En efecto, así como las autoridades provinciales que acompañaron la posición oficial siguen gozando de los beneficios y privilegios que éste discrecionalmente les otorga, las "díscolas" han comenzado a sufrir un ahogo financiero, por el solo hecho de haber defendido lo que entendieron que era cumplir con el mandato que sus comprovincianos les habían otorgado a sus representantes y haberse apartado del proyecto kirchnerista. El caso de la provincia de Córdoba resulta el más significativo.
Los reclamos al gobierno nacional por parte de las autoridades cordobesas son variados y se refieren a la falta de envío de fondos tanto para obras públicas como para el desarrollo de planes sociales vinculados con la salud y la vivienda. Hace pocos días, la capital de Córdoba vivió una violenta protesta sindical contra el recorte de jubilaciones estatales dispuesto por el gobernador Schiaretti (entre 22 y 27 por ciento a las jubilaciones superiores a 5000 pesos) ante la incapacidad financiera de la provincia para hacer frente al déficit previsional. El mandatario cordobés advirtió que si la Nación le enviaba los fondos para saldar el déficit que afronta la caja de jubilaciones de la provincia, su gobierno remitiría a la Legislatura provincial un proyecto para derogar la ley de emergencia previsional.
A esos reclamos del gobierno provincial se sumó la denuncia de una total restricción en el envío de fondos del Plan Alimentario Nacional a los más de 450 municipios que administran módulos alimentarios. En la práctica las municipalidades con sus presupuestos y los propios proveedores con el corrimiento de los plazos de pago financian el sistema. Cada 90 días aproximadamente, los proveedores logran recuperar lo ya ejecutado y se vuelve a enlazar la cadena. Ahora, con más de 180 días de incumplimientos, el colapso de esa mecánica es inminente. La situación se vuelve complicada en la totalidad de los municipios, ya que tampoco el gobierno provincial podrá desde ahora cubrir la falta de envíos nacionales.
En numerosos casos, el mecanismo que utiliza el gobierno nacional para decidir cuándo y a quién le transfiere fondos comprometidos está directamente vinculado con el grado de fidelidad u obsecuencia que demuestren tener las autoridades provinciales que demandan aquellos fondos. Otras veces, las transferencias de recursos del Tesoro nacional a las provincias se vinculan con el desarrollo de obras públicas rigurosamente diseñadas por el Ministerio de Planificación Federal, cuya ejecución suele estar a cargo de proveedores de confianza del kirchnerismo y con costos que, en ocasiones, superan varias veces lo razonable.
El epílogo de la crisis con el campo, que tuvo como centro el rechazo parlamentario a la cuestionada resolución 125, sigue provocando represalias del Poder Ejecutivo Nacional, con sus consecuentes víctimas. Además de la separación de sus cargos de todos los funcionarios cercanos a Julio Cobos en la administración pública nacional y del aislamiento al que está siendo sometido el vicepresidente, debe mencionarse la vindicta contra distritos cuyos gobernadores o intendentes apoyaron al campo y cuestionaron las retenciones móviles a las exportaciones de granos.
En efecto, así como las autoridades provinciales que acompañaron la posición oficial siguen gozando de los beneficios y privilegios que éste discrecionalmente les otorga, las "díscolas" han comenzado a sufrir un ahogo financiero, por el solo hecho de haber defendido lo que entendieron que era cumplir con el mandato que sus comprovincianos les habían otorgado a sus representantes y haberse apartado del proyecto kirchnerista. El caso de la provincia de Córdoba resulta el más significativo.
Los reclamos al gobierno nacional por parte de las autoridades cordobesas son variados y se refieren a la falta de envío de fondos tanto para obras públicas como para el desarrollo de planes sociales vinculados con la salud y la vivienda. Hace pocos días, la capital de Córdoba vivió una violenta protesta sindical contra el recorte de jubilaciones estatales dispuesto por el gobernador Schiaretti (entre 22 y 27 por ciento a las jubilaciones superiores a 5000 pesos) ante la incapacidad financiera de la provincia para hacer frente al déficit previsional. El mandatario cordobés advirtió que si la Nación le enviaba los fondos para saldar el déficit que afronta la caja de jubilaciones de la provincia, su gobierno remitiría a la Legislatura provincial un proyecto para derogar la ley de emergencia previsional.
A esos reclamos del gobierno provincial se sumó la denuncia de una total restricción en el envío de fondos del Plan Alimentario Nacional a los más de 450 municipios que administran módulos alimentarios. En la práctica las municipalidades con sus presupuestos y los propios proveedores con el corrimiento de los plazos de pago financian el sistema. Cada 90 días aproximadamente, los proveedores logran recuperar lo ya ejecutado y se vuelve a enlazar la cadena. Ahora, con más de 180 días de incumplimientos, el colapso de esa mecánica es inminente. La situación se vuelve complicada en la totalidad de los municipios, ya que tampoco el gobierno provincial podrá desde ahora cubrir la falta de envíos nacionales.
En numerosos casos, el mecanismo que utiliza el gobierno nacional para decidir cuándo y a quién le transfiere fondos comprometidos está directamente vinculado con el grado de fidelidad u obsecuencia que demuestren tener las autoridades provinciales que demandan aquellos fondos. Otras veces, las transferencias de recursos del Tesoro nacional a las provincias se vinculan con el desarrollo de obras públicas rigurosamente diseñadas por el Ministerio de Planificación Federal, cuya ejecución suele estar a cargo de proveedores de confianza del kirchnerismo y con costos que, en ocasiones, superan varias veces lo razonable.
Editorial IFondos públicos, premios y castigos
lanacion.com | Opinión | Mi?oles 13 de agosto de 2008
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