La semana pasada, tres diputados que defendieron la anulación de las AFJP y que ahora reclaman transparencia al Estado presentaron en el Congreso un proyecto de resolución para que se integre la demorada comisión bicameral que debería estar haciendo un seguimiento de las inversiones del fondo de "garantía del sistema de reparto". Ese grupo debe integrarse con seis diputados y seis senadores.
A la caja en cuestión, que está bajo la responsabilidad directa del director de la Anses, Amado Boudou, se transfirieron los ahorros acumulados en las cuentas de quienes habían elegido una AFJP. El fondo también se alimenta del excedente que se genera entre la recaudación del sistema y sus pagos mensuales.
"Usar los recursos sin control les da letra a los defensores del sistema privado en contra del de reparto", se quejó la diputada María América González (Solidaridad e Igualdad), autora del proyecto de resolución, que también firman Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad). González recordó que entre los fondos traspasados están los provenientes de aportes voluntarios que hicieron algunos afiliados, ya que pese a los meses transcurridos la Anses no definió qué ocurrirá con esos recursos.
Además de la iniciativa de resolución, los diputados les pidieron a Eduardo Fellner y a Julio Cobos, como presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, que "arbitren las medidas necesarias para constituir la comisión bicameral". Según González, "resulta ofensivo para la República y para la democracia tener que llegar a redactar un proyecto de resolución para que las autoridades del Poder Legislativo cumplan lo que dice la ley".
A mediados de febrero pasado, los diputados le habían reclamado a Boudou, con una carta de intimación, que dispusiera la integración del consejo multisectorial que debe monitorear el uso de los recursos y que, al igual que la comisión bicameral, fue creado por la reforma votada en noviembre del año pasado. De ese consejo deben formar parte entidades empresariales, sindicales y dependencias del Gobierno. La respuesta de la Anses señala que la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), la CGT, el Organo Consultivo de Jubilados y Pensionados y la Cámara de Diputados respondieron a la invitación. En el caso de la UIA, la respuesta fue que se propondrá una designación una vez que funcione la bicameral.
Sin embargo, la nota de la Anses aclara que la designación formal de los integrantes del grupo está en trámite, ya que esa tarea le fue asignada por la ley 26.425 al Poder Ejecutivo. Es decir: las entidades proponen y la presidenta de la Nación decide quiénes controlarán.
Según Lozano, que califica como "ilegal" la asignación de fondos sin control, ese consejo de entidades nació como propuesta de funcionarios y legisladores oficialistas durante el breve debate que tuvo el proyecto en el Congreso. "No se integran ni siquiera los organismos que ellos propusieron", sostuvo en referencia al oficialismo, al que cree responsable de las omisiones, dada su posición de fuerza en el Congreso.
El diputado estimó que el Gobierno hizo ya anuncios que comprometen el uso de $ 32.000 millones del sistema en planes de préstamos, aunque por ahora se licitó entre los bancos una cifra muy inferior. Si se suman anuncios de obras públicas para este año y la suscripción de deuda, el economista de la central obrera CTA calculó en un trabajo que ya se pensó un destino para $ 82.000 millones.
LA NACION intentó varias veces, desde la estatización del sistema, acceder a datos del fondo. Pero no hubo respuesta, igual que ante la consulta a la Anses para esta nota.
Aunque las proyecciones podrían ser revisadas, se calcula que este año el sistema de la seguridad social tendría un excedente de $ 18.000 que iría al fondo de garantía como diferencia entre la recaudación y los gastos que asume. Es un saldo que muchos se resisten a calificar de "superávit", dado que hay más de 231.000 juicios de jubilados pendientes, muchos de ellos en reclamo de la aplicación del fallo Badaro, en el que la Corte ordenó que desde 2002 los haberes deben subir a la par de la evolución de los salarios.
La crisis / Reclamos de diputados que aprobaron el traspaso a la AnsesSiguen sin control los fondos jubilatorios reestatizados
No se pusieron aún en marcha los mecanismos prometidos en la ley que dispuso el fin de las AFJP
lanacion.com | Economía | Lunes 20 de abril de 2009
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