lunes, 13 de octubre de 2008

Recortar los subsidios obligaría a un aumento de tarifas y tornarse más rígido en las negociaciones salariales acarrearía conflictos gremiales

La crisis, que en estos días hace estragos en los principales mercados del mundo, es una sombra que se cierne también sobre países más acostumbrados a otros ritmos y que se ven ahora ante la necesidad de tomar medidas que atemperen su impacto. Ante este panorama, la Argentina y algunos de sus vecinos han adoptado decisiones que van desde la simple inacción hasta la intervención en sus bancos centrales, la inyección de liquidez y el aumento del gasto en infraestructura.

En la Argentina, poco es lo que se hizo hasta el momento, a pesar de la aceptación, por parte de la presidenta Cristina Kirchner, de que el país sufrirá secuelas económicas provocadas por la peor crisis financiera de los últimos setenta años: sólo la demora en el anunciado pago al Club de París y la convocatoria a otros gobiernos de la región para adoptar líneas de acción conjuntas.

Diferente es la situación en Chile, donde los recaudos tomados en los años de bonanza representan un colchón que amortiguará el daño; en Brasil, donde se implementaron medidas extraordinarias; en México, donde se anunció un plan que incluye, entre otras cosas, un mayor gasto en infraestructura para reactivar la economía; o en Uruguay, donde el banco central echó mano de una serie de medidas para evitar volatilidades excesivas del tipo de cambio.

El economista Orlando Ferreres, de la consultora Ferreres & Asociados, opinó, sin embargo, que sin hacer nada, el Gobierno hace porque deja que el tipo de cambio se devalúe. "De este modo, se protege de las importaciones y al mismo tiempo atempera las consecuencias negativas que puede tener la baja de los precios de las materias primas que exporta", explicó.

A la hora de proponer algunas de las medidas que se podrían poner en práctica si se decide a abandonar la inacción, el economista recomendó bajar el gasto público, pero no el destinado a sueldos o jubilaciones, sino el que va a parar a la maraña de subsidios que la actual administración destina principalmente al transporte y la energía.

En cuanto al pago al Club de París, estuvo de acuerdo con demorarlo lo más posible. "No gastaría las reservas en cancelar de una sola vez esa deuda, cuyo anuncio fue más un gesto demagógico que otra cosa. Les garantizaría el cumplimiento a los acreedores, pero estiraría los plazos", consideró.

En tanto, Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, dijo que el Gobierno se verá obligado ahora a tomar decisiones que deberían haberse adoptado en tiempos de vacas gordas. "Tiene que emplear medidas prudentes en materia fiscal, como reducir subsidios, ser mucho menos expansivo en el gasto y fijar una política salarial en el sector público mucho más dura", señaló.

Claro que recortar los subsidios obligaría a un aumento de tarifas y tornarse más rígido en las negociaciones salariales acarrearía conflictos gremiales. Nada es gratis. Y el Gobierno lo sabe. Sólo resta descubrir si estará dispuesto a pagar ese costo.

Para conocer la versión oficial y averiguar si existe un plan para enfrentar las consecuencias de esta crisis, LA NACION se comunicó con el Ministerio de Economía. Le resultó imposible obtener información alguna. La respuesta oficial es que no hay respuesta porque la mayoría de los funcionarios se encuentran en este momento en Washington.

Otro es el panorama del otro lado de la Cordillera de los Andes, donde luego de un largo plan de ahorro basado en los altos precios internacionales que alcanzó el cobre en la Bolsa de Londres, Chile se siente preparado para enfrentar la crisis y una potencial recesión. "Este Gobierno ha hecho las tareas", dice su presidenta, Michelle Bachelet, a quien quiera escucharla.

Humberto Vega Fernández, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Central de Chile, dijo que su país está bien preparado. "Aquí las cosas se hicieron antes", se ufanó. "Hay un método de superávit estructural aprobado por ley, lo que implica que de los ingresos públicos una parte se ahorra y va a constituir un fondo que se utiliza en épocas como las que se viven ahora", especificó. El académico se refiere a los fondos soberanos, que en el país trasandino son tres: el de estabilización económica y social, el previsional (que garantiza las pensiones de todos los chilenos, pero especialmente de los más pobres) y el de estabilización del precio del petróleo. Los dos primeros reúnen 23.000 millones de dólares asegurados y tienen prohibido invertir en acciones, por lo tanto no fueron afectados por la crisis. Estos instrumentos, administrados por el Gobierno y el Banco Central, permiten que los gastos públicos sean contracíclicos.

De todos modos, la administración de Bachelet igual reaccionó con algunos ajustes. En lo práctico, las medidas tomadas por Hacienda incluyen la repatriación de depósitos (1050 millones de dólares a los cuatro principales bancos de la plaza) y el anuncio de subasta pública de nuevos excedentes en dólares próximos a su vencimiento y que hoy están en el extranjero. ¿El objetivo? Inyectar liquidez y evitar la excesiva devaluación del peso.

Con el fin de aliviar a los atribulados bancos locales, tan escasos de dólares, el Banco Central determinó también la aceptación de pesos chilenos, yenes y euros como depósito de las instituciones financieras en sus arcas a modo de garantía, lo que permitirá la liberación de 900 millones de la moneda norteamericana.

Los principales temores siguen siendo el bajo crecimiento, la inflación (superior al 9%), la exponencial baja en los valores de las aseguradoras de fondos de pensión (jubilaciones) y la caída de la bolsa (20% en una semana). Sin embargo, Vega Fernández es muy optimista. "Aquí va a haber desaceleración, pero no recesión", aventuró.

Brasil no puede exhibir la prudencia chilena, pero su gobierno tampoco puede ser criticado por falta de reflejos ante la debacle global. El principal socio del Mercosur intervino fuertemente en el Banco Central y le permitió comprar parte de la cartera de los bancos, para proteger a la población.

El último lunes, el gobierno de Luis Inacio Lula da Silva emitió un decreto que autoriza al Banco Central a adquirir las carteras de créditos de los bancos medianos y pequeños para convertirse así en prestamista de última instancia. Este decreto faculta a la entidad presidida por Enrique Meirelles a utilizar hasta 207.000 millones de dólares para aplicarlos a diferentes intervenciones, ya sea mediante swaps , subastas o compras de carteras de créditos. Ante empresarios paulistas, el último viernes, Lula dijo: "La idea es garantizar que el cliente que tiene cuenta en el banco tenga asegurado todo su dinero". Esta medida, hasta ahora, funciona bien.

Fuentes del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) dijeron a LA NACION que mientras haya bancos no es necesario aumentar los incentivos a las empresas importadoras. "Si hay incumplimientos, veremos", dijo uno de sus ejecutivos.

Por otro lado, hay una fuerte intervención del Central para mantener el valor del real que se está depreciando significativamente y que el viernes llegó al nivel más bajo desde mayo de 2006. La moneda brasileña se depreció casi un 45% en los últimos cuarenta días, a pesar de todas las intervenciones que el Banco Central hace mediante subastas directas y swaps .

En tanto, el gobierno uruguayo procura amortiguar la volatilidad del mercado financiero con intervenciones del Banco Central en las operaciones de cambios de moneda y créditos a corto plazo. "Podrá evitar fluctuaciones bruscas pero no podrá impedir una devaluación diaria y un encarecimiento del costo del dinero", comentan los hombres de negocio de la Ciudad Vieja montevideana.
El colapso financiero mundialAmérica latina prepara las recetas para la crisis

La Argentina aún no ha expuesto un plan, a diferencia de sus vecinos, que dieron a sus bancos centrales mayores atribuciones, crearon fondos anticíclicos e inyectaron liquidez

lanacion.com | Economía | Domingo 12 de octubre de 2008

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