La inflación se ha transformado en un problema creciente y alcanza niveles intolerables para cualquier modelo razonable.

El Gobierno parece lanzado a continuar con una fuerte expansión de su ya enorme intervención en la economía. A la maraña de subsidios, compensaciones, retenciones, topes a la rentabilidad, precios máximos, cupos, fijación de tarifas políticas, prohibiciones de exportaciones se suman los impulsos para que empresas consideradas estratégicas queden en manos de grupos económicos considerados afines al Gobierno.

¿Será ése el papel que debe cumplir el Estado? Difícil encontrar hoy en día la voz de un solo empresario, salvo los del campo, que denuncie que el sector público intenta administrar la propiedad privada y fijar precios, costos, salarios, tarifas y separar a los conversos al nuevo modelo de los réprobos, que deben ser castigados.

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, reclama nombres y listas de quienes compran o venden títulos públicos, de los proveedores que aumentan los precios, de los dirigentes agropecuarios que primero protestaron y ahora negocian con las autoridades. Hubo entidades y empresas que no han cedido a las presiones y se negaron a entregar los datos, a pesar de los duros modos que, según los informantes, despliega el funcionario, quien parece no reconocer límite alguno para su accionar. No hay territorio económico que le sea ajeno, más allá de lo que las leyes y las reglamentaciones digan.

Nadie se ha preguntado en público qué autoridad tiene el funcionario para hacer inteligencia interna y nadie tampoco lo ha denunciado por intentar acceder a datos privados resguardados por normas de confidencialidad y que sólo los jueces, en el marco de causas concretas, pueden solicitar.

El fracaso de los métodos de Moreno está a la vista. La inflación se ha transformado en un problema creciente y alcanza niveles intolerables para cualquier modelo razonable. Mientras desde la Casa Rosada se defienden las retenciones como modelo de redistribución a favor de los pobres, no se acierta para detener el alza constante del costo de vida. No hay nada más dañino para las finanzas de los sectores medios y bajos que la inflación. Es el impuesto perfecto para redistribuir el ingreso en favor de los ricos. Pretender combatirlo con retenciones equivale a tratar de detener un huracán con un ventilador.

Para colmo, no hay un plan contra la inflación en el Gobierno más que la persistencia en los viejos métodos, que ya no funcionan. Sectores afines al modelo, como la UIA, ya han comenzado a hacer saber que la rentabilidad está en baja y que es necesario un financiamiento seguramente estatal para mejorar el perfil de las compañías. La influyente AEA fue más directa y ayer reclamó directamente que se contenga la inflación.

Sería una lástima que el Gobierno reaccione a estas sensatas observaciones dándose por ofendido y sospechando que existen conspiraciones y desafíos políticos.

Por Jorge Oviedo