La educación, suprema prioridad

Cuando faltan dos semanas para el inicio de las clases, el 65 por ciento de los edificios escolares de la ciudad de Buenos Aires presenta visibles señales de deterioro y ofrece, en algunos casos, preocupantes condiciones de riesgo e inseguridad. Así lo reconoció en estos días la propia jefatura porteña de gobierno, en un informe que da cuenta de que en más de 400 colegios estatales existen instalaciones de gas deficientes o se carece por completo de ese vital suministro. Se sabe, por otra parte, que en las escuelas porteñas faltan 7000 matafuegos, sin contar con que unos 11.000 extintores de incendio han sido instalados sin observar las normas de control y seguridad prescriptas y aprobadas por las autoridades competentes.

No son esos, por cierto, los únicos problemas de infraestructura que la educación porteña deberá solucionar con extremada urgencia en la ciudad. El informe advierte que el 96 por ciento de las escuelas del distrito que funcionan en edificios alquilados están regidas por contratos ya vencidos y se enfrentan, por lo tanto, con situaciones de incertidumbre legal. Otro aspecto no solucionado es el que se refiere a la falta de adecuación de los edificios a su obligación de recibir a los alumnos con discapacidades físicas. En efecto, el 62 por ciento de los colegios carece de rampas o de ascensores y baños ajustados a las necesidades de quienes poseen esas capacidades diferentes.

El gobierno ha diseñado con urgencia, para los próximos días, un plan de infraestructura escolar destinado a solucionar las múltiples dificultades a las que nos estamos refiriendo. Ese plan será ejecutado en 120 días y contempla la realización de 652 obras en más de 430 edificios. Eso significa que en muchísimos casos las clases habrán de iniciarse, inevitablemente, cuando los trabajos estén todavía en pleno desarrollo.

Los lamentables problemas que afronta el sistema escolar porteño son el resultado, sin duda alguna, de la falta de previsión y compromiso de quienes gobernaron la ciudad en gestiones anteriores. Existió, evidentemente, negligencia o incapacidad en quienes tenían la misión de mantener la infraestructura escolar en las condiciones de calidad y eficiencia que reclama el sistema educativo.

Por supuesto, no es ésta la hora de ahondar en recriminaciones, sino de movilizar al máximo las energías de la administración actual, a fin de recuperar en lo posible el tiempo perdido y activar y dinamizar al máximo la realización de las obras en marcha. Es fundamental que todos los miembros de la comunidad educativa -autoridades, funcionarios, docentes. padres de familia- extremen sus esfuerzos y armonicen sus capacidades para superar las limitaciones y las deficiencias heredadas y para lograr que el sistema educativo de la ciudad se ponga en movimiento en el más alto nivel de eficacia y vitalidad.

Es imprescindible que las escuelas vuelvan a ser el ámbito de seguridad y bienestar que las poblaciones estudiantiles y docentes requieren para que se pueda desarrollar a pleno ese dinamismo enriquecedor de los espíritus que se genera en el aula y que hace posible el crecimiento de una comunidad y de una nación.

Entretanto, es de esperar que prospere la acertada iniciativa del gobierno nacional de exigirles a los gremios docentes que, como contrapartida por cualquier aumento salarial que se disponga, garanticen el dictado efectivo, en todos los niveles educativos, de los irreductibles 180 días anuales de clase que dispone la ley.

En los últimos años, los argentinos hemos tenido experiencias deplorables en esa materia y nos hemos acostumbrado a que los paros reiterados de las entidades gremiales docentes provoquen un completo resquebrajamiento del calendario escolar y a que los prometidos 180 días de clase sufriesen, con excesiva frecuencia, una sistemática y penosa reducción.

Formulemos votos para que la educación argentina sea tratada, en todos los órdenes, de una vez por todas, como la gran prioridad moral, cultural y económica que necesita la República, y para que los argentinos volvamos a creer en la intangibilidad de nuestro sistema educativo, como creyó alguna vez la generación de Sarmiento en el siglo XIX, y volvamos a reconocerlo como un aliado estratégico insustituible del crecimiento espiritual y material de la Nación.

Fuente: La Nación