Es difícil repasar los graves acontecimientos de las últimas semanas sin recordar el eslogan que le abrió el camino a la presidencia a la doctora Cristina Fernández de Kirchner: "Sabemos lo que hace falta, sabemos cómo hacerlo". Aun tratándose de un eslogan de campaña, su vigencia fue demasiado efímera.
La confrontación con el campo demuestra que "lo que hace falta" resultó ser más de lo mismo y que, al repetirlo hasta su agotamiento, parece que ya no saben "cómo hacerlo". Quizá si la candidata hubiera sido sincera durante la campaña, la Presidenta se habría evitado este trago amargo. Pero es tarde para averiguarlo.
Desde fin de octubre aumentó la presión impositiva sobre el campo en unos $ 9000 millones, y en otros $ 6000 millones la del resto de la economía. Este impuestazo, equivalente a casi 2% del PBI, es el más grande de la historia. Quizá por eso lo hayan ocultado hasta que estuvieran abiertas las urnas.
¿Por qué los últimos 9 puntos de retenciones fueron tanto más explosivos que los primeros 35? Por la misma razón por la cual un cántaro termina rompiéndose en su incesante trayecto hacia la fuente. Pero no solamente por eso. Las explicaciones oficiales, ausentes en medidas anteriores y rayanas con la humillación esta vez, contribuyeron al hastío.
La mayor provocación, sin embargo, consistió en desvirtuar el impuesto con la movilidad de las alícuotas. Al congelar los ingresos de los agricultores durante cuatro años, en un marco de tipo de cambio fijo e inflación del 25%, se les dio la certeza de que su rentabilidad era ya una especie en extinción. La protesta, sorprendente sólo en su extensión y espontaneidad, era inevitable. Las medidas anunciadas el lunes postergan pero no eliminan el impacto sobre los pequeños productores. Siempre y cuando el Gobierno consiga superar la ineficiencia que exhibió hasta ahora en la liquidación de subsidios y compensaciones sectoriales.
Los sofismas técnicos con los que el Gobierno intenta convencer a la opinión pública no deben ocultar la verdadera motivación del aumento impositivo. Hace tiempo que las retenciones dejaron de ser el mecanismo redistributivo de financiamiento de la política social para transformarse en el arma de construcción de poder y de dominación política del gobierno central, a expensas de las provincias y en contradicción con nuestros principios federales.
De cada 5 puntos de retenciones no coparticipables hay 1 punto que se desvía de las arcas provinciales por pérdida del impuesto a las ganancias, que sí es coparticipable. Las provincias dejan de recibir unos $ 8000 millones de pesos en coparticipación como consecuencia de este unitarismo fiscal. Estos 8000 millones, en lugar de invertirse en mejorar la infraestructura, la educación y los servicios del interior, se destinan a comprar las voluntades de gobernadores e intendentes, a subsidiar servicios no federales y a financiar proyectos tan disparatados como el del tren bala.
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