Primero, fueron los 800.000 dólares del v alijagate, confiscados al venezolano Guido Antonini Wilson, quien declaró que estaban destinados a la campaña de la actual Presidenta. Luego, los aportes de una empresa farmacéutica quebrada de Sebastián Forza, uno de los tres empresarios fusilados en un descampado de General Rodríguez en un hecho presuntamente vinculado con el narcotráfico.
Ahora, la Justicia investiga los aportes de dinero recibidos por el Frente para la Victoria, que en los papeles figuran realizados por particulares que posteriormente han negado haberlos efectuado. Sin embargo, esos dineros ingresaron en los fondos de la campaña.
La semana pasada, LA NACION reveló varios casos de particulares que aparecen en la lista de aportantes y que aseguran no haber aportado nada. Por ejemplo, Miguel Angel Loizaga, editor del Heraldo del Oeste , un periódico quincenal de Luján. Si bien su nombre y su número de DNI acompañaron una donación de 10.000 pesos, aseguró a este diario: "Yo no puse un peso".
En un control realizado al azar por LA NACION en la lista de aportantes surgieron cuatro casos más: tres de particulares -uno habría "donado" 8000 pesos, otro 11.000 y el tercero 50.000- y un cuarto correspondiente a una empresa.
El ingreso de esas sumas en las arcas de la campaña, sumado al hecho de que los donantes aseguran no haber efectuado donación alguna, significa que, además del financiamiento presuntamente ilegal de la campaña, podríamos encontrarnos ante un lavado de dinero para el cual se utilizaron datos de personas reales. Y así lo mencionó el abogado Ricardo Monner Sans en la denuncia que efectuó luego de que este diario publicó estas nuevas irregularidades en los fondos de la campaña oficial. La causa está a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello y de la jueza federal María Servini de Cubría.
Cabe recordar, además, que esos fondos presentan la particularidad de que el 36,5 por ciento de ellos provino de empresas farmacéuticas. Se sospecha que muchas de ellas sólo habrían prestado su nombre para canalizar dinero que no les pertenecía.
Las sospechas se incrementaron cuando la ministra de Salud, Graciela Ocaña, cuestionó los vínculos del superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, con empresas del área acusadas de graves delitos. Una de esas firmas era SeaCamp, de Forza. Y Capaccioli era precisamente el principal recaudador de la candidata Cristina Kirchner.
La ministra Ocaña se ha caracterizado por su honestidad y su falta de temor para arremeter contra mafias enquistadas en la administración pública y que viven de ésta, como hizo cuando se desempeñó al frente del PAMI. Ahora, ha presentado un proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos que prohíbe los aportes privados de personas jurídicas y la contratación de gastos de publicidad por cuenta de terceros.
En lo que respecta a las investigaciones judiciales, la sucesión de escándalos sobre el origen de los fondos de la campaña obliga a llevar a cabo investigaciones serias e independientes, pero no sobre algunos aportantes, sino sobre todos. La Justicia cuenta con los elementos necesarios para realizar en forma sistemática y completa lo que el periodismo hizo al azar, pero con resultados tan interesantes. Y la doctora Servini de Cubría tiene ahora la oportunidad de empezar a limpiar un poco sus antecedentes de jueza habitualmente funcional a los gobiernos de turno desde los lejanos años de su desempeño en el Yomagate o n arcogate, cuando hizo cuanto pudo para proteger a la ex cuñada de Carlos Menem, Amira Yoma.
Editorial ILos financistas fantasma de Cristina Kirchner
lanacion.com | Opinión | Domingo 9 de noviembre de 2008
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