La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) son los órganos rectores de los sistemas de control que tiene el Estado.
La Sigen es un control interno del Gobierno que se ocupa del gasto del Poder Ejecutivo. La AGN es un órgano externo que depende del Congreso y que audita el presupuesto de los tres poderes.
A la Sigen, las funciones le fueron asignadas en el artículo 104° de la ley 24.156. Allí, se sostiene que debe "dictar y aplicar normas de control que deberán ser coordinadas con la AGN", por ejemplo. También tiene como obligación, entre otras cosas, "poner en conocimiento del Presidente los actos que hubieran acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público".
La Auditoría surge del artículo 85° de la Constitución nacional, donde se le asigna "el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos". Su conformación y control "será una atribución propia del Poder Legislativo".
La conformación de la AGN implica "el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y la situación general de la administración pública", según la Constitución.
"Este organismo de asistencia técnica del Congreso", agrega la Carta Magna, tendrá "autonomía funcional".
La Constitución también dice que la AGN "tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada" y que "intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos".
Fuente: La Nación
miércoles, 7 de noviembre de 2007
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