El poder ejecutivo,sin ley del Congreso, aumentó las alícuotas y también decidió redistribuir riqueza, algo que sólo puede hacer el Congreso.

La presidenta Cristina Kirchner, por medio de un simple decreto, decidió tomar unos 1300 millones que pagará el campo en concepto de retenciones para construir caminos, viviendas y hospitales. Pero también fue más allá: entregó al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, la atribución de manejar esas asignaciones presupuestarias.

Eso es lo que surge expresamente del decreto 904/08, que ayer fue publicado en el Boletín Oficial y cuyos escasos siete artículos son demasiado imprecisos frente a la importancia política que se le pretende asignar a la norma.

En efecto, el decreto crea un programa de redistribución social; afecta las retenciones que pagará el agro por los próximos dos años; dispone que los ministerios de Planificación, de Economía y de Salud administrarán los fondos y, como único criterio de distribución, establece que se repartirán entre las provincias y municipios que firmen convenios con el Poder Ejecutivo. La reasignación de partidas estará en manos de la Jefatura de Gabinete.

Por supuesto que es loable construir hospitales, viviendas y caminos. Pero lo que sí es cuestionable es la forma de satisfacer ese fin: por decisión del Poder Ejecutivo, sin intervención del Congreso nacional, y en una medida que pone la carga, exclusivamente, sobre las espaldas del campo. Es imaginable que, en el futuro, otras actividades rentables estarán amenazadas por una decisión política semejante. Quizá tan sólo estén a salvo quienes explotan el juego de azar o se inscriben en el capitalismo de amigos.

Las privatizaciones de los años 90 se negociaron y renegociaron con intervención del Congreso, por vía de decretos delegados, algunos de los cuales fueron aprobados por la Comisión Bicameral o las cámaras legislativas (por ejemplo, la concesión de Aeropuertos y otra vinculada con el gas). No hay nada de objetable en ello.

Ahora, en cambio, en materia de retenciones (que son impuestos), precisamente donde la Constitución impone la insoslayable intervención del Congreso, el Poder Ejecutivo incurrió en varias arbitrariedades: sin ley del Congreso, aumentó las alícuotas y también decidió redistribuir riqueza, algo que sólo puede hacer el Congreso. Por eso, un escueto decreto no alcanza para sanear esos vicios, como señalo la jueza Liliana Heiland anteayer.

Temas de la Justicia
Un decreto que no soluciona nada

Por Adrián Ventura

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LANACION.com | Política | Miércoles 11 de junio de 2008