Tolerancia cero a los piquetes

Después de haber calculado mal el impacto que iban a tener los novedosos cortes de rutas en protesta por el alza del combustible, el gobierno de España decidió cortar por lo sano y reinstaurar el orden público.

Tardó 72 horas en reaccionar, durante las cuales los piquetes se cobraron un muerto y varios heridos, pero, finalmente, aplicó aquello que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero definió ayer como "tolerancia cero", con "más medios y dureza", de modo de garantizar a la ciudadanía el derecho de circular y evitar, asimismo, el peligro de desabastecimiento de productos de primera necesidad en las principales ciudades.

La casi inmediata resolución del conflicto en España, cuyo gobierno de corte socialista no se caracteriza por la represión, debería llamarnos a la reflexión a los argentinos sobre la permisividad, cuando no aliento, que han tenido los cortes de rutas en nuestro país, así como la funcionalidad que el gobierno de Néstor Kirchner y el actual, de Cristina Fernández de Kirchner, les han asignado en virtud de intereses políticos y en desmedro de las demandas concretas. En algunos casos, ni demandas concretas tuvieron, excepto llamar la atención frente a los medios de comunicación.

Sin remontarnos a las primeras protestas de este tipo en Neuquén, hacia fines de los años noventa, los bloqueos de los puentes que unen Entre Ríos con Uruguay han sido interpretados por el gobierno de Néstor Kirchner como un apéndice de la libertad de expresión -dudoso, porque vulnera el derecho a la libre circulación, garantizado por la Constitución nacional-, en tanto que era efectivo para reforzar el rechazo a la instalación de las pasteras sobre la margen oriental del río Uruguay.

Los últimos bloqueos de las rutas, realizados por los ruralistas que discrepan con las retenciones aplicadas en forma unilateral al agro, han sido interpretados por el gobierno de Cristina Kirchner como una vil provocación de un sector acomodado.

Se trata, en ambos casos, de medidas irracionales, reñidas con las más elementales normas de convivencia a las que una sociedad puede, y debe, aspirar, con el consecuente riesgo de minar aún más el principio de autoridad.

En apenas tres días, las rutas españolas quedaron "completamente limpias", según el ministro del Interior de ese país, Alfredo Pérez Rubalcaba. A su vez, el presidente Rodríguez Zapatero, cuestionado desde la oposición conservadora por el ex candidato presidencial Mariano Rajoy, fijó para el miércoles próximo una audiencia con empresarios y sindicalistas, en la cual los dirigentes de ambos sectores expondrán sus inquietudes frente al aumento del precio del petróleo, causa del alza del combustible. "Quemando camiones no se arreglan las cosas", advirtió.

Es el Estado, en la figura de su máxima autoridad, el que ha terciado en el conflicto sin caer en la represión desmedida, como pudieron haber resuelto un conflicto de estas características las dictaduras militares de España o de la Argentina. Lo cual habla a las claras, en democracias consolidadas, de la importancia de contar con instituciones fiables que no permitan que, en momentos de tensión o de crisis, unos avasallen a otros en territorios que, como el argentino en los últimos años, parecen despojados de toda ley y cordura.

Esto vale tanto para los asambleístas de Entre Ríos como para los ruralistas de todo el país, así como para los gremios y otros grupos que, ante la frecuente sordera oficial a sus reclamos, suelen apelar a los cortes de rutas o de calles para hacerse oír. Tanto han apelado a ese recurso dañino y riesgoso que, lejos de ser efectivo, comenzó a ser el martirio de aquellos que no tienen arte ni parte en el conflicto en cuestión.

En España, el gobierno de Rodríguez Zapatero admitió que tardó en reaccionar. Era su obligación, y así lo hizo, restablecer el orden público y llevar calma a una sociedad que temía que, de prolongarse los piquetes, hubiera problemas en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas. Frente a ello, no podía dejarse avasallar por huelguistas exaltados que provocaron los colapsos en las rutas de ingreso en las principales ciudades y se trenzaron a golpes con las fuerzas de seguridad.

El ministro Rubalcaba anunció anteayer que 25.000 agentes iban a garantizar el tránsito por las rutas y el abastecimiento de los centros comerciales. La oposición conservadora, encabezada por el Partido Popular (PP), de Rajoy, fustigó la parálisis inicial del gobierno y convocó, como corresponde en toda democracia, a interpelaciones en el Congreso de los Diputados.

El alza del combustible afecta por igual a vastos sectores de la economía española. En especial, al transporte, la agricultura y la pesca. El gobierno rechazó hasta ahora otorgar subsidios, porque considera que una ayuda de ese tipo sería discriminatoria y no resolvería el problema de fondo. El apoyo estatal se ha volcado a la reconversión de esas actividades, lo cual implica su modernización en lugar de su preservación. Esta es otra diferencia abismal con la Argentina, donde el Estado sostiene estructuras que, además de ineficientes y deficitarias, no se adaptan a estos tiempos, como el transporte público, ni satisfacen las demandas de la sociedad.

Sería bueno tomar nota del papel que, en un Estado moderno, tiene un gobierno que, más allá de ser socialista como el español o de jactarse de ser progresista como el argentino, debe velar por el bienestar de la ciudadanía y aplicar la ley con el rigor que corresponde en lugar de evaluar los piquetes según el color político o la clase social de sus impulsores mientras otros se sienten perjudicados por la tolerancia extrema, madre de la inacción y la indiferencia frente a reclamos que, al margen del método de protesta, deben ser atendidos de inmediato.