En el caso del IPC actual, los cuestionamientos tienen que ver, ante todo, con la calidad de los datos que se utilizan. Todo indica que nada tienen que ver con los precios en vigor, en los comercios.
De nada sirve, por tanto, discutir sobre metodología cuando de lo que se duda es de la calidad de los datos que se utilizan. Si bien la metodología en vigor adolece de serias deficiencias, éste no es el problema primordial. Aun con la mejor metodología del mundo, el problema subsistiría. Es como si para preparar un plato de comida se utilizaran ingredientes en mal estado. Por más que uno contara con la receta provista por el mejor chef del mundo el producto seguiría siendo incomible. Igualmente indigeribles son las cifras que mensualmente publica el Indec.
Por ello, de nada sirve lo que pueda hacer el Consejo Académico convocado para discutir cuestiones metodológicas referentes al IPC mientras no sean transparentes los datos. De nada sirve que hoy se hagan públicas las ponderaciones (los pesos relativos) atribuidas a los distintos componentes del índice y sus variaciones estacionales cuando supuestamente hace un año y medio que se las viene aplicando y no se ignora sobre qué base se determinaron.
No es una cuestión metodológica, sino de calidad de datos, lo que determina que el IPC haya mostrado, en julio, que el precio del rubro "aceites y grasas utilizados en el hogar" sea un 23% más barato que en abril de 2008. O que los "servicios básicos y combustibles para la vivienda" (básicamente, electricidad, gas y agua) aparezcan un cinco por ciento más baratos que en aquella fecha.
De igual modo, sólo el uso de datos arbitrarios puede explicar que la canasta básica alimentaria -lo mínimo que una persona adulta debe consumir para subsistir- haya tenido un valor de 143,05 pesos en agosto de 2007 y sea en julio de 2009, según el Indec, de 144,78 pesos. O sea: para el Indec toda persona que gane más de 145 pesos no es indigente.
Algo similar ocurre con la canasta básica total, que marca la línea de pobreza. Con este mecanismo, el Indec hace desaparecer de un plumazo de sus estadísticas a miles de pobres y de indigentes.
Por economía de espacio, no podemos enumerar las anomalías que presentan otros índices, como los relativos a precios mayoristas, estimador mensual industrial, de servicios públicos, de actividad económica, PBI, desempleo y subocupación. Es sabido que lo que comenzó con el IPC ha hecho metástasis y ha contaminado el conjunto de las estadísticas económicas y sociales del Indec.
La toma de decisiones en la Argentina actual se parece mucho a las apuestas que se hacen en un casino esperando que la buena suerte lo favorezca a uno. En esta situación, difícilmente pueda haber inversiones significativas, excepto que exista la posibilidad de ganancias leoninas. Más bien, el resultado ha sido una formidable fuga de más de 40.000 millones de dólares en un año y medio, en busca de lugares más confiables.
Por otro lado, la veracidad de la información pública es uno de los supuestos fundamentales del régimen democrático.
El pueblo puede ejercer su soberanía sólo en la medida en que cuente con información confiable y fehaciente.
La manipulación o tergiversación de la información pública no sólo atenta contra la calidad institucional: hace desaparecer una de las premisas básicas del sistema democrático.
Es de esperar que el Congreso de la Nación, en su nueva composición desde el 10 de diciembre, se aboque a poner fin a esta lamentable etapa de la historia de las estadísticas públicas en la Argentina y que transforme el Indec en un organismo autónomo y autárquico, absolutamente profesional, con cargos cubiertos por concurso y al margen de toda interferencia de intereses políticos o económicos.
No es el método: son los datos
Victor A. Beker
lanacion.com | Opinión | Martes 15 de setiembre de 2009
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