La respuesta del gobierno colombiano no se hizo esperar ante esta insólita actitud del presidente venezolano. El ministro del Interior colombiano, Carlos Holguín, calificó la actitud de Chávez de "insólita y desproporcionada", y el principal asesor del presidente Alvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, expresó que "la condición de terrorista" de esos grupos no es merecida por lo que dicen sino por "los hechos que cometen", y los calificó de "organizaciones que ejercen la violencia contra un gobierno democrático" y contra el pueblo colombiano.
Es comprensible el rechazo que ha provocado en Colombia, así como en otros países del mundo, esa solicitud del presidente Chávez. Basta con escuchar los relatos de las recién liberadas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo sobre las condiciones de su cautiverio y las de sus compañeros de infortunio, para saber que las FARC tienen bien ganado el calificativo que ostentan. En definitiva, son sus actos y no la decisión de un gobierno los que las hacen un grupo terrorista.
Las FARC han hecho del terrorismo su principal arma de combate para destruir oleoductos, sistemas eléctricos, abastecimientos de agua potable y otros bienes comunitarios; han provocado indiscriminados y crueles atentados que causaron la muerte de inocentes ciudadanos, y han ejecutado sumariamente a aquellos que se atreven a desertar de sus filas. Junto con el ELN, hace mucho tiempo que dejaron de ser organizaciones políticas para convertirse en bandas armadas que se financian con el narcotráfico y se apoyan en una cadena internacional de complicidades para constituirse en una grave amenaza para la región.
Editorial I
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