domingo, 16 de agosto de 2009

Una "ochentización" de las finanzas públicas podría acelerar la inflación, reavivar la fuga de capitales y profundizar la caída de la actividad.

Nunca antes el Gobierno debió enfrentarse con la escasez. En los últimos años, al aumento de la presión impositiva y la captura de "colchones", como los fondos jubilatorios, le permitió eludir cualquier restricción en sus gastos o inversiones. Nada de eso alcanzó. Ahora, frente a este nuevo escenario, se prepara para arriar una de sus banderas: las inversiones en obras públicas.

El déficit fiscal volvió de la mano de la crisis global, que frenó la recaudación impositiva. Los ingresos tributarios sufrieron otros dos golpes adicionales. El primero lo propinó la sequía, una de las peores del último siglo, que redujo la cosecha del campo y las exportaciones de granos y aceites. El segundo golpe lo asestó la gripe A, que redujo temporalmente la recaudación de los impuestos vinculados al consumo. Hubo, además, cambios impositivos, como la eliminación de la llamada "tablita" de Machinea en el impuesto a las ganancias.

Todo esto llevó a que en el primer semestre los recursos totales -impuestos, aportes de los trabajadores a la Anses y rentas, como las utilidades del Banco Central- crecieran un 12,2% en relación con el primer semestre de 2008. Nunca en la era kirchnerista los recursos crecieron a un ritmo tan bajo como en los últimos meses. El alza hubiera sido mucho menor sin los fondos que le aportó al Estado la

reforma previsional implementada a fines del año anterior, que borró del mapa a las AFJP. Aun con ese dinero, el Gobierno perdió poder adquisitivo, ya que la mejora de los ingresos totales fue inferior a la inflación del período, según las mediciones privadas.

Las chances de mejorar la situación fiscal con más recursos parecen escasas. "Las posibilidades de mejorar los ingresos, ya sea impositivos o a través del crédito, están fuertemente acotadas. Cualquier cierre fiscal que se decida va a depender en gran medida de lo que ocurra con el gasto", dijo el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadín Argañaraz.

Generosidad
Lejos de amedrentarse, la chequera oficial mantuvo la generosidad de los años de vacas gordas. Basta un dato para comprobarlo: los gastos crecen -y todo indica que lo seguirán haciendo- por encima de los ingresos.

El doble comando kirchnerista aplicó esta lógica en 2005, en 2006, y con mayor intensidad, en 2007, otro año electoral. La brecha entre la trayectoria de los gastos y la de los ingresos se tomó un respiro en algunos meses de 2008. Pero nunca fue tan amplia como en el primer semestre de este año: el alza del gasto (un 30,9%) más que duplicó la de los recursos (un 12,2%). Una "inconsistencia", en la jerga de los economistas, que tuvo como consecuencia directa el declive del superávit primario y la desaparición del superávit financiero.

No fue difícil encontrar argumentos este año para justificarlo: casi todos los países desarrollados ampliaron sus gastos -y sus rojos fiscales- para paliar los efectos de la crisis global. La diferencia con la Argentina es que esos países no suelen tener problemas para obtener financiamiento.

Con todo, hubo cierta desaceleración en los pagos. El gasto primario, que crecía al 34,9% anual a fines de 2008, aumentaba a un ritmo del 31,9% anual al cierre del primer semestre, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Pero la desaceleración de los ingresos fue mayor: el ritmo de crecimiento anual bajó del 33,6% a fines de 2008 al 20,3% al cierre del primer semestre.

"No me parece mal que el Gobierno haga política anticíclica en un año de crisis. El problema fueron los años anteriores, cuando la política fiscal fue procíclica. Se recalentó la economía. Y, en el momento más valioso para constituir el fondo anticíclico, no se hizo. Se perdió una gran oportunidad", apunta Luciana Díaz Frers, economista del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Gastos que no existían o eran ínfimos hasta hace algo más de un año ganaron espacio desde ese entonces en el universo de las finanzas públicas. Aerolíneas Argentinas, el Fondo Federal Solidario -que elevó las transferencias a las provincias al coparticipar un porcentaje de los ingresos por las retenciones a la soja-, el seguro de desempleo, los subsidios del Programa de Recuperación Productiva (Repro) para evitar despidos en las empresas, y la atención del dengue y la gripe A son sólo algunos ejemplos. La televisación del fútbol y el plan de empleo para combatir la pobreza, anunciado anteayer, se sumarán a la lista.

Esta última iniciativa marca un giro: en el primer semestre, sólo el 1% del aumento del gasto se destinó a los sectores más vulnerables, según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). "La política fiscal fue suficientemente expansiva como para hacer desaparecer el superávit y lo suficientemente regresiva como para no atacar la pobreza", apunta Jorge Colina, de Idesa.

Hubo pocos ahorros, pero los hubo. La decisión de dar marcha atrás con las subas más importantes del gas y de la electricidad, durante los meses de invierno, recortó uno de los principales: el que se logró en los subsidios a la energía, de casi $ 1400 millones en el primer semestre.

El superávit fiscal primario, es decir, sin contar los pagos de la deuda, caerá este año hasta el 1,2% del producto, según los pronósticos privados de julio que relevó el Banco Central, muchos de los cuales prevén una desaceleración de los gastos.

Una vez que pague todos los servicios de la deuda pública, el Gobierno enfrentará un déficit financiero de alrededor del 1% del producto bruto interno. ¿Cómo financiará ese rojo financiero? Pues hará uso de las fuentes de financiamiento disponibles dentro del mismo Estado: el Banco Central, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Banco Nación. Así pagará todos los intereses y todas las amortizaciones. "Los pagos de este año y el próximo están asegurados. No hay duda acerca de la capacidad de pago, pero se perdió sustentabilidad", señala Ramiro Castiñeira, de Econométrica.

Recortes previstos
La mayoría de los economistas cree que el Gobierno impondrá límites a algunos gastos para evitar un deterioro mayor de la situación fiscal. Todos los pronósticos lo contemplan, pese a lo que sugieren las cifras del primer semestre, los últimos anuncios y la lógica de los últimos seis años: captar recursos antes que limitar gastos.

"En los anuncios, aparecen nuevos gastos, pero yo miraría mucho la realidad de los números. Los ajustes o los frenos en el gasto no se anuncian", sentenció Hernán del Villar, de Alpha Estudio de Economía.

Un freno mayor de los recursos o un freno menor del gasto empeoraría la situación y aumentaría los temores.

Controlar el gasto no es una tarea sencilla. La mitad es intocable: son salarios y jubilaciones, que ahora tienen movilidad. Quedan las obras públicas y las transferencias a las provincias, municipios, universidades, personas (incluidos los planes sociales) y empresas. Aquí están incluidos los subsidios al transporte, la energía, las empresas públicas y las compensaciones para contener los aumentos de algunos alimentos, entre otros pagos.

Con las provincias ahogadas en su propio déficit, el fuerte rechazo que generaron los aumentos de tarifas y la carga de las empresas públicas, todos miran, entonces, a la inversión en obras públicas. "No hay mucho margen para desacelerar el gasto público. Los candidatos eran la inversión pública y los subsidios. Dando marcha atrás con el tarifazo, queda la inversión pública", apunta el economista de Prefinex, Nicolás Bridger.

Algo de eso ya está en marcha. Mientras comunica la mala nueva, el Ministerio de Planificación Federal apura un censo para conocer la deuda del Estado con contratistas de obra pública y cuánto más se devengará hasta fin de año. Una vez que esta tarea esté terminada, el Gobierno establecerá prioridades para pagar algunas obras con dinero de la Anses y para dar de baja otras que no se retomarán.

Hay otro dos factores en juego: el nuevo Congreso y los gobernadores. Algunos temas clave para la situación fiscal, como las retenciones o los subsidios, comienzan a ser tratados con otro ímpetu en el Parlamento. "Es probable que las demandas del Congreso sean razonables y que no obliguen al Gobierno a un deterioro fiscal muy notorio", prevé Del Villar.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, hizo público esta semana un reclamo, que, dijo, cuenta con el apoyo de otros diez mandatarios provinciales: un fondo de $ 3000 millones con recursos del Estado nacional para paliar las divergencias en el interior del país. La cifra equivale a casi el doble del déficit financiero del gobierno nacional del primer semestre.
EscenarioLa billetera que no alcanza

El deterioro de los ingresos y el aumento del gasto público llevaron al gobierno nacional nuevamente al terreno del déficit fiscal y a hacer uso de los fondos acumulados en la Anses, el Banco Central y el Banco Nación

lanacion.com | Economía | Domingo 16 de agosto de 2009

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