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sábado, 7 de julio de 2012
La marihuana sale del armario
MADRID.- Poco a poco, la batalla por la legalización de las drogas va abriéndose camino y haciendo retroceder a quienes, contra la evidencia misma de los hechos, creen que la represión de la producción y el consumo es la mejor manera de combatir el uso de estupefacientes y las cataclísmicas consecuencias que tiene el narcotráfico en la vida de las naciones.
Hay que aplaudir la valerosa decisión del gobierno de Uruguay y de su presidente, José Mujica, de proponer al Parlamento una ley legalizando el cultivo y la venta de cannabis. De ser aprobada -lo que parece seguro, pues el Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras y, además, hay diputados y senadores de los partidos de oposición, Blanco y Colorado, que aprueban la medida-, ésta infligirá un duro revés a las mafias que, de un tiempo a esta parte, utilizan a ese país no sólo como mercado de la droga, sino como una plataforma para exportarla a Europa y Asia. Esta ley forma parte de una serie de disposiciones encaminadas a combatir la "inseguridad ciudadana", agravada de un tiempo a esta parte en Uruguay, al igual que en toda América latina, por la criminalidad asociada al narcotráfico.
"Alguien tiene que ser el primero", declaró el presidente Mujica a O'Globo, de Brasil. "Alguien tiene que empezar en América del Sur. Porque estamos perdiendo la batalla contra las drogas y el crimen en el continente." Y el ministro de Defensa de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, señaló, como razón central de este paso audaz, que "la prohibición de ciertas drogas le está generando al país más problemas que la droga misma". No se puede decir de manera más lúcida y concisa una verdad de la que tenemos pruebas todos los días, en el mundo entero, con las noticias de los asesinatos, secuestros, torturas, atentados terroristas, guerras gansteriles, que están sembrando de cadáveres inocentes las ciudades del mundo, y el deterioro sistemático de las instituciones democráticas de los países, cada día más numerosos, donde los poderosos carteles de la droga corrompen funcionarios, jueces, policías, periodistas y a veces deciden los resultados de las justas electorales. La prohibición de la droga sólo ha servido para convertir al narcotráfico en un poder económico y criminal vertiginoso que ha multiplicado la inseguridad y la violencia y que podría muy pronto llenar el Tercer Mundo de narco-Estados.
Según las primeras informaciones, este proyecto de ley pondrá en manos del Estado uruguayo el control de la calidad, cantidad y precio de la marihuana, y los compradores deberán registrarse y tener cumplidos 18 años de edad. Cada comprador podrá adquirir un máximo de 40 porros al mes y los impuestos que graven la venta se emplearán en tratamientos de rehabilitación y de prevención y en la creación de un centro de control de calidad del producto. En un comentario a la iniciativa uruguaya que leo en Time Magazine, por lo demás muy favorable a la medida, se recuerda el mal administrador que suele ser el sector público, y con buen juicio se deplora que no se deje en libertad al sector privado de llevar a cabo esta tarea, eso sí, bajo una estricta regulación.
En ese mismo ensayo se examina lo ocurrido en Portugal, donde desde hace una decena de años se legalizó de manera parcial la marihuana sin que ello haya traído consigo el aumento del consumo de drogas más fuertes, que es lo que suelen alegar que ocurrirá los que se oponen de manera irreductible a la legalización de las llamadas drogas blandas. Time Magazine recuerda además que, según las últimas encuestas, un 50% de los ciudadanos de Estados Unidos se declaran a favor de la legalización del cannabis. Extraordinaria evolución cuando uno recuerda la tempestad de críticas, y hasta de injurias, que recibió hace algunas décadas Milton Friedman cuando defendió la legalización de las drogas y predijo el absoluto fracaso de las políticas de represión en las que los gobiernos de Estados Unidos han gastado ya muchos billones de dólares.
El gobierno de Uruguay, al atreverse a legalizar la marihuana, hace suyos muchos de los argumentos y estudios que viene difundiendo la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, que encabezan los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, y de la que yo mismo formo parte con otras 18 personas, de distintas profesiones y quehaceres, de la región. Recibida al principio con reticencias y preocupación, y a veces duras críticas, esta Comisión ha ido ganando audiencia y respetabilidad por la seriedad de sus trabajos, en los que han participado siempre especialistas destacados, por su espíritu dialogante y la clara vocación democrática que la inspira.
El problema de la droga ya no sólo concierne a la salud pública, al descarrío de tantos niños y jóvenes a que muchas veces conduce, y ni siquiera a los terribles índices del aumento de la criminalidad que provoca, sino a la misma supervivencia de la democracia. La política represiva no ha restringido el consumo en país alguno, pues en todos, desarrollados o subdesarrollados, ha seguido creciendo de manera paulatina, y sí ha tenido en cambio la perversa consecuencia de encarecer cada vez más los precios de las drogas. Esto ha transformado a los carteles que controlan su producción y comercialización en verdaderos imperios económicos, armados hasta los dientes con las armas más modernas y mortíferas, con recursos que les permiten infiltrarse en todos los rodajes del Estado y una capacidad de intimidación y corrupción prácticamente ilimitada.
Por Mario Vargas Llosa | Para LA NACION
Lo ocurrido en México es sumamente instructivo. El presidente Calderón, consciente del enorme riesgo para el funcionamiento de las instituciones que representaba el narcotráfico, decidió combatirlo de manera frontal, incorporando al ejército a esta lucha. Los 50.000 muertos que esta guerra lleva ya en su haber no parecen haber hecho mayor mella en las actividades criminales de los mafiosos, ni haber disminuido para nada el consumo de drogas blandas o duras en la sociedad mexicana, y sí, en cambio, ha desatado una creciente desesperanza y decepción hacia el gobierno, al que se reprocha incluso, con dureza, "haber declarado una guerra que no se podía ganar". ¡Fantástica conclusión! ¿Había, pues, que bajar los brazos, rendirse, mirar para otro lado, y dejar que los pistoleros y traficantes de la droga se fueran apoderando poco a poco de todas las instituciones de México, que pasaran a ser ellos los verdaderos gobernantes de ese país?
Evidentemente, ésa no podía ser la solución. ¿Cuál entonces? La que, con gran mérito, está emprendiendo el gobierno uruguayo. Cambiar de táctica, pues la puramente represiva no sirve y es contraproducente, ya que beneficia a la mafia, a la que enriquece y confiere más poder. En las actuales circunstancias, la primera prioridad no es poner fin a la producción y al consumo de drogas, sino acabar con la criminalidad que depende íntimamente de estas actividades. Y para ello no hay otro camino que la legalización.
Desde luego que legalizar las drogas implica riesgos. Deben ser tomados en cuenta y combatidos. Por ello, quienes defendemos la legalización siempre subrayamos que esta medida debe ir acompañada de un esfuerzo paralelo para informar, rehabilitar y prevenir el consumo de estupefacientes perjudiciales para la salud. Se ha hecho en el caso del tabaco y con bastante éxito, en el mundo entero. El consumo de cigarrillos ha disminuido y hoy día quedan pocos lugares donde los ciudadanos no sepan los riesgos a los que se exponen fumando. Si quieren correrlos, sabiendo muy bien lo que hacen, ¿no es su derecho hacerlo? Yo creo que sí y que no está entre las funciones del Estado impedir a un ciudadano que goza de sus facultades llenarse los pulmones de nicotina si le da su real gana.
Siempre he tenido una gran simpatía por Uruguay, desde el año 1966, en que fui a Montevideo por primera vez y descubrí que América latina no era sólo una tierra de gorilas y terroristas, de revolucionarios y fanáticos, de explotadores y explotados, que podía ser también tierra de tolerancia, coexistencia, democracia, cultura y libertad. Es verdad que Uruguay pasó a vivir luego la atroz experiencia de una dictadura militar. Pero la vieja tradición democrática le ha permitido recuperarse más pronto que otros países y hoy, quién lo hubiera dicho, bajo un gobierno de un Frente Amplio que parecía tan radical, y un presidente de 77 años que fue guerrillero, es otra vez un modelo de legalidad, libertad, progreso y creatividad, un ejemplo que los demás países latinoamericanos deberían seguir.
lunes, 25 de junio de 2012
Antes que despenalizar, salvar vidas
El debate sobre la despenalización de drogas no contempla dimensiones que hay que tener en cuenta para no quedar limitados a tecnicismos que se alejan del drama que viven miles de familias: en este momento un adicto es abandonado por el Estado que le niega la posibilidad de un tratamiento para poder salvar su vida.
El Parlamento debe escuchar los dramáticos relatos de quienes mueren o están presos a causa de la droga sin que sus familias puedan hacer nada por evitarlo. Hay que ir a escuchar estas historias a los barrios, donde las drogas y en especial el paco, están destruyendo generaciones.
La CC-ARI presentó un proyecto de ley en el que da una respuesta integral: un Programa Nacional de prevención y asistencia de las adicciones; lucha contra el narcotráfico; despenalización del consumo como principio de reserva del individuo; medidas curativas para los adictos que resultan sometidos a proceso penal ; la creación de un tipo penal específico que castigue a quien desvíe precursores químicos a la producción de estupefacientes y el agravamiento de penas para el narcotráfico.
Lo hacemos en atención al alcance completo que tiene el exhorto de la Corte. El agravamiento de las penas previsto para jefes, financistas y organizadores de los carteles de la droga, si bien no resulta suficiente como política criminal de lucha contra el narcotráfico, pues debe ir aunado una estrategia de combate y prevención por parte de los órganos estatales competentes ; debe incorporarse para jerarquizar la importancia del bien jurídico protegido.
Se debe aplicar la mayor pena dentro de los parámetros constitucionales llevando al jefe de una organización a cadena perpetua.
Es obvio que nadie puede castigar con una pena criminal al que tiene dosis para consumo personal porque eso sería penar a un enfermo, pero es imprescindible que la autoridad judicial ordene la internación en los casos graves, aunque no haya delito, cuando la persona pueda dañarse a sí mismo o a terceros.
También lo debe poder hacer a pedido de sus familiares o convivientes.
Se trata de salvar vidas, no de abandonarlas ni condenarlas.
Hasta que sea creado un fuero especial, mantenemos en cabeza del Juez el control del tratamiento en los casos en que a pesar de haberse cumplido el tiempo de la pena persistiera ese peligro. El tratamiento debería continuar en establecimientos especializados fuera de las unidades penitenciarias.
Es esencial escuchar y dar participación activa a familiares y afectos del paciente. Incluso darle la facultad al Juez de disponer de oficio el tratamiento cuando las circunstancias médicas establecidas por dictamen pericial así lo requieran.
Eliminar el contralor judicial implicaría dejar en el abandono al enfermo dado las deficiencias en el área de salud que pretendemos disminuir con el Programa . Hay jueces que creen que esto es una cuestión académica cuando se trata del problema más grave de la Nación: el narcotráfico y los adictos que genera.
Banalizar el debate sin tener en cuenta el enorme crecimiento del narcotráfico y de las adicciones a drogas más dañinas es dejar desamparadas a miles de personas que están reclamando vivir.
domingo, 6 de mayo de 2012
La marihuana que resulta tan seductora y destructiva
Por Ricardo Larrondo | LA NACION
El consumo de la picadura de marihuana se popularizó en el mundo occidental hacia fines de la década del 50, en particular en los sectores juveniles. Desde ese entonces, su consumo no ha dejado de crecer en la Argentina y en el mundo.
En la actualidad es la droga de iniciación en el país y, según un relevamiento oficial, en 2011 casi el 20 por ciento de la población recibió ofertas para consumir cigarrillos de marihuana ( cannabis sativa ).
Ese estupefaciente goza hoy de una alta tolerancia social. Para el común de la gente, la marihuana es falsamente catalogada como una droga "menor", que sólo produce un bienestar sin riesgos. Pero la realidad es otra, pues el consumo constante genera males irreversibles, dicen los expertos.
Una encuesta de consumo de drogas realizada por la Sedronar en 2010, reveló que unas 600.000 personas entre los 12 y 65 años aceptaron haber consumido marihuana en ese año.
Esto, en parte, en que el grado medio de adicción de la marihuana suele ser alto y, por ello, resulta difícil dejar su consumo.
Según el profesor Juan Carlos Leza Cerro, titular de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, si se la compara con otras drogas, la marihuana posee una dependencia física débil en pequeñas y esporádicas dosis.
Pero si la ingesta es mayor y se prolonga en el tiempo, suele producir, como varios síntomas de riesgo, desasosiego, irritabilidad, agitación, temblores, anorexia, insomnio y temblores acompañados de náuseas.
Por ello la marihuana induce a una dependencia fundamentalmente psicológica. Para el mismo especialista, según los estudios realizados en aquella prestigiosa casa de estudios, el consumo de marihuana en forma constante o su abuso puede generar distintas complicaciones clínicas en las personas, tales como:
Sistema cardiovascular: elevada presión arterial, acompañada de severas taquicardias que, según el caso, pueden ser mortales.
Aparato respiratorio: distintas sustancias de la marihuana producen broncodilatación, pero este efecto suele enmascararse en irritaciones como laringitis, traqueítis y bronquitis.
Aparato digestivo: las citadas sustancias pueden producir diarrea e irritación intestinal.
Efectos psicológicos: se inician pocos minutos después del consumo y duran entre 60 y 90 minutos. Comienza un período de excitación con una sensación de bienestar y de euforia. La percepción temporal se altera, al igual que la audición y la visión, especialmente la distinción de los colores.
Tampoco es raro que surja una rara hilaridad, locuacidad momentánea y megalomanía. Puede terminar el efecto de la marihuana con un acceso de bulimia y se han demostrado alteraciones severas de la memoria.
Eso es sólo el principio.
lunes, 16 de abril de 2012
Trata: Los Zetas compran mujeres en la Argentina
Los narcotraficantes mexicanos han decidido, de un tiempo a esta parte, incursionar en nuevos negocios: al de las drogas sumaron, ahora, la captación de mujeres a las que ubican en antros de toda clase donde serán explotadas sexualmente. De esa ampliación del campo de acción no es ajena la Argentina: corresponsales de los principales carteles del Norte ya están reclutando, por la fuerza o bajo engaños, víctimas en el interior.
Así lo afirmó la periodista y escritora mexicana Lydia Cacho, una de las voces más autorizadas en la temática a nivel regional, de visita en el país para la presentación de su libro Esclavas del poder , en el que ha documentado un exhaustivo mapa de las redes de trata y explotación sexual de mujeres.
"Tengo evidencia clarísima de la presencia de carteles de droga [mexicanos] relacionados con la trata que ya están operando en la Argentina, en Córdoba y en una ruta hacia el norte del país, en muchos casos creando y aprovechando vínculos con pequeñas comunidades provinciales que están en situación de pobreza y cuya economía está dañada. Tanto Los Zetas como el Cartel de Sinaloa ya están aquí. Estos criminales organizados comenzaron a instalarse y están comprando seres humanos", afirmó Cacho, que se presentó el lunes pasado en el hotel Sofitel, patrocinada por su editor, Cristóbal Pera, de Random House Mondadori.
Seis guardaespaldas la acompañan a todos lados todo el tiempo. Y ella misma está en actitud de guardia permanente; su profunda mirada, que ha visto el horror, escruta a conciencia todo lo que se mueve dentro de su campo de acción; nada de lo que sucede a su alrededor le pasa desapercibido. Motivos le sobran: ha sido secuestrada, torturada y la mafia del narco-proxenetismo de México la tiene bajo amenaza de muerte.
Cacho, de 46 años, es capaz de descorrer el velo de un drama que, en nuestro país, parece invisibilizado. "Según estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Crimen [Onudc], en la Argentina hay medio millón de mujeres atrapadas en redes de trata, y existen 8000 prostíbulos, entre ellos los mil verificados en la ciudad de Buenos Aires por la ONG La Alameda. Y es bien conocido, tanto en el país como en el extranjero, que la Argentina tiene toda esa cultura de la prostitución aparentemente normalizada no sólo por la sociedad, sino también por el sistema político."
Sostiene, como para dejar bien claro este último concepto: "La cultura prostibularia no se puede desarrollar sin apoyo y protección política".
"EJERCICIO DE LA CRUELDAD"
Esclavas del poder , el libro que la trajo al país, es fruto de una investigación periodística que le llevó cinco años y que nace de historias de mujeres y niñas que sobrevivieron a su venta a las redes mundiales de trata. Cacho tomó casos en primera persona y los investigó hasta dar con las mafias de tratantes. "En estos cinco años he visto el ejercicio de la crueldad más infame, con niñitas prostituidas, vejadas. Pero también vi gente arriesgándolo todo por salvarlas. Eso me ayudó a no perder la cordura ante tanto horror y a no perder la fe en el condición humana."
Una de las más inquietantes revelaciones que dejó en su conferencia en el hotel Sofitel, además de las relacionadas con la Argentina, fue la de la simbiosis entre las operaciones del narcotráfico y la trata. "Ha habido cambios en los modos de operación de los tratantes. Las investigaciones demuestran que Los Zetas y el Cartel de Sinaloa, por ejemplo, se han metido de lleno en estas operaciones porque vender un ser humano es mucho más redituable que vender droga. Lo dijo un ex traficante detenido en California al que pude entrevistar: un kilo de cocaína lo vendes una vez y a una niña puedes venderla cientos de veces."
La escritora y periodista puso bajo su lupa un caso que, recientemente, tuvo amplia repercusión política y mediática en nuestro país: la denuncia de Lorena Martins contra su padre, el ex agente de inteligencia argentino Raúl Martins, como proxeneta e integrante de una red de trata de mujeres, y la revelación hecha por la mujer de la eventual relación -a través de terceras personas- del ex espía con el actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
"Expertos mexicanos dicen que si Raúl Martins fuera extraditado a la Argentina la situación de la trata cambiaría en la región, porque hubo un avance en el caso que podría influir en el corredor entre Paraguay, Brasil, Bolivia, México. Los prostíbulos mexicanos atribuidos a Martins siguen funcionando con menos mujeres argentinas, porque ha cambiado el mercado. El mercado lo determinan los clientes y ahora los clientes buscan más cubanas, brasileñas y paraguayas."
EL ROL DE LA SOCIEDAD
A la hora de explicar el posible motivo de esa merma en la captación de argentinas por parte de las redes internacionales de trata, además de aquello tan efímero como "la demanda de los clientes", le bastó un nombre: "Susana Trimarco", madre de Marita Verón, la joven madre desaparecida hace una década y cuyo caso es actualmente objeto de un juicio. Cacho sostiene que a partir de la visibilidad que la lucha de Trimarco y de otras organizaciones de la sociedad civil ha dado a la temática "ha subido el costo para ciertas mafias, al menos en delitos internacionales".
"En América latina la labor de la sociedad civil está por encima de la acción de los Estados a la hora de enfrentar la temática de las redes y la esclavitud sexual, por el movimiento de mujeres y las feministas y las organizaciones civiles. No conozco ningún otro país donde sea tan efectivo el trabajo de la sociedad civil como en la Argentina, aunque nunca encontré un país con tanta resistencia de un Estado a ir contra la trata como el argentino."
Con todo, resaltó algunos avances, como la decisión de prohibir el llamado Rubro 59 en los diarios. "Es una medida que sirve. La psicóloga e investigadora estadounidense Melissa Farley demostró cómo la mayoría de los anuncios de prostitución de los diarios están directamente relacionados con redes de tratantes."
UNA VOZ AUTORIZADA
"Tengo evidencia de la presencia de carteles de droga [mexicanos] relacionados con la trata que ya están operando en la Argentina, en Córdoba y en una ruta hacia el norte del país"
"La Argentina tiene una cultura de la prostitución aparentemente normalizada no sólo por la sociedad sino también por el sistema político. Esa cultura prostibularia no se puede desarrollar sin protección y apoyo político"
"Hubo cambios en los modos de operación de los tratantes. Los Zetas y el cartel de Sinaloa, por ejemplo, se han metido de lleno en estas operaciones porque vender un ser humano es mucho más redituable que vender droga"
Así lo afirmó la periodista y escritora mexicana Lydia Cacho, una de las voces más autorizadas en la temática a nivel regional, de visita en el país para la presentación de su libro Esclavas del poder , en el que ha documentado un exhaustivo mapa de las redes de trata y explotación sexual de mujeres.
"Tengo evidencia clarísima de la presencia de carteles de droga [mexicanos] relacionados con la trata que ya están operando en la Argentina, en Córdoba y en una ruta hacia el norte del país, en muchos casos creando y aprovechando vínculos con pequeñas comunidades provinciales que están en situación de pobreza y cuya economía está dañada. Tanto Los Zetas como el Cartel de Sinaloa ya están aquí. Estos criminales organizados comenzaron a instalarse y están comprando seres humanos", afirmó Cacho, que se presentó el lunes pasado en el hotel Sofitel, patrocinada por su editor, Cristóbal Pera, de Random House Mondadori.
Seis guardaespaldas la acompañan a todos lados todo el tiempo. Y ella misma está en actitud de guardia permanente; su profunda mirada, que ha visto el horror, escruta a conciencia todo lo que se mueve dentro de su campo de acción; nada de lo que sucede a su alrededor le pasa desapercibido. Motivos le sobran: ha sido secuestrada, torturada y la mafia del narco-proxenetismo de México la tiene bajo amenaza de muerte.
Cacho, de 46 años, es capaz de descorrer el velo de un drama que, en nuestro país, parece invisibilizado. "Según estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Crimen [Onudc], en la Argentina hay medio millón de mujeres atrapadas en redes de trata, y existen 8000 prostíbulos, entre ellos los mil verificados en la ciudad de Buenos Aires por la ONG La Alameda. Y es bien conocido, tanto en el país como en el extranjero, que la Argentina tiene toda esa cultura de la prostitución aparentemente normalizada no sólo por la sociedad, sino también por el sistema político."
Sostiene, como para dejar bien claro este último concepto: "La cultura prostibularia no se puede desarrollar sin apoyo y protección política".
"EJERCICIO DE LA CRUELDAD"
Esclavas del poder , el libro que la trajo al país, es fruto de una investigación periodística que le llevó cinco años y que nace de historias de mujeres y niñas que sobrevivieron a su venta a las redes mundiales de trata. Cacho tomó casos en primera persona y los investigó hasta dar con las mafias de tratantes. "En estos cinco años he visto el ejercicio de la crueldad más infame, con niñitas prostituidas, vejadas. Pero también vi gente arriesgándolo todo por salvarlas. Eso me ayudó a no perder la cordura ante tanto horror y a no perder la fe en el condición humana."
Una de las más inquietantes revelaciones que dejó en su conferencia en el hotel Sofitel, además de las relacionadas con la Argentina, fue la de la simbiosis entre las operaciones del narcotráfico y la trata. "Ha habido cambios en los modos de operación de los tratantes. Las investigaciones demuestran que Los Zetas y el Cartel de Sinaloa, por ejemplo, se han metido de lleno en estas operaciones porque vender un ser humano es mucho más redituable que vender droga. Lo dijo un ex traficante detenido en California al que pude entrevistar: un kilo de cocaína lo vendes una vez y a una niña puedes venderla cientos de veces."
La escritora y periodista puso bajo su lupa un caso que, recientemente, tuvo amplia repercusión política y mediática en nuestro país: la denuncia de Lorena Martins contra su padre, el ex agente de inteligencia argentino Raúl Martins, como proxeneta e integrante de una red de trata de mujeres, y la revelación hecha por la mujer de la eventual relación -a través de terceras personas- del ex espía con el actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
"Expertos mexicanos dicen que si Raúl Martins fuera extraditado a la Argentina la situación de la trata cambiaría en la región, porque hubo un avance en el caso que podría influir en el corredor entre Paraguay, Brasil, Bolivia, México. Los prostíbulos mexicanos atribuidos a Martins siguen funcionando con menos mujeres argentinas, porque ha cambiado el mercado. El mercado lo determinan los clientes y ahora los clientes buscan más cubanas, brasileñas y paraguayas."
EL ROL DE LA SOCIEDAD
A la hora de explicar el posible motivo de esa merma en la captación de argentinas por parte de las redes internacionales de trata, además de aquello tan efímero como "la demanda de los clientes", le bastó un nombre: "Susana Trimarco", madre de Marita Verón, la joven madre desaparecida hace una década y cuyo caso es actualmente objeto de un juicio. Cacho sostiene que a partir de la visibilidad que la lucha de Trimarco y de otras organizaciones de la sociedad civil ha dado a la temática "ha subido el costo para ciertas mafias, al menos en delitos internacionales".
"En América latina la labor de la sociedad civil está por encima de la acción de los Estados a la hora de enfrentar la temática de las redes y la esclavitud sexual, por el movimiento de mujeres y las feministas y las organizaciones civiles. No conozco ningún otro país donde sea tan efectivo el trabajo de la sociedad civil como en la Argentina, aunque nunca encontré un país con tanta resistencia de un Estado a ir contra la trata como el argentino."
Con todo, resaltó algunos avances, como la decisión de prohibir el llamado Rubro 59 en los diarios. "Es una medida que sirve. La psicóloga e investigadora estadounidense Melissa Farley demostró cómo la mayoría de los anuncios de prostitución de los diarios están directamente relacionados con redes de tratantes."
UNA VOZ AUTORIZADA
"Tengo evidencia de la presencia de carteles de droga [mexicanos] relacionados con la trata que ya están operando en la Argentina, en Córdoba y en una ruta hacia el norte del país"
"La Argentina tiene una cultura de la prostitución aparentemente normalizada no sólo por la sociedad sino también por el sistema político. Esa cultura prostibularia no se puede desarrollar sin protección y apoyo político"
"Hubo cambios en los modos de operación de los tratantes. Los Zetas y el cartel de Sinaloa, por ejemplo, se han metido de lleno en estas operaciones porque vender un ser humano es mucho más redituable que vender droga"
martes, 12 de julio de 2011
Adicciones: hallan una pieza clave
Nora Bar
LA NACION
Aunque lo hagamos de forma totalmente inconsciente, para que nuestras neuronas dialoguen entre sí es necesario que se produzca un intercambio químico: la liberación de neurotransmisores, como la dopamina.
Esta molécula interviene en la detección y anticipación de estímulos placenteros y en las adicciones, y es producida por un grupo de neuronas cuyo desequilibrio puede determinar la aparición de trastornos como la esquizofrenia, el déficit de atención y el mal de Parkinson.
"La dopamina es fundamental para que podamos movernos y organicemos nuestras acciones en el espacio y el tiempo", explica el doctor Marcelo Rubinstein, investigador del Instituto de Genética y Biología Molecular (Ingebi), del Conicet, y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Precisamente, en un trabajo que se publica en la última edición de Nature Neuroscience , un grupo liderado por Rubinstein e integrado por Estefanía Bello y Diego Gelman, además de colegas norteamericanos, acaba de mostrar por primera vez in vivo cómo funciona un engranaje clave para la automodulación de las neuronas dopaminérgicas.
"Descubrimos cómo actúa un receptor muy particular cuya existencia se conocía in vitro -cuenta Rubinstein-. Y lo hicimos creando algo que nos pone muy orgullosos: el primer y único ratón mutante del país, para lo cual tuvimos que aplicar una técnica que permite introducir modificaciones en cualquier gen y que muy pocos países periféricos dominan."
En efecto, el trabajo es una detallada disección de los engranajes que intervienen en la liberación y posterior recaptación de este neurotransmisor.
"La dopamina es lo que más nos diferencia de las plantas -dice Rubinstein-. Estas obtienen su energía del sol, entonces no tienen que moverse. Los animales tenemos que salir a buscar nuestro alimento y por eso los sistemas nerviosos fueron evolucionando para poder planificar la organización espaciotemporal de forma más eficiente a partir de claves contextuales que nos permiten decidir cuándo hay altas probabilidades de que ocurra un evento beneficioso y cuándo no. Nos permite detectar y predecir estímulos placenteros o recompensas, como el alimento."
Recompensa y anticipación
Experimentos en monos ya habían mostrado que las neuronas productoras de dopamina se activan inmediatamente después de una actividad placentera o de recibir una recompensa. Al hacerlo, liberan el neurotransmisor, que llega a los receptores de las neuronas postsinápticas.
"Estas neuronas están vinculadas con la sensación de placer -explica Rubinstein-. Pero tienen un comportamiento singular. En monos, si uno emite un tono un segundo antes de darles jugo de manzana, que les gusta, su activación se adelanta. Es algo similar a lo que ocurre cuando el referí marca un penal: como los hinchas saben que la posibilidad de que se transforme en gol es del 80%, descuentan que se va a producir y lo festejan. Es un sistema predictivo que se basa en claves contextuales y que, como sucede con la publicidad, nos abre expectativas. Ahora, si suena el tono y la recompensa no llega, hay una depresión de dopamina. Quiere decir que se trata de un sistema que no solamente predice, sino que puede producir una sensación de frustración."
Los problemas aparecen cuando hay desequilibrios. Es sabido que el exceso de dopamina puede producir una cantidad de alteraciones de la conducta o de las sensaciones. Es decir que resulta imprescindible que haya en todo momento una cantidad adecuada de dopamina en el espacio sináptico. Y esto la neurona lo logra recaptando rápidamente la dopamina que libera a través de una "compuerta" llamada "transportador de la dopamina" (que permite que ésta entre, pero no salga) o inhibiendo su producción.
"El transportador de la dopamina es el blanco de la cocaína: lo bloquea y eso hace que haya mucha cantidad libre -dice Rubinstein-. Pero cada neurona puede modular la síntesis de dopamina a través de un «freno» que activa tres mecanismos. Este detecta la cantidad de neurotransmisor que hay en el espacio sináptico y da la señal de alerta."
Para estudiar la acción de esta pieza de la relojería neuronal, Rubinstein y su equipo crearon ratones mutantes que no la tienen.
Así, los científicos pudieron constatar que en ellos está aumentada un 100% la síntesis de dopamina. Esto se traduce en que son hiperlocomotores (se mueven un 30% más), se muestran mucho más inclinados a iniciar actividades que los normales (un 100% más) y tienen aumentada su sensibilidad a la cocaína.
"Registran acondicionamiento a la droga con dosis 10 veces menores", dice Rubinstein. La respuesta a la comida también se ve alterada, ya que manifiestan comportamientos que podrían interpretarse como compulsivos: "Un ratón normal aprieta 256 veces el pedal que le proporciona pequeños pellets de alimento; los modificados, 1024".
Según el científico, aunque no saben si estos animales son "adictos", experimentos actualmente en marcha (pero todavía sin publicar) sugieren que sí.
"El descubrimiento de los autorreceptores neuronales es lo que podríamos llamar un «invento argentino» -cuenta-. En la década del setenta, María Emilia Enero, Salomón Langer, Rodolfo Rothlin, Francisco Estefani y Edda Adler, del Instituto de Investigaciones Farmacológicas, los describieron in vitro en el sistema nervioso periférico, les pusieron el nombre de «autorreceptores» y se dieron cuenta de que la misma neurona que libera también «sensa» el neurotransmisor, lo que le permite ajustar futuras liberaciones. Ellos rompieron con el dogma de que la neurotransmisión era unidireccional. Nuestro trabajo nos permite avanzar más allá."
De aquí en más, sugiere Rubinstein, el conocimiento de estos complejos engranajes bioquímicos podría ofrecer claves vitales para el tratamiento de las adicciones y otras enfermedades del sistema nervioso.
LA NACION
Aunque lo hagamos de forma totalmente inconsciente, para que nuestras neuronas dialoguen entre sí es necesario que se produzca un intercambio químico: la liberación de neurotransmisores, como la dopamina.
Esta molécula interviene en la detección y anticipación de estímulos placenteros y en las adicciones, y es producida por un grupo de neuronas cuyo desequilibrio puede determinar la aparición de trastornos como la esquizofrenia, el déficit de atención y el mal de Parkinson.
"La dopamina es fundamental para que podamos movernos y organicemos nuestras acciones en el espacio y el tiempo", explica el doctor Marcelo Rubinstein, investigador del Instituto de Genética y Biología Molecular (Ingebi), del Conicet, y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Precisamente, en un trabajo que se publica en la última edición de Nature Neuroscience , un grupo liderado por Rubinstein e integrado por Estefanía Bello y Diego Gelman, además de colegas norteamericanos, acaba de mostrar por primera vez in vivo cómo funciona un engranaje clave para la automodulación de las neuronas dopaminérgicas.
"Descubrimos cómo actúa un receptor muy particular cuya existencia se conocía in vitro -cuenta Rubinstein-. Y lo hicimos creando algo que nos pone muy orgullosos: el primer y único ratón mutante del país, para lo cual tuvimos que aplicar una técnica que permite introducir modificaciones en cualquier gen y que muy pocos países periféricos dominan."
En efecto, el trabajo es una detallada disección de los engranajes que intervienen en la liberación y posterior recaptación de este neurotransmisor.
"La dopamina es lo que más nos diferencia de las plantas -dice Rubinstein-. Estas obtienen su energía del sol, entonces no tienen que moverse. Los animales tenemos que salir a buscar nuestro alimento y por eso los sistemas nerviosos fueron evolucionando para poder planificar la organización espaciotemporal de forma más eficiente a partir de claves contextuales que nos permiten decidir cuándo hay altas probabilidades de que ocurra un evento beneficioso y cuándo no. Nos permite detectar y predecir estímulos placenteros o recompensas, como el alimento."
Recompensa y anticipación
Experimentos en monos ya habían mostrado que las neuronas productoras de dopamina se activan inmediatamente después de una actividad placentera o de recibir una recompensa. Al hacerlo, liberan el neurotransmisor, que llega a los receptores de las neuronas postsinápticas.
"Estas neuronas están vinculadas con la sensación de placer -explica Rubinstein-. Pero tienen un comportamiento singular. En monos, si uno emite un tono un segundo antes de darles jugo de manzana, que les gusta, su activación se adelanta. Es algo similar a lo que ocurre cuando el referí marca un penal: como los hinchas saben que la posibilidad de que se transforme en gol es del 80%, descuentan que se va a producir y lo festejan. Es un sistema predictivo que se basa en claves contextuales y que, como sucede con la publicidad, nos abre expectativas. Ahora, si suena el tono y la recompensa no llega, hay una depresión de dopamina. Quiere decir que se trata de un sistema que no solamente predice, sino que puede producir una sensación de frustración."
Los problemas aparecen cuando hay desequilibrios. Es sabido que el exceso de dopamina puede producir una cantidad de alteraciones de la conducta o de las sensaciones. Es decir que resulta imprescindible que haya en todo momento una cantidad adecuada de dopamina en el espacio sináptico. Y esto la neurona lo logra recaptando rápidamente la dopamina que libera a través de una "compuerta" llamada "transportador de la dopamina" (que permite que ésta entre, pero no salga) o inhibiendo su producción.
"El transportador de la dopamina es el blanco de la cocaína: lo bloquea y eso hace que haya mucha cantidad libre -dice Rubinstein-. Pero cada neurona puede modular la síntesis de dopamina a través de un «freno» que activa tres mecanismos. Este detecta la cantidad de neurotransmisor que hay en el espacio sináptico y da la señal de alerta."
Para estudiar la acción de esta pieza de la relojería neuronal, Rubinstein y su equipo crearon ratones mutantes que no la tienen.
Así, los científicos pudieron constatar que en ellos está aumentada un 100% la síntesis de dopamina. Esto se traduce en que son hiperlocomotores (se mueven un 30% más), se muestran mucho más inclinados a iniciar actividades que los normales (un 100% más) y tienen aumentada su sensibilidad a la cocaína.
"Registran acondicionamiento a la droga con dosis 10 veces menores", dice Rubinstein. La respuesta a la comida también se ve alterada, ya que manifiestan comportamientos que podrían interpretarse como compulsivos: "Un ratón normal aprieta 256 veces el pedal que le proporciona pequeños pellets de alimento; los modificados, 1024".
Según el científico, aunque no saben si estos animales son "adictos", experimentos actualmente en marcha (pero todavía sin publicar) sugieren que sí.
"El descubrimiento de los autorreceptores neuronales es lo que podríamos llamar un «invento argentino» -cuenta-. En la década del setenta, María Emilia Enero, Salomón Langer, Rodolfo Rothlin, Francisco Estefani y Edda Adler, del Instituto de Investigaciones Farmacológicas, los describieron in vitro en el sistema nervioso periférico, les pusieron el nombre de «autorreceptores» y se dieron cuenta de que la misma neurona que libera también «sensa» el neurotransmisor, lo que le permite ajustar futuras liberaciones. Ellos rompieron con el dogma de que la neurotransmisión era unidireccional. Nuestro trabajo nos permite avanzar más allá."
De aquí en más, sugiere Rubinstein, el conocimiento de estos complejos engranajes bioquímicos podría ofrecer claves vitales para el tratamiento de las adicciones y otras enfermedades del sistema nervioso.
lunes, 25 de abril de 2011
El dinero de la droga
Existe la percepción creciente de que el crimen organizado transnacional observa a nuestro país como un espacio fecundo para desarrollar sus actividades de narcotráfico y lavado de activos (el "narcolavado"). Los asesinatos de corte mafioso ocurridos en un conocido shopping center; el hallazgo de laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación de drogas sintéticas; toneladas de cocaína secuestradas en los últimos años, y las investigaciones periodísticas sobre las operaciones del narcoterrorismo colombiano en nuestro país son algunos de los elementos objetivos que alimentan esa percepción.
En este contexto, cabe preguntarse por qué motivo el crimen organizado internacional elegiría a nuestro país para consolidar sus operaciones de narcolavado. La interacción de los siguientes siete puntos ayudarán a responder la pregunta.
a) Ley de repatriación de activos: existen ciudadanos del mundo que lograron blanquear sus activos en el sistema económico argentino por la suma total de 18.113 millones de pesos (5000 millones de dólares, aproximadamente). Este fue el resultado de la denominada ley de blanqueo, por medio de la cual se invitaba a repatriar fondos a nuestro país a cambio de beneficios fiscales. Si bien es cierto que el GAFI (organismo internacional dedicado al control del lavado de dinero) no criticó la letra misma del programa fiscal, sí puso el acento en la implementación de controles necesarios para evitar que entre los capitales repatriados se filtraran activos procedentes del crimen. Así las cosas, a más de un año de concluido el programa de blanqueo, ¿podemos estar seguros de que los capitales repatriados provienen todos de actividades honestas, no vinculadas al crimen organizado?
b) Países con altos índices de corrupción: existe una interconexión evidente entre la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos. Las astronómicas ganancias del narcotráfico pueden ser utilizadas para sobornar a las autoridades de un país a cambio de su silencio e impunidad. Según los informes de Transparencia Internacional, la Argentina es percibida como un país con altos índices de corrupción en su actividad pública y privada.
c) Conflictos sociales, políticos y económicos: el narcolavado suele sacar ventaja de la conflictividad social. Mientras las autoridades de un país se ocupan de restablecer la tranquilidad social, el crimen organizado aprovecha la distracción reinante para consolidar su poder territorial o hacer alianzas con otros grupos criminales del lugar (GAFI, Reporte Anual 2010). El presente no es comparable con la situación de caos general vivida en la Argentina en los años 2001 y 2002. Sin embargo, la estabilidad social deseada, sobre todo en lo que hace a los problemas de índole sindical, aún no se ha logrado.
d) Vulnerabilidad en las fronteras: los organismos internacionales han solicitado con urgencia la implementación de mayores controles en zonas sensibles como la triple frontera. Nada sustancial parece haberse hecho hasta ahora. Por lo demás, existen trabajos periodísticos que denuncian la desradarización de la región norte del país.
e) Altos índices de economía informal: el narcolavado se siente cómodo en jurisdicciones con altos índices de economía informal. El ocultamiento, la movilidad y la inversión de activos provenientes del narcotráfico pasan desapercibidos cuando los índices de informalidad son altos y los controles monetarios bajos. La Argentina tiene una economía informal del 25-30%. Se trata de un índice alto, si lo comparamos con el de Estados Unidos (10%), y bajo, si la comparación se establece con Colombia (42%), Perú (60%) o Bolivia (67%) (F. Schneider, Mercado Informal, Corrupción y Gobierno , 2008).
f) Normas "vacías" contra el narco-lavado y marco institucional débil: según recientes estudios de criminología, los Estados débiles, que actúan como si fueran fuertes y sancionan leyes contra el crimen, pero carecen de capacidad operativa para hacer cumplir esas normas, generan un espacio ficticio, entre lo legal y lo irreal, que puede servir de refugio para los grupos criminales. Una reciente auditoría sobre los tribunales federales de nuestro país muestra que los procesos penales por corrupción y narcotráfico tienen una duración promedio superior a los 12 años, y arriba a condena firme un porcentaje muy menor al de las causas iniciadas. En cuanto al delito de lavado de dinero, el panorama es aún más desolador. En veinte años de vigencia del delito de lavado, sólo existen dos condenas firmes, y por casos de poca monta. A su vez, la UIF, organismo encargado de velar por la prevención y cumplimiento de las normas antilavado en la Argentina, está al mando de un presidente designado y removido por voluntad exclusiva del Poder Ejecutivo. Entonces, en este contexto, ¿quién asegura un trato justo e igualitario en las investigaciones que realice la UIF?
Montesquieu decía: "Las leyes son grandes telarañas a través de las cuales pasan moscas grandes y en las que quedan apresadas las pequeñas". En nuestro caso, las moscas grandes (léase el crimen organizado) pueden haber atravesado, en silencio, las prevenciones contra el narco-lavado. Hay que fortalecer las instituciones del Estado; no queda otra alternativa. Todavía estamos a tiempo. Sólo falta que la dirigencia reaccione.
© La Nacion
El autor, abogado, es representante en la Argentina de la red internacional antilavado Fraudnet
En este contexto, cabe preguntarse por qué motivo el crimen organizado internacional elegiría a nuestro país para consolidar sus operaciones de narcolavado. La interacción de los siguientes siete puntos ayudarán a responder la pregunta.
a) Ley de repatriación de activos: existen ciudadanos del mundo que lograron blanquear sus activos en el sistema económico argentino por la suma total de 18.113 millones de pesos (5000 millones de dólares, aproximadamente). Este fue el resultado de la denominada ley de blanqueo, por medio de la cual se invitaba a repatriar fondos a nuestro país a cambio de beneficios fiscales. Si bien es cierto que el GAFI (organismo internacional dedicado al control del lavado de dinero) no criticó la letra misma del programa fiscal, sí puso el acento en la implementación de controles necesarios para evitar que entre los capitales repatriados se filtraran activos procedentes del crimen. Así las cosas, a más de un año de concluido el programa de blanqueo, ¿podemos estar seguros de que los capitales repatriados provienen todos de actividades honestas, no vinculadas al crimen organizado?
b) Países con altos índices de corrupción: existe una interconexión evidente entre la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos. Las astronómicas ganancias del narcotráfico pueden ser utilizadas para sobornar a las autoridades de un país a cambio de su silencio e impunidad. Según los informes de Transparencia Internacional, la Argentina es percibida como un país con altos índices de corrupción en su actividad pública y privada.
c) Conflictos sociales, políticos y económicos: el narcolavado suele sacar ventaja de la conflictividad social. Mientras las autoridades de un país se ocupan de restablecer la tranquilidad social, el crimen organizado aprovecha la distracción reinante para consolidar su poder territorial o hacer alianzas con otros grupos criminales del lugar (GAFI, Reporte Anual 2010). El presente no es comparable con la situación de caos general vivida en la Argentina en los años 2001 y 2002. Sin embargo, la estabilidad social deseada, sobre todo en lo que hace a los problemas de índole sindical, aún no se ha logrado.
d) Vulnerabilidad en las fronteras: los organismos internacionales han solicitado con urgencia la implementación de mayores controles en zonas sensibles como la triple frontera. Nada sustancial parece haberse hecho hasta ahora. Por lo demás, existen trabajos periodísticos que denuncian la desradarización de la región norte del país.
e) Altos índices de economía informal: el narcolavado se siente cómodo en jurisdicciones con altos índices de economía informal. El ocultamiento, la movilidad y la inversión de activos provenientes del narcotráfico pasan desapercibidos cuando los índices de informalidad son altos y los controles monetarios bajos. La Argentina tiene una economía informal del 25-30%. Se trata de un índice alto, si lo comparamos con el de Estados Unidos (10%), y bajo, si la comparación se establece con Colombia (42%), Perú (60%) o Bolivia (67%) (F. Schneider, Mercado Informal, Corrupción y Gobierno , 2008).
f) Normas "vacías" contra el narco-lavado y marco institucional débil: según recientes estudios de criminología, los Estados débiles, que actúan como si fueran fuertes y sancionan leyes contra el crimen, pero carecen de capacidad operativa para hacer cumplir esas normas, generan un espacio ficticio, entre lo legal y lo irreal, que puede servir de refugio para los grupos criminales. Una reciente auditoría sobre los tribunales federales de nuestro país muestra que los procesos penales por corrupción y narcotráfico tienen una duración promedio superior a los 12 años, y arriba a condena firme un porcentaje muy menor al de las causas iniciadas. En cuanto al delito de lavado de dinero, el panorama es aún más desolador. En veinte años de vigencia del delito de lavado, sólo existen dos condenas firmes, y por casos de poca monta. A su vez, la UIF, organismo encargado de velar por la prevención y cumplimiento de las normas antilavado en la Argentina, está al mando de un presidente designado y removido por voluntad exclusiva del Poder Ejecutivo. Entonces, en este contexto, ¿quién asegura un trato justo e igualitario en las investigaciones que realice la UIF?
Montesquieu decía: "Las leyes son grandes telarañas a través de las cuales pasan moscas grandes y en las que quedan apresadas las pequeñas". En nuestro caso, las moscas grandes (léase el crimen organizado) pueden haber atravesado, en silencio, las prevenciones contra el narco-lavado. Hay que fortalecer las instituciones del Estado; no queda otra alternativa. Todavía estamos a tiempo. Sólo falta que la dirigencia reaccione.
© La Nacion
El autor, abogado, es representante en la Argentina de la red internacional antilavado Fraudnet
lunes, 14 de marzo de 2011
Las drogas
El narcotráfico se encuentra íntimamente ligado al fenómeno del crimen organizado y el terrorismo transnacional. Según el Informe Anual del GAFI (París, 2010), gran parte de los activos que manejan estos grupos criminales provienen del narcotráfico (seguido por los delitos de tráfico de personas, extorsión y secuestro). A su vez, según las últimas estadísticas de las Naciones Unidas las ganancias anuales del narcotráfico superan los 340.000 millones de dólares (Global Illicit Drug Trend, 2010).
Nadie discute a estas alturas que el narcotráfico, ejecutado por organizaciones delictivas de alcance global, de enorme poderío económico y técnico, generador de corrupción y destrucción de formas legítimas de convivencia, constituye una de las amenazas más graves a la paz mundial en el presente. Su poder económico, técnico y de lobby suele ser su garantía de impunidad. Tanto es así que muy rara vez se termina condenando al jefe máximo de la organización. Y, cuando eso ocurre, los líderes capturados pueden ser reemplazados por otros más jóvenes, más poderosos y mejor armados, que se ven motivados por las ganancias astronómicas que arroja la actividad criminal.
Donde sí existe debate, y cada vez más marcado, es en torno a las políticas públicas que se deben adoptar a nivel internacional para disminuir el avance de este verdadero flagelo del mundo globalizado y posindustrial del siglo XXI. Cada día, con más fuerza, se escucha la postura de "despenalización de las drogas". Mario Vargas Llosa, por ejemplo, afirmó hace unos días en México que la violencia derivada del narcotráfico que padece ese país se extenderá por América latina si no se apuesta por la "legalización de la droga". Lo mismo sostuvo el destacado escritor en su artículo "El otro Estado", publicado por La Nacion el 16 de enero del año pasado. En esta misma línea se encuentra The Economist (según nota de tapa: " How to Stop the Drug War ", de marzo de 2009) y algunos pocos políticos y científicos del mundo académico. Las propuestas más osadas plantean la despenalización total e indiscriminada de las drogas, mientras que otras se refieren sólo a las "livianas", como la marihuana. Los argumentos centrales de las propuestas son: primero, que las políticas actuales contra el poder económico y la corrupción de los carteles y las mafias ha fracasado (cada día hay más tráfico de drogas, y el "mal menor" contra su avance es la despenalización de las drogas instrumentada mediante un acuerdo entre países consumidores y productores, que priorice la prevención por sobre la represión). Segundo, este acuerdo echará por tierra el precio en el mercado de las drogas y, con él, las ganancias millonarias de los grupos criminales, mientras que el crecimiento del consumo podrá aplacarse con políticas educativas y de reinserción social financiadas con la redistribución del dinero que hoy se gasta para sostener las inútiles políticas actuales.
Sin embargo, cabe destacar que esta iniciativa de legalización goza, entre otras, de dos debilidades. Primero, ¿dónde están las pruebas empíricas o estudios científicos que demuestren, por ejemplo, que el consumo disminuirá ante un nuevo panorama de legalización? Se suele decir que así ocurrió en países como Holanda, que aplicó políticas permisivas contra las drogas; pero finalmente no se revelan las evidencias que demuestren tal afirmación. Aun si así fuera, está claro que el ejemplo de un solo país no es suficiente para sostener un esquema regional o global de despenalización. En segundo término, esta propuesta pretende contradecir, sin las necesarias pruebas, el contenido de los tratados internacionales de Naciones Unidas, Consejo Europeo y la OEA, que, vale recordar, son de cumplimiento obligatorio para los países que los ratifican ( hard law ). Un ejemplo de aquello es la Convención contra el tráfico de estupefacientes de Naciones Unidas (1988), ratificada por casi todos los países del mundo (170, a la fecha) y que exige la penalización de la distribución, compra y venta de estupefacientes, la adopción de reglas preventivas tendientes a bloquear las vías de financiamiento de los grupos criminales y a mejorar la cooperación internacional. Entonces, ¿tan equivocada está la comunidad internacional en pleno al seguir una política de penalización de drogas? Sólo estudios de peso, que aún no se han mostrado, pueden justificar el ir a contramano del rumbo elegido por los países del mundo. Parece que lo prudente es seguir apostando a la construcción de un ordenamiento penal internacional que deje espacio para pensar que todavía podemos consensuar cómo proteger valores jurídicos de toda sociedad, tales como la salud pública de los ciudadanos, el régimen socioeconómico y la democracia de las naciones, que se ven amenazas por las drogas y sus traficantes.
Nadie discute a estas alturas que el narcotráfico, ejecutado por organizaciones delictivas de alcance global, de enorme poderío económico y técnico, generador de corrupción y destrucción de formas legítimas de convivencia, constituye una de las amenazas más graves a la paz mundial en el presente. Su poder económico, técnico y de lobby suele ser su garantía de impunidad. Tanto es así que muy rara vez se termina condenando al jefe máximo de la organización. Y, cuando eso ocurre, los líderes capturados pueden ser reemplazados por otros más jóvenes, más poderosos y mejor armados, que se ven motivados por las ganancias astronómicas que arroja la actividad criminal.
Donde sí existe debate, y cada vez más marcado, es en torno a las políticas públicas que se deben adoptar a nivel internacional para disminuir el avance de este verdadero flagelo del mundo globalizado y posindustrial del siglo XXI. Cada día, con más fuerza, se escucha la postura de "despenalización de las drogas". Mario Vargas Llosa, por ejemplo, afirmó hace unos días en México que la violencia derivada del narcotráfico que padece ese país se extenderá por América latina si no se apuesta por la "legalización de la droga". Lo mismo sostuvo el destacado escritor en su artículo "El otro Estado", publicado por La Nacion el 16 de enero del año pasado. En esta misma línea se encuentra The Economist (según nota de tapa: " How to Stop the Drug War ", de marzo de 2009) y algunos pocos políticos y científicos del mundo académico. Las propuestas más osadas plantean la despenalización total e indiscriminada de las drogas, mientras que otras se refieren sólo a las "livianas", como la marihuana. Los argumentos centrales de las propuestas son: primero, que las políticas actuales contra el poder económico y la corrupción de los carteles y las mafias ha fracasado (cada día hay más tráfico de drogas, y el "mal menor" contra su avance es la despenalización de las drogas instrumentada mediante un acuerdo entre países consumidores y productores, que priorice la prevención por sobre la represión). Segundo, este acuerdo echará por tierra el precio en el mercado de las drogas y, con él, las ganancias millonarias de los grupos criminales, mientras que el crecimiento del consumo podrá aplacarse con políticas educativas y de reinserción social financiadas con la redistribución del dinero que hoy se gasta para sostener las inútiles políticas actuales.
Sin embargo, cabe destacar que esta iniciativa de legalización goza, entre otras, de dos debilidades. Primero, ¿dónde están las pruebas empíricas o estudios científicos que demuestren, por ejemplo, que el consumo disminuirá ante un nuevo panorama de legalización? Se suele decir que así ocurrió en países como Holanda, que aplicó políticas permisivas contra las drogas; pero finalmente no se revelan las evidencias que demuestren tal afirmación. Aun si así fuera, está claro que el ejemplo de un solo país no es suficiente para sostener un esquema regional o global de despenalización. En segundo término, esta propuesta pretende contradecir, sin las necesarias pruebas, el contenido de los tratados internacionales de Naciones Unidas, Consejo Europeo y la OEA, que, vale recordar, son de cumplimiento obligatorio para los países que los ratifican ( hard law ). Un ejemplo de aquello es la Convención contra el tráfico de estupefacientes de Naciones Unidas (1988), ratificada por casi todos los países del mundo (170, a la fecha) y que exige la penalización de la distribución, compra y venta de estupefacientes, la adopción de reglas preventivas tendientes a bloquear las vías de financiamiento de los grupos criminales y a mejorar la cooperación internacional. Entonces, ¿tan equivocada está la comunidad internacional en pleno al seguir una política de penalización de drogas? Sólo estudios de peso, que aún no se han mostrado, pueden justificar el ir a contramano del rumbo elegido por los países del mundo. Parece que lo prudente es seguir apostando a la construcción de un ordenamiento penal internacional que deje espacio para pensar que todavía podemos consensuar cómo proteger valores jurídicos de toda sociedad, tales como la salud pública de los ciudadanos, el régimen socioeconómico y la democracia de las naciones, que se ven amenazas por las drogas y sus traficantes.
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Urgen políticas con rumbo y estrategias de contención para paliar el flagelo de las drogas.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la despenalización de la marihuana para uso personal abarca la orbita de lo jurídico, pero también de la salud, la disyuntiva del límite de las libertades individuales cuando no afectan a terceros y aspectos éticos que van más allá de un cambio de legislación en materia de drogas.
Un aspecto favorable sobre el foco moral que conlleva el cambio de legislación es que intenta echar por tierra la conocida definición de que estamos frente a una "guerra contra las drogas", frase acuñada por Richard Nixon, en 1969, en el contexto de una situación económica y política similar al actual escenario estadounidense. Acuciado por la guerra que no podía ganar y un déficit comercial que controlaba precariamente gracias a maniobras dignas de un equilibrista, declaró, fiel al estilo republicano de buscar funcionales enemigos por doquier, que la droga era el enemigo público número uno. Esta definición, junto con las acciones que la acompañaron, generaron una ideología que sirvió, y aún sirve, para tranquilizar la conciencia de las sociedades de que estamos frente a un ataque externo del cual debemos defendernos de manera implacable.
La lista de fracasos de esta forma de pensamiento belicoso y las políticas que nacieron de él es larga. Uno de ellos fue el Plan Colombia, que, después de seis billones de dólares invertidos, obtuvo como resultado un aumento del 27% de los cultivos de coca en su territorio entre 2006 y 2007 según informes de la ONU.
Uno de los grandes errores de pensar las drogas como si fueran un virus con vida propia, alimentando la idea del enemigo externo, es que los mismos sistemas que generan las condiciones para su desarrollo son los que se quitan responsabilidad de ser procreadores de un problema engendrado en las raíces mismas de la sociedad de consumo. De esta manera, se estigmatizó y criminalizó al último de los eslabones de una larga cadena de responsables, a quienes no tienen contactos políticos ni pistas de aterrizaje clandestinas, tampoco conocen de paraísos fiscales ni lavado de dinero.
El drogadependiente busca, en un extremo del hiperconsumo, llenar vacíos y compensar su personalidad psicológica y existencialmente frágil en un contexto social con altos umbrales de tolerancia hacia las conductas autodestructivas, junto a padres con problemas para poner límites a esas conductas.
En el otro extremo, están los adictos que ven un mundo con pocas o nulas oportunidades de pertenecer, acumulando algunos un resentimiento imposible de medir, al cabalgar sobre sus impulsos, sin ningún apego por la vida propia o por la ajena.
Desde esta perspectiva, se deben criminalizar los actos delictivos, no la adicción en sí misma. Un tipo de perfil es el de un delincuente que consume drogas y éste consumo amplifica la violencia que naturalmente posee, y otro muy diferente es el de un adicto que delinque a partir de su adicción. Si bien todos los actos violentos que afectan a la comunidad deben ser punibles, la naturaleza de éstos es categóricamente distinta.
Entender la diferencia ayudaría a discutir otra forma de estigmatización social: asociar directamente la droga con el delito. Ni todo adicto es un delincuente ni todo delincuente es un adicto. Ciertos fenómenos de masas incluyen generar un excesivo temor a partir de los trágicos y traumáticos episodios que genera la delincuencia, de ahí proviene en una buena medida la radicalización de aquellos que están en contra de la definición de la Corte, generando el mito y un temor al desborde social en materia de drogas a partir del fallo.
Nada será muy diferente al sombrío panorama actual con respecto a la ausencia de claras políticas de Estado para contener un problema desbordado.
La Iglesia advierte sobre una "despenalización de hecho" en las villas. Fonga, la federación que agrupa a más de 60 ONG dedicadas a la asistencia, denuncia la falta de presupuesto nacional y provincial para atender esta problemática y la descontrolada situación en la provincia de Buenos Aires. La antigua secretaría dependiente del gobierno provincial perdió jerarquía, pasó a la órbita del ministerio de Salud, bajo el rango de subsecretaría. Sin embargo, en una buena parte de los discursos políticos se nombra la importancia de desarrollar programas eficaces de prevención y de asistencia a los adictos. El desolador panorama nacional en materia de drogas se asemeja al desierto y a la ausencia de rumbo en el que vive un adicto.
No obstante, la despenalización del uso de drogas es un avance, no un retroceso. Existen muchas experiencias, incluidas las de países vecinos, que demuestran que el consumo no se descontroló por un cambio de legislación que busca, en definitiva, no criminalizar un problema que debe ubicarse en la orbita de la salud. Sin embargo, resulta un retroceso el contexto sociopolítico sin rumbo ni estrategias de contención definidas en el que se instrumenta el cambio; lo cual no es un error menor. Desde esta visión, el fallo parece más cercano a una salida ilusoria frente a un panorama desbordado, que el producto de una reflexiva y consensuada alternativa en un contexto general que desarrolle sólidos, previsibles y plurales programas asistenciales y preventivos en materia de drogas, educación y salud integral.
La realidad es que las drogas seguirán conviviendo entre nosotros. Existe una gravísima problemática desatendida en la dimensión que se merece y que sigue avanzando.
Un aspecto favorable sobre el foco moral que conlleva el cambio de legislación es que intenta echar por tierra la conocida definición de que estamos frente a una "guerra contra las drogas", frase acuñada por Richard Nixon, en 1969, en el contexto de una situación económica y política similar al actual escenario estadounidense. Acuciado por la guerra que no podía ganar y un déficit comercial que controlaba precariamente gracias a maniobras dignas de un equilibrista, declaró, fiel al estilo republicano de buscar funcionales enemigos por doquier, que la droga era el enemigo público número uno. Esta definición, junto con las acciones que la acompañaron, generaron una ideología que sirvió, y aún sirve, para tranquilizar la conciencia de las sociedades de que estamos frente a un ataque externo del cual debemos defendernos de manera implacable.
La lista de fracasos de esta forma de pensamiento belicoso y las políticas que nacieron de él es larga. Uno de ellos fue el Plan Colombia, que, después de seis billones de dólares invertidos, obtuvo como resultado un aumento del 27% de los cultivos de coca en su territorio entre 2006 y 2007 según informes de la ONU.
Uno de los grandes errores de pensar las drogas como si fueran un virus con vida propia, alimentando la idea del enemigo externo, es que los mismos sistemas que generan las condiciones para su desarrollo son los que se quitan responsabilidad de ser procreadores de un problema engendrado en las raíces mismas de la sociedad de consumo. De esta manera, se estigmatizó y criminalizó al último de los eslabones de una larga cadena de responsables, a quienes no tienen contactos políticos ni pistas de aterrizaje clandestinas, tampoco conocen de paraísos fiscales ni lavado de dinero.
El drogadependiente busca, en un extremo del hiperconsumo, llenar vacíos y compensar su personalidad psicológica y existencialmente frágil en un contexto social con altos umbrales de tolerancia hacia las conductas autodestructivas, junto a padres con problemas para poner límites a esas conductas.
En el otro extremo, están los adictos que ven un mundo con pocas o nulas oportunidades de pertenecer, acumulando algunos un resentimiento imposible de medir, al cabalgar sobre sus impulsos, sin ningún apego por la vida propia o por la ajena.
Desde esta perspectiva, se deben criminalizar los actos delictivos, no la adicción en sí misma. Un tipo de perfil es el de un delincuente que consume drogas y éste consumo amplifica la violencia que naturalmente posee, y otro muy diferente es el de un adicto que delinque a partir de su adicción. Si bien todos los actos violentos que afectan a la comunidad deben ser punibles, la naturaleza de éstos es categóricamente distinta.
Entender la diferencia ayudaría a discutir otra forma de estigmatización social: asociar directamente la droga con el delito. Ni todo adicto es un delincuente ni todo delincuente es un adicto. Ciertos fenómenos de masas incluyen generar un excesivo temor a partir de los trágicos y traumáticos episodios que genera la delincuencia, de ahí proviene en una buena medida la radicalización de aquellos que están en contra de la definición de la Corte, generando el mito y un temor al desborde social en materia de drogas a partir del fallo.
Nada será muy diferente al sombrío panorama actual con respecto a la ausencia de claras políticas de Estado para contener un problema desbordado.
La Iglesia advierte sobre una "despenalización de hecho" en las villas. Fonga, la federación que agrupa a más de 60 ONG dedicadas a la asistencia, denuncia la falta de presupuesto nacional y provincial para atender esta problemática y la descontrolada situación en la provincia de Buenos Aires. La antigua secretaría dependiente del gobierno provincial perdió jerarquía, pasó a la órbita del ministerio de Salud, bajo el rango de subsecretaría. Sin embargo, en una buena parte de los discursos políticos se nombra la importancia de desarrollar programas eficaces de prevención y de asistencia a los adictos. El desolador panorama nacional en materia de drogas se asemeja al desierto y a la ausencia de rumbo en el que vive un adicto.
No obstante, la despenalización del uso de drogas es un avance, no un retroceso. Existen muchas experiencias, incluidas las de países vecinos, que demuestran que el consumo no se descontroló por un cambio de legislación que busca, en definitiva, no criminalizar un problema que debe ubicarse en la orbita de la salud. Sin embargo, resulta un retroceso el contexto sociopolítico sin rumbo ni estrategias de contención definidas en el que se instrumenta el cambio; lo cual no es un error menor. Desde esta visión, el fallo parece más cercano a una salida ilusoria frente a un panorama desbordado, que el producto de una reflexiva y consensuada alternativa en un contexto general que desarrolle sólidos, previsibles y plurales programas asistenciales y preventivos en materia de drogas, educación y salud integral.
La realidad es que las drogas seguirán conviviendo entre nosotros. Existe una gravísima problemática desatendida en la dimensión que se merece y que sigue avanzando.
Drogadependencia, mitos y realidades
Carlos Souza
lanacion.com | Opinión | Mi?oles 4 de noviembre de 2009
jueves, 24 de septiembre de 2009
La falta de radares en el norte de la Argentina mantiene nuestro espacio aéreo sin ningún control que frene a las organizaciones criminales.
En una acordada sin precedente en la historia judicial de la provincia, la Cámara Federal de Salta solicitó a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura de la Nación que gestionaran ante "los poderes públicos con injerencia en el tema" que se instalen radares en la frontera norte "que permitan identificar los vuelos de aeronaves que presumiblemente transportan la droga de la República de Bolivia".
A su vez, y en respuesta al planteo de la justicia de Salta -respuesta, cabe acotar, sumamente veloz-, la Corte Suprema, por medio de su presidente, Ricardo Lorenzetti, solicitó al Ministerio de Justicia medidas urgentes para combatir los vuelos clandestinos que trafican estupefacientes desde Bolivia.
El reclamo salteño tiene su origen en una presentación del juez federal Leonardo Bavio. El magistrado observó que los últimos 867 kilos de clorhidrato de cocaína secuestrados en el departamento de Anta en tres operativos durante julio último "fueron descubiertos por una circunstancia azarosa", ya que la droga había sido arrojada desde el aire en aviones que volaban por las noches.
A raíz de ello, el juez Bavio señaló la gran falencia técnica en la lucha contra el narcotráfico y, calificando la situación como delicada, reclamó a la Cámara Federal salteña que se radarizara la frontera con Bolivia. Solicitó, además, una política criminal en materia de narcotráfico que responda a la modalidad de los vuelos clandestinos.
El tráfico de drogas no es un hecho nuevo en Salta. El 16 de junio pasado, el diario local El Tribuno señalaba que seis organizaciones internacionales se encontraban operando en Salta y Santiago del Estero, traficando estupefacientes con avionetas que arribaban con marihuana desde Paraguay y con cocaína desde Bolivia. Además, denunciaba la existencia de decenas de pistas clandestinas y resaltaba que la Fuerza Aérea solamente contaba con el equipamiento para controlar y ordenar el tránsito aéreo comercial, remarcando que para detectar vuelos ilegales se necesitaban radares militarizados.
En aquella oportunidad, la senadora nacional por Salta Sonia Escudero señaló: "Es absolutamente inexplicable que nuestra región no cuente todavía con la radarización del espacio aéreo. Principalmente, debido a la frontera con Bolivia, por donde ingresa la cocaína".
Asimismo, la legisladora destacó que esto obedece a una falta de decisión política del gobierno nacional para realizar las inversiones necesarias para proporcionar los equipos y la infraestructura. "Después de seis años de este gobierno -agregó-, no se ha dado respuesta para combatir el tráfico aéreo en Salta y Santiago del Estero, que en definitiva es luchar contra el flagelo de la drogadicción."
El 14 de octubre de 2004 se aprobó el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Entre los fundamentos de su decreto de origen merece destacarse el párrafo que señala: "Dado el incremento que ha tenido la actividad de vuelos ilícitos a nivel mundial y más específicamente a nivel regional, relacionados con el contrabando y el uso del medio aéreo como elemento terrorista, se hace imprescindible poder contar con radares y sistemas que realicen un control efectivo del aeroespacio, de manera de proteger el tránsito aéreo en el ámbito nacional, el desarrollo nacional y la seguridad de sus fronteras".
La instalación de radares es uno de los problemas que requieren la máxima atención de las autoridades nacionales, toda vez que forma parte del esquema de seguridad nacional y constituye una poderosa herramienta en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional, compromiso que la Argentina ha adquirido a través de la firma de los tratados de las Naciones Unidas que previenen y reprimen esos ilícitos.
Es indispensable que el gobierno nacional brinde a la mayor brevedad un detallado informe sobre el avance en la construcción y adquisición de los radares previstos en el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, y también un cronograma de entrega de éstos y las razones de los atrasos.
No pueden invocarse razones económicas que expliquen la deuda del Gobierno en la lucha contra la droga, porque el Estado nacional, entre muchas otras erogaciones, ha podido distraer fondos para hacerse cargo de la televisación gratuita de los partidos de fútbol. ¿Será entonces, como señaló la senadora Escudero, falta de decisión política? ¿O, en realidad, se trata, a la inversa, de la decisión política de permitir el narcotráfico?
A su vez, y en respuesta al planteo de la justicia de Salta -respuesta, cabe acotar, sumamente veloz-, la Corte Suprema, por medio de su presidente, Ricardo Lorenzetti, solicitó al Ministerio de Justicia medidas urgentes para combatir los vuelos clandestinos que trafican estupefacientes desde Bolivia.
El reclamo salteño tiene su origen en una presentación del juez federal Leonardo Bavio. El magistrado observó que los últimos 867 kilos de clorhidrato de cocaína secuestrados en el departamento de Anta en tres operativos durante julio último "fueron descubiertos por una circunstancia azarosa", ya que la droga había sido arrojada desde el aire en aviones que volaban por las noches.
A raíz de ello, el juez Bavio señaló la gran falencia técnica en la lucha contra el narcotráfico y, calificando la situación como delicada, reclamó a la Cámara Federal salteña que se radarizara la frontera con Bolivia. Solicitó, además, una política criminal en materia de narcotráfico que responda a la modalidad de los vuelos clandestinos.
El tráfico de drogas no es un hecho nuevo en Salta. El 16 de junio pasado, el diario local El Tribuno señalaba que seis organizaciones internacionales se encontraban operando en Salta y Santiago del Estero, traficando estupefacientes con avionetas que arribaban con marihuana desde Paraguay y con cocaína desde Bolivia. Además, denunciaba la existencia de decenas de pistas clandestinas y resaltaba que la Fuerza Aérea solamente contaba con el equipamiento para controlar y ordenar el tránsito aéreo comercial, remarcando que para detectar vuelos ilegales se necesitaban radares militarizados.
En aquella oportunidad, la senadora nacional por Salta Sonia Escudero señaló: "Es absolutamente inexplicable que nuestra región no cuente todavía con la radarización del espacio aéreo. Principalmente, debido a la frontera con Bolivia, por donde ingresa la cocaína".
Asimismo, la legisladora destacó que esto obedece a una falta de decisión política del gobierno nacional para realizar las inversiones necesarias para proporcionar los equipos y la infraestructura. "Después de seis años de este gobierno -agregó-, no se ha dado respuesta para combatir el tráfico aéreo en Salta y Santiago del Estero, que en definitiva es luchar contra el flagelo de la drogadicción."
El 14 de octubre de 2004 se aprobó el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Entre los fundamentos de su decreto de origen merece destacarse el párrafo que señala: "Dado el incremento que ha tenido la actividad de vuelos ilícitos a nivel mundial y más específicamente a nivel regional, relacionados con el contrabando y el uso del medio aéreo como elemento terrorista, se hace imprescindible poder contar con radares y sistemas que realicen un control efectivo del aeroespacio, de manera de proteger el tránsito aéreo en el ámbito nacional, el desarrollo nacional y la seguridad de sus fronteras".
La instalación de radares es uno de los problemas que requieren la máxima atención de las autoridades nacionales, toda vez que forma parte del esquema de seguridad nacional y constituye una poderosa herramienta en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional, compromiso que la Argentina ha adquirido a través de la firma de los tratados de las Naciones Unidas que previenen y reprimen esos ilícitos.
Es indispensable que el gobierno nacional brinde a la mayor brevedad un detallado informe sobre el avance en la construcción y adquisición de los radares previstos en el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, y también un cronograma de entrega de éstos y las razones de los atrasos.
No pueden invocarse razones económicas que expliquen la deuda del Gobierno en la lucha contra la droga, porque el Estado nacional, entre muchas otras erogaciones, ha podido distraer fondos para hacerse cargo de la televisación gratuita de los partidos de fútbol. ¿Será entonces, como señaló la senadora Escudero, falta de decisión política? ¿O, en realidad, se trata, a la inversa, de la decisión política de permitir el narcotráfico?
Editorial IIFalta de radares en el Norte
El gobierno nacional es responsable de no haber radarizado la frontera con Bolivia y Paraguay, permitiendo así el narcotráfico
lanacion.com | Opinión | Jueves 24 de setiembre de 2009
viernes, 11 de septiembre de 2009
"La droga es sinónimo de muerte".
La preocupación de la Iglesia por el avance del problema de las drogas en nuestro país se ha visto renovada a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró que no es punible la tenencia de bajas cantidades de estupefacientes para consumo personal, en la medida en que ello no implique un peligro concreto o daños a terceros o a bienes de terceros.
Entre los primeros en opinar estuvieron los sacerdotes del equipo para las villas de emergencia de la arquidiócesis de Buenos Aires, quienes se preguntaron cómo decodifican los chicos de esos barrios la afirmación de que es legal la tenencia y el consumo personal para luego agregar: "Nos parece que, al no haber una política de educación y prevención de adicciones intensa y operativa se aumenta la posibilidad de inducir al consumo".
Más adelante, los "curas villeros" señalaron que a numerosos jóvenes de los barrios marginales la droga les llega mucho antes que la educación, que un empleo digno o que la contención a la que tienen derecho. Y si bien reconocen la "buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto", advierten que en el caso de las familias más vulnerables, la despenalización implica "dejar abandonado al adicto".
Según ese criterio, la dinámica misma de la adicción conduce no pocas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella.
La Comisión Nacional para la Pastoral de las Adicciones destacó: "En este momento, cuando la pobreza y la exclusión angustian a nuestra gente, medidas que puedan facilitar el consumo generan confusión y aparecen como a destiempo, desenfocadas de la realidad social". Al igual que los sacerdotes que trabajan en la villas de emergencia, el obispo de Gualeguaychú y responsable de la Comisión, Jorge Lozano, comparte "el ánimo de toda institución que promueva acciones para no criminalizar al adicto", pero advierte: "No es facilitando el consumo como superaremos el creciente flagelo".
En efecto, el problema de la drogodependencia requiere una respuesta integral, que sólo puede derivar de una verdadera política de Estado, que implique redoblar los esfuerzos para combatir a los narcotraficantes.
Son significativas las demandas del obispo de Gualeguaychú, quien habló de la "ausencia del Estado" en la lucha contra el narcotráfico, al denunciar que faltan sistemas de radarización para detectar aviones y pistas clandestinas, y la insuficiencia del presupuesto tanto a nivel nacional como de las provincias para la sanación y recuperación del adicto, la prevención y la educación.
En coincidencia, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, afirmó que "la droga es sinónimo de muerte". Por su parte el obispo de Santiago del Estero, Francisco Polti, recordó lo dicho en su momento por el Santo Padre Juan Pablo II en el sentido de que "la droga es un mal y al mal no hay que concederle derechos".
Entre los primeros en opinar estuvieron los sacerdotes del equipo para las villas de emergencia de la arquidiócesis de Buenos Aires, quienes se preguntaron cómo decodifican los chicos de esos barrios la afirmación de que es legal la tenencia y el consumo personal para luego agregar: "Nos parece que, al no haber una política de educación y prevención de adicciones intensa y operativa se aumenta la posibilidad de inducir al consumo".
Más adelante, los "curas villeros" señalaron que a numerosos jóvenes de los barrios marginales la droga les llega mucho antes que la educación, que un empleo digno o que la contención a la que tienen derecho. Y si bien reconocen la "buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto", advierten que en el caso de las familias más vulnerables, la despenalización implica "dejar abandonado al adicto".
Según ese criterio, la dinámica misma de la adicción conduce no pocas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella.
La Comisión Nacional para la Pastoral de las Adicciones destacó: "En este momento, cuando la pobreza y la exclusión angustian a nuestra gente, medidas que puedan facilitar el consumo generan confusión y aparecen como a destiempo, desenfocadas de la realidad social". Al igual que los sacerdotes que trabajan en la villas de emergencia, el obispo de Gualeguaychú y responsable de la Comisión, Jorge Lozano, comparte "el ánimo de toda institución que promueva acciones para no criminalizar al adicto", pero advierte: "No es facilitando el consumo como superaremos el creciente flagelo".
En efecto, el problema de la drogodependencia requiere una respuesta integral, que sólo puede derivar de una verdadera política de Estado, que implique redoblar los esfuerzos para combatir a los narcotraficantes.
Son significativas las demandas del obispo de Gualeguaychú, quien habló de la "ausencia del Estado" en la lucha contra el narcotráfico, al denunciar que faltan sistemas de radarización para detectar aviones y pistas clandestinas, y la insuficiencia del presupuesto tanto a nivel nacional como de las provincias para la sanación y recuperación del adicto, la prevención y la educación.
En coincidencia, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, afirmó que "la droga es sinónimo de muerte". Por su parte el obispo de Santiago del Estero, Francisco Polti, recordó lo dicho en su momento por el Santo Padre Juan Pablo II en el sentido de que "la droga es un mal y al mal no hay que concederle derechos".
Editorial IILa Iglesia frente a las drogas
El diagnóstico de los "curas villeros", tras el fallo despenalizador, se ajusta a una situación en que el Estado parece ausente
lanacion.com | Opinión | Viernes 11 de setiembre de 2009
martes, 1 de septiembre de 2009
No perdamos de vista los bienes y principios fundantes de una sociedad.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, ha iniciado gestiones para estudiar un cambio en el horario de funcionamiento de las discotecas y lugares de diversión nocturna que aglutinan a jóvenes y adolescentes. La propuesta tiende a evitar situaciones de descontrol y de violencia como las que se vivieron en las últimas semanas, vinculadas con los excesos y desbordes en que suelen incurrir los concurrentes a esos locales.
La limitación que se procura establecer estaría dirigida, fundamentalmente, a evitar el elevado consumo de alcohol o de drogas que se registra entre los jóvenes, causante en muchos casos de agresiones y enfrentamientos irracionales y también de accidentes de tránsito con trágicas consecuencias.
Una de las medidas que se estudian es la que propicia imponer el adelantamiento del horario de ingreso en los lugares bailables. De esa manera se limitaría la extensión de las llamadas "horas previas" o "preboliche", que son las que anteceden el ingreso de los jóvenes en un determinado pub o boliche bailable. Esas horas vacías son las que muchos utilizan para ingerir bebidas alcohólicas en quioscos o en otros lugares de expendio, a menudo en cantidades que escapan a todo control.
La solución que tradicionalmente se ha procurado impulsar es la que establece la prohibición total de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, pero ese control no ha podido ser ejercido hasta ahora con el rigor necesario, acaso porque la venta se diversifica en boliches, maxiquioscos o estaciones de servicio que cubren horarios y jurisdicciones muy diferentes, a lo cual se suma el creciente consumo de cócteles alcohólicos en el interior de los propios locales bailables.
Por supuesto, el cambio de horario que se procura establecer no puede ser promovido en forma aislada por una sola jurisdicción, sino que debe nacer de un acuerdo que unifique los criterios vigentes en diferentes distritos gubernativos o municipales.
Pero hay algo que debe quedar claro. Cuanto se haga desde el poder político o desde una jurisdicción administrativa o municipal en favor de una ordenación adecuada de los desplazamientos y las actividades de los jóvenes y los adolescentes tendrá siempre el valor de una contribución supletoria o complementaria. Porque el problema a que nos estamos refiriendo dependerá siempre de lo que sea capaz de hacer la sociedad para darles a sus miembros más jóvenes la orientación moral para afrontar la vida en sus tramos más difíciles y comprometidos.
Desde luego, cuando hablamos genéricamente de "la sociedad en su conjunto", nos estamos refiriendo a los padres de familia, que son los responsables decisivos de la educación y la formación vital de los jóvenes. De la fuerza y de la convicción moral que esos padres de familia sean capaces de transmitir a sus hijos dependerá siempre que ellos encuentren el camino para avanzar hacia la dignificación y el enriquecimiento permanente de sus vidas en las diferentes etapas y en los distintos desafíos que la realidad les imponga como destinos o experiencias sucesivos o circunstanciales.
En un mundo cada vez más complejo y difícil de comprender, el acompañamiento de los padres a sus hijos en las etapas de su evolución y de su crecimiento continúa siendo insustituible. Sólo la mirada y el acompañamiento de los padres están en condiciones de ayudar y fortalecer a quien afronta los primeros tramos de una maduración compleja y desafiante.
Hoy los jóvenes se asoman a un mundo en el que proliferan los profetas desalentadores. ¿Qué les ofreceremos a nuestros hijos ante estas veleidosas mutaciones de la cultura? Les ofreceremos el rumbo de dignidad y equilibrio que sólo la visión concreta de un padre y de una madre está en condiciones de ayudar a encontrar.
Démosles a nuestros hijos un mundo que se justifique a sí mismo en la construcción y preservación de valores esenciales. Ese será siempre el núcleo de una formación espiritual abierta a las más ricas y dignificadoras experiencias vitales. Y ese núcleo será siempre el reservorio insustituible que los padres habrán de transmitir a sus hijos.
La limitación que se procura establecer estaría dirigida, fundamentalmente, a evitar el elevado consumo de alcohol o de drogas que se registra entre los jóvenes, causante en muchos casos de agresiones y enfrentamientos irracionales y también de accidentes de tránsito con trágicas consecuencias.
Una de las medidas que se estudian es la que propicia imponer el adelantamiento del horario de ingreso en los lugares bailables. De esa manera se limitaría la extensión de las llamadas "horas previas" o "preboliche", que son las que anteceden el ingreso de los jóvenes en un determinado pub o boliche bailable. Esas horas vacías son las que muchos utilizan para ingerir bebidas alcohólicas en quioscos o en otros lugares de expendio, a menudo en cantidades que escapan a todo control.
La solución que tradicionalmente se ha procurado impulsar es la que establece la prohibición total de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, pero ese control no ha podido ser ejercido hasta ahora con el rigor necesario, acaso porque la venta se diversifica en boliches, maxiquioscos o estaciones de servicio que cubren horarios y jurisdicciones muy diferentes, a lo cual se suma el creciente consumo de cócteles alcohólicos en el interior de los propios locales bailables.
Por supuesto, el cambio de horario que se procura establecer no puede ser promovido en forma aislada por una sola jurisdicción, sino que debe nacer de un acuerdo que unifique los criterios vigentes en diferentes distritos gubernativos o municipales.
Pero hay algo que debe quedar claro. Cuanto se haga desde el poder político o desde una jurisdicción administrativa o municipal en favor de una ordenación adecuada de los desplazamientos y las actividades de los jóvenes y los adolescentes tendrá siempre el valor de una contribución supletoria o complementaria. Porque el problema a que nos estamos refiriendo dependerá siempre de lo que sea capaz de hacer la sociedad para darles a sus miembros más jóvenes la orientación moral para afrontar la vida en sus tramos más difíciles y comprometidos.
Desde luego, cuando hablamos genéricamente de "la sociedad en su conjunto", nos estamos refiriendo a los padres de familia, que son los responsables decisivos de la educación y la formación vital de los jóvenes. De la fuerza y de la convicción moral que esos padres de familia sean capaces de transmitir a sus hijos dependerá siempre que ellos encuentren el camino para avanzar hacia la dignificación y el enriquecimiento permanente de sus vidas en las diferentes etapas y en los distintos desafíos que la realidad les imponga como destinos o experiencias sucesivos o circunstanciales.
En un mundo cada vez más complejo y difícil de comprender, el acompañamiento de los padres a sus hijos en las etapas de su evolución y de su crecimiento continúa siendo insustituible. Sólo la mirada y el acompañamiento de los padres están en condiciones de ayudar y fortalecer a quien afronta los primeros tramos de una maduración compleja y desafiante.
Hoy los jóvenes se asoman a un mundo en el que proliferan los profetas desalentadores. ¿Qué les ofreceremos a nuestros hijos ante estas veleidosas mutaciones de la cultura? Les ofreceremos el rumbo de dignidad y equilibrio que sólo la visión concreta de un padre y de una madre está en condiciones de ayudar a encontrar.
Démosles a nuestros hijos un mundo que se justifique a sí mismo en la construcción y preservación de valores esenciales. Ese será siempre el núcleo de una formación espiritual abierta a las más ricas y dignificadoras experiencias vitales. Y ese núcleo será siempre el reservorio insustituible que los padres habrán de transmitir a sus hijos.
Editorial IUn freno a los excesos de los jóvenes
Los padres cumplen un papel fundamental e indelegable para evitar los abusos de los adolescentes con el alcohol
lanacion.com | Opinión | Martes 1 de setiembre de 2009
lunes, 31 de agosto de 2009
Se necesitan razones para la existencia, para descubrir su belleza.
En ámbitos de la Iglesia preocupa lo que pueda facilitar el consumo de drogas, y en tal sentido se recibió el último fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Con conocimiento de causa, porque tocan esa realidad de cerca, los sacerdotes de villas de emergencia se preguntaron: "¿Cómo decodifican los chicos de nuestros barrios la afirmación de que son legales la tenencia y el uso personal?"
"Tengo muchísimas reservas", dijo sobre ese fallo el arzobispo de Mercedes-Luján y presidente de la Comisión de Comunicación Social, monseñor Agustín Radrizzani. Lo hizo en la cena de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), en la que, ante otra pregunta, estimó que sería oportuno que la ley de radiodifusión fuera debatida en las cámaras después del 11 de diciembre. "Si yo puedo consumir, ¿de dónde saco la droga? Busco comprarla", dijo. Y apuntó: "A un chico le saco la tijera de la mano".
Pero más que poner límites a los jóvenes, a la Iglesia le importa que ellos formen su conciencia para obrar tendiendo a la verdad, el bien y la belleza. Hace días, Radrizzani vio a un cura muy triste: un muchacho se había tirado abajo de un tren. Observó que algunos no tienen carencias económicas, pero sí graves carencias afectivas y emocionales, falta de sentido de la vida (hay suicidios en las clases altas).
Con conocimiento de causa, porque tocan esa realidad de cerca, los sacerdotes de villas de emergencia se preguntaron: "¿Cómo decodifican los chicos de nuestros barrios la afirmación de que son legales la tenencia y el uso personal?"
"Tengo muchísimas reservas", dijo sobre ese fallo el arzobispo de Mercedes-Luján y presidente de la Comisión de Comunicación Social, monseñor Agustín Radrizzani. Lo hizo en la cena de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), en la que, ante otra pregunta, estimó que sería oportuno que la ley de radiodifusión fuera debatida en las cámaras después del 11 de diciembre. "Si yo puedo consumir, ¿de dónde saco la droga? Busco comprarla", dijo. Y apuntó: "A un chico le saco la tijera de la mano".
Pero más que poner límites a los jóvenes, a la Iglesia le importa que ellos formen su conciencia para obrar tendiendo a la verdad, el bien y la belleza. Hace días, Radrizzani vio a un cura muy triste: un muchacho se había tirado abajo de un tren. Observó que algunos no tienen carencias económicas, pero sí graves carencias afectivas y emocionales, falta de sentido de la vida (hay suicidios en las clases altas).
Actualidad religiosaAnte la droga, darle sentido a la vida
Por Jorge Rouillon
lanacion.com | Cultura | Lunes 31 de agosto de 2009
jueves, 27 de agosto de 2009
La despenalización de la tenencia de pequeñas dosis de estupefacientes facilitará su comercialización en escuelas y boliches.
Más de una vez hemos señalado desde esta columna editorial que antes de impulsar cualquier proceso de despenalización del consumo y de la tenencia de estupefacientes, habría que discutir si el país posee adecuadas políticas de prevención de la drogadicción en niños y adolescentes.
Es que una despenalización sin educación sobre los graves trastornos y peligros que para la salud implican las drogas sólo agravará los males y se convertirá en una bomba de tiempo para las próximas generaciones.
Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el cual se despenalizó la tenencia de estupefacientes en dosis mínimas para consumo personal, se ha abierto un debate que seguramente precederá a un proyecto de ley oficial, con el fin de modificar la legislación nacional en materia de drogas.
La sentencia del máximo tribunal también reclama del Estado una mayor acción contra el tráfico de sustancias peligrosas y medidas para favorecer la recuperación de los adictos.
Nadie puede negar que el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados".
El alcance de este artículo para justificar la despenalización de la tenencia de drogas es muy discutible. Entre otras cosas, porque el consumo de estupefacientes, a corto o a largo plazo, no sólo genera efectos perjudiciales para el consumidor, sino también para su familia, su entorno y la sociedad en su conjunto, que deberá contribuir a financiar la necesaria asistencia estatal para el adicto. Un caso emblemático es el de quienes se drogan para delinquir, lo cual aumenta la violencia de sus actos.
Es cierto también que, en la mayoría de los casos, el consumidor de drogas es un enfermo que requiere ayuda antes que la prisión. Pero, en rigor, el consumo de estupefacientes en nuestro país nunca fue punible, al tiempo que, pese a todas sus posibles imperfecciones, la legislación vigente propicia un tratamiento obligatorio para aquellos consumidores que quedan inmersos en una acción judicial.
En efecto, la ley 23.737 estipula que en aquellos casos en que alguien es encontrado con drogas en su poder para uso personal y existe una dependencia física o psíquica de la sustancia, el juez debe imponer una medida de seguridad curativa, consistente en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario, por lo que se deja en suspenso la pena que pudiera corresponderle. Puede discutirse, en cambio, si el Estado cuenta con los medios indispensables para garantizar esa clase de tratamientos.
Desde algunos sectores se ha defendido la despenalización del consumo y la tenencia de las denominadas "drogas blandas", como la marihuana, supuestamente por su inocuidad. Se trata de un argumento absolutamente falaz. Por ejemplo, la marihuana tiene, según especialistas, un efecto mucho más devastador que el tabaco. Duplica sus cancerígenos y posee efectos alucinógenos que alteran la química cerebral; además posee componentes que pueden desatar brotes psicóticos, tal como lo ha señalado el médico Eduardo Kalina, especialista en psiquiatría y en adicciones.
Otro aspecto no menor de una despenalización que no esté bien regulada será la facilitación de la comercialización de drogas al por menor. Cualquier vendedor minorista de estas sustancias a quien se le encuentre una pequeña cantidad de estupefacientes esgrimirá que está destinada a su consumo personal. Y, como se sabe, la droga que se les vende a los adolescentes, en cercanías de la escuela o en los locales bailables, se comercializa en dosis pequeñas. Lo mismo podría decirse de tantos barrios humildes o villas de emergencia, donde el paco está haciendo estragos. Ese será uno de los peligros más concretos que la posición despenalizadora de la tenencia nos hará correr.
Es que una despenalización sin educación sobre los graves trastornos y peligros que para la salud implican las drogas sólo agravará los males y se convertirá en una bomba de tiempo para las próximas generaciones.
Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el cual se despenalizó la tenencia de estupefacientes en dosis mínimas para consumo personal, se ha abierto un debate que seguramente precederá a un proyecto de ley oficial, con el fin de modificar la legislación nacional en materia de drogas.
La sentencia del máximo tribunal también reclama del Estado una mayor acción contra el tráfico de sustancias peligrosas y medidas para favorecer la recuperación de los adictos.
Nadie puede negar que el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados".
El alcance de este artículo para justificar la despenalización de la tenencia de drogas es muy discutible. Entre otras cosas, porque el consumo de estupefacientes, a corto o a largo plazo, no sólo genera efectos perjudiciales para el consumidor, sino también para su familia, su entorno y la sociedad en su conjunto, que deberá contribuir a financiar la necesaria asistencia estatal para el adicto. Un caso emblemático es el de quienes se drogan para delinquir, lo cual aumenta la violencia de sus actos.
Es cierto también que, en la mayoría de los casos, el consumidor de drogas es un enfermo que requiere ayuda antes que la prisión. Pero, en rigor, el consumo de estupefacientes en nuestro país nunca fue punible, al tiempo que, pese a todas sus posibles imperfecciones, la legislación vigente propicia un tratamiento obligatorio para aquellos consumidores que quedan inmersos en una acción judicial.
En efecto, la ley 23.737 estipula que en aquellos casos en que alguien es encontrado con drogas en su poder para uso personal y existe una dependencia física o psíquica de la sustancia, el juez debe imponer una medida de seguridad curativa, consistente en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario, por lo que se deja en suspenso la pena que pudiera corresponderle. Puede discutirse, en cambio, si el Estado cuenta con los medios indispensables para garantizar esa clase de tratamientos.
Desde algunos sectores se ha defendido la despenalización del consumo y la tenencia de las denominadas "drogas blandas", como la marihuana, supuestamente por su inocuidad. Se trata de un argumento absolutamente falaz. Por ejemplo, la marihuana tiene, según especialistas, un efecto mucho más devastador que el tabaco. Duplica sus cancerígenos y posee efectos alucinógenos que alteran la química cerebral; además posee componentes que pueden desatar brotes psicóticos, tal como lo ha señalado el médico Eduardo Kalina, especialista en psiquiatría y en adicciones.
Otro aspecto no menor de una despenalización que no esté bien regulada será la facilitación de la comercialización de drogas al por menor. Cualquier vendedor minorista de estas sustancias a quien se le encuentre una pequeña cantidad de estupefacientes esgrimirá que está destinada a su consumo personal. Y, como se sabe, la droga que se les vende a los adolescentes, en cercanías de la escuela o en los locales bailables, se comercializa en dosis pequeñas. Lo mismo podría decirse de tantos barrios humildes o villas de emergencia, donde el paco está haciendo estragos. Ese será uno de los peligros más concretos que la posición despenalizadora de la tenencia nos hará correr.
Editorial IDrogas, ante un remedio equivocado
La despenalización de la tenencia de pequeñas dosis de estupefacientes facilitará su comercialización en escuelas y boliches
lanacion.com | Opinión | Jueves 27 de agosto de 2009
jueves, 30 de abril de 2009
El paco va de la mano de la pobreza y de la desesperanza.
Hace poco más de un mes, los sacerdotes de las villas de emergencia conmovieron a la sociedad con un documento que alertaba sobre una realidad que los curas que trabajan en los asentamientos vienen denunciando desde hace años: la droga, en las villas, está despenalizada de hecho. Este documento, ciertamente más valioso y real que los diagnósticos oficiales que realizan algunos funcionarios desde sus despachos, pone los puntos sobre las íes en el tema que más preocupa por estos días a los argentinos: la inseguridad.
"El problema no es la villa, sino el narcotráfico", explican los autores de la denuncia. El problema es que la villa funciona como una zona liberada donde se pueden portar o consumir drogas sin que intervenga la fuerza pública. El problema es que la villa es un espacio seguro para los traficantes, que saben que el Estado, cómplice de la "despenalización forzosa", no entra en la villa.
Y tienen razón. Las villas son, en realidad, el territorio sometido por los narcotraficantes, que, con absoluta impunidad, instalan "cocinas" (verdaderos laboratorios) de paco en los barrios populares e involucran a miles de personas en la distribución y el consumo de drogas. De paco, principalmente.
En las villas de la ciudad y del conurbano bonaerense, el poder devastador del residuo de la pasta base de cocaína (paco) hace estragos. Actualmente, el 70% de los jóvenes que viven en las villas consumen paco. La cifra es admitida por las madres que luchan para que la droga y el delito no se lleven a sus hijos. Mucho más barata que otras drogas (se puede conseguir una dosis a un peso), el paco desplazó a la marihuana como droga de inicio y se consume a edades cada vez más tempranas. El paco va de la mano de la pobreza y de la desesperanza.
Según datos oficiales, más de 12 millones de personas viven con 75 pesos por mes en la región metropolitana. Más del 50% de los jóvenes que viven en la provincia de Buenos Aires son pobres. Casi un millón de chicos bonaerenses de entre 14 y 21 años están bajo la línea de pobreza. La mitad no estudia ni trabaja y el 2,3% no sabe leer ni escribir. El 13% de las madres tienen menos de 19 años, la mayoría están solas y no tienen recursos para sostener a su familia.
Ante una radiografía tan lamentable de los jóvenes de la provincia, no es de extrañar el aumento explosivo del consumo de paco. Allí donde falta futuro, el paco gana traficantes y adictos. Y la droga se convierte en moneda de cambio entre delincuentes, que roban (y matan) para obtenerla. Comienzan vendiendo sus útiles escolares y su ropa, siguen con los de sus hermanos, con la plancha o el reloj de la madre. Cuando llegan al delito, ya habían comenzado a vender su propio cuerpo. El resultado es innegable: a mayor consumo de drogas, más aumento de la inseguridad.
El narcotráfico es el gran problema del conurbano bonaerense, y la inseguridad nuestra de cada día es el resultado de la consolidación del tráfico ilegal de drogas en la Argentina, el país que las organizaciones internacionales han elegido por la laxitud de sus controles y la complicidad de sus funcionarios. El país con extensas fronteras descuidadas y cuyo territorio sólo se encuentra radarizado en un 11% facilita la entrada y salida de vuelos clandestinos. Ahora bien: para operar y extenderse, el narcotráfico ha contado, indudablemente, con la protección del poder.
Si las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico operan con tanta impunidad y nos ganan la batalla es porque la corrupción política lo permite y lo posibilita.
La inseguridad no es una sensación, como dicen quienes niegan lo evidente. Es el resultado de una trama mafiosa que combina delito, droga y política y que padecemos todos los que andamos por la calle sin guardaespaldas.
Pero lo cierto es que, para un sector de la política, acabar con la inseguridad no es negocio. Y si no hay voluntad para terminar con el delito es porque se tocan negocios, intereses y hasta la financiación de algunas campañas políticas. Esta gigantesca trama de complicidades fue puesta al descubierto cada vez que se exhibieron los aportes al financiamiento de las campañas electorales del oficialismo, como ocurrió con el caso de las narcovalijas de Southern Winds o después del triple crimen de General Rodríguez.
Si falta transparencia en el Gobierno, si la Justicia no puede actuar de manera independiente, si el gobernador y los intendentes miran para otro lado o esconden sus responsabilidades culpando a los menores, la inseguridad no se supera.
Hay que combatir los circuitos del financiamiento ilegal de la política y de las fuerzas de seguridad. Hay que transparentar la política para poder transparentar la policía. Sólo entonces tendremos seguridad.
"El problema no es la villa, sino el narcotráfico", explican los autores de la denuncia. El problema es que la villa funciona como una zona liberada donde se pueden portar o consumir drogas sin que intervenga la fuerza pública. El problema es que la villa es un espacio seguro para los traficantes, que saben que el Estado, cómplice de la "despenalización forzosa", no entra en la villa.
Y tienen razón. Las villas son, en realidad, el territorio sometido por los narcotraficantes, que, con absoluta impunidad, instalan "cocinas" (verdaderos laboratorios) de paco en los barrios populares e involucran a miles de personas en la distribución y el consumo de drogas. De paco, principalmente.
En las villas de la ciudad y del conurbano bonaerense, el poder devastador del residuo de la pasta base de cocaína (paco) hace estragos. Actualmente, el 70% de los jóvenes que viven en las villas consumen paco. La cifra es admitida por las madres que luchan para que la droga y el delito no se lleven a sus hijos. Mucho más barata que otras drogas (se puede conseguir una dosis a un peso), el paco desplazó a la marihuana como droga de inicio y se consume a edades cada vez más tempranas. El paco va de la mano de la pobreza y de la desesperanza.
Según datos oficiales, más de 12 millones de personas viven con 75 pesos por mes en la región metropolitana. Más del 50% de los jóvenes que viven en la provincia de Buenos Aires son pobres. Casi un millón de chicos bonaerenses de entre 14 y 21 años están bajo la línea de pobreza. La mitad no estudia ni trabaja y el 2,3% no sabe leer ni escribir. El 13% de las madres tienen menos de 19 años, la mayoría están solas y no tienen recursos para sostener a su familia.
Ante una radiografía tan lamentable de los jóvenes de la provincia, no es de extrañar el aumento explosivo del consumo de paco. Allí donde falta futuro, el paco gana traficantes y adictos. Y la droga se convierte en moneda de cambio entre delincuentes, que roban (y matan) para obtenerla. Comienzan vendiendo sus útiles escolares y su ropa, siguen con los de sus hermanos, con la plancha o el reloj de la madre. Cuando llegan al delito, ya habían comenzado a vender su propio cuerpo. El resultado es innegable: a mayor consumo de drogas, más aumento de la inseguridad.
El narcotráfico es el gran problema del conurbano bonaerense, y la inseguridad nuestra de cada día es el resultado de la consolidación del tráfico ilegal de drogas en la Argentina, el país que las organizaciones internacionales han elegido por la laxitud de sus controles y la complicidad de sus funcionarios. El país con extensas fronteras descuidadas y cuyo territorio sólo se encuentra radarizado en un 11% facilita la entrada y salida de vuelos clandestinos. Ahora bien: para operar y extenderse, el narcotráfico ha contado, indudablemente, con la protección del poder.
Si las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico operan con tanta impunidad y nos ganan la batalla es porque la corrupción política lo permite y lo posibilita.
La inseguridad no es una sensación, como dicen quienes niegan lo evidente. Es el resultado de una trama mafiosa que combina delito, droga y política y que padecemos todos los que andamos por la calle sin guardaespaldas.
Pero lo cierto es que, para un sector de la política, acabar con la inseguridad no es negocio. Y si no hay voluntad para terminar con el delito es porque se tocan negocios, intereses y hasta la financiación de algunas campañas políticas. Esta gigantesca trama de complicidades fue puesta al descubierto cada vez que se exhibieron los aportes al financiamiento de las campañas electorales del oficialismo, como ocurrió con el caso de las narcovalijas de Southern Winds o después del triple crimen de General Rodríguez.
Si falta transparencia en el Gobierno, si la Justicia no puede actuar de manera independiente, si el gobernador y los intendentes miran para otro lado o esconden sus responsabilidades culpando a los menores, la inseguridad no se supera.
Hay que combatir los circuitos del financiamiento ilegal de la política y de las fuerzas de seguridad. Hay que transparentar la política para poder transparentar la policía. Sólo entonces tendremos seguridad.
sábado, 11 de abril de 2009
El drama de la droga está estrechamente conectado con el fenómeno de la delincuencia .
Ha causado un profundo impacto en la opinión pública el contundente documento sobre el estado actual del consumo de drogas, emitido días atrás por 19 sacerdotes que viven y ejercen su ministerio cotidianamente en las villas de emergencia porteñas.
El valiente y sobrecogedor testimonio de los comúnmente conocidos como "curas villeros" fue ampliado y enriquecido por dos de ellos ?los padres Gustavo Carrara y José María Di Paola? en declaraciones ante los medios electrónicos de comunicación, lo que permitió obtener un completo y conmovedor testimonio acerca de la cruel impunidad con que el narcotráfico hace sentir sus efectos en esos asentamientos marginales de la Capital Federal.
Según los sacerdotes, las discusiones que mantienen habitualmente los jueces y los ministros del Gobierno en torno de la tenencia y el consumo de drogas están totalmente alejadas de la realidad, al menos tal como se la vive en las villas. Se ignora, por ejemplo, que los asentamientos villeros son "zonas liberadas" para ese tráfico funesto y que esa liberación es enteramente funcional a los intereses del narcotráfico.
"Entre nosotros, la droga está despenalizada de hecho", aseguran los curas de las villas. Y agregan que en esos lugares existe la absoluta posibilidad de tener, llevar y consumir drogas sin ser prácticamente molestado por ninguna autoridad. Dicho con otras palabras: el Estado está ausente, por completo, en la vida de los pobladores de esas zonas críticas de la ciudad. Y las víctimas de esa ausencia son casi siempre los jóvenes y los adolescentes, que llevan cotidianamente el veneno en sus manos sin que ningún organismo público intervenga u oponga el más mínimo reparo ante el avance desenfadado de ese tráfico destructor.
Es ésta la segunda oportunidad en que el equipo de sacerdotes para las villas de emergencia de la Arquidiócesis de Buenos Aires hace oír su voz para plantear los problemas más acuciantes que padecen los habitantes de esos sectores. El documento denuncia que el drama de la droga está estrechamente conectado con el fenómeno de la delincuencia y, en general, con el permanente incremento de la violencia. Y eso lleva de manera natural a considerar el otro gran tráfico que afecta a los pobladores de las villas, que es el de armas. "Si un chico tiene un arma y la utiliza es porque alguien se la puso en las manos", observan con plena razón los sacerdotes, cuyo testimonio no es fruto de visitas ocasionales a las villas, sino de muchos años de compartir cotidianamente los desvelos y las angustias de sus pobladores. Las iglesias y las parroquias de las villas son ámbitos en los cuales la población estable de los asentamientos se encuentra a sí misma y examina con espíritu crítico, muchas veces, sus propias fortalezas y sus propias debilidades.
Una de las preocupaciones principales del grupo de sacerdotes que se ha movilizado en estos días es evitar que se incurra en nocivas generalizaciones cuando se habla de las villas. No se debe ignorar ?observan? que en esos barrios marginales de la ciudad residen trabajadores y obreros que todos los días se esfuerzan por mejorar la calidad de sus vidas y la dignidad del conjunto social al que pertenecen, en el marco de una lucha diaria contra el mal y la miseria que los acosan. Y esa lucha merece ser reconocida y alentada, obviamente, por el conjunto de la sociedad.
En ese sentido, es importante considerar la propuesta que han formulado las parroquias católicas para que sea incorporada a los programas educativos, en todas las escuelas cercanas a las villas, una materia de prevención en la que se transmitan conocimientos básicos fundamentales acerca de la droga y de las modalidades que reviste cuando circula en los mercados.
El camino que se debe recorrer en relación con muchas de las villas, como lo señalaron los sacerdotes que realizan tareas pastorales en el corazón mismo de esos asentamientos, no debe seguir siendo el de la segregación o el miedo, sino el de su plena y constructiva integración a la sociedad organizada. Los nucleamientos villeros deben avanzar hacia su incorporación dinámica a la vida social y deben abrir gradualmente sus puertas a la acción de aquellos organismos del Estado sin los cuales no se concibe el desenvolvimiento civilizado de una comunidad. Nada se ganaría si los esperasen nuevas o diferentes formas de marginación.
El valiente y sobrecogedor testimonio de los comúnmente conocidos como "curas villeros" fue ampliado y enriquecido por dos de ellos ?los padres Gustavo Carrara y José María Di Paola? en declaraciones ante los medios electrónicos de comunicación, lo que permitió obtener un completo y conmovedor testimonio acerca de la cruel impunidad con que el narcotráfico hace sentir sus efectos en esos asentamientos marginales de la Capital Federal.
Según los sacerdotes, las discusiones que mantienen habitualmente los jueces y los ministros del Gobierno en torno de la tenencia y el consumo de drogas están totalmente alejadas de la realidad, al menos tal como se la vive en las villas. Se ignora, por ejemplo, que los asentamientos villeros son "zonas liberadas" para ese tráfico funesto y que esa liberación es enteramente funcional a los intereses del narcotráfico.
"Entre nosotros, la droga está despenalizada de hecho", aseguran los curas de las villas. Y agregan que en esos lugares existe la absoluta posibilidad de tener, llevar y consumir drogas sin ser prácticamente molestado por ninguna autoridad. Dicho con otras palabras: el Estado está ausente, por completo, en la vida de los pobladores de esas zonas críticas de la ciudad. Y las víctimas de esa ausencia son casi siempre los jóvenes y los adolescentes, que llevan cotidianamente el veneno en sus manos sin que ningún organismo público intervenga u oponga el más mínimo reparo ante el avance desenfadado de ese tráfico destructor.
Es ésta la segunda oportunidad en que el equipo de sacerdotes para las villas de emergencia de la Arquidiócesis de Buenos Aires hace oír su voz para plantear los problemas más acuciantes que padecen los habitantes de esos sectores. El documento denuncia que el drama de la droga está estrechamente conectado con el fenómeno de la delincuencia y, en general, con el permanente incremento de la violencia. Y eso lleva de manera natural a considerar el otro gran tráfico que afecta a los pobladores de las villas, que es el de armas. "Si un chico tiene un arma y la utiliza es porque alguien se la puso en las manos", observan con plena razón los sacerdotes, cuyo testimonio no es fruto de visitas ocasionales a las villas, sino de muchos años de compartir cotidianamente los desvelos y las angustias de sus pobladores. Las iglesias y las parroquias de las villas son ámbitos en los cuales la población estable de los asentamientos se encuentra a sí misma y examina con espíritu crítico, muchas veces, sus propias fortalezas y sus propias debilidades.
Una de las preocupaciones principales del grupo de sacerdotes que se ha movilizado en estos días es evitar que se incurra en nocivas generalizaciones cuando se habla de las villas. No se debe ignorar ?observan? que en esos barrios marginales de la ciudad residen trabajadores y obreros que todos los días se esfuerzan por mejorar la calidad de sus vidas y la dignidad del conjunto social al que pertenecen, en el marco de una lucha diaria contra el mal y la miseria que los acosan. Y esa lucha merece ser reconocida y alentada, obviamente, por el conjunto de la sociedad.
En ese sentido, es importante considerar la propuesta que han formulado las parroquias católicas para que sea incorporada a los programas educativos, en todas las escuelas cercanas a las villas, una materia de prevención en la que se transmitan conocimientos básicos fundamentales acerca de la droga y de las modalidades que reviste cuando circula en los mercados.
El camino que se debe recorrer en relación con muchas de las villas, como lo señalaron los sacerdotes que realizan tareas pastorales en el corazón mismo de esos asentamientos, no debe seguir siendo el de la segregación o el miedo, sino el de su plena y constructiva integración a la sociedad organizada. Los nucleamientos villeros deben avanzar hacia su incorporación dinámica a la vida social y deben abrir gradualmente sus puertas a la acción de aquellos organismos del Estado sin los cuales no se concibe el desenvolvimiento civilizado de una comunidad. Nada se ganaría si los esperasen nuevas o diferentes formas de marginación.
Editorial IDroga y violencia en las villas
El Estado está ausente, por completo, en la vida de los pobladores de esas zonas críticas y marginales de Buenos Aires
lanacion.com | Opinión | S?do 11 de abril de 2009
martes, 31 de marzo de 2009
No hay mejor prevención del delito que darle una solución humana al liberado.
Más de medio siglo de labor constante e inclaudicable lleva el Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles (SACC), creado por el padre Iñaki de Aspiazu. Es la única obra que se ocupa en términos reales de las personas que han cumplido su condena carcelaria y deben reinsertarse en la sociedad. Su labor no es menor desde el momento en que, como es sabido, la mayor parte de los delincuentes es reincidente. De ahí que el trabajo del SACC sea de capital importancia. No hay mejor prevención del delito que darle una solución humana al liberado. Este se enfrenta al mundo con el estigma de su condena ya cumplida. Sus dificultades son infinitas.
El Secretariado es muy conocido entre la población carcelaria. El padre Iñaki fue durante varios años capellán en la desaparecida cárcel de Las Heras y, también, en el Ministerio de Justicia, el Servicio Penitenciario, el Patronato de Liberados, jueces y abogados, organismos no gubernamentales y otras instituciones que derivan al liberado hacia la institución. Esta cuenta con asistentes sociales que reciben a las personas, analizan su situación, visitan a sus familias, tratan de revincularlos y les facilitan ropa del guardarropas que se mantiene con donaciones particulares.
La fundación tuvo un único subsidio estatal, otorgado por la Corte Suprema de Justicia en tiempos del ministro Ricardo Levene. Fue suprimido el año pasado. Se le pidió rendición de cuentas: constó de 14 biblioratos en los cuales estuvo reflejado hasta el último centavo recibido. La rendición fue aprobada, pero el subsidio no retornó.
La obra es absolutamente gratuita para el liberado. No se aceptan regalos de ninguna especie. Sólo se pide que se devuelva en amor al prójimo lo que se ha recibido. Mientras se pudo se le daban 200 pesos mensuales durante medio año como una ayuda mínima para estimular la reinserción. La obra tiene un servicio de comidas rápidas en la medida en que las donaciones lo permiten.
Sin limitación confesional alguna, tiene inspiración cristiana. La capilla es presidida por un Cristo con las manos atadas tras las rejas de la cárcel. Quien crea que el mayor anhelo del hombre es amar y ser amado no puede permanecer insensible a esta obra.
Las autoridades deberían tomar nota de que una de las formas más eficaces de combatir el delito es evitar la reincidencia. Eso sólo puede lograrse apoyando la reinserción del liberado, comenzando por la recuperación de la autoestima personal.
El Secretariado es muy conocido entre la población carcelaria. El padre Iñaki fue durante varios años capellán en la desaparecida cárcel de Las Heras y, también, en el Ministerio de Justicia, el Servicio Penitenciario, el Patronato de Liberados, jueces y abogados, organismos no gubernamentales y otras instituciones que derivan al liberado hacia la institución. Esta cuenta con asistentes sociales que reciben a las personas, analizan su situación, visitan a sus familias, tratan de revincularlos y les facilitan ropa del guardarropas que se mantiene con donaciones particulares.
La fundación tuvo un único subsidio estatal, otorgado por la Corte Suprema de Justicia en tiempos del ministro Ricardo Levene. Fue suprimido el año pasado. Se le pidió rendición de cuentas: constó de 14 biblioratos en los cuales estuvo reflejado hasta el último centavo recibido. La rendición fue aprobada, pero el subsidio no retornó.
La obra es absolutamente gratuita para el liberado. No se aceptan regalos de ninguna especie. Sólo se pide que se devuelva en amor al prójimo lo que se ha recibido. Mientras se pudo se le daban 200 pesos mensuales durante medio año como una ayuda mínima para estimular la reinserción. La obra tiene un servicio de comidas rápidas en la medida en que las donaciones lo permiten.
Sin limitación confesional alguna, tiene inspiración cristiana. La capilla es presidida por un Cristo con las manos atadas tras las rejas de la cárcel. Quien crea que el mayor anhelo del hombre es amar y ser amado no puede permanecer insensible a esta obra.
Las autoridades deberían tomar nota de que una de las formas más eficaces de combatir el delito es evitar la reincidencia. Eso sólo puede lograrse apoyando la reinserción del liberado, comenzando por la recuperación de la autoestima personal.
Editorial IILa mejor prevención del delito
Debería valorarse más la labor del Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles, centrada en evitar la reincidencia
lanacion.com | Opinión | Martes 31 de marzo de 2009
lunes, 16 de marzo de 2009
El 90 por ciento de las drogas que entran en los Estados Unidos, el principal consumidor, pasa por México.
México está padeciendo la escalada de violencia que se produce cuando las mafias del narcotráfico son impulsadas por el enorme poder del dinero que manejan y por la debilidad del Estado para enfrentarlas. En efecto, la policía está infiltrada por una alta dosis de corrupción debido a que la plata del negocio de la droga ha comprado desde libertades de mafiosos hasta conciencias políticas. Las autoridades mexicanas han hablado acerca de acabar con la corrupción de sus dependencias encargadas de la ley y del orden, pero han logrado pocos avances.
Al igual que ocurrió en Colombia en la década de los 80, el negocio del narcotráfico cada día obtiene mayores ganancias, a cuenta de corromper la sociedad y penetrar los cuerpos de seguridad del Estado. México está en jaque. Día tras día, aumenta el número de asesinatos producto de las guerras entre carteles, frente a unos cuerpos policiales que se muestran incapaces de actuar. El presidente Felipe Calderón ha propuesto la unificación de una fuerza policial nacional, integrada sólo por agentes policiales experimentados, bien entrenados y, quizás el aspecto de mayor importancia, con buenos sueldos, para que reemplacen a las corruptas dependencias del presente.
El gobierno mexicano está abrumado por carteles bien armados, que controlan un tráfico ilegal de drogas que asciende a 40.000 millones de dólares anuales. El 90 por ciento de las drogas que entran en los Estados Unidos, el principal consumidor, pasa por México. El país es una importante fuente de producción de heroína, marihuana y metanfetamina para el mercado estadounidense, así como el principal punto de distribución de la cocaína procedente de América del Sur.
Queda claro, entonces, que la situación actual es producto de la enorme influencia que estas organizaciones criminales han alcanzado. Una vez consumado el relevo en el liderazgo del tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos, antes en manos de las mafias colombianas, su poder corruptor y su capacidad bélica se encaminó a imponer su imperio en la nación azteca. No caben dudas de que el objetivo de los principales carteles de la droga es poner de rodillas al Estado mexicano, y no sólo a la franja fronteriza con los Estados Unidos, aunque allí está el centro de la crisis.
Es por ello que para el general Oscar Naranjo, director de la policía colombiana, es fundamental neutralizar el eje Colombia-México, que, según sus palabras, es realmente el fenómeno criminal más preocupante para el hemisferio en los últimos años.
Al igual que ocurrió en Colombia en la década de los 80, el negocio del narcotráfico cada día obtiene mayores ganancias, a cuenta de corromper la sociedad y penetrar los cuerpos de seguridad del Estado. México está en jaque. Día tras día, aumenta el número de asesinatos producto de las guerras entre carteles, frente a unos cuerpos policiales que se muestran incapaces de actuar. El presidente Felipe Calderón ha propuesto la unificación de una fuerza policial nacional, integrada sólo por agentes policiales experimentados, bien entrenados y, quizás el aspecto de mayor importancia, con buenos sueldos, para que reemplacen a las corruptas dependencias del presente.
El gobierno mexicano está abrumado por carteles bien armados, que controlan un tráfico ilegal de drogas que asciende a 40.000 millones de dólares anuales. El 90 por ciento de las drogas que entran en los Estados Unidos, el principal consumidor, pasa por México. El país es una importante fuente de producción de heroína, marihuana y metanfetamina para el mercado estadounidense, así como el principal punto de distribución de la cocaína procedente de América del Sur.
Queda claro, entonces, que la situación actual es producto de la enorme influencia que estas organizaciones criminales han alcanzado. Una vez consumado el relevo en el liderazgo del tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos, antes en manos de las mafias colombianas, su poder corruptor y su capacidad bélica se encaminó a imponer su imperio en la nación azteca. No caben dudas de que el objetivo de los principales carteles de la droga es poner de rodillas al Estado mexicano, y no sólo a la franja fronteriza con los Estados Unidos, aunque allí está el centro de la crisis.
Es por ello que para el general Oscar Naranjo, director de la policía colombiana, es fundamental neutralizar el eje Colombia-México, que, según sus palabras, es realmente el fenómeno criminal más preocupante para el hemisferio en los últimos años.
Editorial IIMéxico, víctima del narcotráfico
Los narcos obtienen más y más ganancias a fuerza de corromper la sociedad y los cuerpos de seguridad del Estado
lanacion.com | Opinión | Lunes 16 de marzo de 2009
viernes, 13 de marzo de 2009
Se percibe una tendencia autodestructiva en sectores juveniles.
En la noche de la víspera del inicio de las clases en la ciudad de Rosario, grupos de alumnos de escuelas medias oficiales y privadas celebraron el final de las vacaciones en vela, disfrazándose, arrojando bombas de estruendo e ingiriendo bebidas alcohólicas, especialmente cerveza y vodka. Esto ocurrió en el bulevar Oroño, arteria urbana tradicional. Esta extraña forma de celebrar es conocida entre los alumnos como "la previa". El final de fiesta previsible fue la llegada a la hora de las clases de la mañana en condiciones impresentables e irrespetuosas para los establecimientos de enseñanza. Este hecho lamentable, que no es nuevo ni es privativo sólo de Rosario, constituye desde luego una inquietante realidad que reclama una honda consideración, que principalmente compromete a las familias, docentes y autoridades escolares. Pero el problema va más allá, ya que expresa aspectos críticos de nuestro tiempo y de nuestra sociedad.
Así, puede señalarse en este y otros hechos semejantes que se percibe una tendencia autodestructiva en sectores juveniles, tendencia que se va convirtiendo en costumbre, ya que se reitera en distintos medios y circunstancias sin importar que afecte la salud de sus protagonistas o que avergüence a sus mayores. Hay en estas conductas una entrega al alcohol y otras toxicomanías destructoras que se disimula como el ejercicio de una presunta diversión. El consumo de bebidas alcohólicas es cada vez más precoz (13 años para el 74 por ciento de los varones y el 54 por ciento de las mujeres) y en los chicos lleva prontamente a una pérdida del control.
Sin duda, la primera responsabilidad recae sobre los padres y su incapacidad para poner límites a comportamientos tan peligrosos. Se ha dicho con acierto al respecto que mucho de lo que pasa tiene que ver con "figuras adultas ausentes y desautorizadas". Se percibe con frecuencia una generación de padres que fracasan en la conducción de sus hijos, sea porque interpretan que su misión es sólo gratificarlos, sea por negligencia o por conflictos internos del grupo doméstico. Lo cierto es que no saben poner límites ni ofrecen las alternativas adecuadas para orientar las conductas filiales.
No es esto solamente. Vivimos en el contexto de una sociedad que es, a la vez, permisiva y transgresora, lo que ha debilitado los recursos eficaces para enfrentar y sancionar la violencia y los actos que atentan contra las normas. De esto son responsables funcionarios y organismos que claudican en sus deberes y alientan la ejecución de lo ilegal o no reaccionan cuando se produce.
También es menester apreciar la influencia de los grupos a los cuales se vuelcan los jovencitos de ambos sexos como vía natural para encontrar otras formas de seguridad, reconocimiento, respuesta afectiva y promesa de nuevas experiencias. Esos grupos y sus líderes pueden movilizar comportamientos contestatarios a través de los cuales se liberan protestas o conflictos con la sociedad establecida.
Así, puede señalarse en este y otros hechos semejantes que se percibe una tendencia autodestructiva en sectores juveniles, tendencia que se va convirtiendo en costumbre, ya que se reitera en distintos medios y circunstancias sin importar que afecte la salud de sus protagonistas o que avergüence a sus mayores. Hay en estas conductas una entrega al alcohol y otras toxicomanías destructoras que se disimula como el ejercicio de una presunta diversión. El consumo de bebidas alcohólicas es cada vez más precoz (13 años para el 74 por ciento de los varones y el 54 por ciento de las mujeres) y en los chicos lleva prontamente a una pérdida del control.
Sin duda, la primera responsabilidad recae sobre los padres y su incapacidad para poner límites a comportamientos tan peligrosos. Se ha dicho con acierto al respecto que mucho de lo que pasa tiene que ver con "figuras adultas ausentes y desautorizadas". Se percibe con frecuencia una generación de padres que fracasan en la conducción de sus hijos, sea porque interpretan que su misión es sólo gratificarlos, sea por negligencia o por conflictos internos del grupo doméstico. Lo cierto es que no saben poner límites ni ofrecen las alternativas adecuadas para orientar las conductas filiales.
No es esto solamente. Vivimos en el contexto de una sociedad que es, a la vez, permisiva y transgresora, lo que ha debilitado los recursos eficaces para enfrentar y sancionar la violencia y los actos que atentan contra las normas. De esto son responsables funcionarios y organismos que claudican en sus deberes y alientan la ejecución de lo ilegal o no reaccionan cuando se produce.
También es menester apreciar la influencia de los grupos a los cuales se vuelcan los jovencitos de ambos sexos como vía natural para encontrar otras formas de seguridad, reconocimiento, respuesta afectiva y promesa de nuevas experiencias. Esos grupos y sus líderes pueden movilizar comportamientos contestatarios a través de los cuales se liberan protestas o conflictos con la sociedad establecida.
Editorial IIEscolares alcoholizados
Pasar la noche anterior al comienzo de clases bebiendo es una condenable tendencia que se extiende peligrosamente
lanacion.com | Opinión | Viernes 13 de marzo de 2009
domingo, 22 de febrero de 2009
El Gobierno tiene muy confundidos sus deberes constitucionales.
Cada vez sorprende más la brecha abierta entre las declaraciones altisonantes de legisladores y políticos en torno de los Derechos del Niño, garantizados por convenciones internacionales y disposiciones constitucionales, frente a la realidad de humillación, abandono y penosa privación de nuestros niños, tal como la consigna nuestra experiencia y la crónica diaria. Parecería que la función de gobernar consistiera en llenar papeles con palabras o textos declamados desde importantes despachos, repetidos en trascendentes congresos nacionales e internacionales, o formar parte de comisiones varias, y, en definitiva, hacer muy poco o simplemente no hacer nada concreto por la niñez argentina en riesgo.
No hay exageración alguna. Quien haya leído la crónica del niño que mendigaba arrodillado en el subterráneo de Buenos Aires -un relato que haría palidecer a Dickens-, o recuerde el reciente editorial sobre los niños de 8 a 13 años, que se prostituirían en el Mercado Central por cajones de verdura o fruta, o se detenga a mirar a los que aspiran pegamento, los de entre 7 y 9 años que asaltan en la plaza Roma o delinquen por el "paco", tendrá idea de la impactante realidad a la que nos estamos refiriendo. Tan visible y evidente, como groseramente ignorada.
¡Qué decir de la declinante escolaridad infantil! La adquisición de conocimientos como herramienta de formación, y preparación para el trabajo y la vida, ha sido sistemáticamente destruida por políticas de subsidio prebendario y clientelista, ocultas tras supuesta sensibilidad social. Los niños no tienen ejemplos por seguir, sus padres prefieren un "plan" a un trabajo, y si el "plan" se completa con la paga por asistir a un piquete o acto público, mejor aún. Se menciona una reciente encuesta, según la cual los padres prefieren un plan a un trabajo efectivo con el compromiso firme de mandar los chicos al colegio. Los niños se convierten así en mendicantes profesionales, precoces delincuentes, o chicos prostituidos, en un modelo diametralmente alejado del ideal sarmientino.
La autoridad moral ha desaparecido, y ni los padres ni los maestros ni la policía ni cualquiera de los referentes sociales de antaño son hoy guía o parámetro de orientación para estos niños argentinos.
Ni que decir del abandono real en que se encuentran los formalmente "institucionalizados", sobre los cuales nos hemos explayado reiteradamente desde estas columnas. Sólo les queda la ley de la calle, la violencia, la rabia, la patota y la droga. Tremendo panorama, que ya los hace concurrir armados a la escuela, y es notorio el aumento de las lesiones con armas blancas y de fuego entre niños y adolescentes, de las que también son víctimas a veces los maestros.
La enumeración podría continuar, pero, como ejemplo final, pensemos en la cobarde utilización de la minoridad para lograr impunidad delictiva. ¿Es que el único remedio es bajar la edad de la imputabilidad? ¿Por qué no triplicar la pena del instigador o reducidor de los objetos robados para empezar? En lugar de educar al hombre del mañana, destruimos al niño de hoy, al abusar de su minoridad.
La gran pregunta sería: ¿dónde están los derechos de estos niños?, ¿dónde el Estado que los debe garantizar? ¿Cuál es la verdadera función de los organismos de Bienestar Social y protección a la minoridad? ¿Existe una política de Estado en la materia? Es verdad que algunos padres, la Iglesia y muchas ONG hacen sus esfuerzos, pero son insuficientes.
No hay exageración alguna. Quien haya leído la crónica del niño que mendigaba arrodillado en el subterráneo de Buenos Aires -un relato que haría palidecer a Dickens-, o recuerde el reciente editorial sobre los niños de 8 a 13 años, que se prostituirían en el Mercado Central por cajones de verdura o fruta, o se detenga a mirar a los que aspiran pegamento, los de entre 7 y 9 años que asaltan en la plaza Roma o delinquen por el "paco", tendrá idea de la impactante realidad a la que nos estamos refiriendo. Tan visible y evidente, como groseramente ignorada.
¡Qué decir de la declinante escolaridad infantil! La adquisición de conocimientos como herramienta de formación, y preparación para el trabajo y la vida, ha sido sistemáticamente destruida por políticas de subsidio prebendario y clientelista, ocultas tras supuesta sensibilidad social. Los niños no tienen ejemplos por seguir, sus padres prefieren un "plan" a un trabajo, y si el "plan" se completa con la paga por asistir a un piquete o acto público, mejor aún. Se menciona una reciente encuesta, según la cual los padres prefieren un plan a un trabajo efectivo con el compromiso firme de mandar los chicos al colegio. Los niños se convierten así en mendicantes profesionales, precoces delincuentes, o chicos prostituidos, en un modelo diametralmente alejado del ideal sarmientino.
La autoridad moral ha desaparecido, y ni los padres ni los maestros ni la policía ni cualquiera de los referentes sociales de antaño son hoy guía o parámetro de orientación para estos niños argentinos.
Ni que decir del abandono real en que se encuentran los formalmente "institucionalizados", sobre los cuales nos hemos explayado reiteradamente desde estas columnas. Sólo les queda la ley de la calle, la violencia, la rabia, la patota y la droga. Tremendo panorama, que ya los hace concurrir armados a la escuela, y es notorio el aumento de las lesiones con armas blancas y de fuego entre niños y adolescentes, de las que también son víctimas a veces los maestros.
La enumeración podría continuar, pero, como ejemplo final, pensemos en la cobarde utilización de la minoridad para lograr impunidad delictiva. ¿Es que el único remedio es bajar la edad de la imputabilidad? ¿Por qué no triplicar la pena del instigador o reducidor de los objetos robados para empezar? En lugar de educar al hombre del mañana, destruimos al niño de hoy, al abusar de su minoridad.
La gran pregunta sería: ¿dónde están los derechos de estos niños?, ¿dónde el Estado que los debe garantizar? ¿Cuál es la verdadera función de los organismos de Bienestar Social y protección a la minoridad? ¿Existe una política de Estado en la materia? Es verdad que algunos padres, la Iglesia y muchas ONG hacen sus esfuerzos, pero son insuficientes.
Editorial IILos niños sin derechos
La alarmante realidad de muchos niños argentinos desprotegidos exige que la sociedad reclame al Estado por ese abandono
lanacion.com | Opinión | Domingo 22 de febrero de 2009
martes, 3 de febrero de 2009
La nicotina es la causa principal de la adicción, pero el humo es el causante de enfermedades y muertes asociadas al cigarrillo.
Ni las medidas restrictivas para fumar en lugares públicos ni las campañas en contra del tabaco ni los aumentos de precios de los cigarrillos han podido hacer descender en forma sustancial el número de fumadores en nuestro país. Cerca de ocho millones de personas, algo así como un 34 por ciento de la población nacional, no puede controlar la adicción que crea la nicotina en el cerebro y lo difícil que representa para el organismo rechazarla.
Cuando el humo de cigarrillo, que contiene nicotina, es inhalado, llega rápidamente al cerebro e inaugura un ciclo adictivo. Desde entonces, en el cerebro del fumador hay cientos de receptores que buscan la nicotina. Cada vez que el organismo absorbe el humo, aumentan los niveles de dopamina (neurotransmisor del placer) y el cerebro obtiene la gratificación que los cigarrillos le proveen.
La exposición crónica a la nicotina incrementa el número de estos receptores nicotínicos hasta un 300 por ciento, lo cual provoca un proceso de mayor adicción y dependencia. Los especialistas señalan que la nicotina es el componente que crea la adicción al tabaco y, sin embargo, no produce daño en los órganos vitales ni en los tejidos corporales cuando no es incorporada fumándola.
La nicotina es la causa principal de la adicción, pero el humo es el causante de enfermedades y muertes asociadas al cigarrillo, ya que es el máximo responsable de los daños en los tejidos orgánicos y en los órganos vitales. Ello se debe a las sustancias que contiene (4000 tóxicos y 40 agentes cancerígenos).
También son conocidos los efectos que el cigarrillo causa en los fumadores pasivos (que respiran el humo en un ambiente donde se fuma). Les puede ocasionar graves daños en su salud, incluso hasta la muerte. Recientes estudios publicados en la revista Pediatrics dan cuenta de un nuevo peligro asociado al humo del cigarrillo que afecta particularmente a los más chicos. Según los médicos del Hospital General de Massachusetts, la invisible mezcla de gases y partículas que permanecen adheridas al pelo y la ropa de los fumadores, por no mencionar las que quedan depositadas en los muebles y alfombras y que persisten durante mucho tiempo después de que se ha ventilado la habitación, son una verdadera amenaza para la salud de los niños.
Los residuos incluyen metales pesados, sustancias cancerígenas e incluso materiales radiactivos con los que los chicos pueden tomar contacto o incluso ingerir, especialmente cuando gatean o juegan en el piso. El humo de tercera mano, tal el término acuñado por los médicos para describir esas sustancias químicas, es lo que se huele cuando, por ejemplo, se ingresa en la habitación de un hotel habilitada para fumadores. Para el doctor Philip Landrigan, director del Centro de Salud Medioambiental Pediátrica de la Facultad de Medicina Mount Sinai, de Nueva York, en el humo de tercera mano hay riesgo de cáncer para la persona de cualquier edad que entre en contacto con él.
Cuando el humo de cigarrillo, que contiene nicotina, es inhalado, llega rápidamente al cerebro e inaugura un ciclo adictivo. Desde entonces, en el cerebro del fumador hay cientos de receptores que buscan la nicotina. Cada vez que el organismo absorbe el humo, aumentan los niveles de dopamina (neurotransmisor del placer) y el cerebro obtiene la gratificación que los cigarrillos le proveen.
La exposición crónica a la nicotina incrementa el número de estos receptores nicotínicos hasta un 300 por ciento, lo cual provoca un proceso de mayor adicción y dependencia. Los especialistas señalan que la nicotina es el componente que crea la adicción al tabaco y, sin embargo, no produce daño en los órganos vitales ni en los tejidos corporales cuando no es incorporada fumándola.
La nicotina es la causa principal de la adicción, pero el humo es el causante de enfermedades y muertes asociadas al cigarrillo, ya que es el máximo responsable de los daños en los tejidos orgánicos y en los órganos vitales. Ello se debe a las sustancias que contiene (4000 tóxicos y 40 agentes cancerígenos).
También son conocidos los efectos que el cigarrillo causa en los fumadores pasivos (que respiran el humo en un ambiente donde se fuma). Les puede ocasionar graves daños en su salud, incluso hasta la muerte. Recientes estudios publicados en la revista Pediatrics dan cuenta de un nuevo peligro asociado al humo del cigarrillo que afecta particularmente a los más chicos. Según los médicos del Hospital General de Massachusetts, la invisible mezcla de gases y partículas que permanecen adheridas al pelo y la ropa de los fumadores, por no mencionar las que quedan depositadas en los muebles y alfombras y que persisten durante mucho tiempo después de que se ha ventilado la habitación, son una verdadera amenaza para la salud de los niños.
Los residuos incluyen metales pesados, sustancias cancerígenas e incluso materiales radiactivos con los que los chicos pueden tomar contacto o incluso ingerir, especialmente cuando gatean o juegan en el piso. El humo de tercera mano, tal el término acuñado por los médicos para describir esas sustancias químicas, es lo que se huele cuando, por ejemplo, se ingresa en la habitación de un hotel habilitada para fumadores. Para el doctor Philip Landrigan, director del Centro de Salud Medioambiental Pediátrica de la Facultad de Medicina Mount Sinai, de Nueva York, en el humo de tercera mano hay riesgo de cáncer para la persona de cualquier edad que entre en contacto con él.
Editorial IIEl efecto nocivo del humo del tabaco
En la Argentina mueren 40.000 personas por año a causa de un negocio que, si bien es legal, afecta al fumador y su entorno
lanacion.com | Opinión | Martes 3 de febrero de 2009
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