Nuestra política ha adoptado la costumbre de la postergación. Unas elecciones intermedias, que deberían servir de barómetro para medir los resultados del primer tramo de un gobierno constitucional de cuatro años, se han convertido en un combate sembrado de predicciones catastróficas. El Gobierno discurre, pues, mediante estas actitudes que de inmediato, una vez comprobado el error, son reemplazadas por gestos menos estridentes.
Como consecuencia de todo ello, el país está en suspenso, a la espera de un porvenir inmediato plagado de presagios. El peor de ellos es que la profecía que ha lanzado al ruedo el Gobierno, de que su derrota sería la antesala de la ingobernabilidad, adquiera los atributos de una profecía autocumplida. Esta antigua regla sociológica merece alguna atención por la gravedad que reviste en estos momentos. Nada indica, en efecto, que hoy marchemos hacia el derrumbe al modo de un sino inevitable. Pero si los gobernantes plantean esta estrategia hipotéticamente ganadora, introduciendo el miedo en el debate, entonces ese temor puede volverse contra ellos mismos, acentuando la incertidumbre, paralizando el proceso de inversiones privadas e impulsando la fuga de capitales y del ahorro. La profecía para ganar deviene así una profecía para perder.
Este escenario fabricado artificialmente, cuando el mundo entero está ocupado en reaccionar ante los desafíos de la recesión, es un indicador elocuente de una incapacidad colectiva atrapada por el sentimiento de la crisis. Son ciclos repetidos: estalló la crisis de gobernabilidad que se engarzaba con la crisis económica a fines de los años 80 y volvió a explotar a principios de este siglo. ¿Nos dedicaremos ahora a representar un nuevo acto de este argumento marcado por el sello de la declinación?
Se trata, al cabo, de un argumento engañoso: si, por un lado, el cambio de gobierno por la crisis puede satisfacer pasiones vengativas (que la actual administración alentó sistemáticamente durante el sexenio que comenzó en 2003), por otro, el uso y abuso de ese resorte perturba la legitimidad de ejercicio del régimen democrático. Para un sector, el asunto consiste en sacarse cuanto antes de encima al vituperado matrimonio; desde el ángulo opuesto, donde están ubicadas las candidaturas oficialistas, los impulsos destructivos son simétricos porque suponen excluir cualquier atisbo de concertación o de cogobierno.
Parecería como si el paso de los años, desde los 90 hasta el presente, nos hubiera legado el vicioso acostumbramiento de equiparar la capacidad de gobierno con la supremacía incontrolable del Poder Ejecutivo. Es el péndulo que oscila entre los extremos de la hegemonía y de la ingobernabilidad. ¿Quieren que se gobierne en la Argentina? No lo duden: concentren decisiones en la presidencia, subordinen al Congreso con la cesión de atribuciones mediante las leyes de emergencia y sometan a las provincias manipulando la coparticipación de recursos fiscales. ¿No quieren seguir con este sistema? Entonces pagarán caro: el país, siempre al borde del precipicio, habrá de caer sin remedio en una pendiente anárquica.
Este círculo de irresponsabilidades debe cortarse. Tan envueltos estamos en la coyuntura que no advertimos cómo esta manera de mantener las cosas en suspenso, al trazar siempre una línea imaginaria entre un orden presunto y el caos que lo circunda, adquiere con este nuevo episodio el malsano componente de la duración: una crisis se ensambla con la anterior como si entre nosotros éste fuera el método normal de sucederse en el poder. Obviamente, no debería serlo.
En esta línea de reflexión y en la perspectiva que abre una ética reformista, el papel de la oposición se agiganta, así como sus responsabilidades. Aunque hay signos positivos en cuanto a la reconstrucción de un sistema de partidos, las apuestas de estos comportamientos, seducidos por los golpes de la crisis, están cifradas en los candidatos que, con mayor o menor fortuna, se encaraman a través de la división de los partidos. Si bien por ahora es difícil que este temperamento se modifique, las conductas futuras deberían abonar un camino diferente.
De aquí la impostergable necesidad de recuperar un conjunto de valores que el ejercicio hegemónico del poder ha dilapidado. Entre ellos, tal vez el más importante consiste en restituir la idea de una concertación interpartidaria en el seno del Congreso Nacional. Si los resultados del 28 de junio provocaran una caída del peso mayoritario de la bancada oficialista, habría entonces que prefigurar un nuevo pacto de gobernabilidad que ponga en marcha un conjunto de políticas pendientes sobre los flancos monetario, fiscal (que incluya un reparto federal más equitativo) y de financiamiento de nuestros compromisos externos.
No es posible que las oposiciones sigan machacando sobre los enormes errores en que ha incurrido el Gobierno en materia fiscal sin ofrecer, al mismo tiempo, un esquema de reemplazo. Es una tarea tremendamente difícil (hay que hacerse cargo), pues en estos días padecemos una debilidad creciente por carecer, al contrario de Chile y Brasil, de fondos anticíclicos para amortiguar la tormenta que está cayendo sobre el sector externo de la economía.
Estos asuntos pendientes nos muestran que el republicanismo de palabras sonoras, que tanto se esgrime con relación a la moral pública, al respeto a la verdad y a la calidad de las instituciones, debe contar con el suplemento que ofrecen esas políticas concretas debidamente acordadas en el Congreso.
Sin estas grandes leyes, parteras como aconteció en el pasado de impostergables reformas estructurales, seguiremos rodando en rueda libre.
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