Por Martín Redrado
EL austero edificio del Tesoro británico, a pasos del viejo gabinete de guerra de Churchill, brindó el marco adecuado para la reciente reunión de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del G-20. A diferencia de la última discusión, de mediados de marzo, la economía mundial está mejor de lo esperado, y el precipicio quedó atrás. Sin embargo, no es tiempo para ser complacientes. Después de dos días de debate, me quedó la impresión de que este grupo de países está a mitad de camino entre el colapso que se evitó y el futuro que se necesita.
La Argentina fijó su posición sobre tres ejes. En primer lugar, señalamos los riesgos de la eventual retracción en las políticas de estímulo antes de asegurar una recuperación sustentable. Hay que asegurarse una evolución positiva de la actividad económica una vez que el "pulmotor" deba retirarse. Asimismo, junto con los representantes de América latina, pusimos sobre la mesa nuestra experiencia para superar crisis y aprender de ellas. En particular, enfatizamos la necesidad de generar políticas anticíclicas. Destacamos la importancia de fortalecer el sistema financiero a través de mecanismos prudenciales que promuevan la creación de "colchones" de liquidez y de solvencia, tanto en moneda local como extranjera. En este sentido, hubo un reconocimiento explícito de nuestros colegas a los resultados de la política monetaria y financiera de la Argentina, que ha funcionado como un ancla de estabilidad para la economía en tiempos de alta volatilidad. Finalmente, marcamos los pasos positivos dados en estos meses por los organismos financieros internacionales, pero destacamos que queda un largo camino para que puedan contribuir a garantizar la estabilidad del sistema. Se necesitan cambios en la estructura de gobierno y en el conjunto de productos que se ofrecen. Un avance acelerado en ambos frentes es condición necesaria para construir la legitimidad y efectividad de estas instituciones. En particular, nos preocupa que los desequilibrios globales continúen como telón de fondo de esta crisis. La solución sólo puede alumbrar en la medida en que los países con excedentes permitan aumentar su consumo, al mismo tiempo que aquellos que son deficitarios puedan ahorrar para hacer frente a sus compromisos. Hemos insistido, entonces, en que el Fondo Monetario Internacional debe trabajar para proveer de seguros de liquidez a los países, de forma tal que no sea redituable acumular para guarecerse de futuras tormentas financieras.
Tuvimos un buen intercambio de opiniones para establecer en qué momento de la crisis nos encontramos, la forma que tendrá la salida y cuál es el balance de riesgos y vulnerabilidades. La mayoría sostuvimos que es temprano para implementar estrategias de salida de las políticas fiscales, monetarias y financieras, mientras que otros señalaron el alto costo fiscal de estas políticas y las potenciales presiones inflacionarias. Desde mi punto de vista, este riesgo no es menor, pero la mayor amenaza es una salida prematura, que corte la recuperación. En particular porque la "munición fiscal" disponible para impulsar la recuperación está limitada por el riesgo de déficits fiscales inmanejables y niveles muy altos de deuda pública. Si se corta tempranamente el estímulo y caemos en una nueva recesión o estancamiento, reiniciar un impulso fiscal será más costoso e inflacionario.
Con miras a prevenir una futura crisis (o, al menos, a minimizar su poder de destrucción), una parte sustancial del debate estuvo dedicado al rediseño de la regulación financiera. Existe acuerdo sobre el objetivo de lograr bancos más seguros y con una fuerte normativa. Ello implica, entre otras cosas: 1) la necesidad de un mayor nivel de capitalización; 2) que ese capital esté respaldado con activos de alta calidad; 3) que se incremente en las fases expansivas del ciclo económico, para construir reservas que permitan afrontar pérdidas en los momentos de crisis y alta incobrabilidad, y 4) que los bancos tengan suficiente liquidez inmediata.
Un punto que ha tomado una dimensión mediática muy grande en Europa y EE.UU. son las propuestas lideradas por Francia y Alemania de limitar las compensaciones de los ejecutivos de los bancos.
Hay aquí dos objetivos importantes. En el corto plazo, evitar que, frente a niveles récords de desocupación y recesión, las sociedades se encuentren con un sistema financiero que vuelve a las remuneraciones excesivas del pasado, como si nada hubiera pasado. Esto dañaría severamente la legitimidad del esfuerzo monetario y fiscal realizado. En el largo plazo, el objetivo es evitar que se regrese a esquemas de compensaciones como los preexistentes a la crisis, los que, al premiar la performance inmediata, incentivaban la excesiva toma de riesgos sin medir las consecuencias posteriores.
El diseño de las nuevas reglas de la arquitectura financiera sigue una secuencia en la que el G-20 decide los lineamentos políticos y el Consejo de Estabilidad Financiera coordina las instituciones técnicas y elabora principios generales, que envía a los grupos específicos, como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Este, a su vez, propone las normas técnicas comunes a ser aplicadas. A partir de este año, la Argentina, junto con el reducido número de países emergentes, ha pasado a tener representación en estos organismos, antes reservados sólo para economías desarrolladas. Participar en esta "línea de producción normativa" requiere del Banco Central un profundo involucramiento técnico y profesional para representar los requerimientos y las especificidades de la Argentina y de nuestros vecinos en la región.
En conclusión: en esta reunión se ha comprobado que la política monetaria y financiera del Banco Central ha sido un ancla de estabilidad sistémica por primera vez en décadas. Estas acciones han permitido a la Argentina atravesar este período asegurando dos bienes públicos esenciales para todos los ciudadanos: la estabilidad monetaria y financiera junto con la previsibilidad cambiaria; condiciones necesarias para garantizar un crecimiento sustentable.
Fuente La Nación
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