Todos los modelos arrancan con un impulso prometedor que nos hace creer que estamos ante el despegue definitivo, pero al cabo de un lustro aparecen los nubarrones que nos anticipan una nueva frustración.
Para el autor de esta nota, la causa que hace fracasar todos los intentos es que el país termina siempre gastando más de lo que produce. Rompe, así, la ecuación virtuosa que conduce al desarrollo sostenido.
Por ejemplo, en nuestros días nos hemos obsesionado por recuperar el nivel de consumo que teníamos en 1998, el máximo logrado antes del colapso, sin reparar en que por la crisis de los años 2001 y 2002 se achicó la estructura productiva, muchas empresas cerraron, quebraron o se fueron del país.
Si bien es cierto que los excepcionales precios agropecuarios y del petróleo de estos tiempos representan un ingreso adicional, tampoco hay que olvidar que aquel elevado nivel de ingresos de 1998 estaba, en buena medida, financiado con crédito externo (crédito que se destina a gasto y no a inversión es imposible de devolver, como ocurrió) y con la venta de activos nacionales (áreas petroleras, empresas públicas, concesiones), con lo absurdo que significa quemar patrimonio para sostener un consumo que no se condice con la realidad productiva.
La Argentina debería estar viviendo en estos momentos la segunda fase de su extraordinaria revolución agrícola: la de agregar valor a la colosal producción alcanzada en estos últimos cinco años. Es inconcebible que nuestro país no se encuentre experimentando un masivo programa de inversiones para transformar los granos en carne de pollo y cerdo.
Si bien es verdad que nuestro país carga con ciertas ineficiencias estructurales -tales como rutas en mal estado y mayores costos en servicios y tasas de interés-, eso se compensa ampliamente con la extraordinaria ventaja de poder comprar los cereales al precio del mercado interno, o sea, con el descuento del 35% de las retenciones.
La revolución productiva que significaría incorporar valor agregado a los granos incrementaría el empleo y la tecnificación y las divisas para el país. Pero no se produce por el temor de los inversores, fundado en la experiencia cotidiana, a que los funcionarios hagan política a costa de su capital, o sea, que prohíban la exportación para que se vendan pollos baratos al pueblo argentino.
Se corta así una secuencia productiva virtuosa, pues esa etapa que se frustra conducía a otro estadio, al desarrollo en otras actividades aún más sofisticadas, de un grado más elevado de complejidad, lo que implicaría, a su vez, un nivel más alto de remuneraciones para la comunidad.
De esta manera, a partir de una intención distributiva se acaba por castigar al conjunto de la sociedad. Por esa vía, los argentinos somos cada vez más pobres y vemos cómo las clases medias brasileñas y chilenas, otrora observadas por los argentinos con desdén, gozan hoy de un respetabilísimo nivel de vida, a juzgar por su vestir, sus viviendas y la calidad de su consumo.
Es entendible la obsesión de las dirigencias políticas por exacerbar el consumo, pues nada hay políticamente más rentable que llenarle el bolsillo al electorado.
Se usan con ese propósito los calificativos más altruistas: "Justicia social, "crecimiento con inclusión", "distribución justa del ingreso". Nadie puede estar contra estos principios. En los hechos, se traducen en salarios más altos que la productividad real de la economía, en prebendas y subsidios al consumidor, al grado de ahogar los estímulos a la inversión, o sea, al crecimiento.
En ningún modelo se puede distribuir más de lo que se produce, so pena de chocar con la realidad.
Muchos alegan que el problema argentino es de distribución. Es decir: que hay que sacarles a unos para darles a otros.
Haciendo el ejercicio de tomar por válida esa propuesta, surge el dilema: ¿a quién sacarle?
¿Al campo? Ya le han quitado por todos los lados, y ha dicho basta. Es más: resta aún una imprescindible compensación a los pequeños y medianos productores.
¿A la industria? Si no tiene ya margen y está reclamando una mejora en el tipo de cambio, tras el deterioro sufrido en los últimos dos años.
¿A los bancos? Los que quedaron en pie apenas se están recuperando de la crisis de 2002.
¿Al presupuesto de las Fuerzas Armadas? Si el país renunció a la defensa para liberar recursos para el consumo. A Dios gracias que no se vislumbran conflictos internacionales que amenacen la seguridad.
¿A la obra pública? Si, por la baja inversión en este rubro, no se consigue mantener la infraestructura y las rutas se están cayendo a pedazos.
¿A los inversores de afuera? Si ya se les pegó el gran zarpazo en 2002 y están prevenidos, al punto de que nadie quiere prestarnos.
¿A las AFJP? Si ya fueron despojadas, en la mentada crisis del 2002. Se trata, además, de los ahorros hechos por los trabajadores para su jubilación.
¿Al sector energético? Si está asfixiado por falta de rentabilidad, al punto de que no hay inversiones acordes con la demanda y está en riesgo el abastecimiento.
¿Al presupuesto en educación? Más allá de que en ese sector deberíamos aún invertir más, nadie se anima, porque los estudiantes incendian el país.
¿A los rentistas? Ellos tienen su capital afuera. Si todavía es difícil saber dónde están y cuántos son los fondos de algunas provincias, respecto de las cuales, por tratarse de la esfera pública, supuestamente debería ser más fácil contar con una actitud colaborativa, es fácil imaginar que perseguir a cada uno de los particulares resultaría una misión imposible.
Quitándoles a unos y a otros, corremos a los inversores e impedimos que crezca la estructura productiva, que es la única manera de poder mejorar el bienestar general.
Todos los países que resueltamente caminan hacia el desarrollo compiten por conquistar y atraer a los inversores. Si se privilegia el gasto por sobre la inversión, crecerá el consumo, y no la producción, cuando ambos deberían evolucionar armoniosamente.
Y si el Estado promueve salarios para el sector privado más altos que el nivel de productividad de las empresas, sienta las bases de su propia insolvencia, ya que sus principales erogaciones son salariales y provisionales y está inevitablemente obligado a acompañar en lo público los aumentos otorgados al ámbito privado.
Al final de la historia, exprimidos todos los sectores productivos y corto de recursos, el Estado no tiene más remedio -como viene haciéndolo cíclicamente- que exprimir a los consumidores. De esa manera, recupera su caja y su capacidad operativa y comienza un nuevo proceso, en el que, año a año, va mejorando los ingresos de la sociedad, haciéndole creer que en esta ocasión la llevará a su soñado destino. Recurrirá esta vez a un modelo distinto pero con la misma irresponsable predisposición a tolerar el derroche con tal de congraciarse con quienes deben sostener a las autoridades de turno en el poder.
Cuando la producción nacional no alcanza para el nivel de consumo que se le promete a la sociedad por medio del salario que se le asigna a la población, la inflación, con todas sus penosas secuelas, es la encargada de poner armonía entre oferta de bienes y poder de compra.
La inflación corroe y desalienta el ahorro, dificulta la previsión y el cálculo económico, desestimula la inversión y castiga con mayor fuerza a los sectores más débiles de la sociedad.
La forma socialmente más digna de combatirla es aumentando la oferta de bienes, algo que se logra solamente a través de la inversión productiva.
El ocaso de todos los modelos
Para LA NACION
lanacion.com | Opinión | Jueves 28 de agosto de 2008
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