar a la imaginación. En 1987, Carlos Menem se impuso en las elecciones internas del Partido Justicialista y, al día siguiente, el país amaneció empapelado con su imagen de grandes patillas y el torso cruzado con la banda presidencial. Y si una imagen vale más que mil palabras, renacía así una tradición presidencialista que se remontaba a Rivadavia, Rosas, Urquiza, Mitre, Roca, Yrigoyen y Perón.
Otro hito relevante fue la crisis de 2001, cuando el presidente De la Rúa pudo recurrir a la Constitución reformada nombrando un jefe de Gabinete opositor. Sin embargo, el Dr. Duhalde fue designado por el Congreso para concluir el mandato bajo el mecanismo de acefalía previsto en el artículo 88 de la Constitución histórica. Mientras resonaba el ruido de las cacerolas al grito de "que se vayan todos", de la crisis se salía con "la vieja política" y las elecciones presidenciales de 2003 mostraban alta participación.
En las entrañas de nuestra historia se esconde la tradición caudillista que Max Weber llamó "dominación carismática". La sanción de la Constitución de 1853 fue un freno y un límite más que la exacerbación de esa tendencia. Alberdi recomendaba darle todo el poder al presidente, pero a través de una Constitución. La limitación más fuerte a ese "monarca constitucional" era la imposibilidad de reelección sucesiva que nos prevenía de la llamada crisis del segundo mandato.
Nuestro presidencialismo surgió junto al federalismo diseñado en la Constitución para superar las sangrientas disputas del siglo XIX. El pacto convencional originario presupone que, junto al principio de la soberanía del pueblo, existen también derechos originarios de las provincias provenientes de pactos preexistentes, conservando los poderes que no delegaron expresamente en el gobierno federal.
En cambio, el origen histórico de los sistemas parlamentarios se encuentra más bien en las luchas históricas del Parlamento frente a la Corona, y de las sucesivas concesiones de los monarcas, existiendo una mayor conexión y coordinación entre Parlamento y gobierno que en los sistemas presidencialistas. Allí el gobierno se forma por acuerdos en el legislativo y por eso requiere de partidos muy orgánicos con una férrea disciplina partidaria; en cambio entre nosotros, la legitimidad del ejecutivo surge directamente de la elección popular.
Por otra parte, la experiencia de haber adoptado algunos instrumentos de los sistemas parlamentarios no resultó muy exitosa, como lo demuestra el caso de los "decretos de necesidad y urgencia" y de la "delegación legislativa", que en lugar de contribuir a mitigar el "hiperpresidencialismo" lo agravaron, al trasladar competencias legislativas hacia el Poder Ejecutivo. Si queremos "parlamentarizar" el sistema convendría comenzar por el simple argumento de devolverle su protagonismo al Congreso, como lo alcanza cuando allí se discuten los grandes temas nacionales.
Por más convincentes y razonables que resulten los argumentos esgrimidos, tal debate no debería reducirse a un plano meramente teórico.
En algunos círculos políticos, la discusión parece alimentarse por el resultado electoral del 28 de junio y una mayor dispersión del poder, que llevaría a la necesidad de celebrar acuerdos en el Congreso: la propuesta de un Consejo Económico y Social y la convocatoria presidencial al diálogo político aparecen así, para algunos, como síntomas de un nuevo modelo que contrasta con la concentración del poder. Se trata de una "sensación" que, en todo caso, es muy bienvenida, pero el diálogo y el debate democráticos de ningún modo justifican el cambio del modelo constitucional.
Es que en la Argentina, las situaciones coyunturales o, en su caso, de mediano plazo, suelen ser terreno fértil para tales ensayos; al punto tal que un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha relativamente reciente y en forma pública, ha sugerido tanto la conveniencia de girar hacia el parlamentarismo, como también de adoptar un Tribunal Constitucional.
Durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, tales deliberaciones se daban cita en el denominado Consejo para la Consolidación de la Democracia, cuyos dictámenes constituirían la base teórica de la última reforma constitucional ocurrida hace casi quince años. Las hipótesis de laboratorio iban desde el semipresidencialismo francés, mitigando después hacia el modelo portugués para recaer finalmente en el modelo de la Constitución peruana de 1979. A pesar de tantos estudios comparados, el texto de 1994 se conformaría con un umbral más bajo: un jefe de Gabinete que no sería ni jefe de Gobierno ni jefe de la Administración, pero podría servir de "fusible" frente a las crisis políticas.
Hemos tenido jefes de Gabinete fuertes, como lo fueron Eduardo Bauzá en los primeros tiempos de Menem y Chrystian Colombo durante la presidencia de De la Rua; pero en general han tenido bajo perfil, colaborando sin hacer sombra a nuestros presidentes, cuando en realidad es de la esencia de un primer ministro "ser" la sombra del presidente.
El coordinador del Consejo era Carlos Santiago Nino, un filósofo del derecho de gran reconocimiento internacional, especialmente en las universidades de Oxford y de Yale, quien participaba de largas conversaciones con el Presidente, avizorando un escenario plausible: un acuerdo entre los sectores pertenecientes a la "junta coordinadora" radical y el "peronismo renovador" que afirmara la democracia deliberativa. Nino pensaba que, si después de la derrota en las segundas elecciones legislativas de 1987, Alfonsín hubiera podido designar a Antonio Cafiero como primer ministro de un gabinete de coalición, hubiera evitado el desgaste padecido hasta finalizar su mandato.
Pero ya se sabe que en esta parte del mundo, bien al sur del continente, la realidad suele superar a la imaginación. En 1987, Carlos Menem se impuso en las elecciones internas del Partido Justicialista y, al día siguiente, el país amaneció empapelado con su imagen de grandes patillas y el torso cruzado con la banda presidencial. Y si una imagen vale más que mil palabras, renacía así una tradición presidencialista que se remontaba a Rivadavia, Rosas, Urquiza, Mitre, Roca, Yrigoyen y Perón.
Otro hito relevante fue la crisis de 2001, cuando el presidente De la Rúa pudo recurrir a la Constitución reformada nombrando un jefe de Gabinete opositor. Sin embargo, el Dr. Duhalde fue designado por el Congreso para concluir el mandato bajo el mecanismo de acefalía previsto en el artículo 88 de la Constitución histórica. Mientras resonaba el ruido de las cacerolas al grito de "que se vayan todos", de la crisis se salía con "la vieja política" y las elecciones presidenciales de 2003 mostraban alta participación.
En las entrañas de nuestra historia se esconde la tradición caudillista que Max Weber llamó "dominación carismática". La sanción de la Constitución de 1853 fue un freno y un límite más que la exacerbación de esa tendencia. Alberdi recomendaba darle todo el poder al presidente, pero a través de una Constitución. La limitación más fuerte a ese "monarca constitucional" era la imposibilidad de reelección sucesiva que nos prevenía de la llamada crisis del segundo mandato.
Nuestro presidencialismo surgió junto al federalismo diseñado en la Constitución para superar las sangrientas disputas del siglo XIX. El pacto convencional originario presupone que, junto al principio de la soberanía del pueblo, existen también derechos originarios de las provincias provenientes de pactos preexistentes, conservando los poderes que no delegaron expresamente en el gobierno federal.
En cambio, el origen histórico de los sistemas parlamentarios se encuentra más bien en las luchas históricas del Parlamento frente a la Corona, y de las sucesivas concesiones de los monarcas, existiendo una mayor conexión y coordinación entre Parlamento y gobierno que en los sistemas presidencialistas. Allí el gobierno se forma por acuerdos en el legislativo y por eso requiere de partidos muy orgánicos con una férrea disciplina partidaria; en cambio entre nosotros, la legitimidad del ejecutivo surge directamente de la elección popular.
Por otra parte, la experiencia de haber adoptado algunos instrumentos de los sistemas parlamentarios no resultó muy exitosa, como lo demuestra el caso de los "decretos de necesidad y urgencia" y de la "delegación legislativa", que en lugar de contribuir a mitigar el "hiperpresidencialismo" lo agravaron, al trasladar competencias legislativas hacia el Poder Ejecutivo. Si queremos "parlamentarizar" el sistema convendría comenzar por el simple argumento de devolverle su protagonismo al Congreso, como lo alcanza cuando allí se discuten los grandes temas nacionales.
Presidente o primer ministro
Alberto Dalla Vía
lanacion.com | Opinión | Mi?oles 26 de agosto de 2009
domingo, 16 de agosto de 2009
Hay que sincerar la realidad. ¿Tenemos 6 millones de pobres o 14 millones de pobres?
Sincerar los índices oficiales es el primer paso y la condición excluyente para pensar cómo salir de la pobreza. La universalización de una asignación por hijo, la reducción de la informalidad en el mercado de trabajo y la separación de los beneficios de la seguridad social de la condición laboral para que sean accesibles a todos asoman como las herramientas más convenientes para combatir el flagelo de la exclusión.
A esas coincidencias llegaron Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social; monseñor Oscar Sarlinga, obispo de Zárate-Campana y miembro de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado; el economista Ernesto Kritz, y el fundador de la Red Solidaria, Juan Carr, reunidos por LA NACION para analizar salidas posibles al drama de la pobreza.
Tras la severa advertencia del papa Benedicto XVI, que pidió "esfuerzos solidarios" para superar "el escándalo de la pobreza", la emergencia que cada día enfrentan millones de personas sumidas en la postergación obliga a pensar políticas creativas para revertir las desigualdades.
A esas coincidencias llegaron Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social; monseñor Oscar Sarlinga, obispo de Zárate-Campana y miembro de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado; el economista Ernesto Kritz, y el fundador de la Red Solidaria, Juan Carr, reunidos por LA NACION para analizar salidas posibles al drama de la pobreza.
Tras la severa advertencia del papa Benedicto XVI, que pidió "esfuerzos solidarios" para superar "el escándalo de la pobreza", la emergencia que cada día enfrentan millones de personas sumidas en la postergación obliga a pensar políticas creativas para revertir las desigualdades.
La situación social / Mesa redonda de expertos, en LA NACIONIndices creíbles y transparencia, claves contra la pobreza
Cuatro expertos coinciden en la necesidad de sincerar estadísticas y universalizar la asistencia
lanacion.com | Política | Domingo 16 de agosto de 2009
viernes, 7 de agosto de 2009
Debate en el que deberían participar el mundo político, académico, empresarial y social para definir qué sociedad queremos construir.
La situación social en la Argentina ha mejorado en los últimos años, especialmente desde la crisis de 2001, pero es claro que hay mucho por hacer. Los problemas sociales son diversos, pero se concentran en tres: la pobreza estructural que representa al 10% de la población que no cubre las necesidades mínimas de vivienda o de nutrición; la precarización laboral que refiere al 40% del sector informal de la economía (trabajo en negro o cuentapropistas) y la inclusión de los jóvenes que no estudian ni trabajan.
La evolución de la pobreza está vinculada con actividades económicas, como construcción, industria textil, calzado, metalmecánica, curtiembres y frigoríficos, que son las que mejor incorporan a los sectores con baja calificación y que, desde 2007, están en proceso de amesetamiento.
Parece necesario encarar un debate sobre, al menos, cinco aspectos: a) un programa progresivo de universalización de asignaciones familiares que extienda el salario familiar a los 3.300.000 niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal. Se trata de ir, por etapas, hacia un plan que equipararía condiciones y crearía un nuevo derecho. b) Una reforma del sistema educativo que revise los objetivos de la escuela secundaria y el nivel terciario y los ponga en línea con los sectores productivos estratégicos. c) La masificación de los sistemas de microcréditos para llegar a los casi 4 millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada e interactúan mal con el mercado. d) Un "plan Marshall" con apoyo económico para rescatar a los jóvenes que están fuera del mercado y tienen dificultades de adicciones y hacinamiento. La clave es generar una red de tutores creíbles para los jóvenes. e) Una paulatina reforma de las áreas sociales que permita poner en marcha políticas públicas en tiempo real, achicando la distancia entre diseños y acciones.
La evolución de la pobreza está vinculada con actividades económicas, como construcción, industria textil, calzado, metalmecánica, curtiembres y frigoríficos, que son las que mejor incorporan a los sectores con baja calificación y que, desde 2007, están en proceso de amesetamiento.
Parece necesario encarar un debate sobre, al menos, cinco aspectos: a) un programa progresivo de universalización de asignaciones familiares que extienda el salario familiar a los 3.300.000 niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal. Se trata de ir, por etapas, hacia un plan que equipararía condiciones y crearía un nuevo derecho. b) Una reforma del sistema educativo que revise los objetivos de la escuela secundaria y el nivel terciario y los ponga en línea con los sectores productivos estratégicos. c) La masificación de los sistemas de microcréditos para llegar a los casi 4 millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada e interactúan mal con el mercado. d) Un "plan Marshall" con apoyo económico para rescatar a los jóvenes que están fuera del mercado y tienen dificultades de adicciones y hacinamiento. La clave es generar una red de tutores creíbles para los jóvenes. e) Una paulatina reforma de las áreas sociales que permita poner en marcha políticas públicas en tiempo real, achicando la distancia entre diseños y acciones.
sábado, 25 de julio de 2009
Lo que se hizo antes generó un Frankestein que ahora hay que desarmar, y ése es el gran debate que tenemos por delante.
En toda democracia organizada hay dos planos en el diálogo entre el oficialismo y la oposición. Una parte transcurre en el Congreso de la Nación, en el que los legisladores tienen que acordar sobre las sanciones de las leyes, las comisiones de trabajo que abarcan las distintas áreas de la actividad nacional, las comisiones investigadoras y los paneles sobre políticas públicas, que van configurando la opinión, van creando los consensos y van limando las diferencias.
El otro plano de discusión -normalmente, entre los partidos políticos opositores y el Gobierno- es naturalmente con la Presidenta y los ministros del Poder Ejecutivo. Ellos deberían recibir a los líderes opositores para intercambiar puntos de vista sobre los problemas y los dilemas que enfrenta el Estado, buscando cómo interactuar para resolverlos.
Esos diálogos deberían ser cordiales, con interlocutores firmes en sus posiciones y convicciones, pero fecundos, esto es, dispuestos a lograr un resultado constructivo. Ciertamente, en nuestro caso hay una urgencia para resolver los problemas en el corto plazo, de carácter institucional.
Entre otros, sin ser exhaustivos, hay varias leyes con una gran demanda de la opinión pública, como son la ley de emergencia, la ley de superpoderes, la ley sobre decretos de necesidad y urgencia, la ley del Consejo de la Magistratura, las leyes del régimen de transferencias de ingresos entre los distintos niveles de gobierno, la ley de manejo de la publicidad oficial y la ley de transparencia en la información pública.
Cuanto antes se reaccione frente a estas demandas sociales, menos traumáticos van a ser los episodios que se vivan, y el país tendrá su transición política de una manera más cooperativa y organizada.
Hay otro aspecto: las facultades delegadas, que vencen el 24 de agosto, y por supuesto, ese tema tan complejo y delicado que es el programa presupuestario para los años 2010-2011, así como el programa de financiamiento para el mismo período. Ligado a ello, están las dificultades de este año, que todavía no han sido registradas en las previsiones presupuestarias.
Cuanto antes se planteen estos temas y cuanto antes se coordinen con las reducciones impositivas -que van a surgir, necesariamente, de lo que ha sido el voto popular-, más fácil va ser progresar hacia una actitud de convivencia y de competencia, pero también de cooperación del sistema político.
La actitud mezquina de simplemente ganar tiempo, de negarse a reconocer estas realidades, le haría un daño inmenso al Gobierno, pero también al país. Eso llevaría a la tensión social y, por supuesto, en el estado de debilidad y fragilidad en el que están la economía y la sociedad, extremaría las consecuencias sobre nuestro nivel de vida.
En esa línea de acción, un debate inteligente sobre estos temas no debería ser trabajoso y debería poder encuadrarse perfectamente en la disputa entre las opiniones y en las fuerzas políticas.
Hay un fenómeno cuya consideración se ha venido postergando. Se trata de los niveles disparatados y extravagantes que tienen los impuestos, que permitieron holguras, en circunstancias, no razonables. Está claro que eso es inaceptable y que es esencial para la vida social analizar de qué manera se puede proceder a la normalización de ese tipo de políticas, que tanto daño han hecho.
Por otro lado, deberán reemplazarse muchos subsidios que son insostenibles y no financiables, y también deberán ser estructuradas las transferencias de recursos del gobierno federal a los gobiernos provinciales de un modo institucionalmente menos arbitrario.
Seguramente, la regularización de la seguridad social, terminando con la estrategia de alargar innecesariamente los juicios, y la normalización del funcionamiento administrativo de la Anses ayudarían enormemente a que el clima social sea menos confuso.
Todas estas medidas tendrán un impacto, y ese impacto hay que asumirlo como consecuencia de lo que se hizo antes, no como consecuencia de lo que se hace ahora.
El otro plano de discusión -normalmente, entre los partidos políticos opositores y el Gobierno- es naturalmente con la Presidenta y los ministros del Poder Ejecutivo. Ellos deberían recibir a los líderes opositores para intercambiar puntos de vista sobre los problemas y los dilemas que enfrenta el Estado, buscando cómo interactuar para resolverlos.
Esos diálogos deberían ser cordiales, con interlocutores firmes en sus posiciones y convicciones, pero fecundos, esto es, dispuestos a lograr un resultado constructivo. Ciertamente, en nuestro caso hay una urgencia para resolver los problemas en el corto plazo, de carácter institucional.
Entre otros, sin ser exhaustivos, hay varias leyes con una gran demanda de la opinión pública, como son la ley de emergencia, la ley de superpoderes, la ley sobre decretos de necesidad y urgencia, la ley del Consejo de la Magistratura, las leyes del régimen de transferencias de ingresos entre los distintos niveles de gobierno, la ley de manejo de la publicidad oficial y la ley de transparencia en la información pública.
Cuanto antes se reaccione frente a estas demandas sociales, menos traumáticos van a ser los episodios que se vivan, y el país tendrá su transición política de una manera más cooperativa y organizada.
Hay otro aspecto: las facultades delegadas, que vencen el 24 de agosto, y por supuesto, ese tema tan complejo y delicado que es el programa presupuestario para los años 2010-2011, así como el programa de financiamiento para el mismo período. Ligado a ello, están las dificultades de este año, que todavía no han sido registradas en las previsiones presupuestarias.
Cuanto antes se planteen estos temas y cuanto antes se coordinen con las reducciones impositivas -que van a surgir, necesariamente, de lo que ha sido el voto popular-, más fácil va ser progresar hacia una actitud de convivencia y de competencia, pero también de cooperación del sistema político.
La actitud mezquina de simplemente ganar tiempo, de negarse a reconocer estas realidades, le haría un daño inmenso al Gobierno, pero también al país. Eso llevaría a la tensión social y, por supuesto, en el estado de debilidad y fragilidad en el que están la economía y la sociedad, extremaría las consecuencias sobre nuestro nivel de vida.
En esa línea de acción, un debate inteligente sobre estos temas no debería ser trabajoso y debería poder encuadrarse perfectamente en la disputa entre las opiniones y en las fuerzas políticas.
Hay un fenómeno cuya consideración se ha venido postergando. Se trata de los niveles disparatados y extravagantes que tienen los impuestos, que permitieron holguras, en circunstancias, no razonables. Está claro que eso es inaceptable y que es esencial para la vida social analizar de qué manera se puede proceder a la normalización de ese tipo de políticas, que tanto daño han hecho.
Por otro lado, deberán reemplazarse muchos subsidios que son insostenibles y no financiables, y también deberán ser estructuradas las transferencias de recursos del gobierno federal a los gobiernos provinciales de un modo institucionalmente menos arbitrario.
Seguramente, la regularización de la seguridad social, terminando con la estrategia de alargar innecesariamente los juicios, y la normalización del funcionamiento administrativo de la Anses ayudarían enormemente a que el clima social sea menos confuso.
Todas estas medidas tendrán un impacto, y ese impacto hay que asumirlo como consecuencia de lo que se hizo antes, no como consecuencia de lo que se hace ahora.
Para un diálogo con sustancia
Ricardo López Murphy
lanacion.com | Opinión | S?do 25 de julio de 2009
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