Por eso, el Gobierno, antes de dar el siguiente paso, debería evaluar los costos intangibles que este problema traerá para la Argentina.
La historia de Aerolíneas Argentinas es una suma interesante de despropósitos e incógnitas.
Marsans adquirió la empresa en 2001 y durante algunos años dio ganancias. Pero el incremento de los costos, incluidos el combustible y otros insumos; el congelamiento que el Gobierno impuso a las tarifas aéreas, y el conflicto gremial motorizado por el poder político -que en el último año se tradujo en casi 40 medidas de fuerza- cocinaron un cóctel explosivo con un desenlace previsible: la crisis de la empresa y del servicio.
La amenaza que anteayer hizo ante el Senado Vicente Muñoz, director corporativo de Marsans, de que el grupo económico podría demandar al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal dependiente del Banco Mundial, tiene algunos visos de convertirse en realidad.
Por un lado, si bien el Estado argentino tiene la potestad de reestatizar la compañía y, eventualmente, expropiarla, es difícil que el Gobierno pueda convencer al tribunal de que fue completamente ajeno a la crisis de la aerolínea. Por el otro, Marsans ya encomendó la preparación de la demanda a uno de los más grandes estudios jurídicos porteños y evalúa contratar a otra firma legal europea que tiene en su haber varios éxitos en litigios ante el Ciadi.
Por algún motivo que no es sencillo de entender, ni Marsans ni el Gobierno ejecutaron durante mucho tiempo las medidas que cada una de esas partes ahora se cree con derecho a llevar adelante. No se alcanza a entender cómo se mantuvo el vínculo entre las partes durante tantos años ni cómo se rompió.
Pero a mediados de julio el Gobierno pretendió que Marsans firmara un acta acuerdo en la que aceptaba retirarse del país y se sometía a la valuación que fijaría el Tribunal de Tasaciones, en un plazo de 60 días. Fue una intentona inexplicable.
Muñoz estuvo con el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y con sus asesores varias de esas reuniones, que se hicieron dentro y fuera de la Casa Rosada.
Pero el 16 de julio, cuando ya había comenzado en el Senado la votación de ley sobre retenciones y se especulaba con que el Gobierno no tenía los votos necesarios, el Poder Ejecutivo perdió capacidad de negociación.
Mientras algunos especulan con que el acta acuerdo en la que, finalmente, Marsans y el Gobierno pactaron un mecanismo de tres valuaciones (a cargo del Tribunal de Tasaciones, del Credit Suisse y de un tercero que establezca un valor inapelable) fue el producto de una negociación espuria, otros explican que fue el fruto de la sobreviniente debilidad que el Gobierno mostró aquella madrugada del 17 de julio y del apuro por tapar la derrota frente al campo con un anuncio sobre Aerolíneas Argentinas. No midió los costos.
Lo cierto es que la ley que se aprobará hoy no establece ninguna cláusula que deje sin efecto ese mecanismo de triple tasación, pactado en aquella acta acuerdo.
La ley dice que el Estado rescatará la empresa por compra, lo que significa que deberá llegar a un acuerdo con Marsans sobre el valor de la empresa. Si no hay acuerdo, habrá expropiación, pero Marsans demandará al país ante el Ciadi. Y allí, ni la causa judicial que fue abierta en Madrid por un acreedor inmobiliario de Antonio Matta ni ninguna de las cuatro denuncias que se promovieron en Buenos Aires servirá para mejorar la posición del país ante el Ciadi.
En 15 días vence el plazo para que el Tribunal de Tasaciones y el Credit Suisse presenten las respectivas tasaciones de la empresa.
Temas de la JusticiaUn conflicto que no para de crecer
Por Adrián Ventura
lanacion.com | Política | Mi?oles 3 de setiembre de 2008
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