A sus veladas aunque concretas intenciones para habilitar máquinas tragamonedas en dos de los principales hipódromos de la provincia de Buenos Aires, como los de La Plata y San Isidro, el empresario del juego, Cristóbal López, de estrecha relación con el ex presidente Néstor Kirchner, agrega ahora un desembarco aún mayor: llevar sus máquinas de resolución inmediata a los municipios de Vicente López y San Isidro. Aunque en el texto del proyecto para habilitar la expansión del juego en el territorio bonaerense no se menciona ninguna ubicación, está claro que los partidos más atractivos, por el nivel socioeconómico de su población, son precisamente esos dos distritos, en los que, al menos hasta ahora, no pudieron entrar bingos, casinos ni tragamonedas.
Si bien ninguna de las bancadas oficialistas de la Legislatura bonaerense asume como propia la propuesta, los indicios apuntan como impulsor de ésta al Ejecutivo provincial, a través del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc), presidido por Luis Alberto Peluso, que, además, tendrá a su cargo elegir las ubicaciones de las ocho nuevas salas de juego, sin tener la obligación de justificar su elección. El proyecto de ley para habilitar estas nuevas salas deja de lado algunas exigencias, hoy vigentes, que regulan el crecimiento de la actividad lúdica. Así, por ejemplo, la propuesta no menciona, y por consiguiente deja de exigir, la obligación de tener un empleado por cada máquina tragamonedas, también conocidas bajo el nombre de slots.
Por otra parte, la reforma deja de lado la relación obligatoria entre el número de sillas de bingos y máquinas de resolución automática, que se tuvo en cuenta en la ley actual, bajo la premisa de que el bingo es una modalidad menos adictiva que la de los slots . Además, la nueva propuesta elimina el requisito que limita el número de salas que se pueden abrir por distrito, lo que significa que si se reforma la ley quedaría allanado el camino para que en los partidos con mayor poder adquisitivo, como Vicente López y San Isidro, o los más poblados, como La Matanza, se multiplique la oferta de juego legal. Asimismo, y para hacer de todo el territorio bonaerense un gran garito, el proyecto habilita al Poder Ejecutivo a trasladar los diez casinos que funcionan en la provincia a otros partidos, en forma temporaria o permanente.
La difusión excesiva de la industria del juego tiene en la Iglesia argentina una férrea resistencia y en el presidente de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, una de las voces más enérgicas y autorizadas. El prelado identificó esta desmedida expansión de las casas de juego con la adicción y el consumo cada vez más precoz de drogas y alcohol, y tiene razón.
Asimismo, Casaretto denunció que el fenómeno de la exclusión está alimentado en el conurbano bonaerense por el juego, la cultura de la dádiva, el alcoholismo y cuestiones vinculadas al narcotráfico. El pasado 29 de septiembre, monseñor Casaretto escribió una carta pastoral titulada "Un mal que nos está matando: la adicción a la droga y el juego". En ella concluye que "aunque parezca lo más difícil, hay que tratar de influir sobre nuestros representantes (concejales, legisladores, etcétera), para concertar en el orden municipal, provincial y nacional políticas públicas con las que se pueda enfrentar estos flagelos, legalmente y con eficacia".
Señala, además, que "junto con la droga, nos preocupa la proliferación de las casas de juego que han favorecido en la sociedad la adicción a éste, con consecuencias fatales para muchas familias. El poder económico de los grandes empresarios del juego y sus alianzas con los poderes políticos son enormes. La compra de voluntades y de apoyo no reconoce límites. Los bingos, difundidos en principio como inocentes salones de encuentro familiar, unidos al fabuloso negocio de las tragamonedas, al alcance de todos los estratos sociales, se han ido convirtiendo en importantes centros de juego y, como tales, en destructores de vida y ruina de una enorme cantidad de familias".
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