El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, tuvo la iniciativa al dar de baja 2400 contratos suscriptos por su antecesor en el cargo durante el último año. Esa determinación dio paso a una discusión más amplia sobre la existencia de personal que no trabaja -los llamados "ñoquis"- y sobre contratados innecesarios.
Su ejemplo se trasladó a la provincia de Buenos Aires, donde Daniel Scioli anunció que también hará un censo de empleados públicos en cooperación con las entidades sindicales.
En el caso del distrito porteño, algunos de los datos que se conocieron a partir del conflicto desatado por Macri son escandalosos. Hay Centros de Gestión y Participación que cuentan con una planta superior a los 800 empleados, en los cuales los trabajadores se turnan para concurrir a sus oficinas porque de otro modo no entrarían en ellas (el caso de Saavedra, por ejemplo). Del mismo modo, el viejo parque de diversiones Interama, que está cerrado, tiene imputados 200 trabajadores. Asimismo, se conocen casos de contratados que ni siquiera viven en Buenos Aires: por ejemplo, el caso de uno que está en España.
La discusión sobre la calidad de la administración pública resulta urgente en la Argentina, pero ha quedado siempre al margen en el debate sobre la dimensión del Estado.
Ni quienes aconsejan la intervención del Estado sobre la mayor cantidad de áreas de la vida pública ni quienes recomiendan su restricción a servicios indispensables han sido propensos en la Argentina a examinar el problema del empleo público y la calidad de la gestión administrativa.
Debería ser un interés principal de los sindicatos que representan a empleados públicos luchar en contra de contrataciones aberrantes y mucho más contra el fraude que significa la existencia de "ñoquis". Esas deformaciones atentan contra sus representados. Por un lado, porque restan recursos de la administración y, además, porque desmoralizan a quienes tienen todo el derecho y la aspiración a hacer una carrera honorable y exitosa como empleados públicos.
Todos estos vicios han contribuido, injustamente, a desprestigiar la actividad pública. Es hora de que en la carrera administrativa se progrese en función del mérito y no del beneficio político. Sería tal vez una de las formas más eficaces de combatir la corrupción.
Los "ñoquis" y los contratos ociosos suelen beneficiar, antes que a los sindicatos, a la clase política. En realidad, constituyen una variante indirecta de financiamiento político. Además de una expresión del clientelismo, es decir, de la compra de voluntades. Es hora de que los partidos encuentren formas más dignas para solventar su funcionamiento.
Editorial I
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