Si el Estado no cumple la más esencial de sus funciones, que es la del árbitro que impone la paz y el orden social, deja un vacío comprometedor de la propia razón de ser. Allí anida el fundamento de las protestas individuales y colectivas crecientes, sobre todo en la Capital Federal y los centros más poblados de la provincia de Buenos Aires. Hay una alarmante falta de garantías para la vida, el honor, la integridad y la propiedad de los habitantes.
El clamor ciudadano acompaña a víctimas y deudos en un coro que gana en intensidad día tras día. Debe pasarse por alto, por irrelevante, el comodín despreciativo que también en esta materia ha utilizado el matrimonio gobernante para la crítica del trabajo periodístico. En este caso, ha recaído en lo concerniente a la información de los crímenes innúmeros de los cuales se ocupa la prensa a diario, por su significación y gravedad.
No hay una sola familia que no haya sido atravesada por delitos que muchas veces quedan impunes o por otros que ni siquiera se denuncian a raíz del cansancio moral suscitado por la inoperancia y el cinismo de un populismo irresponsable, incapaz de hacer cumplir la ley más elemental.
Si el Gobierno quiere conocer una explicación última por los motivos del éxodo rural, debe decírsele que la vida en el campo se ha hecho extraordinariamente difícil y azarosa, no sólo por la incomprensible política oficial en relación con el agro y la ganadería, sino por la inseguridad física que testimonian los asaltos con saldo de muertos y heridos.
La Presidenta ha dicho en los últimos días que la inseguridad está asociada al desempleo. Es cierto. Pero ¿no era que en el gobierno de su marido se había recuperado un número excepcional de puestos de trabajo? Tiene motivos la Presidenta para preocuparse. Ella sabe, mejor que todos, que el empleo ha caído, de un tiempo a esta parte, en porcentajes mayores que los suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que, por lo tanto, las condiciones en las que se larva la delincuencia son más apropiadas para su desarrollo que las de los números oficiales.
La única prioridad en esta cuestión es la seguridad individual de los habitantes del país. Su resolución no puede depender de una sola medida, sino de una política que atienda simultáneamente todos los frentes. Cualquier ciudadano capaz de comprender la gravedad de los actos propios debe ser enjuiciado de forma de ser llevado a la rehabilitación, si es posible -y siempre es deseable-, pero colocado en términos de hacer irrepetibles los actos criminales que acaba de cometer.
Debe retenerse a la juventud en las escuelas y colegios. En esto es de carácter insoslayable la responsabilidad de los docentes, a fin de que la escuela cumpla la función esencial de formar ciudadanos útiles para sí y la sociedad. Docentes sin vocación para la sagrada tarea de cultivar la inteligencia y el espíritu de nuestros hijos constituyen rémoras para una de las más delicadas misiones que se puedan encarnar desde el Estado y la enseñanza privada.
El discurso presidencial en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación pasó increíblemente por alto el flagelo de la inseguridad. Sin embargo, no se le puede negar astucia, aunque sí aplausos, a la campaña oficial por la cual se pretende echar sobre las espaldas de la Justicia y, de modo más sutil, de algunos gobiernos provinciales, el peso de una demanda social que estalla en llantos y gritos. Desde luego que ha habido y hay jueces y funcionarios irresponsables en el tratamiento de los delitos ordinarios que conmueven a la opinión pública, pero el gobierno nacional debe contestar qué hizo todos estos años para que la escalada de violencia decreciera, en vez de aumentar en la forma sideral en que lo ha hecho.
Editorial IEl clamor por la seguridad
Nunca como hoy resulta tan justificado el reclamo detrás del cual se encolumna la sociedad
lanacion.com | Opinión | Domingo 15 de marzo de 2009
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