Este desalentador resultado ocurrió a pesar de que el fisco recibe ahora los aportes mensuales que antes recibían las AFJP y que además posterga pagos tales como las devoluciones del IVA y el reintegro a los exportadores. Si se hubiera cumplido con estas obligaciones y no se hubiera estatizado el sistema de jubilaciones, el déficit financiero de abril hubiera alcanzado alrededor de 3700 millones de pesos.
Es sabido, por otro lado, que muchas obras públicas han sido detenidas y que las provincias enfrentan problemas de pagos que tarde o temprano requerirán mayores transferencias del gobierno nacional. Ese monto mensual de 3700 millones equivale a un 4 por ciento del producto bruto interno (PBI). Tanto este porcentaje como la tendencia observada son ciertamente preocupantes. Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que el gobierno argentino tiene cerradas las puertas del crédito externo y que la financiación local de ese déficit, a lo que debe agregarse el pago de los vencimientos de capital, llevaría a elevar sustancialmente la tasa de interés interna y a desplazar al sector privado de sus fuentes de crédito. Por lo tanto, se hace imperativo actuar y hacerlo con la mayor urgencia.
Las razones de la pérdida de la solvencia fiscal son claramente identificables. Algunas obedecen a circunstancias relacionadas con el cambio reciente de los espacios para recaudar, otras con la sostenida tendencia estructural a un aumento del gasto público. El marco económico anterior de un dólar superalto, precios de exportación extraordinarios y reactivación económica ha virado hacia un menor tipo de cambio real, precios internacionales menos elevados y caída del PBI. Además, la sequía ha contribuido a que se desplomaran las exportaciones.
Todo esto ha determinado una evolución interanual de los ingresos fiscales del 8 por ciento, bien por debajo de la inflación. Por el contrario, el gasto público sigue aumentando raudamente y continúa con una tendencia que se hizo notoria a partir de 2003. Medido en dólares, el gasto público nacional más el provincial pasó de 23.200 millones en 2002 a 100.200 millones en 2008. Si se lo relaciona con el PBI, el gasto en ese mismo período creció desde 23,3 por ciento a 30,8 por ciento. Este último porcentaje es récord en la historia argentina y puede compararse con el 23,0 por ciento que fue el promedio del período 1983-2002.
En los últimos seis años ha habido un aumento descontrolado del gasto público que no necesariamente ha contribuido a crear infraestructura ni a mejorar las prestaciones sociales. Hay aproximadamente 600.000 empleados públicos adicionales, principalmente en provincias, que han contribuido a engrosar las burocracias administrativas más que a reforzar las prestaciones de educación, salud o seguridad.
De igual forma, la incorporación, a través de una generosa moratoria, de 1.600.000 nuevos jubilados que no habían realizado aportes carga sobre el presupuesto prestaciones que en una alta proporción son recibidas por personas de clase media o alta que tenían otros medios suficientes de vida.
Más grave aún es la creciente corrupción que ha encarecido los presupuestos de obras públicas y ha engrosado los necesarios subsidios para compensar congelamientos tarifarios y de precios. Esta diarrea de gasto podrá en parte corregirse eliminando estos vicios y reduciendo los subsidios al sincerarse las tarifas, pero una proporción sustancial del aumento sólo se podrá retrotraer mediante reformas de mayor profundidad y de alto costo político. No habrá corrección en el peligroso curso de las cuentas fiscales si se la pretende lograr sólo aumentando la recaudación. La presión impositiva en la Argentina ya ha llegado a niveles extraordinariamente elevados, y el aumento de alícuotas o la creación de nuevos impuestos provocarían desaliento productivo y mayor evasión.
No vemos posible que pueda volver a recurrirse a una gran macrodevaluación para apelar al aumento de las retenciones. Menos recomendable y más destructivo de la confianza sería apelar a nuevas confiscaciones, como lo fue la de los fondos de los jubilados. Tampoco es posible recurrir al crédito, tanto porque no se lo dispone mientras no se salga del default como porque el grado de endeudamiento es ya muy elevado e inconveniente.
En definitiva, el Gobierno debe trabajar junto con los gobiernos provinciales en instrumentar un programa de reforma estatal que permita no sólo mejorar la calidad del gasto público, sino también reducirlo.
Editorial IEn el pantano del déficit fiscal
Mientras el gasto público sigue aumentando fuera de control y bate récords, la presión impositiva es excesiva
lanacion.com | Opinión | Viernes 22 de mayo de 2009
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