La economía plantea un problema de inseguridad jurídica: el Gobierno no sincera los índices del Indec, porque no quiere reconocer sus errores políticos y económicos y, además, porque todavía no acierta a solucionar los elevados niveles de inflación que padece el país.
Pero los increíbles guarismos que difunde el Indec no sólo irritan a la sociedad y deterioran el capital político del Gobierno, sino que, también, producen un triple perjuicio: a los bonistas y a otros ahorristas -entre ellos, los jubilados y los afiliados a AFJP- por el deterioro de sus ganancias; al país, por la reducción que las calificadoras de riesgo asignan a la categoría crediticia del país, y a las empresas, por el encarecimiento del crédito.
Un fraude en los índices económicos es muy difícil de probar a nivel de una causa penal. El debate se trabará entre quienes afirman que los índices son falsos y quienes dicen que sólo cambió la metodología de la medición. Pero, tarde o temprano, se verá reflejado en un creciente número de reclamos judiciales ante tribunales nacionales -ya hay una causa ante el juez Rodolfo Canicoba Corral- e internacionales.
La violencia y la criminalidad plantean un problema de inseguridad física.
Fuentes del gobierno bonaerense admiten que el delito, en ese distrito, está llegando a picos muy elevados. No hay sólo una percepción creciente de inseguridad, sino que el problema es real y cada vez más agudo.
Por el momento, el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, viene acertando en la política de persecución de bandas del narcotráfico, pero parece fallar en la asignación de recursos policiales.
Fuentes de la justicia bonaerense creen que Stornelli debería sacar a la calle, para realizar tareas de prevención, entre 8000 y 10.000 policías más, que actualmente realizan tareas de escritorio o cumplen guardias de seguridad privada.
En ese contexto, queda poco margen político para el proyecto de despenalizar la tenencia de drogas que impulsa el ministro de Justicia nacional, Aníbal Fernández. En el conurbano y en los grandes centros urbanos, las autoridades detectan una relación directa entre el delito y el consumo de drogas.
Al mismo tiempo, parece necesario que los jueces asuman el deber de acelerar las causas penales. Los jueces no tienen la tarea de prevenir el delito, pero jueces y leyes del Congreso que limiten las excarcelaciones o que acortan los procesos judiciales pueden sacar a muchos delincuentes de las calles.
Recientemente, el Congreso nacional aprobó la ley 26.374, que acortó notablemente el plazo de las apelaciones y de los juicios penales. Pero las cámaras de apelaciones de muchos puntos del país dictaron acordadas en que dicen que están sobrecargadas de trabajo y que no pueden asumir la tarea que les impone el Congreso. Eso es sólo parcialmente cierto.
Aníbal Fernández le pidió a Corte Suprema que mejore la asignación de recursos y el alto tribunal le notificó ayer que esa es una tarea del Consejo de la Magistratura. Por ahora, el problema sigue sin solución.
JusticiaAbrupto cambio de agenda
Por Adrián Ventura
lanacion.com | Política | Mi?oles 13 de agosto de 2008
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