Un fiscal de instrucción de la Capital pidió ayer que se citara a declarar como sospechoso al jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, por la posible contratación irregular de publicidad oficial en programas de la productora de Marcelo Tinelli.
El fiscal Sandro Abraldes presentó el dictamen ante el juez Luis Zelaya, que dijo a LA NACION que en los próximos días resolvería si convoca a declarar al jefe de gobierno. "En toda la causa vinimos trabajando en conjunto con la fiscalía", dijo una fuente del juzgado, que dio a entender que se haría lugar al pedido de Abraldes.
El fiscal reclamó también la citación de otros tres funcionarios porteños: Oscar Feito, secretario de Prensa; Fabiana Galeazzi, directora de Medios, y José Luis Primo, que cumplía funciones en la Secretaría de Prensa, pero sin una designación formal.
La noticia del pedido de declaración indagatoria fue para Telerman el peor regalo de cumpleaños: ayer cumplió 52 y los festejó con un encuentro en el Salón Blanco del gobierno porteño.
"No hay herramienta política más desprestigiada en este país que el llamado a indagatoria", dijo Telerman a LA NACION, luego de soplar las velitas, rodeado de amigos y algunos funcionarios. A la mañana había presentado el balance de su gestión, con una conferencia de prensa. Para el jefe de gobierno, no es casualidad que el pedido del fiscal se haya conocido justo ayer, comentaron en su círculo íntimo.
La causa contra Telerman comenzó en mayo pasado, cuando la investigación por el pago de sobornos a funcionarios nacionales de parte de la constructora Skanska atravesaba sus días más agitados. Tras una primera denuncia pública del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el diputado kirchnerista Miguel Bonasso llevó el tema a la Justicia.
En el dictamen de Abraldes, se acusa a Telerman y al resto de los funcionarios porteños de haber participado en la contratación irregular de espacios de publicidad en tres programas de la productora de Tinelli ( ShowMatch , Fiscales y El gran juego de las provincias ). Los contratos totalizaron 3.772.500 pesos y se hicieron, entre 2006 y 2007, por medio de las empresas Esfinge 21 SA y Sol Group SA. Esta última es investigada como posible sociedad fantasma y, de acuerdo con los datos de la causa, se quedó con una diferencia de 128.752 pesos.
El fiscal, que imputó los delitos de defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuestionó que las contrataciones se hubieran hecho sin licitación previa y a través de empresas intermediarias. Y explicó que las normas en que se ampararon los funcionarios no permitían esa modalidad de contratación.
"Esta medida demuestra que la denuncia tenía elementos objetivos", dijo Bonasso a LA NACION.
Fuente: La Nación
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