Si bien la medida pudo haberse adoptado mucho tiempo atrás, ya que no pocos gobernadores de diferente signo político reclamaban la coparticipación de aquel gravamen, el anuncio sólo llegó en estos tiempos electorales, como una desesperada jugada tendiente a evitar el drenaje de dirigentes que se estaban fugando del kirchnerismo, en parte por la divisoria de aguas que estaban comenzado a crear las demandas del campo.
Una conocida máxima del kirchnerismo indica que cuando alguien parece decidido a sacar los pies del plato, nada mejor que disciplinarlo mediante la caja. Es que no hay mayor lealtad para el grupo gobernante que la lealtad presupuestaria.
Pero la medida del Poder Ejecutivo representa también uno de los primeros síntomas del agotamiento de un modelo de concentración del poder, con mucho de unitario y casi nada de federal. Cristina Kirchner le ha hecho ayer una leve concesión al federalismo, aunque absolutamente insuficiente.
Otra vez, la necesidad operó mucho más que la virtud. No hay nada peor para cualquier gobierno que llegar al acto electoral con problemas de asfixia financiera, docentes en huelga y empleados públicos inquietos. El uso de los fondos derivados de la soja aliviará algo las arcas fiscales provinciales, pero difícilmente permitirá superar en lo inmediato la recesión que ya se ha instalado con fuerza en buena parte del interior.
El mayor golpe de la medida presidencial está dirigido a los dirigentes del campo. Ahora, el sector rural no sólo tendrá que persuadir en su lucha contra las retenciones al gobierno nacional -algo que ya parece imposible hasta después de las elecciones-, sino que, además, deberá convencer a gobernadores e intendentes. Los Kirchner, hábilmente, tratan de impedir, por medio de la caja, que la causa del campo sume más adeptos, sin descartar también que se aseguren el apoyo del Senado al adelantamiento electoral.
Las contradicciones del discurso oficial siguen a la orden del día. Los Kirchner siempre dijeron que las retenciones no eran un impuesto, sino un simple derecho de exportación que, como tal, no podía ser coparticipable. ¿Habrán cambiado de opinión? Y si ahora reconociesen que es un impuesto, ¿no estarían violando la Constitución al legislar por decreto sobre materias tributarias?
El pulso políticoLa lealtad a la caja y un modelo agotado
Por Fernando Laborda
lanacion.com | Política | Viernes 20 de marzo de 2009
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