Aun con los altos precios actuales de los productos agrícolas el problema que generan las subvenciones que pagan los gobiernos de países desarrollados a sus productores agrícolas es grave. Al recibir beneficios adicionales, es común que estas economías aumenten su producción. A su vez, con las ayudas a la exportación se intenta sostener los precios internacionales en un nivel más bajo que el del equilibrio competitivo. Con ello se distorsiona el comercio internacional en perjuicio de los países menos desarrollados que quedan relegados, en competencia. De ahí surge la necesidad y el pedido de los países afectados de eliminar esas prácticas.
De los algo más de US$ 300.000 millones de subsidios al agro que transfieren al año los países desarrollados, los agricultores de la Unión Europea (UE) reciben la mayor proporción (48%), le sigue Japón (18%) y Estados Unidos (17%).
En este último caso, en 2006 el gobierno de EE.UU. pagó a sus productores US$ 122 por hectárea cosechada. Los subsidios para el sector agrícola generan que los precios de sus exportaciones en comparación con el valor de costo sean 27% menores, en el caso del trigo, y 10% inferiores, para el maíz y la soja.
Inicialmente, el encargado de establecer las políticas de intercambio de bienes en el mundo era el GATT, creado en 1947. Desde esa fecha, se sucedieron ocho rondas negociadoras, donde se fueron delineando las normas que regulan, hasta la actualidad, las políticas comerciales de los países miembros.
En 1994 se creó la Organización Mundial de Comercio (OMC), que sucedió al GATT, siendo su propósito primordial contribuir a que las corrientes comerciales circularan con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad.
La Ronda Uruguay del GATT, celebrada entre 1986 y 1994, dio origen a la mayor reforma del sistema mundial de comercio, desde su creación. Sin embargo, los países productores y exportadores de productos primarios continuaron sin encontrar solución al problema de los subsidios agropecuarios, ante lo cual en 2001, se formó la Ronda de Doha, siendo su tema preponderante el comercio de los productos agrícolas. A seis años de su comienzo, las negociaciones permanecen estancadas.
Recientemente, el Congreso de los EE.UU. aprobó una nueva ley agrícola, para los próximos seis años. Mantiene la filosofía de su predecesora y las ayudas a los agricultores podrían ser aún más dañinas para el comercio mundial. Aumentan los precios mínimos garantizados a los agricultores y se les ofrece una nueva opción para que reciban pagos en función de las rentas previstas en lugar del nivel de los precios. En virtud de ello, el Gobierno puede otorgar subsidios aun cuando los precios estén en niveles elevados.
Incentivos
Los agricultores estadounidenses, cubiertos de los riesgos de un descenso en los ingresos por variaciones de los precios y de los rendimientos, tendrían más incentivos para aumentar su producción. La norma prevé US$ 209.000 millones, para Programas de Nutrición. Es proteccionista al mantener las barreras tarifarias para los productos agrícolas de América latina y, particularmente, sobre la importación del etanol de azúcar de Brasil, más barato y menos contaminante que el etanol de maíz.
Frente a ello, el propio secretario de Agricultura de la administración Bush habría reconocido que la citada aprobación legislativa constituye un paso atrás para el comercio internacional, exponiendo a EE.UU. a adicionales litigios en la OMC.
De todas maneras, en Estados Unidos hay ambiente favorable para el aumento de los subsidios agrícolas, ignorando todas las negociaciones internacionales desarrolladas para su eliminación y obviando la filosofía de la institución rectora del comercio internacional.
Gran ironía económica: a la debilidad del dólar, principal causa de la fuerte demanda internacional de las materias primas y del extraordinario ciclo alcista de sus precios, se la querría morigerar con una mayor producción, subvencionada, que aumentaría el déficit fiscal de EE.UU., perjudicando a los países en desarrollo.
Gran paradoja, también, en la Argentina. Frente a los excelentes precios internacionales actuales regulamos la producción y no aprovechamos para vender más interna y externamente, creando mayor riqueza.
La gran diferencia sería que el déficit fiscal y externo de EE.UU. ha sido hasta ahora financiado por los países del mundo. En la Argentina, en tanto, estamos en la necesidad de mantener un buen superávit fiscal y externo, para pagar el fuerte endeudamiento externo, incurrido en el siglo pasado.
Por Rodolfo Rossi
Para LA NACION
El autor es economista y ex presidente del Banco Central.
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