Aunque no hubo manifestaciones multitudinarias en contra de esta decisión, como había ocurrido durante el conflicto con el campo, la reacción fue otra masiva búsqueda de refugio en el dólar. En octubre, la fuga de capitales habría ascendido a un nivel récord de 4500 millones de dólares, de los cuales la mitad se habría alimentado de la conversión de depósitos en pesos del sector privado. Las marchas de protesta tuvieron lugar, entonces, puertas adentro de bancos, casas de cambio, empresas y particulares. La respuesta del Gobierno fue tratar de cerrar los grifos de esta alta demanda en el mercado cambiario, en vista de que la oferta no aparecía ni aun con el tipo de cambio en un escalón más alto. Sólo logró bajar la fiebre con controles para cuidar las reservas, pero al costo de instalar la idea de que el virus de la incertidumbre llegó para quedarse.
Rápido y defectuoso
El rápido tratamiento legislativo de esta reforma, que afecta a más de una generación, reforzó la sensación de que el oficialismo puede apelar a cualquier recurso para hacerse de fondos. No hubo en este caso un decreto de necesidad y urgencia, pero sí una ley de necesidad y urgencia. Sólo transcurrieron 16 días entre el sorpresivo anuncio del fin del régimen de capitalización privada y la media sanción del proyecto.
En ese lapso brilló por su ausencia un debate serio sobre el futuro del sistema, que fue reemplazado por una discusión que se asemejó a elegir entre Boca o River, sin números de por medio.
No se conoció ningún cálculo actuarial que demuestre que esta reforma no es pan para hoy y hambre para mañana. La Anses sumará un flujo de recursos de 15.000 millones de pesos anuales (unos 4500 millones de dólares), pero contrae una deuda incierta para el futuro, cuando los actuales aportantes se transformen en jubilados.
Tampoco hubo posibilidad de evaluar mejores opciones dentro del actual sistema mixto, con vasos comunicantes entre uno y otro. Las propias AFJP llegaron patéticamente tarde con una propuesta poco creíble, cuando su suerte ya estaba echada.
Nadie tuvo en cuenta que el sistema de reparto y el de capitalización privada no son soluciones excluyentes en sí mismas: dependen de la situación individual de cada trabajador. Lo había escrito el propio Amado Boudou hace apenas cuatro meses, en un documento que ahora salió a la luz inoportunamente para el titular de la Anses. También lo había reconocido el ex presidente socialista chileno Ricardo Lagos en el último coloquio de IDEA. "Las AFJP resuelven el problema del 50% de los trabajadores, ya que el 50% restante no podría jubilarse con la pensión mínima. Pero yo prefiero hacerme cargo del 50% y no del 100% del problema", sentenció en un alarde de sentido común.
La sucesión de omisiones del oficialismo en el Congreso dejó sin respuesta otros interrogantes. Uno, cómo incluir en el sistema jubilatorio a los trabajadores no registrados, que hoy representan al 37% de la fuerza laboral. Otro, cómo evitar que los futuros excedentes de la Anses se destinen a financiar pagos de deuda pública o a gastos no previsionales.
Los cambios introducidos en esta parte del proyecto son sólo cosméticos. Máxime si se tiene en cuenta que el jefe de Gabinete cuenta con facultades especiales para reasignar partidas presupuestarias, y que ya en 2007 el Tesoro contabilizó los traspasos obligatorios desde las AFJP a la Anses (que son deuda a futuro) como ingresos corrientes para abultar el superávit primario. Lo mismo puede decirse de los supuestos órganos de "control" ex post del incierto destino de los activos que se traspasen.
La necesidad y urgencia de la ley también se advirtió en otros aspectos. Antes de que sea sancionada, el Gobierno dispuso una virtual intervención en las AFJP para que repatriaran 500 millones de dólares invertidos en Brasil, aunque el apuro no alcanzó para evitar que otro tanto quedara bloqueado en Nueva York por el amparo del juez Griesa. No es una buena señal semejante amateurismo para un gobierno que busca alejar el riesgo de default. El resultado fue que salieran del circuito financiero muchos más dólares de los que se buscaron conseguir.
En los alrededores de la Casa Rosada se dice que el mercado cambiario sufrió un pico de presión y que la situación se normalizaría cuando el Gobierno anuncie próximamente su programa financiero para 2009, que incluye el rescate de títulos de deuda cotizada hoy a precios de liquidación. Pero esta intención choca contra el discurso oficial para "vender" la reforma a la opinión pública, que consistió en asegurar ambiguamente que los aportes estatizados sólo serán destinados a mejorar la situación de los jubilados. La reciente ley de movilidad de haberes jubilatorios les impone un tope a esas mejoras. Y no parece probable que la Anses esté dispuesta a aumentar sustancialmente los montos para pagar sentencias en los miles de juicios por actualización de haberes, que, por otra parte, ya están fijados por la ley de presupuesto 2009, aprobada por el Senado sin cambios, como si la crisis no hubiera alterado muchas de sus previsiones.
Una ley de necesidad y urgencia
Por Néstor O. Scibona
lanacion.com | Economía | Domingo 9 de noviembre de 2008
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