El dinero destinado a los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (la ex SIDE) sufrió un fuerte incremento este año y representa el 66 por ciento del total de la partida destinada al organismo, mientras que en 2004 sólo representaba el 38 por ciento. En un país sin conflictos con sus vecinos ni situaciones de conmoción interna, llama la atención el constante aumento de los montos asignados para esos gastos reservados -llamados "servicios no personales"- sobre los cuales no se ejerce control y que ahora suman 257 millones de pesos.
Desde estas columnas nos hemos ocupado muchas veces de la gravísima situación anómala que presentan los organismos de inteligencia, cuyos fondos están fuera de los controles estatales y transitan una peligrosa zona de discrecionalidad, lo cual reclama una urgente solución legislativa.
La situación se agrava, sin embargo, cuando a la par de consumir enormes recursos que bien podrían haberse destinado a cubrir las urgencias sociales que comprobamos diariamente, advertimos que se trata de un gasto que sirve muy poco para que estos organismos cumplan la función que les compete.
Los recientes homicidios de personas que estarían vinculadas con carteles de narcotraficantes de México y Colombia, la detención de supuestos traficantes prestos a la elaboración de drogas sintéticas y las actividades de grupos ligados a la industria farmacéutica al servicio de aquéllos son una muestra elocuente del panorama que estamos describiendo, que demuestra, además, un crecimiento inusitado de la violencia y el crimen organizado en nuestro país.
Causa asombro descubrir ahora que varios de los personajes involucrados eran vigilados hace tiempo por la DEA, el organismo antinarcóticos de los Estados Unidos, o poseían antecedentes de sus actividades en sus países de origen. Pese a eso, lograron entrar sin sobresaltos en nuestro país, donde ningún control migratorio sirvió para alertar sobre el peligro que entrañaban. Ello les habría permitido ejecutar operaciones varias con una facilidad que causa asombro, desde montar redes de suministros químicos hasta ordenar asesinatos a mansalva.
Tampoco, por lo menos que se sepa, los organismos de inteligencia adoptaron recaudos o formularon recomendaciones respecto del comercio de sustancias como la efedrina, que ya había sido prohibido en México, circunstancia cuyo desconocimiento es inaceptable en funcionarios supuestamente versados en estos temas.
Los impunes atentados sufridos primero contra la embajada de Israel y luego contra la AMIA son ejemplos también claros del deficitario sistema de control migratorio y de los organismos de inteligencia para prevenir la actuación de grupos terroristas internacionales en nuestro territorio.
Esa situación provocó, incluso, que en 2005 el propio Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconociera su responsabilidad en el incumplimiento de la función de prevención por no haber adoptado las medidas idóneas para evitar el atentado a la AMIA, obligándose, entre otras cosas, a adoptar medidas legislativas con objeto de transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia.
Tal panorama se agrava cuando se recuerda que en el juicio oral y público por el atentado a la AMIA, el Tribunal Oral Federal Nº 3 ordenó investigar hechos graves que tienen por acusado a un alto funcionario de la SIDE que hoy conduce la actuación de ese organismo ante la Fiscalía Especial, a cargo del doctor Alberto Nissman.
Mientras tanto, advertimos tristemente que los recursos de inteligencia son dirigidos a diario a tareas de espionaje interno al servicio de la política, vedadas expresamente por ley. Basta como ejemplo mencionar los casos que involucraron al presidente de la Corte Suprema de Justicia o la ministra de Defensa, o el escandaloso espionaje de correos electrónicos que investiga la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo, a raíz de una denuncia efectuada por la propia Secretaría de Inteligencia, donde se desempeña aquel funcionario de cuestionada actuación en la investigación del caso de la AMIA.
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