Que infantiles que son las decisiones del gobierno y esto destruye aún más la confianza, desalienta inversiones e impulsa la fuga de capitales.

El gobierno nacional decidió estatizar con fondos de la Anses la empresa papelera Massuh, con el fundamento de preservar las fuentes de trabajo. Desde hace varios meses existía una intensa presión sindical en tal sentido, que se extendió luego a diferentes estamentos políticos.

La compañía entró en cesación de pagos en diciembre de 2008 y sus instalaciones fueron tomadas en febrero de este año por los trabajadores, que protagonizaron un intenso y prolongado conflicto. Las dificultades financieras se remontan a no menos de dos años atrás y fueron dificultosamente sobrellevadas mediante una fuerte ayuda de los bancos de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación Argentina.

Puede decirse que lo acontecido con esta empresa papelera no es consecuencia de la crisis internacional ni tampoco del deterioro macroeconómico nacional, que han sido posteriores. Su estatización no debe, por lo tanto, analizarse como una medida de la política económica frente a la crisis, sino en el plano más específico de casos, como otros ya ocurridos, de empresas que por razones propias caen en falencia.

En todo caso, si la insolvencia de empresas, pero particularmente de entidades financieras, llegara a generalizarse como consecuencia de la crisis macroeconómica con impactos generalizados sobre el resto de la economía, el enfoque del análisis podría cambiar. Tal es el caso de lo ocurrido en los Estados Unidos y en algunos países europeos, donde los gobiernos decidieron inyectar capital en grandes bancos y compañías aseguradoras de crédito para evitar la profundización catastrófica de una crisis sistémica.

Con otro carácter y formas distintas de ayuda, también se asistió a las grandes empresas automotrices por su tamaño y amplia interrelación con el resto de la economía. Esas fueron medidas heterodoxas que implicaron la ruptura de principios tradicionales de eficiencia y que significaron inequidades evidentes en el uso del dinero de los contribuyentes. No obstante, fueron llevadas adelante en esos países frente a la realidad de un previsible y extendido gran daño económico y social. Fueron instrumentadas por gobiernos de muy diferentes signos políticos e ideológicos, con aceptación explícita o tácita de gran parte de la ciudadanía y también de medios académicos. La capacidad fiscal o el acceso al crédito de esos gobiernos les permitió encarar esos salvatajes sin caer en una situación de default.

El caso de Massuh tiene, por lo tanto, una caracterización diferente. El mecanismo de la ley de quiebras, aunque más traumáticamente para quienes estén relacionados directamente con la empresa, pero más sanamente para la comunidad, hubiera permitido lograr su continuidad, aunque eventualmente con nuevos accionistas. No se necesitaría emplear fondos presupuestarios en un momento de claras dificultades fiscales, ni tampoco tendría el Estado que ocuparse de administrar una empresa.

Esos fondos estarían seguramente mejor aplicados en sostener la situación familiar de los trabajadores afectados. Peor aún si los fondos son aportados por la Anses, que es depositaria de los ahorros confiscados a los aportantes del sistema previsional de capitalización y que debieran administrarse exclusivamente en beneficio de los futuros jubilados.

La experiencia argentina es suficientemente demostrativa de la deficiente y gravosa administración estatal de empresas que compiten en mercados comerciales. Nada ayuda a mejorar esta presunción que haya sido designado el funcionario Guillermo Moreno para conducir la compañía.

Editorial ICuestionable salvataje de empresas

A veces, por salvar una situación puntual se genera un perjuicio económico y social mucho más extendido

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lanacion.com | Opinión | S?do 23 de mayo de 2009