Hay que aplicar la ley de bosques

Por Diego Moreno
Para LA NACION
Mientras el gobierno nacional demora la reglamentación de la ley de bosques, el fuego arrasa veinte mil hectáreas de bosques nativos, la sequía alcanza niveles históricos y miles de familias intentan sobrevivir racionalizando el agua al máximo.

Todo esto acontece en estos días en Chaco, pero esta realidad no difiere mucho de lo que ocurre en otras provincias del norte argentino.

La región fue la más afectada por los desmontes y la expansión irracional de la frontera agropecuaria; allí, antes de la vigencia de la ley, se producía cerca del 70% de la deforestación anual de todo el país. En Salta, por ejemplo, entre 1998 y 2006, desaparecieron 609.323 hectáreas de bosques nativos.

La pérdida de masa forestal trae cambios en el clima, por la pérdida de humedad retenida en el suelo. La disminución de los bosques también ocasiona un deterioro de la diversidad biológica, contribuye al efecto invernadero y empeora la calidad de vida de los pobladores locales. Además, se erosionan los suelos y los sedimentos que éstos desprenden afectan los cursos de agua.

En este contexto, el Congreso nacional sancionó, a fines de 2007, la ley de bosques, impulsada por más de veinte organizaciones ambientales y sociales, y apoyada por casi un millón y medio de firmas de ciudadanos.

La norma tiene como finalidad ordenar el uso del territorio, y así poner un freno a los desmontes de los bosques nativos y compensar económicamente a quienes los aprovechan racionalmente.

La misma ley también prevé la prohibición de la tala rasa por un año. En este plazo, las provincias están obligadas a realizar un plan de ordenamiento territorial de manera participativa, pero hasta ahora muy pocas han iniciado el proceso. Es que muchas están pendientes de que el Ejecutivo nacional deje firmes los lineamientos generales por medio del decreto reglamentario, que establecerá la forma en que se hará operativa la ley.

En esta segunda mitad del año, es fundamental una rápida reglamentación, ya que a diario conocemos nuevas denuncias por desmontes ilegales o, llamativamente, se siguen produciendo incendios en áreas de expansión de la frontera agrícola.

En tanto que la ley de bosques no se reglamente y las provincias no pongan en marcha un proceso de participación ciudadana para consensuar el ordenamiento territorial, el daño ambiental, social y cultural continúa, y no somos pocos los que nos alarmamos por ello.

El autor es director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre.