La maniobra se desarrolló entre 2004 y 2007 y consistía en la importación de automóviles a bajo precio, gracias a las exenciones fiscales de las que gozan los miembros del cuerpo diplomático, que después eran vendidos en el país a precios de mercado.
Si bien voceros de la Cancillería no quisieron entrar en detalles -"eso es lo que queremos que defina la Justicia", explicaron-, otras fuentes oficiales aseguraron que entre los implicados se encuentran diplomáticos con destino en Venezuela, Rusia y Bielorrusia, entre otros.
La denuncia recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide y, por lo pronto, ya le costó el puesto al embajador de segunda Jorge Matas, quien estaba a cargo del Departamento de Franquicia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Consultado por LA NACION, el director general de la Aduana, Ricardo Etchegaray, dijo que la maniobra se encuadra en el delito de "contrabando agravado" y anticipó que el organismo a su cargo se sumará a la querella porque se trata de una maniobra destinada "a romper la cadena de control del Estado".
La auditoría fue ordenada por Jorge Taiana en agosto último y derivó en la decisión del canciller de intervenir, en noviembre, la dependencia que regenteaba Matas.
Finalmente, y tras haber sido elevado el informe a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Taiana decidió presentar ayer una querella en la Justicia para que investigue "la posible comisión de hechos ilícitos". Así lo confirmó el subsecretario de Cooperación Internacional, Rodolfo Ojea Quintana.
Además, como medida complementaria, el canciller ordenó un censo de todos los automotores con patente diplomática con el objetivo de actualizar las bases de datos de la Cancillería y sincronizarlas con la AFIP, la Aduana y el Registro Nacional del Automotor.
El caso trae a la memoria, por su semejanza, al registrado durante la administración de Carlos Menem cuando se importaron automóviles exentos de impuestos para discapacitados que, sin embargo, terminaron en poder de importantes personalidades de la farándula nacional.
La maniobra implica una importante evasión fiscal. Sin las franquicias, esos rodados deberían haber pagado hasta un 58% de su valor en concepto de impuestos. No obstante, en el Ministerio de Relaciones Exteriores declinaron mensurar el monto de la estafa. Al respecto, los voceros informaron que el desmanejo en el Departamento de Franquicia era de tal magnitud que "faltan registros de los últimos dos años de varias operaciones realizadas en ese plazo".
Según establecía el régimen de franquicias vigente al momento de concretarse la estafa -Taiana dictó uno nuevo tras el resultado de la auditoría-, el personal de las embajadas podía ingresar hasta dos automóviles libres de impuestos.
El rodado debía ser aplicado al ejercicio de las funciones diplomáticas y, antes de poder venderlo, tenía que permanecer en el país un plazo mínimo de un año y haber sido utilizado por lo menos durante nueve meses por su propietario.
Denuncia de la Cancillería
Los ingresaban en el país con exenciones impositivas y después eran vendidos a valores de mercado
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