La cifra representa un incremento del 56% respecto de los juicios por accidentes de trabajo iniciados en igual período de 2007, y prácticamente cuadruplica el número de litigios abiertos durante todo 2004. Aquel año, la Corte Suprema emitió tres fallos con los que puso en jaque a la ley 24.557, vigente desde 1996. El cuestionamiento que pesa sobre el régimen legal es la causa principal por la que crece fuertemente la cantidad de demandas: se estima que hay unas 70.000 en curso en las diferentes instancias de la Justicia. Córdoba, Santa Fe y Mendoza son las jurisdicciones que presentan los mayores índices de cantidad de juicios por trabajadores cubiertos: en esas provincias se triplica o más la tasa promedio del país, de 35 litigios por cada 10.000 empleados.
El jefe de Gabinete, Sergio Massa, se refirió ayer a la voluntad del Gobierno de impulsar una reforma legal. Según indicó, la nueva ley debería proteger al trabajador pero también a las pequeñas empresas, que resultan muy afectadas cuando reciben una demanda, dados los costos implicados. El funcionario fue aplaudido cuando mencionó este tema durante un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), ante un auditorio integrado principalmente por empresarios.
Pero la demora en aprobarse una nueva ley -que ya se sabe que mejoraría las prestaciones ofrecidas por la actual- no sólo perjudica a las compañías: hoy por hoy, los trabajadores recurren a la Justicia en busca de mejores resarcimientos. Y hacer un juicio es un camino que prolonga los tiempos para cobrar y genera costos sin que todos esos recursos se deriven al trabajador o a la familia de un accidentado o fallecido por causas laborales.
Las palabras de Massa, en rigor, estuvieron en línea con las expresadas la semana última por la presidenta Cristina Kirchner, en el discurso del día de la industria. Allí, la mandataria calificó de tema central el régimen de riesgos del trabajo para la competitividad de la economía. Y agregó que no debería fomentarse la industria del juicio.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), dos fuentes calificadas dijeron ayer a LA NACION que en los últimos días existieron algunas consultas sobre el tema por parte del Gobierno. Las gestiones están a cargo del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien tiempo atrás había promovido un diálogo entre las partes para elaborar un proyecto que, finalmente, quedó trabado por falta de acuerdo entre el sector empresarial y la dirigencia sindical.
Incremento del 56% anual en la cantidad de juiciosCrece la litigiosidad laboral y apuran una nueva ley de ART
El Gobierno reactiva el debate para reformar el sistema, declarado inconstitucional
lanacion.com | Economía | Viernes 26 de setiembre de 2008
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