En las pocas semanas que lleva en el cargo, el nuevo secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación ha hecho la proeza de que se extrañe a su antecesor.
Javier de Urquiza había actuado, en contradicción con un pasado militante en el gremialismo agropecuario, como mudo asistente del matrimonio Kirchner en innumerables errores de gestión en las cuestiones rurales. Sin embargo, una cierta flema criolla lo ponía a salvo de otros infortunios. Incluso daba lugar a que se pensara que el cargo, más que brindarle satisfacciones, le infería incomodidades. El papel cumplido por Urquiza durante el conflicto que aún se prolonga con el campo fue el de un modesto cero a la izquierda.
El caso del flamante sucesor, ingeniero Carlos Cheppi, es más complejo. Cheppi habla. Sin ayuda de nadie, ha emitido en pocas semanas declaraciones insuperables, como aquella de haber aprendido economía con sólo verlo en acción al secretario de Comercio.
No hay que descartar que Cheppi se haya pasado de listo y descargado una ironía brutal sobre el artífice del falseamiento de estadísticas oficiales que mantiene perplejos al país y a gobiernos extranjeros. Pero mientras nada pruebe lo contrario ha de entenderse que sus palabras han sido otra provocación a los productores agropecuarios de parte de un gobierno siempre dispuesto a avivar el fuego de los desencuentros con renovados elementos de combustión. Cuestiones todas ellas de superficie y coyuntura, por curiosas y gravitantes que sean. Lo que está en la base de la gran controversia entre el Gobierno y el campo concierne a concepciones económicas extravagantes que a lo largo del siglo XX y lo que va del actual han procurado, salvo algunos paréntesis de lucidez, diluir las capacidades extraordinarias de nuestros recursos naturales y las extraordinarias habilidades de los productores argentinos para extraerles provecho.
Desde aquellas anacrónicas líneas de pensamiento, se ha descreído de la respuesta activa de la producción al estímulo de los precios agrícolas internacionales. Se ha dicho, así, que nada se ganaba con aceptar las consecuencias de la libertad de mercados. También se ha afirmado, sin fundamento serio alguno, como se está viendo ahora, que los precios agrícolas serían eternamente desfavorables en relación con los precios industriales.
Desde esas mismas usinas aprovisionadas de ideas por el siniestro consorcio de la demagogia y el populismo, se ha sostenido igualmente que el agro y sus industrias poco o nada contribuyen al crecimiento del empleo. El corolario de tales conclusiones es que el llamado valor agregado es patrimonio propio de cierta industria (en particular, la industria de los amigos) y casi ajeno al agro, sus industrias y servicios. Inexplicable desconocimiento de lo que ocurre en la Argentina.
De barruntos de ese tipo proviene el concepto de que la aplicación de impuestos altísimos y hasta confiscatorios a las exportaciones agrícolas y agroindustriales halla fundamento en que una alta competitividad les obliga a proveer alimentos baratos a la población y recursos abundantes al barril sin fondo del presupuesto federal. Lo asombroso es que en la crisis sin resolver se haya vuelto a oponer la mesa de los argentinos a la necesidad de aumentar las exportaciones, cuando en realidad la Argentina produce muchos más alimentos de los que consume.
Hay puntos gravísimos para el interés nacional que se desatienden. Los productores, librados a los logros exclusivos de su esfuerzo, cuidado de la tierra e incorporación incesante de nuevas tecnologías, han roto barreras impensables en la productividad. Pero largas décadas de freno al ímpetu de los más importantes renglones (carnes, leches y lácteos, cereales, lanas, oleaginosas, frutas) han contribuido a que las exportaciones de bienes nacionales sólo representen hoy el 0,33 por ciento del total mundial. Al fin de la Segunda Guerra Mundial ese porcentaje era del 2,8 por ciento, más de ocho veces que en la actualidad.
El muro de contención al progreso ha resurgido con fuerza inusitada desde cenáculos intelectuales que han confundido al gobierno más de lo que naturalmente podía haber estado en función de los antecedentes, y lo aíslan de más y más sectores de la sociedad e, incluso, del Partido Justicialista, en el que cunde la consigna del sálvese quien pueda. Urge combatir los vientos de involución y estimular a quienes, contra viento y marea muchas veces, han sido capaces de aumentar los 44 millones de toneladas de la producción de granos en 1984/1985 a los 95 millones de toneladas de 2007/2008.
Celebremos ese salto del 116 por ciento en menos de un cuarto de siglo y contribuyamos a que la agroindustria argentina, orgullo del trabajo y de la creatividad nacionales, haga los nuevos aportes al interés general del país para los que se ha preparado. Lo necesita la sociedad en su conjunto y, sobre todo, la franja de excluidos para ser partícipes de la distribución de una riqueza sustentable en el tiempo.
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