Ningún sistema educativo puede desarrollarse con normalidad ni puede alcanzar objetivos mínimamente satisfactorios si no está estructurado sobre la base del respeto a la autoridad que los maestros y profesores deben ejercer naturalmente en el aula; y si no está asociado al mantenimiento de las normas disciplinarias que deben imperar, necesariamente, en los establecimientos de enseñanza.
De ahí la honda preocupación que suscitan los graves y reiterados episodios registrados últimamente en nuestro país, demostrativos de las dificultades que afronta hoy la educación en la Argentina como resultado de ese notorio quebrantamiento del principio de autoridad y del consiguiente estado de caos en que ha derivado, en muchos casos, la relación entre los docentes y los alumnos. Es imprescindible que como sociedad tomemos conciencia de las gravísimas consecuencias que puede llegar a tener para el país este aflojamiento de las estructuras disciplinarias básicas del sistema de enseñanza.
Uno de los hechos más notorios ha sido, en los últimos días, la ocupación del edificio del Colegio Nacional de Buenos Aires por un grupo de alumnos que reclama el derecho de los estudiantes a participar en el gobierno de ese tradicional establecimiento educativo. Más allá de las razones que pudieran alegarse en favor de algunas de las múltiples peticiones interpuestas por los alumnos, salta a la vista que esa clase de movilizaciones y tomas atentan contra el desenvolvimiento del ciclo educativo y lesionan las más elementales normas de disciplina que deben imperar en una institución de esa naturaleza. Las autoridades del colegio, con buen criterio, aceptaron dialogar con los alumnos y analizar los reclamos interpuestos, pero con la condición de que previamente se dejara sin efecto la toma del colegio.
Pero se registraron también en los últimos días otros episodios alarmantes, difundidos con lujo de detalles por diferentes medios. En una escuela de Neuquén, un alumno de séptimo grado le asestó una trompada a su maestra. Como consecuencia de la repudiable agresión, la docente sufrió una lesión traumática y debió ser atendida en un hospital.
En un colegio del barrio de Caballito, entretanto, dos alumnos agredieron a una profesora, no sólo con golpes físicos, sino también con ofensas y gestos denigratorios, mientras un tercer estudiante registraba la escena con una cámara filmadora. Los alumnos responsables recibieron las sanciones correspondientes; dos de ellos fueron expulsados.
Pero lo grave es que esos desórdenes no son excepcionales, sino que se producen, en muchos casos, dentro de un contexto generalizado de violencia y virtual anarquía. Según datos proporcionados por fuentes oficiales, en las escuelas bonaerenses y porteñas se registra diariamente un promedio de 156 agresiones físicas entre alumnos, consumadas dentro de los propios establecimientos educativos.
Por otro lado, y en un contexto diferente, trascendió que en la provincia de Mendoza se está estudiando la posibilidad de instrumentar una reforma reglamentaria para que los maestros no puedan calificar a los alumnos con notas inferiores a los cuatro puntos en el primer trimestre del ciclo lectivo. El objeto de la proyectada medida es evitar que los alumnos "se desmoralicen" o "bajen los brazos". La absurda reglamentación, objetable en sí misma, invita a pensar que el principio de autoridad en las escuelas está siendo erosionado por muy diferentes caminos. A la agresión física perpetrada en tantos casos, se suman propuestas como ésta que insta a otorgar a los alumnos calificaciones complacientes para evitar que "se desmoralicen". Es evidente que con este tipo de iniciativas se afecta también, gravemente, la autoridad de los docentes.
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