El Gobierno marcha hacia un horizonte de total falta de controles.

La renuncia del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, muestra que las preocupaciones planteadas por el ahora ex fiscal hace casi cuatro meses no eran ciertamente vanas. Por un lado, debe verse entonces la decisión de Garrido de renunciar, frustrado, como un triunfo de quienes desde los más altos sitiales del poder detestan todo tipo de control institucional y sus mecanismos reglamentarios, que han sido construidos precisamente para evitar los excesos de poder, los abusos, la corrupción de los gobernantes y la impunidad.

Por otro lado, cabe preguntarse si Garrido consideraba realmente que ya no podía cumplir su tarea y si no valía la pena que perseverara en sus investigaciones pese a los innegables obstáculos del poder político y a la enorme lentitud de la justicia federal cuando debía investigar sus denuncias contra funcionarios del kirchnerismo.

Si se tiene presente que la Fiscalía investigaba causas cruciales que involucran los supuestos manejos de Guillermo Moreno en el Indec; los presuntos sobreprecios de la firma Electroingeniería y los que aparentemente pagó en su momento Ricardo Jaime; las supuestas coimas de Skanska; la insólita "bolsa" de Felisa Miceli, y hasta el presunto enriquecimiento ilícito del propio matrimonio Kirchner, se podrán entender mejor las razones de la pasmosa lentitud de la Justicia al tramitar las denuncias de la Fiscalía.

Envuelto en los pliegues de una legalidad que no impide interpretaciones restrictivas, el fiscal Garrido ha entendido que su labor había sido vaciada.

Si esta percepción del funcionario se analiza a la luz de lo que se ha intentado perpetrar también en la propia Auditoría General de la Nación respecto de las competencias de su titular, Leandro Despouy, junto con la casi simultánea designación de un conocido dirigente kirchnerista a cargo de la Oficina Anticorrupción, se advierte con meridiana claridad la vocación de eliminar los controles que está en la esencia misma de la actitud del matrimonio gobernante. Porque nada existe que sea más contrario a la consolidación de las instituciones, bandera de la campaña electoral de la Presidenta, que demoler sistemáticamente los organismos de control creados por la República para evitar la corrupción y garantizar el correcto uso de los recursos públicos.

Por otro lado, cuando en el mundo desarrollado se señala a la corrupción como una de las causas principales del subdesarrollo de numerosos pueblos, la entronización progresiva y sistemática de la impunidad habla mal de la voluntad de progreso de los gobernantes argentinos. Es que así como no puede darse el desarrollo con corrupción tampoco puede pensarse en un progreso económico sostenido ni en una mejora del marco político y social en medio de la impunidad.

Editorial IOtra victoria de la impunidad

La renuncia del fiscal Garrido coincide con la embestida oficialista contra los órganos de control y con la lentitud de la Justicia.

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lanacion.com | Opinión | Martes 17 de marzo de 2009