Quiero aclarar que tengo escrito varios artículos en los que critiqué la existencia del FMI. Aclarado el punto, me siento en libertad de explicar. Sin la existencia de un auditor externo, y al asumir el costo de un endeudamiento más caro, se podían tergiversar los números desinformando a la población sobre la verdadera situación de la economía. Hoy nos manejamos sin datos ciertos sobre la inflación, la situación fiscal, los vencimientos de deuda pública y el nivel de actividad, entre otros.
Como consecuencia de esto, se verifica una enorme disparidad entre lo que informa el Gobierno y lo que supone la gente que ocurre. El gráfico muestra la tasa de inflación anual que informa el Indec para el índice de precios al consumidor y lo que espera la gente de acuerdo a la encuesta que elabora la Universidad Torcuato Di Tella. Mientras el Indec nos dice que, al mes de junio, la inflación estaba en el orden del 9,3% anual, las expectativas inflacionarias de la gente se ubicaban en el 34,7 por ciento.
Los números fiscales son un caos. El último Boletín Fiscal publicado es el del tercer trimestre de 2007. Llevamos 10 meses sin la adecuada información fiscal. Por más que los funcionarios hablen de superávits, fiscales récord, se demoran los pagos a proveedores del Estado, las provincias tienen cada vez menos transferencias del Tesoro mientras aumentan las transferencias al sector privado, fruto de los crecientes subsidios para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos, transporte y combustibles.
Hay serias sospechas sobre si la caja que maneja el Gobierno es tan abundante como se dice o, por el contrario, hay una caja mucho menos abultada, con fuertes vencimientos de deuda en 2008 y 2009, sin acceso a los mercados internacionales voluntarios y crecientes necesidades de fondos para mantener la maraña de subsidios sin control institucional. En definitiva, a juzgar por los hechos, tenemos fuertes sospechas que el mayor costo financiero para colocar deuda, bajo el argumento del desendeudamiento y la soberanía, es el precio que se decidió pagar para esconderle a la población el manejo arbitrario de los fondos públicos y maquillar la cara de una realidad que no es tan linda como la que se le presenta.
Si en materia de indicadores macro estamos navegando sin brújula y sólo podemos guiarnos por indicadores indirectos que nos permiten inferir que la realidad es muy diferente de la historia oficial, en materia de precios relativos y decisiones microeconómicas la ausencia de brújula es total.
Al margen de la destrucción de las estadísticas macroeconómicas, la distorsión de los precios relativos generó un serio problema para tomar decisiones de inversión que afectan el crecimiento.
Los controles de precios, por citar sólo uno de los mecanismos que distorsionan los precios relativos, eliminan la posibilidad de planificar una inversión a largo plazo. ¿Sobre qué estructura de costos puede tomar decisiones de inversión hoy una empresa? ¿El costo de la energía seguirá siendo el actual o, cuando se acabe el financiamiento para los subsidios habrá un tarifazo o no habrá energía? ¿Cuáles serán los costos laborales? Luego de lo que ocurrió con el campo y la suba de ingresos brutos en Buenos Aires, ¿cuál será la carga tributaria que enfrentará cada sector? Si se invierte para producir un bien de exportación, ¿habrá cupos o prohibiciones bajo el argumento de defender la mesa de los argentinos?
Si la caja flaquea, ¿no vendrán por las utilidades bajo el argumento de la renta extraordinaria? Nadie sabe si le van a controlar los precios, a confiscar las utilidades o a prohibirle exportar. Todo depende del humor del funcionario de turno.
La función de las utilidades en la economía no es proveerle cada vez más recursos al Estado, sino guiar la asignación de los recursos productivos. El mercado es un proceso de descubrimiento por el cual el empresario busca invertir en sectores en los que la rentabilidad sea más alta, rentabilidad que indica una demanda insatisfecha. Luego aparecen nuevos inversores que arriesgan capital, aumentan la oferta y reducen el precio del bien o servicio hasta que desaparece la rentabilidad extraordinaria.
Si el Estado, bajo el pretexto de la solidaridad social, se apropia de esa renta deja sin brújula a quienes tienen que invertir para satisfacer las necesidades insatisfechas. El ejemplo más claro es el de la carne. Siendo presidente Néstor Kirchner se lanzó contra los ganaderos argumentando que querían lucrar con el hambre del pueblo. Intervino el mercado, desapareció la inversión, se destruyó el sector y la carne está cada vez más cara. Lo mismo puede decirse de los lácteos, la energía, el gas y el petróleo.
El columnista invitadoUn país que navega sin brújula
Por Roberto Cachanosky
lanacion.com | Economía | Domingo 27 de julio de 2008

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