Según todos los constitucionalistas consultados por LA NACION, la medida es un abierto desafío a la independencia de poderes que garantiza la Constitución nacional. El decreto 1344/07, que lleva las firmas del Presidente; del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del ministro de Economía, Miguel Peirano, fue firmado el 4 de octubre y considera expresamente que el Poder Judicial y el Poder Legislativo “están incluidos en la Administración Central”, que cae bajo la órbita de la Sigen.
En rigor, la ley de administración financiera vigente no le otorga a la Sigen esa atribución, porque este organismo realiza un control interno del gasto de los recursos que ejecuta el Poder Ejecutivo. Pero el decreto va más allá de la ley y extiende las funciones de esa dependencia al Poder Judicial y al Congreso.
La Corte Suprema sólo se enteró del decreto hace una semana, y los jueces están muy preocupados. Todos los diputados consultados por LA NACION desconocían la medida: la única que la defendió fue Diana Conti (Frente para la Victoria), que la consideró “razonable y necesaria”.
Leandro Despouy, a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), dijo que el decreto “es inconstitucional” y prepara un dictamen interpretativo.
“Hay un problema de redacción del decreto, pero su intención es meramente contable”, sostuvo Claudio Moroni, jefe de la Sigen. “La ley dice que la Sigen ejerce un control meramente interno. Hoy emitiremos un dictamen que corrige la interpretación y lo enviaremos a la Procuración del Tesoro de la Nación para que cierre la interpretación".
"La ley no autoriza a la Sigen a controlar los otros poderes y el decreto no le puede dar a la Sigen más atribuciones que la que les da la ley", dijo Moroni a LA NACION en una comunicación telefónica.
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