Se necesitará inevitablemente una mejora en la calidad del gasto público y una mayor eficiencia en su utilización.

La reforma administrativa del Estado no figura dentro de los planteos de campaña de ninguno de los principales postulantes para la próxima elección legislativa. Parecería que se trata de un tema políticamente incorrecto, tanto para el oficialismo como para la oposición. Sin embargo, la creciente gravedad de la situación fiscal tendría que convertir esa cuestión en una de las más relevantes para el futuro inmediato.

Las demandas de la sociedad esperan y requieren una respuesta que, por lo general, pasa por la acción del Estado. Ya se trate de la seguridad, la salud, la educación o la pobreza, las soluciones demandan recursos públicos, y frente a la limitación por obtenerlos se necesitará inevitablemente una mejora en la calidad del gasto y una mayor eficiencia en su utilización. No habrá soluciones a estos problemas esenciales si el Gobierno no responde eficazmente y mientras tanto consume recursos crecientes que se les sacan a los ciudadanos y a las empresas. De esa forma el Estado afecta el ahorro y la inversión privada sin ofrecer nada a cambio.

Los ciudadanos pagan impuestos, pero además deben proveerse educación, salud y seguridad privadas. Esto es justamente lo que ha sucedido en la Argentina en las últimas décadas, pero más particularmente en los últimos seis años cuando empeoraron claramente las prestaciones estatales al mismo tiempo que el gasto público conjunto nacional y provincial ha crecido descontroladamente hasta alcanzar niveles récord.

Desde 2003 hasta hoy hay, según estimaciones privadas, 600.000 empleados públicos (nacionales, provinciales y municipales) adicionales en la Argentina (un crecimiento del 30 por ciento), que no han ido a cubrir tareas esenciales. Además, se jubilaron 1.600.000 personas que no habían hecho aportes y que, en algunos casos, cuentan con otros medios de vida. Eso explica en gran parte el crecimiento del gasto, que de un nivel promedio anual entre 1983 y 2002 del 23 por ciento del PBI subió al 30,8 por ciento en 2008 y este año podría ser incluso superior.

Este aumento ha sido acompañado por un incremento paralelo de la presión tributaria, además de la confiscación de ahorros y activos. Esto ha ocurrido sin que se reduzca la deuda pública a pesar de haberse obtenido una enorme quita sobre gran parte de ella y que aún así no permitió salir del default. La Argentina ha quedado fuera del sistema financiero internacional y hoy expone una deuda más elevada que en 2001, antes de la crisis.

A partir de los últimos meses de 2008 los recursos ya no pudieron acompañar el aumento del gasto y en abril de 2009 se ha entrado claramente en déficit financiero. No queda otra que operar sobre el gasto, tanto en la Nación como en los gobiernos provinciales; de lo contrario, se cierne el peligro de un nuevo default. La captura de fondos de los jubilados por parte de la Anses no ha resuelto el desajuste, y si no se toman medidas de fondo, sólo demorará ese final. Hace falta actuar estructuralmente sobre el gasto y no meramente consumir los fondos confiscados o retrasar pagos.

Editorial IOtra asignatura pendiente

Aunque el sector público tiene 600.000 empleados más que en 2003, nadie habla de la necesaria reforma administrativa

> Ir a la nota

lanacion.com | Opinión | Jueves 4 de junio de 2009