La población carcelaria ha aumentado en los últimos diez años cerca del 80 por ciento mientras el número de unidades carcelarias casi no ha variado.

Alrededor del 65 por ciento de los presos de la Argentina se encuentran procesados, pero todavía esperan la sentencia, o bien ésta fue apelada y sobre ella aún no se ha expedido la cámara correspondiente. En la provincia de Buenos Aires, la proporción de presos que se encuentran en estas condiciones asciende al 75 por ciento.

Esta preocupante realidad muestra una de las deudas que la Justicia tiene con la sociedad: la inadmisible demora en la realización de la etapa instructoria de los casos, paso previo para llegar al juicio oral del que surgirá la primera sentencia.

En estas columnas, nos hemos referido hace pocas semanas a la lentitud de la Justicia para iniciar los juicios orales en resonantes casos de corrupción, como los de las coimas del Senado y el negociado informático entre IBM y el Banco Nación, o la voladura de Río Tercero.

Sin embargo, en este tipo de casos de "cuello blanco", casi todos los imputados y procesados gozan, por distintos motivos, de la excarcelación. Quiere decir que, a diferencia del resto de los presos, aguardan el juicio oral en libertad.

Distinta es la situación de buena parte de los procesados que ven transcurrir los años en prisión sin estar condenados. La mayoría de ellos tampoco están en condiciones de pagar abogados particulares, como lo hacen muchos de los procesados por casos de corrupción, y dependen del tiempo, generalmente escaso, de los defensores oficiales. En cuanto a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos, casi todos ellos también llevan largos años detenidos a la espera de los juicios orales tras haberse vulnerado principios básicos de la Justicia como los de cosa juzgada o irretroactividad de la ley penal. Atendiendo a presiones políticas, los jueces permiten que se superen holgadamente los plazos máximos de prisión preventiva sin condena.

Es sabido que en nuestro país las personas privadas de su libertad sufren condiciones de detención que implican, según han destacado los organismos de derechos humanos, una grave vulneración de sus derechos fundamentales. Los altos índices de sobrepoblación y la violencia carcelaria caracterizan la situación de buena parte de los centros de detención de la Argentina. Es que la población carcelaria ha aumentado en los últimos diez años cerca del 80 por ciento mientras el número de unidades carcelarias casi no ha variado.

No hace mucho, el entonces defensor del pueblo Eduardo Mondino realizó una presentación ante las Naciones Unidas debido al hacinamiento en las cárceles argentinas, y al referirse a la cantidad de presos sin condena firme, sostuvo: "Vivimos un verdadero contrasentido jurídico, ya que por acción u omisión, no se cumple con el principio de sostener la inocencia hasta que se demuestre lo contrario".

Pero la Justicia no es la única responsable de esta deuda. La Corte Suprema le ha reclamado reiteradamente al Gobierno que acelere el nombramiento de 750 cargos en tribunales de todo el país y requirió la creación de 900 nuevos puestos para incorporar personal que ya trabaja en el Poder Judicial. El Gobierno informó que los 36 millones de pesos para cubrir los nuevos cargos ya están a disposición de la Justicia, pero agregó que la creación de nuevos puestos debe ser aprobada por una ley cuyo proyecto se encuentra en el Congreso.

Editorial IIPresos sin condena

Los tres poderes del Estado se encuentran en deuda con la mayoría de los presos, que son quienes aún no tienen sentencia

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lanacion.com | Opinión | Martes 26 de mayo de 2009