La Argentina es uno de los pocos países que utilizan este mecanismo impositivo, que castiga las exportaciones. El condimento teórico-social es que la mayoría de los productos exportables argentinos son a su vez de consumo interno. Entonces, lo que se privilegiaría con esa concepción es aislar los precios de los consumidores internos de las alzas en el mercado internacional.
De esta forma vemos que se aplican retenciones a las exportaciones de cereales y todo otro bien que por efecto de los incrementos en los precios internacionales pueda incidir sobre los precios del mercado local. En rigor de verdad es cierto que una parte de esa eventual pérdida de beneficios se ve neutralizada por el valor artificial que tiene actualmente el dólar, ya que si no se lo mantuviera artificialmente, la paridad estaría más cerca de los dos pesos que la cotización vigente.
En el caso actual, la situación es más compleja porque la realidad es que ese fin, aparentemente beneficioso para los consumidores, enmascara la necesidad de incrementar los ingresos fiscales, dado el elevado nivel del gasto público de los últimos meses y lo proyectado para la nueva gestión. Con el agravante de que estos verdaderos impuestos no son coparticipables, lo que acentúa la dependencia de las provincias respecto de la caja central.
Ahora bien, cuando se entra en estos terrenos de manipulaciones hay que ser cuidadoso porque rápidamente aparecen los conflictos de objetivos, ya que una quita considerable en las utilidades tiende a desalentar las inversiones. En el caso particular de los hidrocarburos, esto es especialmente delicado, ya que la Argentina necesita imperiosamente establecer mecanismos que incentiven las inversiones, atento a la caída de las reservas que se viene verificando tanto en petróleo como en gas, y a las señales sistemáticamente contrarias a ello: así, el precio que se paga por el gas de Bolivia es tres veces el que se reconoce a los productores locales; el funcionamiento del parque de generación ha pasado a ser, en buena parte, a través de combustibles líquidos importados, pero cuyo uso por parte de las usinas es subsidiado por el Estado.
En definitiva, escudado en un medio que en ciertas circunstancias podría ser tolerable, se obtiene un fin subalterno y una vez más se violan las más elementales cuestiones de federalismo. Y en este caso en particular, el de los hidrocarburos, se sigue desalentando la inversión en un sector crítico, porque la tendencia es perder el autoabastecimiento y volver a transformarnos en un país importador de estos recursos esenciales. En ese momento, los precios internacionales irrumpirán violentamente, afectando el balance comercial y comprometiendo la estabilidad fiscal, ante la eventual necesidad de aumentar el ya cuantioso volumen de subsidios. Es decir, atentando también contra algo que el propio gobierno señala con razón como un éxito, tal el de los superávits gemelos.
El autor fue secretario de Energía del gobierno de Eduardo Duhalde.
Fuente: La Nación
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