Parte del financiamiento de la campaña electoral de Cristina Kirchner fue puesta de nuevo en tela de juicio. Está demostrado que entre los principales contribuyentes a ese proselitismo hubo una droguería sospechada por sus vinculaciones con el narcotráfico: Seacamp, de Sebastián Forza, uno de los muertos.
Cuando se activa el zoom sobre esta novedad aparecen otras igual de inquietantes. La droguería de Forza integraba un club de empresas acusado por el Ministerio de Salud de robar medicamentos a esa cartera y al PAMI y de elaborar expedientes apócrifos para cobrar subsidios en la Superintendencia de Salud.
El Gobierno adujo que esas irregularidades habían sido detectadas y que por eso a la firma de Forza se le había suspendido su condición de proveedora del Estado. Al César lo que es del César: un mérito de Graciela Ocaña. Sin embargo, la preocupación oficial por esas aberraciones se detuvo allí. Para detectar la trama de narcotráfico en la que estaría envuelta Seacamp fue necesaria la participación de una agencia extranjera, la DEA, que estaba investigando a Forza y a sus socios.
Las insinuaciones que aparecieron respecto de los recursos aportados a la fórmula Kirchner-Cobos durante el caso Antonini Wilson resultan ahora pecata minuta . Estas sombras nuevas son más oscuras. La precisión de los datos también es mayor: la empresa de Forza aportó 200.000 pesos para la campaña del Gobierno.
No alcanzó al más importante mecenas de la señora de Kirchner: Carlos Horacio Torres, con 350.000 pesos. La primera sorpresa: no se sabía que las tradicionales fuerzas vivas del kirchnerismo -los Eskenazi, Cristóbal López, Gerardo Ferreira (de Electroingeniería), Lázaro Báez, etc.- fueran tan mezquinas como para dejar que la lista la encabezara un extraño.
El diablo metió la cola: Torres también es socio de una droguería. Se llama San Javier. Allí convive con Néstor Lorenzo, acaso el más famoso empresario del rubro. En especial por su protagonismo en varios escándalos en La Plata, donde administra el colapsado Centro Oncológico de Excelencia (COE).
LA NACION consignó, en junio de este año, que a Lorenzo se le imputaban presuntos negociados con drogas oncológicas. Casi un objetivo si se coloca al frente de un centro de atención del cáncer al dueño de una droguería de la especialidad. De la intervención en el COE participan el gobierno de Daniel Scioli y el de Pablo Bruera, intendente de La Plata.
San Javier es también uno de los proveedores más caudalosos de la OSBA, la obra social que Mauricio Macri intervino al llegar al gobierno porteño.
Ahora, con la muerte de Forza, entre personas bien informadas del sector de la salud circula esta versión: el empresario asesinado habría vendido, en medio del concurso de una de sus empresas, una importante cantidad de medicamentos a la droguería San Javier, de Torres y Lorenzo. Esas mercaderías las habría cobrado con acciones. Se presume, aunque todavía no fue verificado por la Justicia, que Forza era socio y hasta director de San Javier.
El escenarioUna oscura sombra se cierne sobre el Gobierno
Para LA NACION
lanacion.com | Política | Martes 19 de agosto de 2008
No hay comentarios:
Publicar un comentario