El Estado como rector de gran parte de las actividades económicas ha vuelto.
En muchos casos, el retorno es como dueño de una empresa que antes estaba en manos de privados. En otros, en calidad de poseedor de acciones que le dan derecho a algún lugar en la mesa de directorio y, en consecuecia, le otorgan la posibilidad de control. También hay casos en los que los servicios públicos han dejado de ser concesionados y los ha vuelto a explotar el Estado.
Además está el dinero. El último zarpazo a los fondos previsionales de alrededor de cuatro millones de ciudadanos le da la posibilidad de generar negocios de la mano de la obra pública y de intervenir con una fuerza inusitada en el mercado bursátil y cambiario.
Los teóricos del constitucionalismo enseñan, dicen y repiten que Estado no es sinónimo de Gobierno. Y tienen razón. Pues a los lugares donde no llega el Estado llega la mano del Gobierno con regulaciones, decisiones, y sobre todo, con funcionarios como el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, encargado de ladrar en todos los sectores de la economía posible, o el subsecretario de Coordinación, Gestión y Control del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, encargado de negociar con los empresarios energéticos. Y, por qué no, sumar a este grupo a Ricardo Jaime, dueño y señor de los transportes.
Así está la cosa hoy: entre el Estado y el Gobierno, se llega a todos los rincones de la economía.
La electricidad, la leche, los trenes, los colectivos, el queso, los diques, las casas de cambio y todas las compras de dólares. Y también, el precio de la manteca. Los fondos previsionales, los aviones, el futuro y la jubilaciones de millones, las autopistas, los radares y las cartas que llenan los buzones. Y el agua de la canilla y la carne vacuna. Los cerdos, los pollos y la soja. La nafta, la luz y el gas. El gasoil, los zapatos y las inversiones inmobiliarias de las zonas más exclusivas. Los limones tucumanos, algún banco, la telefonía y la siderurgia. Y lo que se compra en el exterior o lo que se vende fronteras afuera. Todo esto y más está controlado con rienda corta por el Estado o por el Gobierno o por sus funcionarios.
En los últimos años la tendencia hacia un Estado regulador de las relaciones económicas avanzó a paso arrollador. Se cambió aquel esquema de los noventa en el que la oferta y la demanda de bienes funcionaba con más libertad y en el que los precios estaban dominados por el comportamiento del mercado. En cuanto a servicios públicos, el cambio fue contundente. Antes el Estado entregaba una concesión a un privado a cambio de un canon y le entregaba un cuadro tarifario. Esa recaudación le debía alcanzar para inversiones y rentabilidad empresaria. Y luego el Estado le seguía los pasos de cerca por medio de los entes de control.
Ya en aquellos años el esquema tuvo problemas, especialmente, deficiencias de control. Con el kirchnerismo todo cambió radicalmente. Los órganos de control se mantuvieron intervenidos o con funcionarios designados por el Poder Ejecutivo en vez de llamar a concursos. Se congelaron las tarifas y toda la inversión pasó a manos del Estado.
Aldo Abram, economista y director Ejecutivo del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (C II ma-Eseade), dice este Gobierno piensa que el motor del crecimiento y de la economía debe ser el Estado. "Por este motivo, el kirchnerismo lleva la presión tributaria a niveles récord. En este esquema, si todos los pesos que tiene sector público generan crecimiento, ¿porqué se lo voy a dejar al sector privado? También por esto se explica el pase de los aportes previsionales al Estado, que de otra forma habrían ido, por lo menos en parte, a financiar al sector privado", dice Abram.
Daniel Montamat es economista y el sector de su especialidad, el energético, ha sido uno de los más intervenidos. Comenta que detrás de las privatizaciones de los noventa hubo intenciones de hacer populismo por derecha. "Se privatizó y cuando se terminó la plata de las privatizadas se empezó con endeudamiento. Ahora es igual, se estatiza para hacer populismo, si se quiere, por izquierda. Pero nadie piensa en serio en recrear condiciones para el desarrollo", relata.
Y sigue. Dice que "la Argentina está enferma de populismo económico" y en este país se vive "peleado con dos leyes: la de la oferta y la demanda, la de precios y cantidades".
Verónica Tarzia es especialista en servicios públicos y organismo de control Su visión es similar. Para la abogada "las políticas reestatizadoras, a pesar del discurso oficial, marcan un cambio de rumbo en el modelo de desarrollo, porque no fueron producto de una deliberación pública y porque no tienen asegurada su sustentabilidad técnica, política y jurídica".
Interventores de facto
Pero más allá de un esquema político general, en el que se podrá o no estar de acuerdo, la intervención estatal tenido una escalada inusitada de la mano de funcionarios que son interventores de facto.
Moreno y Baratta son las máximas expresiones de lo que sucede. Por caso, el primero maneja desde su oficina la producción, el precio, la venta, el stock y la exportación de todos los lácteos que se comercializan en el país. Podrían nombrarse decenas de sectores que también conviven con el zumbido del Secretario: la construcción, los textiles, las automotrices y ni que hablar, los productores de carne, de granos o los supermercados. El segundo ordena quién consume energía y quién no, que tipo de energía, cuándo, a qué hora y a que costo. Ningún ejecutivo del sector energético puede darse el lujo de no responder un llamado del Moreno energético.
Gran parte de las relaciones económicas están intervenido. Desde el anuncio de la estatización de los fondos que aún administran las AFJP, Moreno husmea en los bancos para saber quién compra y quién vende dólares, a cuánto llega la tasa de interés bancaria y hasta trata de poder tener nombre y apellidos de quiénes entran en las cajas de seguridad.
Jaime, el señor de los transportes, ya controla todos los colectivos, los trenes y los subtes. Ninguna empresa del sector podría prestar su servicio si no llega, puntual todos los meses, el lubricante que mejor una el secretario: los subsidios.
Ahora está a punto de pilotear Aerolíneas Argentinas y Austral, un viejo anhelo suyo, que quedarán en poder del Estado ni bien terminen las discusiones entre los dueños -el grupo español Marsans- y el Gobierno.
Ahora hay un nuevo terreno en donde este Gobierno podría meter cuchara: las empresas que tenían colocadas parte de sus acciones entre las AFJP. La empresa en la que mayor presencia tienen las administradoras es Consultatio, el holding de Eduardo Costantini: poseen el 26,6% del capital. En el sector bancario, el Galicia, el Macro, el BBVA Banco Francés, el Banco Hipotecario y el Patagonia tienen vendida alguna participación entre las AFJP. Entre las prestadoras de servicio público -a las que ya maneja con Baratta, Moreno y con una fuerte regulación-, se cuentan Edenor, GasBan, Distribuidora Gas Cuyana, Transener, Pampa Holding, Camuzzi Gas Pampeana o Central Costanera. También pasarán a manos del Estado acciones de Telecom, Siderar, Molinos, Solvay, Autopistas del Oeste, Petrobrás Argentina, la cementera Minetti y cítricos San Miguel.
EscenarioLa economía, manejada por el Estado
La intervención oficial ha llegado a niveles inusitados, sea por medio de estatizaciones, de regulaciones o por el accionar de funcionarios, los servicios públicos y los negocios están controlados por la mano pública
lanacion.com | Economía | Domingo 9 de noviembre de 2008
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