Liliana Heiland, magistrada en lo contencioso administrativo de la Capital, hizo lugar al amparo presentado por un productor de soja de la localidad bonaerense de 9 de Julio y dispuso que el Gobierno no podrá descontarle el tributo establecido por la resolución del 11 de marzo pasado.
El argumento fue que el Ministerio de Economía se excedió en sus facultades: no tenía atribuciones para modificar un impuesto (según la jueza, los derechos de exportaciones son impuestos) porque esa es una atribución que sólo puede ejercer el Congreso de la Nación por medio de una ley. Es lo que se conoce como el principio de "legalidad tributaria".
El fallo de Heiland advirtió, además, que establecer tributos es una facultad "indelegable" del Congreso, porque así lo dispone la Constitución nacional. Por eso -sostuvo la jueza-, el Gobierno no puede alegar que los legisladores lo habilitaron para hacer modificaciones en el régimen de retenciones.
El productor que presentó el amparo fue Santiago Llorente, que explicó que tenía 320 hectáreas sembradas con soja de segunda próximas a la cosecha. Según él, las "intempestivas y altísimas" retenciones móviles son "irrazonables" y le obstaculizan su derecho a trabajar, comerciar y ejercer una industria lícita "sin indemnización alguna" y sobre la base de normas de origen "constitucionalmente espurio".
Antes de resolver la cuestión, la jueza advirtió que su tarea no era analizar si el sistema de retenciones "es conveniente o no, si constituye o no a la equidad distributiva", dado que "nada de ello incumbe al juez", y afirmó que se limitaría a un análisis jurídico consistente en "decidir si se ha violado o no la Constitución".
El argumento de la Casa Rosada en favor de la legalidad del nuevo régimen de retenciones es el Código Aduanero, que tras advertir que el derecho de exportación "deberá ser establecido por ley", dice que, en determinadas circunstancias, el Poder Ejecutivo "podrá modificar el derecho de exportación establecido". Para la jueza, esta delegación que establece el Código Aduanero es inconstitucional.
"La reserva constitucional de ley formal para la imposición de tributos es absoluta y no deja resquicio alguno para dispensar la intervención del Congreso", afirma el fallo, que fue firmado el jueves pasado, pero sólo se dio a conocer ayer.
"Ni un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y, menos aún, una resolución del Ministerio de Economía y Producción pueden, sin sustento legal, crear ni modificar válidamente los elementos esenciales de una carga tributaria", dijo Heiland.
El procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, que es el jefe de los abogados del Estado, manifestó su disconformidad con el fallo.
El conflicto con el campo / La reacción en los tribunales y en el interior
Una jueza declaró la inconstitucionalidad de las retenciones
Dijo que sólo el Congreso podía fijarlas
LANACION.com | Política | Martes 10 de junio de 2008
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