El déficit financiero de las provincias, según las estimaciones para el presente año, ascendería a 20.000 millones de pesos. Las causas son varias, pero hay dos que saltan a la vista. En primer lugar, en 1996 debió haberse sancionado un nuevo régimen de coparticipación federal. Este incumplimiento con lo dispuesto desde que se sancionó la Constitución de 1994 representa una grave deuda. Es forzoso reconocer la culpa de tantos mandatarios provinciales que se han sucedido a lo largo de los años -para no hablar de los senadores, que representan a las provincias- por no haber exigido el cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula transitoria sexta de la Constitución, que establecía un plazo máximo hasta 1996 para plasmar un nuevo régimen de coparticipación.
En segundo lugar, la gestión kirchnerista se caracterizó por una asignación arbitraria de partidas a las provincias sobre la base de la mayor o menor afinidad política (o servilismo) de sus gobernadores. Para poner un ejemplo grosero, Santa Cruz, feudo de Néstor Kirchner, ha recibido entre 2007 y 2008 un total de 1634 millones de pesos para obras viales, equivalente a 2,2 millones diarios y a la mitad del presupuesto asignado este año al Ministerio de Salud de la Nación.
El incumplimiento del mandato constitucional permitió la consolidación en el tiempo de un manejo fiscal centralizado y absolutamente discrecional por parte de las autoridades federales.
Dicho en términos más directos: el actual estado de la situación permite al Poder Ejecutivo Nacional hacerse con lo recaudado en materia de impuestos por las provincias y devolverles a éstas la suma que se le antoje. Esto es, lo contrario del federalismo y la exacerbación del discrecionalismo del poder central.
Hace poco, con el propósito de intentar tornar un poco más justificables las retenciones y procurar en vano ahogar las protestas del campo, el Gobierno anunció que el 30 por ciento de lo recaudado por retenciones a las exportaciones de soja será coparticipado con las provincias. Lo que no suele tenerse en cuenta es que esta medida no dejará atrás otras consecuencias negativas para el interior, por cuanto las retenciones acarrean una merma del impuesto a las ganancias, que es coparticipable.
El superávit que el año pasado logró el gobernador Juan Schiaretti en Córdoba se ha esfumado este año. Su ministro de Finanzas afirmó que la provincia debería haber recibido un 15 por ciento más en concepto de coparticipación que el año pasado, pero sólo recibió un nueve por ciento más. De ahí el posible retorno a unas nuevas Lecor. Producto de la crisis, entre 2001 y 2003 doce provincias tuvieron que recurrir a las cuasi monedas, y también la Nación, con las Lecop. En conjunto, estos dineros ad hoc llegaron a representar el 40 por ciento de la circulación monetaria en pesos.
Cuando era candidata presidencial, Cristina Kirchner propugnaba una reforma política y del Estado que tras asumir ha caído en el olvido. Sin necesidad de levantar esas banderas, para aliviar la situación de las provincias bastaría que la Presidenta se ajustara a la Constitución, que dice que la distribución de los fondos coparticipables "contemplará criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".
Editorial ILa crisis financiera provincial
La posibilidad de que tres distritos vuelvan a emitir cuasi monedas ilustra la gravedad del ahogo económico que sufre el interior
lanacion.com | Opinión | Domingo 12 de abril de 2009
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